← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 506/2024

20 de mayo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/941 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". AÑO: 2020 Nº: 1267.

Antecedente EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA CI EL ART. 41 DE LA LEY Nº 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 731941 Y 1802101 DE LA CAJA DEJUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Y SENTENCIA NÚMERO: (Í)u;.,,Q,y--oe,'), ;,.Ciudad de. Asunción, Capital de la República de¡I raguay, días, del mes de rno'i o , del año dos mil e1t'lt,üJcm'? estando cuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excrnos. Señores Ministros de la , ítucional, Doctores CÉSAR MANUEL . DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mi, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA CI EL ART. 41 DE LA LEY Nº 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 731941 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS sANCARIOS DEL PARAGUAY", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA por derecho propio y bajo patrocinio de abogado.

:

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE -JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL . Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su oblígacíón.

No serán sus I e de devolución los aportes patronales.

EI derecho solicitar devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afílíado 'de su trebe, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes será -aplicados a I amortización o cancelación de su obligacíón".

So ,e e I accionante ue los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan e a c der a su ma dante al retiro de sus aportes, circunstancia que v lne a los principio de r tección a Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de m nera expresa n la nstituci Nacional: De las constancias presentadas en autos, se ve ifica que el a ciona t era portante dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleado de ancas y Afin s os servi :s durante el tiempo en q . dese' peñó e Ll t naet Dans Cesar fv1. Diesel Junghanns Ministro CSJ, Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, s1debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante.

su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, el cual expresa:

"Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan ele conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama la devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional 'l, ;cfa e I artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " .. .Se garantiza la J¡J.JO'pi,.,t!ad ada, cuyo contenido y límites serén establecidos por la Ley, atendiendo a su t o o precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en maancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. ES MI VOTO.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/941 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL 1.- EL señor CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2. - EL accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47,y 109 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(..)Se desprende que existe una situación de GRA E DESIGUALDAD entre aquellos funcionarios bancarios que reúnen la antigüedad requerida, con aquellos funcionarios bancarios que reúnen la antigüedad requerida, con aquellos funcionarios -como mi persona- que no reunieron el termino legal mencionado, relegándolos al desamparo de la ley y perjudicándolos patrimonialmente, cuando la Constitución Nacional explícitamente instituye que todos los habitantes de esta república somos iguales en dignidad y derecho. Aclarando 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.-Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación_ No serán susceptibles de devolución los aportes oetroneies. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y rvi, i sel ,foñghanns Nt11 rre C5J, Oec!º oíoS J ....

pr. r,.is 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º. (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 10iDE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizad'os, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. - Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado CORTE SUPREMA USTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/941 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud ó reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector(. .. )"1 . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de, naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato Cesar fví. Dir-scl Junghanns . M' :c,'rn ' 9an.fili1ó de J!Ji1?,i'bz'fle Ynstitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos)' . Víctor R1os , - Df, M.11srO como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte 14. - Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha ciesestimedo en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no etectentio la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (. .. )" 2 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art.

128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MI A su turno el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 16/06/23 y procedo a emitir mi El señor CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47 y 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/941 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL , ,<tfts ción atacada de inconstitucional establece: "Articulo 41.- Corresponderá la 'tdevt. ,.ión d i:s- s aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los z 'tíos -, no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes tren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá --p<.;"- a aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retirodel afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización En presente caso, el señor CARLOS ALEJANDRO DÍAZ MONJAGATTA se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado E I primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella, y, más específicamente, el art 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art 109 de la Constitución A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En ntido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en u dig idad y en sus derechos, asimismo, no admite discriminaciones.

Seguidamente, el rt. 88 o admite discriminación alguna entre trabajadores. Aqui ebe admitirse qu si bi n, el ca o concreto no se encuentra específicamente contemplado e el silencio e me ti o de tal ormativa, la extensión del art. 45 -De los derechos! y garantí s no enun ados- p rmite i erpretaciones amplias a fin de garantizar derec I os a est s Re ordem s que I constitu i, n de un :. tado social de derecho -art. 1-, , pone en 1 Poder Pú lico - rt. 3 n conc rdancia con I s arts. 247 y 260- 1 . espon abilidad d Dans , s Ojedn Gustavo E. S n 1 n ebr- yíct0 Mit1is(rO i"l-'' garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer - parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios" Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia, sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionles.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en sy integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia H integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la l.ey 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a I a umentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normati as cita as y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la accióncdiendo a aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso con eto, e la parte onde se exige una antigüedad mínima de diez o Con lo que s dio po termin o el acto, firmando SS.EE., todo por ante mi, j que certifico, quedando a ordad la se encm. diatamente sigue:

r M. Diesel junz:-,ann:: Gustavo E. Sant1nder Da s Asunción, J.0 de de 20-i.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art :1 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubila nones Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a unantigü dad superior a diez años a los efectos de la devoluc,i, de aporte jubor' con rel ción al accionante CARLOS ALEJANDRO/ DIA MONJAGATTA, ello de c formida a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.

Gustavo E. Sant2nder Dañs w.:nisiJo