ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROSA MARY SANABRIA C/ ART. 1 DE LA LEY N.º DO Y SENTENCIA NÚMERO: Wv i"' iev"I odos de Asunción, Capital de la República del ,días del mes de .--. 1º mil veinte '( eco; t ro , estando en la Sala de Acuerdos de la 1 " prema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala --ns..-..titucional, Doctores CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROSA MARY SANABRIA CI ART. 1 DE LA LEY N.º 4252/10 QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 y 10 DE LA LEY N. º 2345/03, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Rosa Mary Sanabria, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: En varios fallos anteriores he llegado a la conclusión de rechazar las acciones de inconstitucionalidad planteadas contra el Art. 1 de la Ley Nº 252/201 O, que modifica los artículos 3, 9 y 1 O de la Ley Nº 2345/2003 "De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público". Ello, de acuerdo con las . En primer término, debe puntualizarse que, ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios de la accionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, según se desprende Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de constitucionalidad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artículo 1 e a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, unitario, mdivi ble y descentralizado que adopla para su gobierno la democracia repres ntativa, articipativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad huma a". En el ismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los der. s Legisl tivo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, co rd ación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni oto r a otro i a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la u a d Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas car et rís as tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma C sti ión, en sus atribuciones y deberes, en su finalidad y modo de Cesar M. Diesel Junghanns Minjstro CSJ.
Ninguno de ellos está subordinado a otro poder u órgano estatal, pero tienen una necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.
202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de iubilaciones de /os funcionarios v de /os empleados públicos, atendiendo a que /os organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos /os que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de /os haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).
En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en tanto al tema que se analiza en el sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº4252/10, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.
Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige ;n la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROSA MARY SANABRIA C/ ART. 1 DE LA LEY N.º 't il;!Jdriine e:,, e los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una 3 de1: .,así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: " ... Todos uayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".
La jubilación, como modo de terminación de la relación jurídica ent're el Estado y el funcionario público, lejos de ser un castigo o arbitrariedad, es un instituto que encuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra Constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.
Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la id, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la ez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con e1 fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos yprincipios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 4 7 y 101 C.N.) y el recambio. de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona c;ie la tercera ad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser F alme te, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eventu insufi iencia del. haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva alar o que e dejará de percibir por el paso a la pasividad, lo que lleva al fun on ria a ratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida circ s ncia, sí como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de nor as de eguridad Social que. integran nuestro ordenamiento jurídico, y su nci o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las an soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es alg ue, a la valoración política y leqislativa, y no al ámbito del juicio e _8:, -bdo lo expuesto, co -k:tyue laedad jubilatoria razonJblement Juo c.me11sio ada no po , fisl rarse inco stitucional, por lo que correrponde e seé(' lº. - Gustavo E. Santander Dans e M ,.,. . esar . rese ung .anns Ministro ..:1tnlStrO Mini'stro CSJ.
rechazo de la acción intentada. Asimismo, corresponde el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada en esta causa a través del A. l. Nº 3208 de fecha 28 A su turno, el Doctor RIOS OJEDA, dijo: 1. Se presenta la señora Rosal Mary Sanabria, por derecho propio bajo y patrocinio de abogados, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Artículo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONEDEL. SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artículo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO".
2. Alega la accionarte que se encuentran vulnerados los Artículos 6, 14, 46, 47,57, 86 y 88 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: es funcionaria de la Dirección Nacional de Aduanas, con una antigüedad de más de 24 años y 9 meses conforme a las resoluciones agregadas en autos, habiendo sobrepasado la edad dispuesta en el art. 1 º de la Ley Nº4252/201 O, que regula la jubilación forzosa del funcionario público.
Dicha Ley establece que cumplidos los 65 años de edad, la jubilación será 3. Consta en autos que la misma reviste calidad de funcionaria de la Administración Pública, no obstante de acuerdo a la copia de la cédula de identidad de la accionarte en autos, surge que la misma a la fecha del pronunciamiento de ésta Magistratura, contaría con sesenta y nueve años de edad, cumplidos, por ende, podría ser susceptible de aplicación de la disposición recorrida, por lo cual se concluye que es pasible de estudio la presente acción.--- 4. Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. .. )". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental 5. Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad social como un 6. En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley N. º 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad.
Situación ésta que agravia a la accionante en razón de que la norma que ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROSA MARY SANABRIA C/ ART. 1 DE LA LEY N.º ,.,'finsi''"' ce qu. "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, ta soclal,e 'pf( rao como. derec,º programtico, su operatividad se ecuentra a, . , la "libre confiquración" del legislador. As1, en el razonamiento de l'TMl-2fi---constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, con la libertad que ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede satisfacer la pretensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo injustificadamente el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un Poder del Estado, en 8. Nuestra Constitución en su Artículo . 103.- "DEL RÉGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma 9. Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una medida que promueve el derecho al trabajo a favor de las nuevas generaciones, posibilitando su legítimo acceso al empleo público, más aún, considerando la contracción de la economía, y por ende del Presupuesto General de la Nación, que conlleva a un descenso en la oferta de empleo en el sector público, circunstancias éstas que escapan a la voluntad de quienes pretenden acceder a un puesto de trabajo en la función pública.
1 O. La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítimamente al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho a la jubilación, como también el 11. m dida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamo califi arla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irr ci nal en el ntendimiento de que uno de losfines del Estado es hacer ecti o el der cho de todo paraguayo de acceder a cargos en la 1 . Por as consideraciones que anteceden, opino que corresponde cha a la esente Acción de lnconstitucionalidad. Asimismo corresponde el to de la medida de suspensión dictada por medio del A. l. Nº 3208 Custavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel .Junghanns Ministro CSJ. --, Ojeda Víctor RWS pr. i.ni.strO La señora ROSA MARY SANABRIA, promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts.
3º, 9º y 10 de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público", específicamente contra la parte que modifica el Art. 9 de la Ley Nº 2345/2003 "De la Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal. Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector E I accionante sostiene que los artículos impugnados infringen las disposiciones contenidas en los Arts. 46, 47, 57, 86 y 88 de la Constitución Consta en autos copia de la documentación que acredita que la recurrente reviste la calidad de funcionaria de la Administración Pública.
El Art. 1 de la Ley 4252/10 en lo pertinente dispone: "Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multiplicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47 (cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100(cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40 (cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de la fecha de la promulgación de la Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULA C/ON DEL TIEMPO DE SER VICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILA C/ON Y PENS/ON PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA ", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay".
Ahora bien, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art.
103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.
La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad".
El artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo -concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta.
En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROSA MARY SANABRIA C/ ART. 1 DE LA LEY N.º 4252/1 O QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 y 1 O Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., to o por nt mí, de que certifico ala, ntencia que inmedia te sigu : Gustavo E. Santander Dans :J Ante mí: Ministro Cesar M. DieseÍ Junghanns Ministro CSJ. SENTENCIA NÚMERO: i;o-i. Asunción, ;,...O de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional RESUELVE: , Oieda Víctor Rws J t». Ministro NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Señora ROSA MARY SANABRIA y, en consecuencia, llevan la medida de suspensión de os dictada en esta causa a través del A. l. º 3208 de fecha 28 de dici bre ,..., bajo efectos "ex nunc".
1 ar M. Diesel .Jungbanns Ministro CSJ.
Y, tor Ríos Ojeda Ministro Ante mí: