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Acuerdo y SentenciaSala PenalAdministrativa

Acuerdo y Sentencia N° 157/2024

10 de mayo de 2024

JUICIO: «BIJEL S.A. C/ RESOLUCÓN Nº 71800000879 DEL 29/12/2020 DICT. POR SUBSECRETARíA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - SET»

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JUICIO: «BIJEL S.A. C/ RESOLU ÓN DICT. POR SUBSECRET lkíA DE ESTADO. ,I DE TRIBUTACIÓN - SET» ACUERDOYSENTENCIANº ... .-o "'wv..1'j , Q_ Q e Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los .... .. QJ. d 'YY'Cl'IO dl d 1 . . d . ..., s e ü : , e ano os m1 veinticuatro, es tan o reum ; Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprer :_l de ., i¡, Justicii li Sala Penal, MARIA CAROLINA LLANES OCAMPOS, LUIS M IA BIDNl1, !iEZ RIERA y MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA, por Ante í, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: «BIJEL s.1.C/ SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUT ACION - SET», a fin de resélver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por la representación del Ministerio de Hacienda, en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 329 de fecha 07 de diciemre de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. 1 iPrevio estudio de los antecedentes del caso, la Excelentísima Corte Suptéma de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes; 'U,

CUESTIONES

En caso contrario, ¿se halla ella ajustada a Derecho? '1 Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: LLANES OCAMPOS, BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA. 1A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, la Doctora MARÍA -c:7-AMPOS dijo: Que, conforme se desprende del escrito 108 y sgtes.), la parte recurrente ha desistido 1 ad. Considerando que no se observan vicios o Ministra A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y RAMÍREZ CANDIA manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida Ministra preopinante por compartir sus mismos fundamentos.

, , A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra LLANES OCAMPOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N" 329 de fecha 07 de diciembre de 2022, el Tribunal de Cuentas-Primera Sala resolvió: <l. HACER LUGAR a la presente a la presente demanda Contencioso Administrativa promovida por BIJEL S.A. contra la RESOLUCIÓN Nº 71800000879 DE FECHA 29/12/2020, DICTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - SET, y, en consecuencia, corresponde; 2. DECLARAR LA NULIDAD, de la resolución Nº 71800000879 de fecha 29/12/2020, dictada por la Subsecretaría de. Estado de Tributación - SET, conforme a los fundamentos y con los alcances- expuestos len, el exordio de la presente Resolución. 3. IMPONER LAS COSTAS, ,a, la: Autoridad Administrativa que dictó el Acto Administrativo viciado de Nulidad, de conformidad al Art. 106 dela Constitución Nacional. 4. ANOTAR, registrar, notificar ... ».

ARGUMENTOS DE LAS PARTES: AGRAVIOS DE LA PARTE DEMANDADA: Que, el representante de la parte demandada - Abg. José Manuel Andrés Pedrozo - presentó sus fundamentos de agravios conforme al escrito glosado a fs. 108-118 de autos. En su presentación, argumentó que el Tribunal se basó en una escasa fundamentación jurídica para fallar en favor de la parte actora y hacer lugar a la demanda, limitándose a tomar los argumentos de la parte actora, pero sin haber analizado que la fiscalización practicada a la firma BIJEL S.A. en ningún momento traspasó el plazo de ley de 45 días dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2421/04, sino que por el contrario, la fiscalización se llevó a cabo y culminó' en el día 45 con la emisión del Acta Final.

Por otra parte, la parte apelante (parte demandada) señaló ¡que en el caso de autos, los plazos son obligatorios y ante su incumplimiento, solo acarrea una sanción al funcionario que está en mora, pero que ello no puede ser tenido e,ri cuenta como una extinción de la competencia de la Administración Tributaria, por lo que tampoco corresponde considerar que los plazos sean perentorios para la 1dministración. En DICT. POR SUBSECRET lÍA DE ESTADO I DE TRIBUTACIÓN - SET» ACUERDO Y SENTENCIANº .... - !2. o VI w Q vi' j si O ti}- eas, a fs. 112, el representante del Ministerio de Hacienda ex esó: obligatoria, n. : son prevista la caducidad o pérdida de competencia automática en la ley, circunstancia que no se da en el presente caso ... ».

La parte demandada continuó su exposición de agravios argumentando que el Tribunal cayó en confusión al igualar la figura de 'control interno' con fa de 'fiscalización', enfatizando en que el requerimiento de documentos e informa.' iones al contribuyente NO constituye un acto inicial del procedimiento de fiscalización puntual; sino que ello se enmarca dentro de un 'control interno', en cambio, la fiscalización, sea puntual o integral, debe establecerse por medio de uacto administrativo. Destacó además que con relación al presente caso, no hubo violación dé las garantías constitucionales en perjuicio de la firma contribuyente, no se le ha privado del derecho a la defensa ni la presunción de inocencia. Muy por el contrarifu: a la "'"t.....,, de la parte actora, destacó que la calificación de la conducta del contribuyente fue det minada por la Subsecretaría de Estado de Tributación, calificándose como ación, a consecuencia de lo cual se aplicó una multa sobre los trbutos defr dados, todo en el marco de lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley Nº 125/91.

hizo también referencia a comentarios doctrinarios y nto de su postura con respecto al presente caso, y finalzó su a lugar al recurso de apelación, Sentencia apelado, y el re ---.... cuencia se CONTESTACIÓN DE LA PARTE ACTORA: ' Luego de corrido el traslado dispuesto por providencia de fecha 04 de septiembre de 2023, el representante convencional de la parte actora presentó su escrito de contestación a los agravios del Ministerio de Hacienda, conforme se observa a fs. 122-129 de autos. En la oportunidad, señaló que el origen de la controversia deviene del accionar irregular de la Administración Tributaria, ya que nuesto ordenamiento jurídico tributario no está diseñado para realizar fiscalizaciones en sede de la Administración y tampoco está diseñada para desapoderar al contribuyente de las documentaciones que le pertenecen, sino que las fiscalizaciones deben llevarse a cabo en el domicilio fiscal del contribuyente, siendo obligación del cohtribuyérite presentar y exhibir los documentos, pero NO entregarlos a la SET, por tratarse de un derecho de propiedad que incide sobre la inviolabilidad del patrimonio documental según lo prevé la Constitución Nacional.

i En ese sentido, el representante de la parte actora sostuvo que el acto administrativo individualizado como Requerimiento de Documentaciones DGFT Nº 119 de fecha 19 de febrero de 2016 no se erige en el inicio de un mero control interno, sino que se debe tomar como el inicio de una verdadera fiscalización puntual. De tal modo, conforme lo dispone el artículo 29 de la Resolución General Nº 04/2008, han cesado todos los efectos de la orden de fiscalización puesto que se ha sobrepasado el plazo establecido por el artículo 31 de la Ley Nº 2421/04.

Finalmente, a fs. 129, el representante de la firma contribuyente argumentó: de que el AyS recurrido, también fundamenta la decisión del a-quo, en la excesiva duración y prolongada demora para resolver la instancia administrativa, exteriorizada a través de la inactividad de la Administración, sancionada por el Art. Tras todo lo argumentado en su escrito de contestación, la representación de la firma BIJEL S.A. solicitó el recházo del recurso de apelación j interpuesto, y la confirmación del Acuerdo y Sentencia Nº 329 de fecha 7 de diciembre.de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. 1 C,RTE SUPREMA DEJÚSTICIA ' 1 JUICIO: «BIJEL S.A. C/ RESOLU DICT. POR SUBSECRET DE ESTADO TRIBUTACIÓN - SET» ACUERDO Y SENTENCIA Nº .

ANÁLISIS JURÍDICO: roceder a un análisis razonado de la resolución apelada, los tes en autos, así como de los argumentos expuestos respectiva ,lnte se constata que por Resolución Nº 14 de fecha 30 de enero de 2 9, la Su sectetaría de Estado de Tributación determinó las obligaciones tributaq. ( en concepto de IV A General e IRACIS de la firma BIJEL SOCIEDAD ANON MA, calificando su conducta como Defraudación conforme al artículo 172 de la LNº 125/91 y sancionando a la firma con una multa de 100sobre los tributos defraudados más multas por contravención. 1 Tras plantearse el recurso de reconsideración, la Administración la Resolución Nº 71800000879 de fecha 29 de diciembre de 2020, confirmando la itada Resolución Nº 14/2019 antes individualizada. ,1, 1 Considerando conculcados sus derechos, la representación de la firma B1 S.A. se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo a fin de instaura;P:;:esta demanda, con la pretensión de obtener la revocatoria de los citados ií:ictos administrativos. 1 'El Tribunal de Cuentas-Primera Sala dictó el Acuerdo y Sentencia Nº 3i1 iciembre de 2022, y mediante el mismo resolvió hacer lugar a la prei,ete demanda, n/ocediendo en consecuencia a anular el acto administrativo impugrn(#io.

os fundamentos del Tribunal para resolver por la procedencia de la derru 1 hda, b aron en que, por.unlado, la Administración se había excedido en el plazo a45 ' s dispu por 1 rtículo 31 de la Ley Nº 2421/04 para las fiscalizacj,nes, la Administración en dictar resolución en el marcl1 del 1-,,-ial de terminación tributaria, con lo cual se configilró el eci en artícul 11 de la Ley Nº 4679/12, que dispqe la ia en'lez ier ¡.'J nistro di 1 En este estado, nos detenemos a analizar la pregunta: ¿Se encuentra ajustado a derecho el fallo dictado en estos autos por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, o corresponde que el mismo sea revocado?

Al entrar a analizar propiamente el fondo de la cuestión, y conforme se desprende de la lectura de los antecedentes administrativos glosados a estos autos por cuerda separada, a fs. 283 de los antecedentes se observa la Resolución J.I. Nº 272 de fecha 24 de mayo de 2017, por medio del cual el Juzgado de Instrucción resolvió tener por presentados los alegatos de la firma BIJEL S.A., y llamar "autos pararesolver" con respecto al procedimiento objeto de estudio en la presente causa. ,1 Posterior a tal llamamiento de "autos para resolver", a fs. 284 se observa el Dictamen de conclusión Nº 10 de fecha 30 de enero de 2019, y seguidamente la Resolución Particular Nº 14 de fecha 30 de enero de 2019, por medio de la cual la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria resolvió determinar las obligaciones tributarias en concepto de IVA General y del IRACIS General de la firma BIJEL S.A., calificar su conducta conforme al artículo 172 de la Ley Nº 125/91 y SANCIONAR con multa equivalente al 100sobre los créditos fiscales utilizados indebidamente, entre otros.

Pues bien, la Ley Nº 4679/12, en su artículo 11 dispone: «Se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de trámites administrativos, inclyendo los sumarios administrativos y caducarán de derecho, si no se insta su curso dentro de los seis meses, desde la última actuación». instancia tiene lugar incluso contra el Estado, las municipalidades, y toda autoridad administrativa». Así pues, considerando que la Ley Nº 125/91 no establece eh absoluto ninguna disposición concerniente a la perención de instancia respecto de los trámites sumariales, le son aplicables supletoriamente las disposiciones de la Ley Nº 4679/12, es, considerando el lapso en el cual se dictó la res,olución que llamó resolver" y se dictó la Resolución Particular Nº 14/2019, del simple itmético entre las fechas 24 de mayo de 20 e enero de 2019, se DICT. POR SUBSECRET IA DE ESTADO TRIBUTACIÓN - SET» ACUERDO Y SENTENCIANº ... .-o Q)J Q_ ,:o <o ívocamente que operó el plazo de 6 meses de inactividad, por iue 'IJ.{)$AAlue concluir que en lo que respecta a la presente causa, ha tenido , gar .-,i:'siuesto establecido en el artículo 11 de la ya citada Ley Nº 4679/12.

,i ,;or los motivos hasta aquí expuestos, considero que el fallo dictado e , tos autos 1 por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala se encuentra ajustado a de ,ijho, correspondiendo en consecuencia la confirmación de dicho decisorio. Respecto a los demás argumentos esgrimidos por las partes, encuentro que resulta aplicable lo dispusto en la última parte del inciso c) del artículo 15 9 del Código Procesal ;ivil, siendo ya tales argumentos inconducentes para resolver la cuestión, habida cue!ta de todo lo ya expresado en el presente voto. ¡! .

, En atención a todo ello, me permito concluir que corresponde RECHAZ:kR el recurso de apelación interpuesto en autos por la representación de la Abogada del Tesor¿ del Ministerio de Hacienda, resultando en consecuencia procddente CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 329 de fecha 07 de diciembre de'. 2022 dictado .por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. En lo que respecta a las qstas, corresponde imponerlas a la parte perdidosa, de conformidad con lo dispuesto por el ll artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.

A su turno, el Ministro DR. LUIS MARÍA BEN'TIEZ RIERA expresó su adhesión al voto de la distinguida Ministra preopinante, por compartir sus mismos turno, el Ministro DR. MANUEL DEJESÚS RAMIREZ CANDIA prosiJó diciendo: /¡ de la Ministra preopinante, Dra. María Carolina ufanes uesto por el' Abg, o y Sentfncia ítai can i . oc¡ese; Ram anue NiiRO -- . a. Carolant t En lo que respecta al análisis de los plazos atinentes a las tareas de fiscalización de la Administración Tributaria, cabe señalar, en primer lugar, que el requerimiento de documentos e informaciones al contribuyente ( en el caso en estudio, mediante la Nota Requerimiento de Documentaciones DGFT Nro. 119 del 19/02/16) no constituye el acto inicial del procedimiento de fiscalización puntual, pues dicho pedido se encuadra dentro de la competencia de control de la Administración Tributaria (AT) (artículo 189 de la Ley Nro. 125/92 modificado por la Ley Nro.

2421/04), siendo el inicio del procedimiento de fiscalización puntual con el acto administrativo que lo dispone ante la sospecha de irregularidad detectada. Así, el artículo 31 de la Ley Nro. 2421/04 "De Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal" dispone: "Las tareas de fiscalización a los contribuyentes se realizarán: ... b) Las puntuales cuando fueren determinadas por el Subsecretario de Tributación respecto a contribuyentes o responsables sobre los que exista sospecha de irregularidades detectadas por la auditoría interna, controles cruzados, u otros sistemas o forma de análisis de informaciones de la Administración en base a hechos objetivos. De confirmarse la existencia de irregularidades en oportunidad de dicha fiscalización, la Administración podrá determinar la fiscalización integral de tales contribuyentes o responsables. La Admfn.itración Tributaria reglamentará los plazos de realización de las fiscalizaciones integrales y puntuales, en función a aspectos tales como el tamaño de la empresa, números de sucursales o depósitos, tipo de actividad o giro comercial, entre otros. Los plazos máximos serán de ciento veinte días para las fiscalizaciones integrales y de cuarenta y cinco días para las puntuales, pudiendo prorrogarse excepcionalmente por un período igual, mediante Resolución de la Administración Tributaria, cuando por el volumen del trabajo no pudiese concluirse dentro del plazo inicial".

Por otra parte, el artículo 1 de la Resolución General (RG) Nro. 25/14, que modifica el artículo 1 RG Nro. 04/08, dispone que el Control Interno: " ... se basa en la contratación de datos o informaciones proporcionados por, el contribuyente, terceros, o los que surjan de otros sistemas o formas de análisis .de informaciones". Es decir, en el control interno se puede requerir o no la participación contribuyente. Además, el artículo 1 de la RG 25/14, que modifica el articulo 26 de la RG Nro. 04/08 establece, los plazos de las tareas de fiscalización inician el día siguiente hábil de la fecha de notificación de la orden de fiscalización hastala suscripción del DICT. POR SUBSECRET: IA DE ESTADO i: E TRIBUTACIÓN - SET» ACUERDO Y SENTENCIA Nº .... -o El acto inicial del procedimiento de fiscalización puntual debe ser!:iuna resolución por dos motivos: la primera, porque se debe justificar o motivar la sost.cha de irregularidades y la segunda, porque la propia ley sostiene que la prorrog clebe hacerse por resolución (art. 31, inc. b) de la Ley Nro. 2421/04). j!i Habiendo aclarado lo anterior -que el procedimiento de control interho no constituye el inicio de las tareas de fiscalización, pues se encuentra dentro 4k. las facultades de la AT y, por ende, no se halla sujeto a los plazos establecidos para la realizabión de éstas-, corresponde pasar al análisis de la duración de las tardde isca 1Íac1on. !;, En ese contexto, se advierte que la Administración dispuso por Ordde Nro. 65000001563, notificada en fecha 21 de abril del 2016, la 1alización untual a la firma BIJEL S.A.; dicha resolución debe ser el puo de partida de cómputo del plazo máximo de duración de la fiscalización, que segl'.tn. la ley es d os 45 días para las fiscalizaciones puntuales, prorrogables excepcionalmente periodo igual, conforme el artículo 31 de la Ley Nro. 2421/04. 1 o a la forma de realizar el cómputo del plazo, el artículo / 4 estable ' ... Las actuaciones y procedimientos/de la isposictones n rea izarse r' realizan e en a ina LltUnt'G Ministra )i, p t. t'l"eSiRO Por otra parte, el artículo 1 de la RG Nro. 25/14, que modifica el artículo 26 de la RG Nro. 04/08, establece que " ... Los plazos se computarán desde el día siguiente hábil de la fecha de notificación de la orden de fiscalización hasta la suscripción del acta final ... ".

Igualmente, el artículo 1 de la RG Nro. 25/14, que modifica elartículo 19 de la RG Nro. 04/08 dispone: "Ampliación de la Fiscalización: La fiscalización podrá ser ampliada en cuanto al plazo, al alcance o al tipo, en cuyo caso deberá ser notificada al contribuyente dentro del plazo originalmente previsto para cada fiscalización ... 11 En ese orden de ideas, el cómputo del plazo de las tareas de fiscalización puntual inició el 22 de abril del 20161 Las tareas de fiscalización cont:luero'n.1 el con la redacción del Acta Final Nro. 68400001690 (fs. 203/21 O de los A.A.') el 23 de junio Por tanto, realizado el cómputo del plazo de las tareas de fiscalización, se verifica que ésta se ajustó al plazo legal, pues dichas tareas fueron culminadas en el día hábil nro. 45, en consecuencia, la actuación de la AT en cuanto a las tareas fiscalizadoras es regular.

Ahora bien, en lo que respecta al análisis del sumario administrativo tributario, me adhiero al voto de la Ministra Dra. Llanes Ocampos, ya que al examinar dicho sumario, se corrobora que además de haber transcurrido el plazo de seis meses de inactividad -tal como fue expuesto en el voto de la Ministra preopinante -, en el presente caso, la AT no cumplió con los plazos establecidos en los artículos 212 y 225 de la Ley Nro. 125/92, pues en la parte pertinente (numeral 8) dichas normativas establecen el plazo de 1 O días con el que cuenta la AT para dictar el acto de determinación y aplicación de sanciones, plazo que se vio sobrepasado en exceso en el presente caso, considerando que se llamó autos para resolver en fecha 24 de mayo del 2017 y la Resolución Particular Nro. 14 fue dictada el 30 de enero del 2019.

Es importante mencionar que la inobservancia de los plazos Jstablecidos en las normas citadas precedentemente deriva en la nulidad del procedimiento sumarial Día hábil siguiente a la notificación de la Orden de Fiscalización Nro. 65000001'3/2016, notificada al contribuyente en fecha 21/04/16 (fs. 56/57 de los A.A.) '! DICT. POR SUBSECRET DE ESTADO TRIBUTACIÓN - SET» la ley ... ". En igual sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana establece, como 1:1na de las garantías judiciales, el plazo razonable de los procesos y este¡'.1Jlazo razonable no solo es aplicable en el ámbito penal sino también en el átnbito administrativo, tal como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el precedente "RICARDO BAENA C/ P ANAMA" en el que se expresa: "Si b1 iim el articulo 8 en la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales" su apliqpción no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de reqdisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas t'estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo deiactos del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión e los árganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatoiio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal". ' en base a las fundamentaciones expuestas, se concluye que' la 14/19 y su posterior confirmatoria, Resolución Particular, Nro .

718üüpü 879, constituyen actos irregulares por vicio de ilegalidad, ya que, pra la T1isi' de la primera, se han iolado las disposiciones contempladas en la LelNro. atrBB' caso en examinado, la AT no cumplió con los requisitos de regularidad y validez relativos a la legalidad del procedimiento para que sus actos se reputen legítimos, por consiguiente, corresponde la anulación de los mismos. Finalmente, en cuanto a las COSTAS éstas deben imponerse al funcionario emisor de los actos anulados por imperio del artículo 106 de la Constitución que establece la responsabilidad personal de los funcionarios o empleados públicos por las irregularidades cometidas en el ejercicio de la función.

En efecto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competente, en este caso, por el Tribunal de Cuentas y es confirmado en esta instancia, es porque se ha dictado en transgresión a los requisitos de regularidad, por lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado; pues, de imponerse las costas a la entidad pública, además de contradecir la Constitución, constituye un premio para el funcionario negligente y un castigo para los contribuyentes quienes deben soportar la carga económica de la actuación irregular del funcionario.

En el mismo lineamiento, el autor Rafael Bielsa enseña: "Si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios culpables, éstos seguirán gozando de la impunidad de sus actos irregulares, y el Estado, es decir, el tesoro público, cargará con las consecuencias de esos hechos. Con hacer responsable al Estado, lo que resulta es una incidencia injusta de esa responsabilidad en los administrados o contribuyentes, pues toda indemnización que el Estado paga, se resuelve en una carga para los contribuyentes honestos o no culpables de las faltas de los funcionarios".

(BJELSA, RAFAEL,Estudios de Derecho Público, Tomo IV, Ed. Depalma, Buenos por ante mí que er;únamítel C ndi NISiRO Ministra DICT. POR SUBSECRET IIRíA DE ESTADO ! DE TRIBUTACIÓN - SET» ACUERDO Y SENTENCIA Nº ..... 1 s méritos del Acuerdo que antecede; la Excelentísima CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . 1 SALA PENAL

RESUELVE:

TENER POR DESISTIDO a la parte recurrente del recurso de nulidad. 2) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por la represen ación del Ministerio de Hacienda en contra del Acuerdo y Sentencia Nº 329 de fecha l¿7 de diciembre de 2022 dictado por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. CONFIRMAR el fallo individualizado en el numeral 2; todo cuanto antecede por los fundamentos expuestos en la parte dispositiva de esta resolucióh. 4) s costas a la perdidosa, conforme a lo dispuesto or el cesal e. . 1 Or Manuel O ¡esúc; f1.am!Te1 ' NSTRO