CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL MOLINAS BAREIRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO r .. , .. E,4á' ad de Asunción, Capital de la República del Paraguay,a lof ". '-ll .a ir1 días del mes de VYIP-....JO del año dos mil ve,n, Gvo.,r-o "'./!- , do en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. ñore tros de la Sala Constitucional, Doctores CÉSAR MANUEL DIESEL , --n'"""'S, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secrefário autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL MOLINAS BAREIRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2004, Y LA LEY Nº 4252/2001, QUE MODF. EL ART. 9º, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el señor MIGUEL MOLINAS BAREIRO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de P re vi o estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala A la cuestión planteada, el Doctor DIESEL JUNGHANNS, dijo: En fallos anteriores, ya me he pronunciado por el rechazo con relación a la inconstitucionalidad planteada contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público" y contra el art. 3 del Decreto Nº 1579/2004. Ello, de acuerdo con las consideraciones que siguen. .:.
En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios del accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende de los términos en que se Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucio ,-a1i d que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 define a la R pública del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, in i sib e y des entra/izado que adopta para su gobierno la democracia representativa, artic tiva y p uralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana". En el mism ontexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por /os poderes Legislativo, Ejecu i o y Ju icial en un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco contr l. Ningu o de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, indivi u I o lectiva, facultades extraordinarias o la suma del Poder Público. La dictadura esté fu de ley". Todas estas características tienen importantes derivación n los n It s que crea la misma Constitución, en sus atribuciones y deberes, en s finali d y . c,om f:-z.mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, egislativ y .J11didálf ti' nen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través de n sistema e 'frf;n0try c trapesos e en conj gar tizan la funcionalidad del siste a, el imp io de un Esta o vi encia de las libertades fundamentales. Nin uno de e o Gustavo E. Santander Dans Cesar M. Diesel ' ghanns . Mº . t . . Ministro CSJ.' está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas As í, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art. 202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna.
En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 inc. 3 de la C.N., así como del Art. 101 de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL MOLINAS BAREIRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y EL ART. 3 DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO n cuanto dispone: " ... Todos los paraguayos tienen el derecho a ocupar ación, como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado y el o público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su amento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los efectos de dar paso a la Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto d a guridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insi te, no puede ser reprochada de inconstitucional.
F alment , debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventual ufici ncia d I haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que s dejará e percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al funcionario a tratar de post r ar en o posible su jubilación. Mas, la referida circunstancia, así como el tipo de trata i nto ue otorgan a este complejo tema de las normas de Seguridad Social que uestro ordenamiento jurídico, y su consonancia o no por las fórmulas das más flexibles o equitativas, como las que postulan soluciones de paso esde la actividad al retiro, es algo que corresponde a la valoración política y . 11);-.z,nto a la impugnación del art. 3 del Decreto Nº 1579/2004, de lo a iba sto o cabe más que concluir en el rechazo de la misma. Pues, habie do establecido que todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia deleg tia al Po er Legislativo, ,..........LJrincipio de Reserva de Ley, la re lamenta del m ara la eterminación del monto corre pondient Gustavo E. Santandeí Dans Ministro haber jubilatorio es igualmente, una cuestión privativa de la valoración política y legislativa, Por todo lo expuesto, concluyo que la edad jubilatoria razonablemente dimensionada no podría considerarse inconstitucional, por lo que corresponde el rechazo de la acción intentada. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dispuesta por A su turno, el Doctor RIOS OJEDA, dijo: 1. El señor Miguel Malinas Bareiro, por sus propios derechos y bajo patrocinio del Abogado Mainu Dendia con Matrícula de la CSJ Nº 21.006 promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", artículo 3º del Decreto Nº1579/04 "POR LA CUAL REGLAMENTA LA LEY Nº 2345, DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2003 DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO" y artículo 1 de la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03, conforme se desprende del escrito inicial de presentación de la acción.
2. Alega el accionante que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 14, 46, 47, 88, 102 y 103 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "la facultad que tiene el Estado para imponer límites a la extinción y el nacimiento de los derechos no lo autoriza a prescindir por el completo de las relaciones jurídicas concertadas bajo el amparo de la legitimación anterior, y mucho menos de la superior, máxime si las nuevas normas ocasionan perjuicios patrimoniales .. ./// ... cualquier cercenamiento que implique menoscabo en la condición de vida de mis representados es atentatorio de la ley suprema .. ./// ... Artículo 3º estipula el cálculo de la jubilación obligatoria, estableciendo el monto del primer pago de beneficio establecido en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, cuya inaplicabilidad se peticiona y en razón a que el monto a ser adjudicado como incremento anual a cada jubilado .. ./// ... no representa sino más que 3. De las instrumentales agregadas a autos surge que el accionante, a la fecha, cuenta con la edad de 71 años y por Resolución Nº 524/2012 se constata su calidad de 4. Examinadas las instrumentales obrantes en autos, y considerando la inminente aplicación del art. 1 Ley Nº 4252/1 O al señor Miguel Malinas Bareiro, en cuanto a la obligatoriedad de la jubilación en razón de la edad, procederé al estudio de esta acción en 5. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana ... ". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho 6. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un derecho CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIGUEL MOLINAS BAREIRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO .,-, ,. Epfas facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel tion.::i <s:, acional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trab'á'.Íaclc5res ncionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el 1,. , ec?-,1: "'ubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N.º 2345/03 y su 'A:lódifie-at : Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación 8. Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en este caso, a favor del 9. Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES", no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la 1 O. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado 11. La C nstitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno e o Artícul 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y mple públic s (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites stable idos po la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los be eficios ubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los de bos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de ar on el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, pugnada garantiza tanto el derecho a iajubilación, como tambiéne/d choal . a n:,eílntf!lPUgnada responde a un interés social, por lo que fo podrí os if1c.arla- cJeº:d'esmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irr cional e el r endirt-fü'f'o' de que uno de los fines-del Estado es hacer efectivo el d recho de oda Gus avo E. Santander Dans .
M: --c:tro ... Cesar M. Diesel .Junghanns si ,L Ministro CSJ. R, o 1eda Yíctor 1 Dr. Ministro 5 13. En relación al art. 3º del Decreto 1579/04, cabe manifestar que de las instrumentales que acompañan a la acción se constata que la parte accionante no ha justificado fehacientemente la calidad de Jubilado o Pensionado de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, no se ha acreditado de modo alguno tal condición, por lo que esta Magistratura se ve imposibilitada a estudiar la inconstitucionalidad o no de la norma impugnada, dado que la acción ha sido dirigida contra una disposición que afecta a quien ostente necesariamente la calidad de jubilado o 14. En conclusión, corresponde rechazar la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y, en consecuencia, levantar la medida cautelar de suspensión de efectos A su turno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 03/05/23 y procedo a emitir mi voto en E I señor MIGUEL MOLINAS BAREIRO, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público" y contra el Art. 3 del Decreto Nº 1579/04, reglamentario de El accionarte sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 6, 14, 46, 47, 88, 102 y 103 de la Constitución Nacional.
Consta en autos copia de la documentación que acredita que el recurrente reviste la calidad de funcionario del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
El Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente, dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cíen por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior a los 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILA CION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA ", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay ".
Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA "' klY..JJª actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de . wfcul nstitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de " ceso a la ción y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva H '- . ltad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio men o, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración En cuanto al Art. 3º del Decreto Nº 1579/04, al resultar constitucional la ley que se encuentra reglamentando, caben las mismas consideraciones hechas precedentemente, En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Señor MIGUEL MOLINAS BAREIRO. En consecuencia, ordenar el levantamiento de la medida cautelar dispues po el A. I. Nº PROMOVIDA POR MIGUEL MOLINAS BAREIRO C/ ART. 9 DE LA LEY Nº 2345/2003 Y EL ART. 3º DEL DECRETO DEL PODER EJECUTIVO Nº 1579 DICTADO EN FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., to certifico, quedando acordada las encia qu mediatamente igue: Gustavo E. S nt0nder Dans Ante mí: Cesar M. Diesel Junghanns MlnlHrn CSJ.
SENTENCIA NÚMERO: 2.-4 , , ojeda Víctor RH,s J)r. Ministro Asunción, 7,0 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
Ante mí 'O Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. , Ojeda Víctor ws Dt- M,,iüstro