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Acuerdo y Sentencia N° 481/2024

8 de mayo de 2024

CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA VALIENTE C/ SEC. NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA S/ RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD Y OTROS DERECHOS". AÑO: 2017. Nº: 488.---

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CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC. NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA SI RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y d de Asuncin, Capital de la REplica del Paraguay, a los c:,o das ..... ldel ao dos mil J-.Y,, W<Pl.ro estando en la Sala de Acuerdos uprema de Justicia, los Excmos .. Seores Ministros de la Sala Constitucional, CSAR DISEL JUNGHANNS, EUGENIO JIMENEZ 'ROLN y ALBERTO MARTNEZ SIMN, ante m, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA VALIENTE C/ SEC. NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA 5/ RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y OTROS DERECHOS", a fin de resolver la Consulta Constitucional elevada por Tribunal de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIN: Es inconstitucional el Art. 5de la Ley N1626/00 "DE LA FUNCIN PBLICA"?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votacin, dio el siguiente resultado: JIMENEZ ROLN, MARTNEZ SIMN y DISEL JUNGHANNS.

A la cuestin planteada, el Ministro Doctor EUGENIO JIMENEZ ROLN dijo: Se plantea en el presente caso la consulta de la constitucionalidad del art. 5 de la Ley 1626/00, el cual dispone que es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Dicho artculo dispone tambin que las relaciones jurdicas del personal contratado se regirn por el Cdigo Civil, el contrato respectivo, y las dems normas que regulen la materia. Asimismo, establece que las Preliminarmente, se impone una consideracin sobre la distribucin de competencias en esta mxima instancia judicial; en efecto, es sabido que, conforme la Ley 609/95, la declaracin de inconsti] cionalidad es competencia de la Sala Constitucional, ex art. 260 de la Constitucin y art. 1 de la ey 609/95, o del Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justicia ex art. 259 de la Con titucin y art. 3 de la Ley 609/95. En nuestro esquema normativo, las dems Salas no compet ncia para tal declaracin, conforme con los arts. 3 literal "p", 14 y 15 de la Ley recis ente para este tipo de situaciones, en que otra Sala, u otro rgano jurisdiccional r, c stione la constitucionalidad de una rma que deba aplicar, estprevisto el io e la consulta de 'constitucionalidad, expresa nte acogido por el art. 18 del Cdigo 1 Civil, a los efectos de un pronunciamiento relativ la inconstitucionalidad de la ley Cesar M. Diesel Juhnns Ministro csi.

directamente, la constitucionalidad de la norma jurdica cuestionada. Dicha denominacin no debe llevar a la confusin de entender que a travs de ella se estsolicitando una opinin consultiva o un dictamen no vinculante; en los trminos del art. 18 del Cdigo Procesal Civil, que se encuadra perfectamente en lo dispuesto por el art. 132 de la Constitucin, la remisin del expediente a la Sala Constitucional se hace a los efectos de la declaracin de inconstitucionalidad, es decir, para el dictado de una sentencia que declare la Esto, por lo dems, coincide con la interpretacin hecha por la doctrina: "La 'consulta' constituye en realidad, en estos casos, un sometimiento ex oficio que hace el tribunal incompetente, al tribunal competente, para que quede establecido por este si la ley invocada al caso es constitucional o inconstitucional, de manera que, si resulta lo segundo, el tribunal incompetente pueda exonerarse de su aplicacin" MENDONc;A, Juan Carlos. 2000. La garana de inconstitucionalidad. Primera Edicin. Asuncin: Litocolor. p. 85.

Delimitada, pues, la procedencia de esta va, ascomo la finalidad de la misma, y deslindadas las cuestiones de competencia, debemos proceder al estudio de la constitucionalidad del art. 5 de la Ley 1626/00, en cuanto establece que el personal contratado La duda que se plantea en este caso es si la disposicin del art. 5 de la Ley 1626/00, al imponer el rgimen civil a la relacin del Estado con el personal contratado-a la luz del rgano consultante, presta servicio en relacin de dependencia- priva o no a los mismos de los derechos laborales que protegen a los trabajadores dependientes en general, y a los funcionarios pblicos en especial. Asimismo, las juzgadoras sostuvieron que se encuentran infringidas disposiciones constitucionales que consagran derechos laborales como los arts. 89, 91, 92, 94, 95, 96 y 98. En suma, las juzgadoras realizaron la consulta de la citada norma con fundamento en el principio de igualdad, consagrado en los arts. 46 y 47 de la Constitucin, y en la proteccin que otorga la gama de derechos laborales constitucionalmente consagrados.- Como sabemos, el principio de supremaa constitucional consagrado en el art. 137 impone que todos los actos normativos se ajusten a los postulados de la Constitucin. El anlisis de la constitucionalidad de una norma supone siempre un conflicto entre derechos, valores, o principios constitucionales con normas jurdicas inferiores. Por ello, a fin de conocer la conformidad de estas ltimas con la Constitucin, es fundamental que el juzgador conozca cmo operan o quprotegen los principios constitucionales en cuestin, puesto que su Bien, el principio de igualdad posee dos dimensiones: la igualdad formal, jurdica o de iure; y, la igualdad material, sustancial o, de hecho. La primera de ellas se proyecta en diversas facetas: a) igualdad en la norma jurdica general, obligando al creador de la norma a no efectuar distinciones arbitrarias o irrazonables; b) igualdad frente a la norma jurdica, vinculado de este modo al rgano encargado de aplicarla; y, c) igualdad de derechos, significando que todas las personas son titulares por igual de determinados derechos, calificados como derechos humanos. La igualdad de hecho atiende a las condiciones de los sectores o grupos de personas social, econmica o culturalmente menos favorecidos, e impone al Estado, mediante la realizacin de acciones positivas, el deber de remover los obstculos que impidan a tales personas un ejercicio real y efectivo de sus derechos o gozar de una igualdad de oportunidades DIDIER, Mara Marta. 2012. El principio de igualdad en las normas jurdicas.

La consulta que se plantea se refiere a la primera de las dimensiones del principio de igualdad, el de igualdad jurdica. La igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, y, concomitantemente, implica el derecho a que no se CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC. . NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA S/ RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y cepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en stancias BIDART CAMPOS, Germn. 1992. Tratado Elemental de Derecho al Argentino. Buenos Aires: Editorial Ediar. p. 259. Desde esta perspectiva, el s: , -r-i tG" -e igualdad se transforma en un mandato que impone al Estado el deber de respetarlo ' l en la formulacin como en la aplicacin de normas. El Tribunal Constitucional Espaol explica que: "El principio de igualdad que garantiza la Constitucin opera en dos planos distintos. De una parte, frente al legislador o frente al poder reglamentario, impidiendo que .

se otorgue relevancia jurdica a circunstancias que, o bien no pueden ser tomadas nunca en consideracin por prohibirlo asexpresamente la propia Constitucin, o bien no guardan relacin alguna con el sentido de la regulacin que, incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria. En otro plano, en el de aplicacin, la igualdad ante la ley obliga a que sta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situacin" STC Ahora bien, el principio de igualdad es por dems complejo, por lo que, en numerosos casos, admite tanto equiparar como diferenciar, existiendo al respecto libertad de configuracin para el legislador, quin debe legislar en base a las circunstancias del caso. Por ello, no toda distincin de trato puede considerarse violatoria del principio de igualdad, y no todo tratamiento igualitario, que ignore diferencias relevantes, puede estar conforme con ste.

Sin embargo, esa libertad legislativa a la que aludimos no es absoluta. Se encuentra limitada por la exigencia de que tales distinciones sean razonables, no sean arbitrarias, o no concedan privilegios indebidos. Debe existir, en otras palabras, una justificacin objetiva y razonable. Dicha exigencia vincula a las diferenciaciones o distinciones legales con el principio de razonabilidad, aquel principio que impone la adecuacin de las normas inferiores a los En ese sentido, la doctrina ha referido que: "Es razonable todo acto que no se traduzca en la violacin de la Constitucin, o en la desnaturalizacin de sus preceptos. La razonabilidad de un acto estcondicionada a su adecuacin a los principios del sentido comn constitucional en orden a la justicia, moderacin y prudencia que ella establece. Es asque un acto puede ser formalmente constitucional, pero esencialmente inconstitucional cuando su contenido no guarde la d ida proporcin con las circunstancias que Jo motivan, o cuando no responda a una fina 'fiad c nstitucional de bien comn" BADENI, Gregario. 2006. Tratado de Derecho Consti cional. orno l. Buenos Aires: La Ley. p. 120. La proporcionalidad a la que se refiere 1 aut r exige ue los medios empleados -qu.e en este caso son medios normativos- sean ine s y ade uados al fin perseguido con la toma de la medida de autoridad.

co titucionalidad de las actuaciones de los poderes pblicos que otorguen un trato re te los ciudadanos o los grupos depender,:to, de que ese trato estfundado efl un ase objetiva y razonable o, por el contrari-ca de ella y sea discriminatorio o forma gratuita: para que la diferencia de trato este constitucionalmente justificada ha de tener una finalidad constitucionalmente legtima . La medida diferenciadora, ha de ser, adems, congruente. La congruencia consiste aquen la adecuacin del medio a los fines perseguidos, esto es, consiste en que exista una conexin efectiva entre el trato desigual que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue . Es, adems, preciso que la relacin entre estos tres factores estcaracterizada por la proporcionalidad. Debe existir, pues, proporcin entre el trato desigual que se otorga y la finalidad perseguida" LPEZ GUERRA, Luis et. al. 2016. Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. Volumen l. Dcima Edicin. Valencia: Tirant Lo Blanch. pp.

166/167. Son, precisamente, estos los criterios que debemos tener en cuenta para juzgar la Asimismo, debemos tener en cuenta tambin cmo esta norma se relaciona con el catlogo de derechos laborales que se incluyeron en la Constitucin para reconocer al trabajo como un componente esencial de la dignidad humana y para proteger a la parte menos favorecida en la relacin laboral. Los derechos laborales fueron consagrados en los arts. 86 al 99, y se refieren al derecho al acceso al trabajo en condiciones dignas y justas; a la proteccin al trabajo en todas sus formas y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales; a las poticas para promover el pleno empleo; a la no discriminacin; al trabajo de las mujeres y menores; a la duracin de las jornadas de trabajo y de descanso; a la retribucin del trabajo; a los beneficios adicionales al trabajador; al derecho a la estabilidad e indemnizacin dentro de los lmites que la ley establezca; a la seguridad social; a la libertad sindical; a los convenios colectivos; al derecho de huelga y de paro; y, al cumplimiento de las normas laborales.

Estos derechos se extienden, naturalmente, a los funcionarios y empleados pblicos y no se circunscriben nicamente al mbito privado. El art. 102 dispone: "De los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados pblicos. Los funcionarios y los empleados pblicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitucin en la seccin de derechos laborales, en un rgimen uniforme para las distintas carreras dentro de los lmites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos." Oueda garantizada as, por la Carta Magna, la Como vemos, la Constitucin marca pautas generales de proteccin al trabajador y de fomento al trabajo, y delega a la legislacin el diseo y concrecin de estos principios. Este diseo podr-o no- estar acorde a los principios consagrados por la norma fundamental, por lo que, si existiere una diferenciacin, el anlisis de la constitucionalidad de la ley deber contrastarse frente a los principios y derechos que hemos mencionado.

Bien, dilucidados los principios constitucionales involucrados, vayamos ahora a juzgar la constitucionalidad del art. 5 de la Ley 1626/00. En otras palabras, pasemos a juzgar si en la norma del art. 5 de la Ley 1626/00 existe o no una diferenciacin de trato irrazonable o arbitraria que atenta contra el principio de igualdad, al tratar a los contratados de manera distinta que a los funcionarios y empleados pblicos s; y examinar si esta diferenciacin -si la hubiere atenta contra los derechos laborales constitucionalmente consagrados.

La norma en cuestin dispone: "Es personal contratado la persona que en virtud de un contrato Y por tiempo ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Sus relaciones jurdicas se regirn por el Cdigo Civil, el contrato respectivo, y las dems normas que regulen la materia. Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes sern de Este artculo se complementa con lo dispuesto en el art. 24, que dice: "Para atender necesidades temporales de excepcional inters para la comunidad, que sean afines a sus objetivos y a /os requerimientos de un mejor servicio, los organismos o entidades del Estado CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA SI RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y <o,tar a personas fsicas de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 5de esta rt. 25, que reza: "Se consideren necesidades temporales de excepcional T!!ff¡''JP'ra la comunidad las siguientes: a) Combatir brotes epidmicos; b) Realizar encuestas o eventos electorales; c) Atender situaciones de emergencia pblica; Ejecutar servicios profesionales especializados"; y en el art. 26, que establece: "Las contrataciones en los casos mencionados en el artculo anterior tendrn una duracin determinada y una remuneracin especfica por un monto global y por un plazo que no podrexceder los doce meses, salvo que subsistan las causas que motivaron la En base a la sola lectura y al estudio integral de los artculos transcriptos, es fcil concluir la ratio detrs de las contrataciones a las que se refiere el art. 5de la Ley N1626/00, cual es la de satisfacer una necesidad temporal de la Administracin Pblica. Dicha contratacin es, naturalmente, de aplicacin excepcional, y para la contratacin de personal en cuatro casos bien determinados y, salvo excepciones, por un plazo no mayor a doce meses.

El art. 5 responde a fines especficos de la organizacin de la Administracin Pblica, fines que se encuentran en conformidad con el principio de primaca del inters general, estatuido en el art. 128 de la Constitucin. Dicho principio, expresa la doctrina nacional: " ... exige un sacrificio o la privacin que el Estado requiere de los derechos particulares con miras al inters comn que debe inexoreblemenie satisfacer dentro, claro est, de los principios administrativos de razonabilidad, oportunidad y legitimidad" FERNANDEZ, Evelio et al. 2018. Constitucin de la Repblica del Paraguay. Comentada, Concordada y Comparada.

La norma cuestionada se corresponde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que, en esencia, translucen la correspondencia entre las finalidades Como dijimos, la proporcionalidad implica que los medios empleados son idneos y adecuados. Cuando la finalidad es reglamentaria, la proporcionalidad debe medirse no solo respecto del fin buscado, sino tambin respecto de la norma madre cuya regulacin se pretende hacer. De este modo, se puede sostener que entre la reglamentacin y la matia reglada debe existir una total coherencia de contenido y de objetivos, y que la reqlarnentacin no debepasar o ultrapasar los ya fijados por la norma madre.

ta cual dad de proporcionalidad se halla ntimamente ligada con otro de los parmetros cionad s, el de racionalidad; la atribucin legislativa de reglamentar la Carta Magna no ser eje cida de manera arbitraria e irrazonable, sino, por el contraio, debe erigirse c?mo ismo ara operativizar una norma de cara er general. La doctrina se ha proun1ado 1 s ntido: "Los derechos fundamentales, en nto derechos de rango constitucionel, er restringidos slo a travs de, o sobre la bas e, normas con rango constitucional.

las restricciones de derechos fundamentales so iempre o bien normas de rango ' io!JJ3!:9 normas de rango inferior al de la Constitucin as que autorizan dictar norms i1'$1" ALEXY, Robert. 1993. Teora de los Oerec s Fundamentales. Madrid. f!vtistro 5 As, la norma cumple con una finalidad especfica y, bajo este fundamento, no puede Tampoco atenta contra el principio de igualdad, porque las circunstancias de hecho que exige la norma para permitir la contratacin civil no son las mismas que las exigidas para la contratacin de funcionarios y empleados pblicos; por ello, ante tan distintos escenarios, no puede exigirse un trato igualitario. La diferencia de trato queda constitucionalmente justificada por la existencia de situaciones de hecho que, por ser diferentes, admiten o requieren un trato y aqulas diferencias entre uno y otro mbito se encuentran bien delimitadas. En efecto, el legislador contemplla modalidad de contratacin civil -de prestacin de servicios- para casos bien determinados, diferencindola claramente de las dems relaciones laborales reguladas en la Ley 1626/00. Ambas modalidades de contratacin poseen elementos propios, con un objeto y una naturaleza distinta a cada una. Corresponde recordar que el art. 845 del Cdigo Civil dice: "Los derechos y las obligaciones de los empleadores y trabajadores derivados del contrato de trabajo, se regirn por la legislacin laboral; y los derivados del ejercicio de las profesiones liberales, por su legislacin especial". De igual forma, el art. 8 de la Ley 213/93 "Cdigo de Trabajo" establece claramente: "Se entenderpor trabajo, a los fines de este cdigo, toda actividad humana, prestada en forma dependiente y retribuida, para la produccin de bienes y servicios" las negritas son propias. En efecto, el contratado en una relacin civil debe realizar la prestacin en un total estado de independencia con respecto al contratante, a diferencia del contratado en una relacin laboral, que se encuentra en estado De hecho, como sabemos, el elemento de subordinacin o dependencia, consistente en la potestad de impartir rdenes en la ejecucin ele la labor contratada, es el que -mayormente determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestacin de servicios. En un caso similar, donde fue acusada de inconstitucional una norma referente a los contratos estatales del Estado de Colombia, la Corte Constitucional, a travs de la Sentencia C-154/97, ha delimitado estas diferencias en los siguientes trminos: "El contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestacin de servicios independientes. Para que aqul se configure se requiere la existencia de la prestacin personal del servicio, la continuada subordinacin laboral y la remuneracin como contraprestacin del mismo. En cambio, en el contrato de prestacin de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurdica con la que no existe el elemento de la subordinacin laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir rdenes en la ejecucin de la labor contratada. Sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y dismiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidoscomo por la Sobre las caractersticas del contrato de servicios del Estado, esa misma Corte ha dicho: "El contrato de prestacin de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la funcin de la administracin no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes caractersticas: a) La prestacin de servicios versa sobre una obliqecion de haer para la ejecucin de labores en razn de la experiencia, capacitacin y tormeclon profesional de una persona en determinada materia con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. b) La autonoma e independencia del contratista desde el pnto ?e vista tcnico y cienfico, constituye el elemento esencial de este contrato. c) La vuiencie del contrato es temporal y, por lo tanto, su duracin debe ser por tiempo limitado y el <é..c::-'o v s, en base a estas diferencias, es que el marco jurdico de un contrato civil y rf8-Prr: y c.:i r onsiguinte sus j,risdicciones, son autnomos e idependientes unos de otos::.N:6' ex - asi, una diferenciacin de trato irrazonable o erbitrerie que atente contra el pind'i'r;io d;aldad. La diferenciacin que hace la ley entre contratados y los dems y empleados pblicos se encuentra plenamente justificada desde el mmento en stado se encuentra con una necesidad temporal que no puede ser atendida por su plantel de personal permanente, y se ve obligado a recurrir a una facultad reglada -el art. 5- para contratar excepcionalmente y por tiempo determinado.

CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA S/ RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y La nota caracterstica de esta contratacin es atender una necesidad temporal y urgente, en casos bien determinados y expresamente previstos por la ley. La distincin legal es idnea y adecuada al fin perseguido por el Estado. La diferenciacin se funda en las necesidades propias de la Administracin Pblica y ni es irrazonable, ni arbitraria. No se configura as, ninguna violacin a la garanta de igualdad, puesto que -como se ve- existe una justificacin objetiva y razonable para permitir que el Estado contrate personas para ejecutar una obra o Por lo dems, hay que recordar que la premisa fundamental en materia de control de constitucionalidad de las normas jurdicas inferiores es que ellas deben interpretarse en el sentido de su constitucionalidad y no al contrario; es decir, la interpretacin constitucional debe conducir o resultar en la adecuacin de las normas jurdicas inferiores a la constitucin. Esta labor hermenutica constituye un verdadero principio al que denominan de "interpretacin conforme" y es una consecuencia derivada del rango supremo de la Constitucin. Asse ha dicho que: "La supremaca de la Constitucin sobre todas las normas y su carcter central en la construccin y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a interpretar ste en cualquier momento de su aplicacin (. . .) en el sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales, tanto los generales como los especcos referentes a la materia de que se trate". GARCIA DE ENTERRA, Eduardo. 2006. La Constitucin como norma y el Tribunal Constitucional. Cizur Menor: Editorial Aranzadi. p. 101 . El principio fue formulado por el Tribunal Federal Constitucional Alemn: "es vlido el principio de que una Ley no debe ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitucin". No son pocas las Cortes Supremas extranjeras que han conectado a dicho principio con una verdadera presuncin d onstitucionalidad de las leyes, que es la afirmacin formal de que cualquier ley se tendror , lida hasta que sea declarada inconstitucional, y materialmente implica: "primero na con ianza otorgada al legislativo en la observancia y en la interpretacin correcta s pr. ncipios e la Constitucin; en segundo trmino, que una ley no puede ser declarada neo tit cional ms que cuando exista duda razonable sobre su contradiccin con la Cons itu in; t cero, que cuando una ley este redactada en trminos tan amplios que puede perm ir una nterpretacin inconstitucional tiebr. que presumir que, siempre que sea raza abl m te posible, el legislador ha sobreenien o que la interpretacin con la que habr de e dicha Ley es precisamente la que le peri a mantenerse dentro de los lmites busoe esta contratacin en"la realidad Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ .

Ciertamente las circunstancias de hecho pueden -no en pocos casos- generar serias controversias que impidan una solucin sobre la base de la hermenutica arriba sealada. Sin embargo, la realidad fctica es solo eso, y no puede determinar la constitucionalidad o no de las normas. En otras palabras, una cosa es la norma jurdica que puede legislar supuestos de hecho sobre la base de los distintos operadores denticos -lo permitido, prohibido, facultado, ordenado- y otra muy distinta es su aplicacin. El control de constitucionalidad debe hacerse sobre la base de aquello que la norma legisla y no como la misma se utiliza.

Por eso, repetimos: la relacin fctica del caso no puede determinar la constitucionalidad de la norma cuestionada. Como vimos, la norma en cuestin es coherente con la Constitucin.

Lo que debemos advertir ses que a esta conclusin llegamos, sin estudiar el vnculo contractual existente en este caso concreto, y ella aplica, en tanto y en cuanto, dicho vnculo se encaje en el supuesto de hecho de cariz constitucional previsto por el art. 5.

Contrariamente, cuando el caso concreto presente una vinculacin de naturaleza entre el Estado y el particular de pura subordinacin o dependencia, la norma del art. 5 no podr encontrar aplicacin bajo pena de conculcar los derechos fundamentales bien descriptos en la consulta, los cuales, son irrenunciables. Pero este rgano no es el competente, ni la consulta es la va para determinar, si el contratado realizaba tareas en relacin de dependencia o subordinacin a favor del Contratante, lo cual sera siempre considerado un trabajo protegido por las normas y garantas que rigen en materia Laboral. En ese caso, primara la realidad En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional de Colombia al decir que: "El principio constitucional de prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales tiene plena operancia en el asunto, en los casos en que se haya optado por los contratos de prestacin de servicios para esconder una relacin laboral; de manera que, configurada esa relacin dentro de un contrato de esa modalidad el efecto normativo y garantizador del principio se concretaren la proteccin del derecho al trabajo y garantas laborales, sin reparar en la calificacin o denominacin que haya adoptado el vnculo que la encuadra, desde el punto de vista formal. De resultar vulnerados con esos comportamientos derechos de los particulares, se estarfrente a un litigio ordinario cuya resolucin correspondera la jurisdiccin competente con la debida proteccin y prevalencia de los derechos y garantas ms favorables del "contratista convertido en trabajador" en aplicacin del principio de la primaca de la realidad sobre formalidades establecidas por los En resumen, en el caso de configurarse una relacin de dependencia, el art. 5 devendra inaplicable, no por un problema de constitucionalidad de la norma -que como vimos es perfectamente coherente con la ley fundamental- sino ya por el principio de primaca de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Esta cuestin, por supuesto, queda fuera del margen de competencia de esta Sala Constitucional.- Por las consideraciones mencionadas, corresponde tener por contestada la consulta elevada poel Tribunal de Apelacin del Trabajo, Segunda Sala de la Capital, y en consecuencia declarar la constitucionalidad del Art. 5 de la Ley 1626/00 "De la Funcin A su turno, el Ministro Doctor ALBERTO MARTNEZ SIMN dijo: Me adhiero al voto de mi colega que me precediera, Ministro Jimnez Roln y agrego cuanto sigue:

La Ley N609/1995 "Que Organiza la Corte Suprema de Justicia" delimita la distribucin de competencias de las respectivas Salas de la Corte Suprema de Justicia, y en tal sentido, se logra colegir que la declaracin de inconstitucionalidad resulta ser competencia de la Sala ORTE STICIA ;,pJttsttciitJf Art. 260 de la Constitucin; Art. 11 de la Ley N609/1.995, o del pleno de la --scortAct. 9 de la Constitucin; Art. 3, Ley N609/1.995. Es decir, las dems Salas no 9 'f'rW) petencia para tal declaracin, conforme con los Arts. 3 inc. p, 14 y 15 de la Ley " 3/'1995. De este modo, la declaracin de inconstitucionalidad puede producirse solamente en el seno de la Sala Constitucional -que es la que aqudecide- o en virtud de CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA S/ RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y Asimismo, cabe precisar que la consulta de constitucionalidad se encuentra expresamente acogida por el art. 18 del Cdigo -Procesal Civil, a los efectos de un pronunciamiento relativo a la inconstitucionalidad de la Ley que resulte aplicable al caso concreto. En tal sentido, se debe advertir, a este respecto, que el nombre de "consulta" resulta coloquial, casi doctrinario, al no encontrarse contenido en la disposicin legal, que directamente habla de "remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el art. 200 de la Constitucin, siempre que a su juicio una Ley, Decreto u otra disposicin normativa pueda ser contraria a normas constitucionales". Es decir, no hay aquuna consulta en sentido tcnico, sino un pedido, un requerimiento, oficiosamente provocado, para que se aplique, directamente, lo relativo a la declaracin de inconstitucionalidad. Nuestra Constitucin, en los trminos de su Art. 132, indica claramente, en texto que no puede dejar dudas, que "la Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurdicas y de las resoluciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitucin y en la Ley".

Esto indica, que el nombre de "consulta" no debe llevar a la confusin o a malentender la expresin, en el sentido de asignarle un significado tcnico y propio de opinin consultiva, o de dictamen no vinculante, al pronunciamiento de la CorteSuprema de Justicia. En los trminos del Cdigo Procesal Civil, que es Ley y por ende encuadra perfectamente en lo dispuesto por el Art. 132 de la Constitucin, la remisin del expediente a la Corte se hace a los efectos de la declaracin de inconstitucionalidad; esto es, para el dictado de una sentencia que declare la inconstitucionalidad de la Ley, en un todo conforme al Art. 132 de la Constitucin, dems, coincide con la interpretacin hecha por la doctrina: "La consulta' constituye/en re lidad, en estos casos, un sometimiento ex oficio que hace el tribunal incompetp nte, al ibunal competente, para que quede estableido por este si la Ley s consti ucional o inconstitucional, de manera que, s, resulta lo segundo, el tnbunal ente pu da exonerarse de su aplicacin" MENDONCA, Juan Carlos, La garana de cionali ad, Editorial Litocolor, 1ed., Asuncin, 2000, p. 85. Resulta claro, as, s disposiciones sealadas la interpretacin uniforme de la doctrina, que la realidad la denominacin coloquial de un modo para provocar el control de lidad: su proposicin de oficio por, arte del rgano juzgador, que darlugar, nte, a una sentencia que declare la incon ucionalidad, sin que tenga carcter de ello por lo que, en definitiva, "como consecuencia del Principio de supremaca, los jueces, cualquiera sea Su fuero o jerarqua, y con motivo de los casos concretos sometidos a su decisin, deben preservar el orden jerrquico de las Leyes, subordinndolas a la Constitucin, de conformidad al art. 241, primer prrafo de la misma" CASCO PAGANO, Hernn, Cdigo Procesal Civil comentado y concordado, Editorial La Ley Paraguaya, 4ed., Asuncin, 2000, En definitiva, "toda demanda de tutela jurdica lleva consigo la aceptacin de que serla Ley fundamental la que el juez aplicaren primer trmino, dado el principio de supremaca y el deber de fundar su sentencia en la Constitucin. Lo que significa que toda accin, en definitiva, tiene su fundamento ltimo en la Constitucin y puede prosperar nicamente si se conforma a ella lo que se dice de la accin, cabe decir de la excepcin. El litigante no tiene necesidad de expresarlo, porque este es el presupuesto de la jurisdiccin, independientemente de que lo pida o no, y aun de que lo quiera o no. Desde el momento que se abre la instancia, nace para el rgano jurisdiccional la facultad de juzgar constitucionalmente las Leyes cuya actuacin se demanda" MENDONCA, Juan Carlos. ob. cit., p. 99. Por ello, la facultad de declaracin de oficio de la inconstitucionalidad de las sentencias puede serlo, "porque se funda en una Ley u otro acto normativo contrario a la Constitucin; hiptesis esta que comporta necesariamente la declaracin de inconstitucionalidad de la Ley o instrumento normativo en el En sntesis, "no es admisible que el juzgador se vea constreido a actuar, a sabiendas, una Ley que se estima repugnante a la Ley Suprema y, por aadidura, violando un deber que esta les impone, como es el de aplicarla en primer trmino. Pudiendo darse el caso, inclusive, de que la Ley ya hubiese sido declarada violatoria de la Constitucin en ocasiones anteriores, pero, segn nuestro sistema, con valor solamente para el caso concreto, sin efecto vinculante Por lo expuesto, queda claro que esta Corte Suprema de Justicia se encuentra habilitada -por esta va- para el estudio de la constitucionalidad de la norma cuestionada.

Cuestin de Fondo sometida a Consulta Concuerdo con el sentido del voto que me antecede, puesto que entiendo que la norma en cuestin no vulnera el principio de igualdad. No cabe dudas pues, que aquel principio importa un concepto tan profundo y discutido, que un anlisis apropiado requiere cierto pronunciamiento inevitablemente complejo y hasta esencialmente controversial.

De manera preliminar, corresponde precisar que el objeto en estudio se circunscribe exclusivamente al artculo 5de la norma cuestionada; por lo que no cabe referencia alguna a la realidad fctica del caso, es decir, al contrato de prestacin de servicio suscripto entre el seor Juan Carlos Pereira Valiente y la Secretara Nacional de la Niez y la Adolescencia, ya De esta manera, el principio de igualdad impone al legislador el deber de fundamentar las diferenciaciones normativas, y es, precisamente, el contenido de tal fundamentacin lo que determina el carcer de igual o desigual de la norma. Por tanto, siempre que nos encontremos en presencia a una norma que realice diferenciaciones sin estar fundada en una bae objetiva o razonable que justifique el trato desigualitario, se tratara de una norma . En el caso en estudio, lo que debe dilucidarse, en primer lugar, es si el contratado en virtud ?el Art. 5 de la Ley 1626/00 se encuentra -o no- en igualdad de circunstancias con cualqu1er otro trabajador que sencuentre en relacin de dependencia. Si aquel examen ofreciera una respuesta negativa, debe determinarse si es que tal diferencia es lo CORTE SUPREMA USTICIA "'";fte e relevante como para ameritar una diferenciacin normativa, puesto que, segn YRfvibfos, .;ac rohbe realizar tratamientos de tal ndole sin justificacin.

s,,- opuesta la cuestin, el asunto actual nos presenta una verdadera controversia 'eional, que no termina -aunque la comprende- en una mera cuestin hermenutica acerca de la exgesis que debe darse a la norma. En estos lineamientos, se hace necesario desglosar los conceptos que proporciona la norma, y en esa tareatenemos que la norma dispone, en su primer apartado: "Es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta un servicio al Estado ... ". Esta premisa, no ayuda, en lo absoluto, a dilucidar la cuestin propuesta. En efecto, el Art. 8de la Ley N213/93 "Cdigo de Trabajo" establece claramente: "Se entenderpor trabajo, a los fines de este cdigo, toda actividad humana, prestada en forma dependiente y retribuida, para la produccin de bienes y servicios". Igualmente, el Art. 49 del mismo cuerpo legal dispone: "En cuanto a su duracin, el contrato de trabajo puede ser: de plazo determinado, por tiempo indefinido o para obra o servicio determinado ... " las negritas son nuestras. De este modo, hasta aqu-al menos- se infiere que la norma impugnada puede dar pie tanto a la concrecin de relaciones laborales o civiles, en cuyo caso sexistira una desigualdad. Ello, puesto que a las relaciones laborales celebradas en virtud del Art. 5 de la Ley 1626/00 estaran privadas de los derechos laborales reconocidos por la propia constitucin como irrenunciables.

CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA SI RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y Ahora bien, el segundo apartado de la norma propuesta arroja luz a la cuestin, al establecer que: " ... Sus relaciones jurdicas se regirn por el Cdigo Civil, el contrato respectivo, y las dems normas que regulen la materia ... ". Consiguientemente, al establecer que las relaciones jurdicas, imperiosamente, debern regirse por las disposiciones del Cdigo Civil, la norma excluye categricamente la posibilidad de establecer relaciones laborales en amparo a la norma cuestionada, puesto que, si aslo fuere, estatuira que adems del Cdigo Civil, las relaciones tambin podran regirse por las disposiciones del Cdigo Laboral. En pocas palabras, la norma obliga a que los contratos celebrados en virtud del artculo cuestionado se enmarquen, necesariamente, en una de las figuras previstas en el ordenamiento civil.

De alque la norma cuestionada in fine determine que "Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes sern de competencia del fuero civil". La razn de la norma no escapa: tratndose de relaciones jurdicas de ndole civil toda desavenencia que surja en el marco de ella deberser resuelta en el fuero y con el marco regulatorio que le es propio.

tiene dicho que: "En el foncfo se trata de que en un Estado republicano, respete al rgano legislativo, al que le corresponde en cada momento fizando la idea de derecho conforme a la voluntad del cuerpo polco de la d, como simismo se debe tratar de concretar el principio de la seguridad jurdica, que 'e ver ectado por la asimilacin de las norm s legales vigentes, lo que implica una onfian a en el legislador y su interpretacin de s principios constitucionales, como n la resuncin, siempre que sea razonableme te posible de que entre varias nter, ta ones de una ley, el legislador se sometida la competencia de la Sala Co sti bionet de esta Corte Suprema de Justicia. Es decir, el lisis a realizarse se limita al n e del enunciado normativo objetado con la norma constitu ional, esto es, el derecho a gual ad gislado expresamente en la Parte 1, Titulo 11, Captu 111 "De la igualdad" de ..,.b - uncin blic , 'cual est blece: 'Espers'nal c r..atado la persona que en ud de un onireic: v p iem ejecut u a obra o prestserveI Estado. Sus re/a die as se . ' AJ be t far. m .

hio Jimernef7' rf?. Cesar M. Diesel .Junghanns . ez Smn Ministro Min1:;tro CSJ. regirn por el Cdigo Civil, el contrato respectivo, y las dems normas que regulen la materia. Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes sern de competencia del fuero cvl".- Por otro lado, el principio de igualdad, puede definirse como la exigencia a que no se establezcan "excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias" fallo citado por Gonzlez Caldern, Juan A. Derecho Constitucional Argentino. Historia. Teora y Jurisprudencia de la Constitucin, Tomo 11, Tercera Edicin. J.

Lajouane Ca. Editores. Buenos Aires. 1981 . Es preciso hacer hincapien el hecho que el principio de igualdad no implica, en modo alguno, la necesidad de que el legislador trate a todos los individuos de la misma manera. Es decir, no puede interpretarse este principio como la obligacin a que todos los paraguayos nos encontremos siempre y en cualquier La doctrina nacional en la materia es clara al indicar que "La exigencia de igualdad, desde luego, no puede ser tomada en trminos absolutos, en el sentido de imponer exactamente el mismo trato a todos, cualesquiera sean las circunstancias. Tal uniformidad absoluta no es lo que exige esta idea de justicia, pues la falta de reconocimiento de las diferencias relevantes significara ubicar a todos en idntica posicin, cosa que nadie ha pretendido dentro de esta tradicin" Mendonca, Daniel, Anlisis Constitucional. Una introduccin. Como hacer cosas con la constitucin. Edicin revisada y ampliada. lntercontinental Editora. 2018. P 256/257.-- Es esta, precisamente, la reinterpretacin que el Estado Social de Derecho dio a la "igualdad formal" prevista en las constituciones liberales, al constatar que la "igualdad ante la ley" aplicada a situaciones jurdicas o de hecho desiguales, origina, inevitablemente, un derecho material desigual. Por ello, nuestra Carta Magna faculta expresamente al legislador a establecer diferenciaciones, esto es, la posibilidad de tomar en cuenta las distintas situaciones de hecho o derecho para atribuirles diferentes consecuencias normativas.

Este fenmeno, sin embargo, no puede ser arbitrario, sino que debe estar debidamente justificado. Aspues, la igualdad ante la ley no es otra cosa que un caso de razonabilidad de las leyes. Al respecto, "La regla de la justicia excluye, en definitiva, toda discriminacin arbitraria, ya sea por parte del juez o por parte del legislador, siempre que por "discriminacin arbitrara" se entienda una discriminacin introducida ( o no eliminada) sin justificacin; en otras palabras, una diferencia de trato que tiene por fundamento diferencias irrelevantes entre los sujetos o los casos. La relevancia o irrelevancia de esta ultimas diferencias se establece, desde luego, mediante una decisin valoratva y est, por lo tanto, histricamente condicionada" Mendonca, Daniel, Anlisis Constitucional. Una Introduccin. Como hacer cosas con la constitucin. Edicin revisada y ampliada. lntercontinental Editora. p. 259. Igualmente, " ... no se trata ya de que stos no puedan, en sus actuaciones, diferenciar entre individuos o grupos; se trata de que, slo hacen, su actuacin no puede ser arbitrara ... " Lpez Guerra, Luis; Espn, Eduardo; Gara Morillo, Joaqun; Prez Tremps, Pablo y Satrustegui, Miguel, Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos.

Volumen l. Segunda Edicin. p. 161, ha inclinado por aquella que posibilita la conservacin de norma dentro de los lmites constitucionales" Derecho constitucional, Mario Verdugo, Em1l10 Pfeffer y Humberto Nogueira, Tomo 1, Editorial Jurdica de Chile, 1994, pp. 131-132. - . . I tto dla norma no presenta ambigedad sintctica o semntica y por tanto su s1gn1f1cac1es !nquIvoca: los contratos celebrados por la Administracin en virtud de la ley de la funcin publica, deben regularse solo por la legislacin civil. A contrario sensu si la Admin!stracin quisiera concear relaciones laborales, se ve forzado a transitar -ica y exclusivamentepor la vra prevista en el Art. 4 de la misma ley. Asumiendo tal interpretacin, est? es, no pudiendo menos que aceptar que aquel es el sentido que le han querido dar los legisladores, corresponde que esta Sala Constitucional resuelva si la norma legal objetada -de ICIA CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA SI RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y la norma prevista en el Art. 5 de la Ley 1626/00 y el Cdigo Laboral, tienen, ?/ a distintas clases de sujetos la palabra clase estutilizada en su acepcin s,,1 marco del cual, quien se compromete a realizar la prestacin esten un total estado de independencia con respecto al contratante; por otro lado, el cdigo laboral tiene por destinatario al contratado en virtud de una relacin laboral y, por consiguiente, se encuentra Teniendo en cuenta que las citadas clases no se encuentran en igualdad de condiciones, mal podra exigirse un trato igualitario. Queda solo determinar si la diferencia entre ambas clases tiene la suficiente relevancia como para justificar la diferencia de trato otorgada por el legislador. La obviedad de esta respuesta surqe patente. Ambas relaciones -la laboral y civil tienen un marco jurdico autnomo e independiente, por lo que las cuestiones que de ellas derivan deben ir encauzadas por las vas previstas en cada ordenamiento. No sera razonable pues otorgar al contratado en virtud del derecho civil los mismos derechos que un contratado laboral, ya que ambas legislaciones regulan espeficamente los derechos, obligaciones, responsabilidades, indemnizaciones, etc., que corresponden a cada figura.

A modo de conclusin, podemos sostener que en autos nos encontramos ante una desigualdad de hecho que exige un trato diferente. Es decir, los puntos de partida relaciones La doctrina establece tambin otros criterios a los cuales podemos echar mano para poder disipar toda posible duda con respecto a la constitucionalidad de la norma a estudio.

As, se ha dicho que, con respecto al principio de igualdad, adems del criterio de relevancia, tambin debe tomarse en cuenta la finalidad de la medida diferenciadora "los poderes pblicos no pueden otorgar a los ciudadanos o los grupos tratos diferentes de forma gratuita: para que la diferencia de trato este constltucionelmemo justificada ha de tener una finalidad" Lpez Guerra, Luis; Espn, Eduardo; Garca Morillo, Joaqun; Prez Tremps, Pablo y Satrustegui, Considero, entonces, que el principio de igualdad, en cuanto al acceso de cargos pblicos se trata, se realiza por medio del concurso pblico. Consecuentemente, se infringira este principio esfera administrativa si se contratase directamente a funcionarios, obviando la En base a la lectura integral y sistemtica de las normas citadas en el prrafo que antecede resulta palmario que la diferenciacin hecha por el legislador, adems de ser relevantes es razonable, puesto que, con el objetivo de precautelar que toda relacin laboral estprecedida por un concurso de mritos -ya que de lo contrario allsse vulnerara el principio de igualdad- cio a la contratacin directa a los casos excepcionales y puntuales y, en ningn Esta decisin es tambin congruente con los fines del Estado, puesto que asegura el principio de igualdad al acceso de los cargos pblicos; tiene asegurada la posibilidad de contratar directamente en casos excepcionales que aslo requieran para lograr sus objetivos, y adems controlar los recursos financieros comprometidos en gastos fijos, teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios pblicos que prestan servicios en situacin de dependencia para el Por todo lo anterior llegamos a la conclusin que la norma impugnada no es inconstitucional, ya que no vulnera el principio de igualdad, sino que, por el contrario, la diferenciacin se hace en base a situaciones de hecho diferentes, con caractersticas relevantes que ameritan un trato desigual, y se encuentra en concordancia con los preceptos Ahora bien, este juzgador no es indiferente a la realidad en la cual, personas contratadas en virtud del Art. 5 de la Ley 1626/00, se encuentra fungiendo como verdaderos funcionarios pblicos, asumiendo las tareas que a estos ltimos le son propias y en un estado de subordinacin al rgano en el cual presta servicios. Sin embargo, aqucabe distinguir entre el texto de la norma y la aplicacin ilegal de la misma. Claro estque toda vez que el funcionario se desve de los fines para los cuales una norma fue creada y aplique incorrectamente una norma, originarcircunstancias injustas. No obstante, ello no hace a la inconstitucionalidad o no del texto, sino que, a todo evento, la desnaturalizacin de la figura del personal contratado podra hacer operativo la responsabilidad prevista en el Art. 17 de la Ley 1626/00.

Por las consideraciones mencionadas, corresponde tener por contestada la consulta elevada por el Tribunal de Apelacin en lo Laboral, Segunda Sala, de la .Capital y, en consecuencia declarar la constitucionalidad del Art. 5 de la Ley 1626/00 "De la Funcin A su turno, el Ministro Doctor CSAR DISEL JUNGHANNS dijo: Se plantea en el presente caso la consulta constitucional del art. 5 de la Ley 1626/00, el cual dispone que es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta servicio al Estado. Dicho artculo dispone tambin que las relaciones jurdicas del personal contratado se regirn por el Cdigo Civil, el contrato respectivo y las dems normas que regulen la materia. Asimismo, establece que las cuestiones litigiosas sern P rel im i na rmente, se impone una consideracin sobre la distribucin de competencias en esta mxima instancia judicial. En efecto, es sabido que, conforme el art. 260 de la Constitucin Nacional y el art. 11 de la Ley 609/95, la declaracin de inconstitucionalidad es competencia de la Sala Constitucional, o del Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justicia art. 259 de la Constitucin y art. 3 de la Ley 609/95. En nuestro esquema normativo, las dems Salas no tienen competencia para tal declaracin, conforme con los arts. 3 literal p, 14 Precisamente para este tipo de situaciones en que otra Sala, u otro rgano jurisdiccional inferior, cuestione la constitucionalidad de una norma que deba aplicar, estprevisto el remedio de la consulta de constitucionalidad, expresamente acogido por el art. 18 del Cdigo CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA S/ RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y ) uestos como el sub examine, la ley prevexpresamente una va, la indicada en nciso a) del Cdigo Procesal Civil, va que provoca un pronunciamiento decisivo sobre la constitucionalidad de la ley, decreto o disposicin de que se trata, ya sea afirmativa o negativamente. El texto del referido artculo dispone: "Art. 18. Facultades ordenatorias e instructorias. Los jueces y tribunales podrn, an sin requerimiento de parte: a) remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, ejecutoriada la providencia de autos, a los efectos previstos por el Artculo 200 de la Constitucin, siempre que, a su juicio, una ley, decreto u otra disposicin normativa pueda ser contraria a reglas constitucionales ... ".

A pesar del uso, en la prctica tribunalicia del trmino "consulta" para referirse a la va procesal prevista en el citado artculo 18 inciso a, procedindose -incluso- a usar el trmino en el caratulado del expediente respectivo como se ve tambin en estos autos, dicha va, por su naturaleza, lejos estde constituirse en una "consulta", en el sentido del requerimiento de una simple informacin, opinin o consejo. El trmite causa un pronunciamiento, por lo que mal podra admitirse que el uso cotidiano e impropio de un nombre para designar cierto trmite, Delimitada, pues, la procedencia de esta va, ascomo la finalidad de la misma, y deslindadas las cuestiones de competencia, debemos proceder al estudio de la constitucionalidad del art. 5 de la Ley 1626/00, en cuanto establece que el personal contratado La duda que se plantea en este caso es si la disposicin del art. 5 de la Ley 1626/00, al imponer el rgimen civil a la relacin del Estado con el personal contratado que -a criterio del rgano consultante presta servicio en relacin de dependencia- enmarca a ste en una situacin de desigualdad objetiva respecto del personal de servicio auxiliar, que se rige por el Cdigo Laboral. En suma, los juzgadores realizaron la consulta de la citada norma con fundamento en el principio de igualdad, consagrado en los arts. 46 y 47 de la Constitucin.

Cmo s1cbemos, el principio de supremaa constitucional consagrado en el art. 137 i ue to os los actos normativos se ajusten a los postulados de la Constitucin. El de la onstitucionalidad de una norma supone siempre un conflicto entre derechos, pios constitucionales con normas jurdicas inferiores. Por ello, a fin de conocer de estas ltimas con la Constitucin, es fundamental que el juzgador conozca er7:1 o quprotegen los principios onsitucionales en cuestin, puesto que su , el principio de igualdad posee dos dimension : la igualdad formal, jurdica o de 1 re; y_ 1 ldad material, sustancial o, de hecho. La primera e ellas se proyecta en diversas : a igualdad en la norma jurdica general, obligando creador de la norma a no ,j.''e.0ti'r di tinciones arbitrarias o irrazonables; b) igualdad frente a norma jurdica, vinculado de este mo o al rgano encargado de aplicarla; y, c) igualdad de de chos, significando que todas las p rsonas son titulares por igual de determinados derech , calificados como derechos hu anos. La al d de hecho atiende a las condciones de los ectores o grupos de personas social, conica o culturalmente inos favorecidos. e im ne al Estado, mediante laaliz in de a ciones ROSitivas, el de r de remover los obstculos ue impidan tales berson ejerc10 rde s derechos o gozae una ldad de Ministro CSJ.

oportunidades Didier, Mara Marta. 2012. El principio de igualdad en las normas jurdicas. La consulta que se plantea se refiere a la primera de las dimensiones del principio de igualdad, el de igualdad jurdica. La igualdad exige que se trate del mismo modo a quienes se encuentran en iguales situaciones, y, concomitantemente, implica el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros ri iguales circunstancias Bidart Campos, Germn. 1992. Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino. Buenos Aires: Editorial Ediar. P. 259. Desde esta perspectiva, el principio de igualdad se trasforma en un mandato que impone al Estado el deber de respetarlo tanto en la formulacin como en la aplicacin de normas. El Tribunal Constitucional Espaol explica que: "El principio de igualdad que garantiza la Constitucin opera en dos planos distintos. De una parte, frente al legislador o frente al poder reglamentario, impidiendo que ...

se otorgue relevancia jurdica a circunstancias que, o bien no pueden ser tomadas nunca en consideracin por prohibirlo asexpresemente la propia Constitucin, o bien no guardan relacin alguna con el sentido de la regulacin que, incluirlas, incurre en arbitrariedad y es por eso discriminatoria. En otro plano, en el de aplicacin, la igualdad ante la ley obliga a que sta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se encuentran en la misma situacin" STC Ahora bien, el principio de igualdad es por dems complejo, por lo que, en numerosos casos, admite tanto equiparar como diferenciar, existiendo al respecto libertad de configuracin para el legislador, quien debe legislar en base a las circunstancias del caso. Por ello, no toda distincin de trato puede considerarse violatoria del principio de igualdad, y no todo tratamiento igualitario, que ignore diferencias relevantes, puede estar conforme con ste.

Sin embargo, esa libertad legislativa a la que aludimos no es absoluta. Se encuentra limitada por la exigencia de que tales distinciones sean razonables, no sean arbitrarias, o no concedan privilegios indebidos. Debe existir, en otras palabras, una justificacin objetiva y razonable. Dicha exigencia vincula a las diferenciaciones o distinciones legales con el principio de razonabilidad, aquel principio que impone la adecuacin de las normas inferiores a los E n ese sentido, la doctrina ha referido que: "Es razonable todo acto que no se traduzca en la violacin de la Constitucin, o en la desnaturalizacin de sus preceptos. La razonabilidad de un acto estcondicionada a su adecuacin a los principios del sentido comn constitucional en orden a la justicia, moderacin y prudencia que ella establece. Es asque un acto puede ser formalmente constitucional, pero esencialmente inconstitucional cuando se contenido no guarde la debida proporcin con las circunstancias que lo motivan, o cuando no responda a una finalidad constitucional de bien comn" Badeni, Gregario. 2006. Tratado de Derecho Constitucional. Tomo l. Buenos Aires: La Ley. P. 120. La proporcionalidad a la que se refiere el autor exige que los medios empleados -que en este caso son medios normativos- sean idneos y adecuados al fin perseguido con la toma de la medida de autoridad.

. La constitcionalidad de las actuaciones de los poderes pblicos que otorguen un trato diferente a los ciudadanos o los grupos depender, por tanto, de que ese trato estfundado en unabase objetiva y razonable o, por el contrario, carezca de ella y sea discriminatorio o Adems del criterio de razonabilidad mencionado, la doctrina espaola ha concebido, con element?s que permitedistinguir entre una diferencia de trato justificada y la que no lo es, a la finalidad de la medida, a la congruencia y a la proporcionalidad. En este sentido ha rferido que: "En efeco, lo qe justifica constitucionalmente la diferencia de trato y evita que esa se considere ciscriminecion es, antes que nada, la existencia de situaciones de hecho que, ORTE REMA STICIA ef!:" - s, admiten o requieren un trato tambin diferente .. , El segundo elemento para doit:Jjf>i h - no discriminacin es la finalidad de la medida diferenciadora. En efecto, los 'oJ'eres ', os no pueden otorgar a los ciudadanos o los grupos tratos diferentes de forma 7TlfFtf:.:p_a qe a diferencia . rato estconsttucioalmene justificada ha de tener ua ; constitucionelmenie teqttime.: La medida dtferenctadora, ha de ser, ademas, congruente. La congruencia consiste aquen la adecuacin del medio a los fines perseguidos, esto es, consiste en que exista una conexin efectiva entre el trato desigual que se impone, el supuesto de hecho que lo justifica y la finalidad que se persigue ... Es, adems, preciso que la relacin entre estos tres factores estcaracterizada por la proporcionalidad ... Debe existir, pues proporcin entre el trato desigual que se otorga y la finalidad perseguida" Lpez Guerra, Luis et. 2016. Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. Volumen l. Dcima Edicin. Valencia: Tirant Lo Blanch. Pp. 166/167. Son, precisamente, estos los criterios que debemos tener en cuenta para juzgar la CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA S/ RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y Asimismo, debemos tener en cuenta tambin cmo esta norma se relaciona con el catlogo de derechos laborales que se incluyeron en la Constitucin para reconocer al trabajo como un componente esencial de la dignidad humana y para proteger a la parte menos favorecida en la relacin laboral. Los derechos laborales fueron consagrados en los arts. 86 al 99 y se refieren al derecho al acceso al trabajo en condiciones dignas y justas; a la proteccin al trabajo en todas sus formas y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales; a las poticas para promover el pleno empleo; a la no discriminacin; al trabajo de las mujeres y menores; a la duracin de las jornadas de trabajo y de descanso; a la retribucin del trabajo; a los beneficios adicionales al trabajador; al derecho a la estabilidad e indemnizacin dentro de los mites que la ley establezca; a la seguridad social; a la libertad sindical; a los convenios colectivos; al derecho de huelga y de paro; y, al cumplimiento de las norma laborales.

Estos derechos se extienden, naturalmente, a los funcionarios y empleados pblicos y no se circunscriben nicamente al mbito privado. El art. 102 dispone: "De los derechos laborales o uncionarios y empleados pblicos. Los funcionarios y empleados pblicos gozan d los der. has establecidos en esta Constitucin en la seccin de derechos laborales, en un gimen un forme para las distintas carreras dentro de los lmites establecidos por la ley y con fi sguardo e los derechos adquiridos". Queda garantizada as, por la Carta Magna, la omo v mos, la Constitucin marca pautas generales de proteccin al trabajador y de tb al t bajo, y delega a la legislacin el diseo y concrecin de estos principios. Este o -o no- estar acorde a los principios congrados por la norma fundamental, por existiere una diferenciacin, el anlisis de constitucionalidad de la ley deber rse frente a los principios y derechos que hemos encionado.

tinez Simn Este artculo se complementa con lo dispuesto en el art. 24, que dice: "Para atender necesidades temporales de excepcional inters para la comunidad, que sean afines a sus objetivos y a los requerimientos de un mejor servicio, los organismos o entidades del Estado podrn contratar a personas fsicas de conformidad con lo dispuesto en el Artculo 5 de esta Ley"; en el art. 25 que reza: "Se consideran neceskieiies temporales de excepcional inters para la comunidad las siguientes: a) Combatir brotes epidmicos; b) Realizarcensos, encuestas o eventos electorales; c) Atender situaciones de emergencia pblica; y d) Ejecutar servicios profesionales especializados"; y en el art. 26, que establece: "Las contrataciones en los casos mencionados en el artculo anterior tendrn una duracin determinada y una remuneracin especfica por un monto global y por un plazo que no podrexceder los doce meses, salvo que subsistan las causas que motivaron la contratacin" las negritas son En base a la sola lectura y al estudio integral de los artculos transcriptos, es fcil concluir la ratio detrs de las contrataciones a las que se refiere el art. 5 de la Ley 1626/00, cual es la de satisfacer una necesidad temporal de la Administracin Pblica. Dicha contratacin es, naturalmente, de aplicacin excepcional, y para la contratacin de personal en cuatro casos bien determinados y, salvo excepciones, por un plazo no mayor a doce meses.

EI ar.. 5 responde a fines espeficos de la organizacin de la Administracin Pblica, fines que se encuentran en conformidad con el principio de primaca del inters general, estatuido en el art. 128 de la Constitucin. Dicho principio, expresa la doctrina nacional: " ... exige un sacrificio o la privacin que el Estado requiere de los derechos particulares con miras al inters comn que debe inexorablEimente satisfacer dentro, claro est, de los principios administrativos de razonabilidad, oportunidad y legitimidad" Fernndez, Evelio et al.

2018. Constitucin de la Repblica del Paraguay. Comentada, concordada y comparada. As, la norma cumple con una finalidad especfica y, bajo este fundamento, no puede considerarse irrazonable ni inconstitucional. Tampoco atenta contra el principio de igualdad, porque las circunstancias de hecho que exige la norma para permitir la contratacin civil no son las mismas que las exigidas para la contratacin de funcionarios y empleados pblicos; por ello, ante tan distintos escenarios, no puede exigirse un trato igualitario. La diferencia de trato queda constitucionalmente justificada por la existencia de situaciones de hecho que, por Y aqulas diferencias entre uno y otro mbito se encuentran bien delimitadas. En efecto, el legislador contemplla modalidad de contratacin civil -de prestacin de servicios- para casos bien determinados, diferencindola claramente de las dems relaciones laborales reguladas en la Ley 1626/00. Ambas modalidades de contratacin poseen elementos propios: con un objeto y una naturaleza distinta a cada una. Corresponde recordar que el art. 845 del Cigo Civil dice: "Los derechos y las obligaciones de los empleadores y trabajadores dnvos oel contrato de trabajo, se regirn por la legislacin laboral; y los derivados del ejercicio de las profesiones liberales, por su legislacin especial". De igual forma, el art. 8 de la Ley 213!9? "Cdigo del !rabajo" establece claramente: "Se entenderpor trabajo, a los fines de este ?_Dd.'go, t?da =r= un:;ana, prestada en forma dependiente y retribuida, para la prod?c,o. de bienes y servicios las negritas son mas. En efecto, el contratado en una relacin c1v1I dee realizar la prestacin en un total estado de independencia con respecto al contratante, a d1ferenc1a del contratado en una relacin laboral, que se encuentra en estado De hech?, coo abemos, el elemento de subordinacin o dependencia, consistente en la potetad de 1mpart1r ordenes en la ejecucin de la labor contratada, es el que -mayormente determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestacin de servicios. En un caso .. sI .i-1.,vdo fue acusada de inconstitucional una norma referente a los contratos estatales Y-''-..a''sta e Colombia, la Corte Constitucional, a travs de la Sentencia C-154/97, ha delime stas diferencias en los siguientes trminos: "El contrato de trabajo tiene elementos were la existencia de la prestacin personal del servicio, la continuada subordinacin laboral y la remuneracin como contraprestacin del mismo. En cambio, en el contrato de prestacin de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurdica con la que no existe el elemento de la subordinacin laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir rdenes en la- ejecucin de la labor contratada. Sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y dismiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC.

NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA S/ RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y Sobre las caractersticas del contrato de servicios del Estado, esa misma Corte ha dicho: "El contrato de prestacin de servicios se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la funcin de la administracin no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes caractersticas: a) La prestacin de servicios versa sobre una obligacin de hacer para la ejecucin de labores en razn de la experiencia, capacitacin y formacin profesional de una persona en determinede materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales. b) La autonoma e independencia del contratista desde el punto de vista tcnico y cientfico, constituye el elemento esencial de este contrato. c) La vigencia del contrato temporal y, por lo tanto, su duracin debe ser por tiempo limitado y el Como vemos, en base a estas diferencias, es que el marco jurdico de un contrato civil y uno laboral, y por consiguiente sus jurisdicciones, son autnomos e independientes unos de otros. No existe as, una diferenciacin de trato irrazonable o arbitraria que atente contra el principio de igualdad. La diferenciacin que hace la ley entre contratados y los dems funcionarios y empleados pblicos se encuentra plenamente justificada desde el momento en que el Estado se encuentra con una necesidad temporal que no puede ser atendida por su plantel de personal permanente y se ve obligado a recurrir a una facultad reglada -el art. 5- La nota caracterstica de esta contratacin es atender una necesidad temporal y urgente, en casos bien determinados y expresamente previstos por la ley. La distincin legal es idnea y adecuada al fin perseguido por el Estado. La diferenciacin se funda en las necesidades propias de la Administracin Pblica y ni es irrazonable, ni arbitraria. No se configura as, ninguna violacin a la garanta de igualdad, puesto que -como se ve- existe una justificacin objetiva y razonable para permitir que el Estado contrate personas para ejecutar una obra o Por lo dems, hay que recordar que la premisa fundamental en materia de control de constitucionalidad de las normas jurdicas inferiores es que ellas deben interpretarse en el sentido de su constitucionalidad y no al contrario; es decir, la interpretacin constitucional debe conducir o resultar en la adecuacin de las normas jurdicas inferiores a la constitucin. Esta labor hermenutica constituye un verdadero principio al que denominan de "interpretacin conforme" y es una consecuencia derivada del rango supremo de la Constituin. Asse ha dicho que: "La supremaca de la Constitucin sobre todas ls normay su aracter cetral en /a construccin y en la validez del ordenamiento en su conjunto, obligan a merf."!rtar este en cualquier momento de su aplicacin... en el sentido que resulta de los pnnctptos y reglas constitucionales, tanto los generales como los especficos referentes a la materia de que se trate" Garca de Enterra, Eduardo. 2006. La Constitucin como norma y el Tribunal Constitucional. Cizur Menor: Editorial Aranzadi. P. 101 . El principio fue formulado por el Tribunal Federal Constitucional Alemn: "Es lido el principio de que una ley no debe ser declarada nula cuando puede ser interpretada en consonancia con la Constitucin". No son pocas las Cortes Supremas extranjeras que han conectado a dicho principio con una verdadera presuncin de constitucionalidad de las leyes, que es la afirmacin formal de que cualquier ley se tendrpor vlida hasta que sea declarada inconstitucional, y materialmente implica: "primero una confianza otorgada al legislativo en la observancia y en la interpretacin correcta de los principios de la Constitucin; en segundo trmino, que una ley no puede ser declarada inconstitucional ms que cuando exista duda razonable sobre su contradiccin con la Constitucin; tercero, que cuando una ley estredactada en trminos tan amplios que puede permitir una interpretacin inconstitucional habrque presumir que, siempre que sea razonablemente posible, el legislador ha sobreentendido que la interpretacin con la que habr de aplicarse dicha Ley es precisamente la que le permita mantenerse dentro de los lmites Por todo lo expuesto, podemos concluir que el art. 5 de la Ley 1626/00 no presenta resquicio alguno de inconstitucionalidad. Esto significa que el Estado puede contratar prestadores de servicios de manera excepcional y temporal que se rijan por el Cdigo Civil.

Ad mi n fr!ids::ic:elabusodeestacontratacinen 1:alidad fcticadenuestra Por las consideraciones mencionadas, corresponde tener por entestada la consulta elevada por el Tribunal de Apelacin del Trabajo, Segunda Sala e la Capital y, en consecuencia, declarar la constitucionalidad del Art. 5 de la Ley 1626 O "De la funcin AU.he:rh t art... n,:ez S:uraon

iesel Junghanns - nistro CSJ. CONSULTA CONSTITUCIONAL EN: "JUAN CARLOS PEREIRA V ALIENTE C/ SEC. NAC. DE LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA SI RECONOCIMEINTO DE ANTIGEDAD Y SENTENCIA NMERO: 40-1 ios mritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

onsulta Constitucional elevada por el Tribuna e Apelacin de la Capital y en consecuencia; DECL.: T. 5 DE LA LEY 1626/20; DE LA "FUNCIN PBl A", de .os en el exordio de la pr ente Resolucin.

i. Diesel Junghanns Ministro CSJ.