Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el s01ieo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la' cuestión planteada el Doctor CESAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor DIEGO ARNALDO OELRICHS AYALA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/911Y l 802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES,DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".
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Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá a devolución de sus aportes a los, [uncionarice que 'cuenten con una antigüedad superior a los diez añ que no tengan derecho a la jubiraciól'J, que fuesen despedidos, dejados cesantes o qu se ret en voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá opt r por la licacián del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.
No ser n susceptibles de devolucionslos aportes patronales.
El dere ho a solicitar la devolución lde aportes prescribirá después de tres años del t ro del afili do de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso iportes se án aplicados a la amorti±ación o cancelación de su obligación".
Cel> .. r M. Diesel Junghanns Ministré! CSJ, Gustavo E. Santander Oans Ministro , Examinada la horma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos dconceder el derecho a la devolución de: los aportes realizados por parte dlos .trabajadores aportantes a fa Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar;' se debe tratar de' funcionarios que, no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retire'n ciluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremoque señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47de la Constitución Nacional.iel cual expresa: --'.
. . , . "Artículo 4 7-De las 'garantíade 'la igualdad- El Estado garantizará p todos los habitantes de la Repúbica. 1 º) la igualdad )pra ! acceso a la justicia, a cuyo festb allanará los, obstáculos 1 que1 la impidiesen; 2?) la. :igualdaU, ante las ,feye; 3 ),la, igualcl.qd .para l qcceso,a las funciones.públicas no electivas; sin más requisitos, 'que la idoneid,Jd,¡ y4º) l'p iualdad de ?portunidades 'en !participar'iói de los beneji'cis de la natlrdleza, de los En. lo relacionado al marco legal .específico, tenemos en la propia Ley, atacada la delimitación de .la naturaleza jurídica de .ioaportes realizados a 1 la Caja .de Jubilacionesy Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio'', Capítulo Primero "De Id Foimacián de Recursos ", artículo l'1 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan dconformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusivapropiedad de los beneficiarios de la Caja,".
En.este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedadde Aubry y ... La propiedad es el dereho de goz1 ar y, disponer de una cosa sin más1 limitaciones que las establecidas en las leyes ... 11 (Cabanéllas, G. "Diccionario: Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- Rrp4blica Argentina, 2001, Tomo VI R-Q) ..
,t, , En esta' inteligencia debemos entender que disponiendo' la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de '10s empleados .d.la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertbs requisitos, a imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, esablecen: "C:on:esponer!evolución de tut 1aprtes a los fncionarios que ... "; todo ello sm otro perjudicado que ,'.el mismo aportante f quien la propia norma al n as coici?nes apunta as Sl!,rgevete: a en:ias 1 1ª a renta :ª nncip10 . e Ig1,1,ªldª'- )'ªq!!_l[D.PllC::ª yp.tr.ª!.º ,cla.rnm..mte, d.tis:Ji¡nJnªjQpg )iianª-..19.2.ll.Qq¡g.9.1'.ªn-ano que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años l;'equeridos para acceer a la deyolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemei¡ite como un despojp absolutameqte ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta :ioacióa su propio marco normativo, prede apropiarse µe1 la totalidad de los aportes Jubilatonos de sus asociados, en el caso particular, del señor DIEGO ARNALDO OELRICNS AY ALA, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1.- El señor DIEGO ARNALDO OE4RICHS AYALA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Accióh de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES ,Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. --1 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( . .) la omisión de devolver al recurrente estaría generando un indebido favor a la Caja de Jubilaciones y Pensions de Empleados de Bancos y Afines, en razón de que el dueñode los aportes sigue 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por. la aplicacián del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solí 1tar la evolución de a ortes rescribirá des ués de tres años del retiro del a ,liado de su irhbaolvo: que el mismo' tenga deuda con laCaja, en cuyo caiM los aportes serán a licados a amoitizacion o 'cancelacion de su obligación" (negritasy subrayados son . En cuant h la interpretación letrista del primer: párrafo de la norma atacada, surge que s 1 mente a uéllos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán a c der al cupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen di s, dejado¿ cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta !dad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector Cesar M. DiesÍJunghanns Nllnltro CSJ, Gustavo E:santander Dans Miniitro ! R, o;eda r. Víctor ,os D Ministro ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION YP ENSION PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO I 07 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE I,A FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de us aportes realizados, aiustados pdr La variación del Índice de Precios al Consumidor (ÍPC) del Banco Central dkl Paraguay." (Negritas y subr<:tyado son 6.- Examinadas las normas transcriptas agvieFfO que el mandato dispuesto erl el primer párrafo delanormativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios; que; no han cumplido dos 1 O años de antigüedad, de disponer de I sus aportes que por derecho, es corresponde.: incurriendo indudablemente euha total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente'que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas ", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.,
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "Eli derecho a solicitar la devlución de aportes .prescribirá después de tres años del retiro ,del 1 dfiliado, de su trabajoi'; entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he s stenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión.en este puntó,.,considerandla existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable.resaltar que.ren nuestro. sistemajurídico la.jurisprudendia no tiene carácter. determinante i lv.incullar;i.te;, esta característica permite mayor flexibilidad en fa: actuación del órgano junisdiccional, quien puede rever un criterio .anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho estorme r,ermito 8,- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y eri tal sentido, el poder dexigir el cumplimiento de la norma, duando en libertad para satisfacer sus necesidades intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho; pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarloya sea de.forma activa.Iobligación.de hacer) o pasiva (obligación de no hacer),,por.encontrarse delimitado por el intrés general. pe ahí surge fa figura de la "prescripción" 'creada :por l Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación. se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo p57 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasaos tres aos,. factor tiempo) pederán podfr de actuación 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la ','actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de o licitud o reclamo" siga active .impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrabo la obligación 13.- Todo lo relativo a la seguridad soda! es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden y establece. cuáles derechos eben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas qve hagan posible sostener que una conclusión como la; arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del fil. d 1 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que lajw:ispruden,cia laboral hadesestimado en forma reiterada, los planteosde triconstitucionalidad' respecto de las; normas que 'establecen plazos de prescripción, señalando ique dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, earas de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en l término prefijado (. .. )2".
16.- Como se podrá notar, el instituto que: vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucionalque, de conformidad al Art. 13 7 de la Nse constitye 1 ed la norma emayor jerarquía entro e nuestro or enamiento, normativo. -;
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'-- 17.- De cualquier modo, la doctrina, especializada en materia constitucional hace referencia a que. " ( . .) Por lo demás, también dijo' la, Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)'' (Las negritas son mías).
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18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de losfines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta anera, teniendo en consideración todo el fundarilento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar iespecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes 'el requisito de contar con una antigüedad supenor .a JO !anos; manteniéndose mcolume lo demás en todos sus termmos. ,ES MI A su turno, el Doctor SANTANDER DAS dijo: El señor DIEGO ANALDO OELRICHS A Y ALA, por derecho propio 1/ bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de, la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CA.JADE JUBILAClONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY"; en razón de ser contarios a losArts. 46, . : ½ª pisp9sic,i_ó? iatacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.,- Cprtesp11d:á la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado 'monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Que el accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera: solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la A fin de esclarecer este punto, es, importante examinar el artículo impugnado El primero de ellos otorga el derecho ,a la detolución de: los aportes a Ios afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la caliade funcionarios despedidos, csos f retira?os olunafiamente, limitándo:º con dos requ1s1t?s: : que cuente? con una antigüedad ma9r a diez anols ' b) que np'tengar derecho Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, eh su Art. 9,5, legisla sobre la seguridad socialdáhdole un espectro obhgatono e integral para el trabajadodependiente 'y su. familia, ' aclarando que deberá ser , extendida a todos lqs sectores dJ la población.
En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 rlb admite discriminación alguna entre trabajadores. 'Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamenre contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 len concordancia con los arts. 24 7 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En, tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.
9 de la L 345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar. fª el ra transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. -- ortanto para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, objeto d' lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus os en fo ma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer del t. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una dad ínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
C!rnr M. Diesel .Junghanris Ministro CSJ. Ministro t». Víctor Ríos Ojeda Ministro establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites .debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica. y social con la ex,igensia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que, igual halo. comparte c'op lletra del Art. 21 de tal Convención; comq asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace cori su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley enaras a su funcióneconómica y social. Complementando la idea. expuesta, edable apuntar que el constituyehte Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado 'del Art. 95 .de la Constitución- De la Seguridad Social - contribuyó1 definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ... En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de. un sistema obligatorio ... En segundo lugar, es social porque, si bien, el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es: individual, tiene una repercusión iocial ... 3 En el contexto de una sociedad democrática - art: 1 - donde1 se proclama la pirnacía rdel interés general sobre el interés particular - árt, 128 -, no puede. ino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el:' disfrute dla seguridad social para el beneficio individual de toda lapoblación trabajadora, otorgando a sus re'cursos financieros Al respecto,, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita l:a Frosip.i diciendo " ... cada ley incluida, la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene 'encerrada, la. visión y la luz. de, toda la Ley, y no soldes! un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de os mismos podemos encontrar la intencionálidad articulada. Sostiene que. estas .norrnativas mantienen una .conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que" ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos.
Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, .las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el' retiro de lb ftportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cgas adicionales, excesivas odesproporcionadas para ser consideradas como uha merma h 1 el ejercicio de tal derecho.
or u timo, e e a vertirse que ostra aja ores apprtantes e ¡ºfrps ru ros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujtción temporal del 1jtrcicio dbl derec,ho.
Horacio Antonio Pettit, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p. 957, "ACCIÓN' DE INCONSTITUCIONALIDAD <t,. t');) "-- nc SI n, atento a los argumentosprecedentemente expuestos, en base a las sx1. s :11,ativas diadas y a los término¡s del Dictamen Fisal Nº 1065 de fea 07 de JUillO de brante alfs. 19/22, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Ht:oJR5ti¡lluc.a1idad promovida prescindiendo 1aplicación del primer párrafo del Art. 41 de DE JUBILACIONES Yi PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la partdonde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los portes jubilatorios, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación allaccionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del .P.P.
AYALA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01.- Nº Cesar M. Diesel Jungh Ministro CSJ. Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 't.t qS 1 HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad proni.efvjda y, en, , consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Queúy:", las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancanos del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatori , n relación al señor DIEGO A AL O OELRICHS A, de nformidad a lo e able ido en el Art. 555 del C.P.C.--
- íO sunción, de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la de 202Lj .- Dr. Víctor Ríos Ojeda Yliaisr:o SALA CONSTITUCIONAL Cesar M. Diesel Junghanns Ante mív1inistro Gustavo E. Santander Dans .
Ministro Dr. Víctor Ríos OJeda Ministro