CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Expediente: "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" Nro. 669 - Año 2023. ACUERDO Y SENTENCIA NRO. CAROLINA LLANES OCAMPOS, por ante mí, la Secretaria autorlzante, se trajo a acuerdo el expediente: "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el Abg. César Mongelós, representante del Ministerio de Economía y Finanzas, c?ntra el Acuerdo y Sentencia Nro. 313 de fecha 25 de noviembre del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, , Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:
, CUESTIONES: 1. ¿Es nula la Sentencia recurrida? - 2. En caso centrarlo, ¿se halla ajustada a Derecho? - ; Practicado el sorteo de la Ley para determinar el orden de votación dio el sIg:uIente resultado: RAMIREZ CADIA, LLANES OCAMPOS y BENITEZ RIECJl !
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, DIJO: El Abg. César Mongelós, por escrito obraríte á resumenque solicita nulidad del a que dicha resolución impuso las e del proceso (funcionario emisor del acto y que esto no fue solicitado por las por lo Drll, l [Y1i11istrll sentencia contrapuesta a los principios consagrados en el artículo 15, incisos b), c) y f), numeral 3 del Código Procesal Civil y artículos 16 Y. 17 .de la Constitución, ya que el funcionario emisor no pudo ejercer su defensa en juicio. Finalmente indicó que la sentencia se limitó única y exclusivamente a analizar el sumario administrativo, omitiendo analizar la cuestión de fondo, sin analizar los argumentos sostenidos por el Ministerio de Hacienda. : La Abg. Ángel María Vargas, representante del señor Néstor Rene Quintana, al momento de contestar el traslado de agravios corrido a su parte, señaló -en resumen- que los agravios expuestos son improcedentes, pues en virtud al principio general de costas, previsto en el artículo 192 del C.P.C., la parte vencida es la que debe pagar las cosas y al haber hecho referencia el Tribunal, al artículo 106 de la Constitución, destaca que la SET como repatriación del Estado tiene una responsabilidad subsidiaria respecto a sus funcionarios. Arguyó que la cuestión traída a colación por el nulidicente hace referencia a una cuestión de aplicación de la norma y no a los vicios de la sentencia. Finalmente, solicitó que se declare desierto el recurso interpuesto, a raíz en cuanto a la omisión de tratamiento del fondo de la cuestión, alegó que de forma expresa el Tribunal resaltó lo inoficioso de él, considerando que el proceso de fiscalización caducó, por lo que la determinación se entiende En ese lineamiento, cabe señalar que el recurso de nulidad debe aludir a vicios de construcción del proceso o de la resolución en su forma y no a supuestos errores de juicio. Así, el Código Procesal Civil (CPC) en el artículo 404 señala que el recurso de nulidad procede contra las reseluciones dictadas: 1) con violación de sus formas, y 2) por infracción alas Al analizar la cuestión planteada por el nulidicente, en contraste con la disposición legal antes citada, se llega a la conclusión de que no es procedente la nulidad de la resolución impugnada, pues los argumentos señalados por el Abg. César Mongelós no se ajustan a las prescripciones del Expediente: "NESTOR RENE QUlTP¡,NA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SU1 BSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DErlNISTERIO DE HACIENDA" Nro. 669 - Año 2023. .J ,:: , 'U ' lugar, es importante señalar que las costas 1orstituyen un 't 2--mi. e:, accsoriodla "" y, por cniguiente, en el !leyentual "" d,JJaJta de --.. dio o unposicron erronea de estas, esto no acarirra la nulidad 1 TI- cia, pudiéndose suplir la falta de decisión o aplicación correcta lqualrnente, corresponde mencionar que el Acuerdo y Sehtencia Nro.
313/2022 tampoco resulta ser una resolución extra petita, pucorroborado el escrito de demanda obrante a fs. 59/79, específicamente , en la parte referente al "PETITORIO", numeral 7), se observa que la parte actora protestó costas, y por consiguiente, el Tribunal de Cuentas se pronunció respecto a una cuestíón que fue objeto de petición en el presente juicio, es decir, dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 inciso d) del CPC.
, Ensegundo lugar, cabe indicar que el Tribunal de Cuentas se limitó al análisis de la cuestión formal del acto administrativo impugnado, pues determtno que se produjo la caducidad del procedimiento sumarial recaído en sede administrativa, en consecuencia, resultó inoficioso el análisis del fondo de la cuestión, al haberse determinado que el acto administrativo se Por otra parte, no se advierten vicios en la resolución dictada o defectos procesales que ameriten de oficio la declaración de nulidad en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil.
Corresponde en consecuencia, DESESTIMAR el recurso de nulidad OCAMPOSY voto del MINISTROS MARÍA CAROLINA LLANES ÍTEZ RIERA, DIJERON: Que se adhieren al Dra. u« CaroJ.ifíá Lanes O. Ministr« A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO MANUEL DEJESÚS RAMÍREZ CANDIA, PROSIGUIÓ c;>ICIENDO: Por Aeuerdo y Sentencia Nro. 313 de fecha 25 de noviembre del 2022,. el: Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió: "1-HACER LUGAR a la presente acción contencioso administrativa caratulado "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA"; 2- DECLARAR la nulidad de la Resolución Particular Nro. 7270000762 del 2019 dictada por la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA; 3- IMPONER las costas de conformidad al art. 106 del CN; 4- El fundamento -en voto mayoritario- del Tribunal de Cuentas, para hacer lugar a la demanda, se basó -en resumen- en que, se produjo la caducidad del procedimiento sumarial recaído en sede administrativa, debido a que el sumario duró un periodo excesivo de 240 días hábiles, superior a los 70 días hábiles establecidos por el artículo 225 de la Ley Nro. 125/92, considerando el inicio del cómputo de plazo, a partir de la notificación del auto de instrucción sumarial y la finalización el 03 de octubre del 2019, fecha en la El Abg. César Mongelós, al momento de expresar agraviqs, señaló -en resumen- que: 1) los plazos previstos para los sumarios administrativos no son perentorios, sino meramente ordenatorios e indicativos, salvo que la perentoriedad sea establecida expresamente en la norma y que la ley no sanciona con la nulidad en caso de incumplimiento. Manifestó que el sumario administrativo culminó con la Resolución Particular Nro. 72700000762 del 03 de octubre del 2019 que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el contribuyente, lo que indica que se aplicaron criterios objetivos a la hora de resolver la cuestión, lo cual, torna inadmisible sostener, como lo hace la sentencia irnpuqnada, que todo procedimiento es nulo y perjudiclal pra la contraparte; ) señaló que las actuaciones inspectoras de la Administración Expediente: "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" Nro. 669 -Año 2023.
establecidas en el artículo 175 de la Ley Nro. 125/92. Igualmente, manifestó se configuró la infracción-de defraudación, tipificada en el artículo 172 de la Ley Nro. 125/92 y se comprobó asimismo, la presunción de la intención de defraudar, artículo 173 de la Ley Nro. 125/92, numerales 3) y 5), la cual no logró ser desvirtuada por la contribuyente, pues incluyó en sus DDDJJ de IRACIS General e IVA General de los periodos y ejercicios fiscales fiscalizados, costos y gastos respaldados con comprobantes relacionados a operaciones que no existieron y 4) en cuanto a las costas, se remitió a los argumentos expuestos en el recurso de nulidad, atinentes a este tema y manifestó que aún en el caso de ser correcta la resolución dictada por el Tribunal, las costas debieron ser impuestas en el La Abg. Ángel María Vargas, al momento de contestar el traslado de agravios corrido solicitó que se declare desierto el recurso interpuesto en base al artículo 419 del C.P.C.; por otra parte, en contestación al recurso interpuesto, señaló que el Ministerio de Hacienda reconoció que el proceso sumarial concluyó fuera del plazo máximo dispuesto en la ley. Además, indicó que la Ley Nro. 4679/12 se encontraba vigente al momento de tramitarse el sumario, por lo cual, era aplicable al presente caso y que tampoco fueron cumplidos los plazos dispuestos en la ley tributaria. Finalmente, solicitó que de los agravios del apelante, corresponde citar s Fiscalización Nro. 65000002242, el IVA Ge eral e - ,ez Ca tl'i e1esuRam1i Or Manue .
' MNSiM Dra. Ma. ctna [Lanes O. Ministra fiscales de mayo a octubre del 2015, enero a julio del 2015y enero a diciembre del 2017 y del IRACIS General de los ejercicios fiscales del 2015. al 2017. En fecha 22 de mayo del 2018 el contribuyente solicitó una prórroga de 20 días hábiles para el cumplimiento de lo solicitado en la orden de fiscalización. La Administración, en fecha 23 de mayo del 2018, otorgó la prórroga solicitada, otorgándole un plazo de 15 días hábiles al contriuyente.- Luego de la presentación de las facturas solicitadas, la Administración dispuso por Resolución Particular Nro. 66000000571 del 11 de julio del 2018, la ampliación del alcance de la fiscalización a las compras realizadas por la proveedora Nancy Estigarribia.
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Los auditores de la Administración suscribieron el ActaFinal Nro. 68400002658 en fecha 1 O de agosto del 2018, por el cual, recomendaron calificar la conducta del contribuyente como defraudación conforme lo dispuesto en el artículo 172 y la aplicación de la multa del 300sobre el Seguidamente, la Administración dispuso la instrucción del sumario administrativo, mediante la Resolución Nro. 71100000780 del 23 de octubre del 2018, en virtud a lo establecido en los artículos 212 y 225 de la Ley Nro. 125/92. Luego de los trámites de rigor, en fecha 13 de febrero del 2019 (fs.
348 de los A.A.) por Resolución Nro. 72900000371 se dictó "AUTOS PARA RESOL VER" en virtud al numeral 8) de los artículos 212 y 225 de la Ley Nro. 125/92 y el sumario administrativo concluyó con el dictado de la R.solución Particular Nro. 72700000762 de fecha 03 de octubre del 2019 (fs.50/56) emitida por el Viceministro de Tributación, la cual, resolvió determinar la obligación fiscal del contribuyente, calificar la conducta del contribuyente como defraudación y sancionar al mismo con la aplicación de una multa equivalente al 155sobre los tributos defraudados. ,: Seguidamente, el contribuyente interpuso el recurso de reconsideración contra la Resolución Particular Nro. 72700000762/2019 (fs.
04) dicho recurso no fue resuelto por la SET, por lo cual se generó la resolución denegatoria tácita del recurso, conforme dispone el artículo 234 de Expediente: "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ R't:SOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA" Nro. 669 -Año 2023. la cual, fue recurrida en instancia jurisdiccional por el o expuesto los antecedentes del caso, corresponde analizar s expuestos por el Abg. César Mongelós, siendo el primer agravio referente al cumplimiento de los plazos legales tributarios, los cuales, considera ser meramente ordenatorios e indicativos, pero no perentorios, que En ese contexto, corresponde señalar que una de las consecuencias del principio de legalidad, en el procedimiento administrativo, es que los plazos que le rigen a la Administración son imperativos, por ende, establecido un plazo dentro del cual la administración debe actuar, el mismo debe ser cumplido bajo el riesgo de la pérdida de su eficacia.
Respecto a la cesación de eficacia, el autor Santiago Muñoz Machado enseña: " ... es posible que la eficacia del acto cese por caducidad, por el cumplimiento de una condición resolutoria, o el término previsto en el propio acto". (Muñoz Machado, Santiago, Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, XII Actos Administrativos y Sanciones Administrativas, Editorial Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Cuarta edición, Madrid, octubre de 2015, p. 107). :.
Asimismo, por medio de la imperatividad mencionada, regulado legalmente un procedimiento, el mismo es de obligatoria aplicación y cumplimiento. En consecuencia, el cumplimiento del plazo es inexcusable por que por Departa isto, al analizar las constancias de autos, se advierte , instruyó sumario administrativo uintana. Luego e los tra ites de rigo , 1 z Riera 1 Dra. Ma. CarLlanes O.
Ministra Resolución Nro. 72900000371 de fecha 13 de febrero del:-- 2019 la Administración Tributaria llamó "AUTOS PARA RESOLVER". Seguidamente dictó la Resolución Particular Nro. 72700000762 en fecha 03 de octubre del Al ser así, se concluye que la Administración no cumplió con los plazos establecidos en los artículos 212 y 225 de la Ley Nro. 125/92, pues en la parte pertinente (numeral 8) dichas normativas.establecen el plazo de 1 O días con el que cuenta la AT para dictar el acto de determinación y aplicación de sanciones, plazo que se vio sobrepasado en el presente caso, considerando que se llamó autos para resolver en -fecha 13 de febrero del 019 y la Resolución Particular Nro. 72700000762 recién fue dictada en fecha del 03 Cabe mencionar que la inobservancia de los plazos establecidos en los artículos 212 y 225 de la Ley Nro. 125/92deriva en la nulidad del procedimiento sumarial porque constituye un vicio de leqalidad del procedimiento, pues la actuación de la Administración se debe ajustar estrictamente a la legalidad y toda actuación no autorizada implica un acto nulo.
Sumado a todo lo expuesto, correspqnde mencionar que la Constitución en el artículo 17, numeral 1 O), contempla entre los-derechos procesales que: "... El sumario no sprolongará más allá del plazo Igualmente, las normativas internacionales, siguen . el mismo lineamiento, tal es el caso, que el artículo 8.1 de la Convención Americana establece, como unas de las garantías j1,Jdiciales, el plazo razona1e de los procesos y que dicho plazo razonable no solo es aplicable en el ámbito penal sino también en el ámbito administrativo, tal como sostiene ,lá. Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en el precedente "RICARDO BAENA C/ PANAMA" en el que se expresa: "Si bien el articulo 8 en la Convención Americana se titula "Garantías Judiciales". Su aplicación no se limita a /os recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que Expediente: "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE STADO DE TRIBUTACIÓN DELJ MINISTERIO DE Por otra parte, en cuanto al segundo agravio expuesto por el apelante, referente a que las actuaciones inspectoras de la Administración Tributaria no son susceptibles de caducidad del procedimiento, ya que el instituto de la caducidad cede ante procedimientos administrativos en los que está en juego Corresponde señalar que, además de haberse corroborado -en el análisis del primer agravio- que la Administración no dio cumplimiento a los plazos legales, en el presente caso también se verifica que se produjo la caducidad de la instancia administrativa, pues conforme lo establecido en la Ley Nro. 4679/12 "De Trámites Administrativos" -aplicable a la fecha de sustanciación del sumario administrativo1 - se dispone que: "artículo 11 - Se tendrán por abandonadas /as instancias en toda clase de trámites administrativos, incluyendo los sumarios administrativos y caducarán de derecho, si no se insta su curso dentro de /os seis meses, desde la última actuación; artículo 12 - La perención de instancia tiene lugar incluso contra el Estado, /as municipalidades, y toda autoridad administrativa."
Ministra para la aplicación de la normativa señalada (Ley Nro. 4679/12). conforme Así, cfel cotejo de las féchas dlai'act(taciór:,'es adrninistrafivás, resulta que el sumario administrativo estuvo inactivo por más de seis meses desde la Resolución Nro. 72900000371 de fecha 13 de febrero del 2019 (por el.cual el Juzgado llamó a autos para resolver) al dictado de la Resolución Particular De esta manera, se concluye que, la Administración no cumplió con los plazos establecidos en los artículos 212 y 225 de la Ley Nro. 125/92, pues en días con el que cuenta la Administración para dictar el acto de determinación y aplicación de sanciones, y además que el sumario administrativo .caducó a tenor de lo dispuesto en la Ley Nro. 4679/12, resultando en consecuencia, la irregularidad de los actos administrativos impugnados.
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En estas condiciones, ya no corresponde examinar el tercer agravia expuesto por el apelante, referente al fondo de la cuestión, por resultar su Finalmente, en lo que respecta al cuarto agravio del Ministerio de Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas impuso las .-:costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado. En ese contexto, cuando el acto administrativo se declara nulo por la autoridad competente, en este caso, por el Tribunal de Cuentas y es confirmado en esta instancia,es porque se dictó en transgresión a los requisitos de regularidad, por- lo que corresponde imponer las costas al funcionario emisor del acto administrativo anulado conforme lo establecido en el artículo 106 de la Constitución.
Ley Nro. 4679/12, artículo 17.- Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán' a aquellos procedimientos establecidos en leyes especiales que regulen la perención de instancia administrativa .
es ÓRTE UPREMA USTICIA 1 1 Expediente: "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE En ese lineamiento, el artículo 1064 de la Constitución dispone la responsabilidad del funcionario administrativo, ésta deviene: del principio republicano de gobierno consagrado en el artículo 1 de la Constitución. Como consecuencia de la vigencia de éste principio, los bienes del Estado son "cosa pública" siendo los funcionarios, administradores de cosa ajena. En tal sentido, deben cumplir su función asumiendo responsabilidad ante el dueño Por lo mencionado, de imponerse las costas a la entidad pública, además de contradecir la Constitución, constituye un premio para el funcionario negligente y un castigo para los contribuyentes quienes deben soportar la carga económica de la actuación irregular del funcionario.
En el mismo sentido, el autor RAFAEL BIELSA (1962) ha expresado que: "si se hace responsable al Estado y no a los funcionarios culpables, estos seguirán gozando de la impunidad de sus actos irregulares, y el Estado, es decir, el tesoro público, cargará con las consecuencias de esos hechos.
Con hacer respo le al Estado, lo que resulta es una incidencia inj abilid Cons uclé , Artículo 106. De la responsabilidad del funci_9Jul del empleado público. Ningún funcionario o erripleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transg,:esiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, sonpersonelmenie responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abonar en tal concepto. contribuyentes honestos o no culpables de lasfaltas de los func7bnarios" (Bielsa, F. (1962). Estudios de Derecho Público. Tomo IV. Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma, p. 309-31 O). .:; - Por tanto, en base a las consideracione.s expuestas, cbrrpbnde RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. César Mongelós, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas y, en consecuencia; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 313 de fecha 25 de noviembre del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala. Es mi voto.
A SU TURNO, LA MINISTRA MARÍA CAROLINA LLANES DIJO: Me adhiero al sentido del voto del Ministro preopinante, pues considero que corresponde rechazar el recurso de apelación planteado por el representante del Ministerio de Hacienda, no obstante, disiento en cuanto a la imposición de las costas en el juicio, por los fundamentos que explico a continuación:--- El artículo 196 de la Ley Nº 125/91 establece: "Actos de la Administración: Los actos de la Administración Tributaria se reputan legítimos, salvo prueba en contrario, siempre que cumplan con los requisitos de regularidad y validez relativos a competencia, legalidad, forma legal y procedimiento correspondiente. La Administración Tributaria podrá convalidar los actos anulables y subsanar los vicios de que adolezcan, a menos que se hubiere interpuesto recursos jurisdiccionales en contra de ellos". Conforme las constancias de autos, coincido con el . Ministro preopinante en que los actos administrativos impugnados en el presente juicio fueron dictados como consecuencia de un procedimiento administrativo viciado, pues se vulneró el debido proceso establecido en los artículos, 212 "Procedimiento de determinación tributaria"5 y 225 "Procedimiento para la aplicación de sanciones"6 Artículo 212 numeral 8): "Vencido el plazo del numeral anterior, la Administración Tributaria deberá dentro del plazo de diez (1 O) días dictar el acto de determinación".
Artículo 225 numeral 8): Vencido el plazo del sumarial anterior, la Administración Tributaria deberá dentro del término de 10 (diez) días, dictar el acto administrativo correspondiente, en la forma prevista en el Art. 236. El procedimiento descripto puede tramitarse conjuntamente con el previsto en el Art. 212 para la determinación de deuda por concepto de tributo o tributos y culminar en una única resolución. Expediente: "NESTOR RENE QUINT,t-NA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DfFL 03 DE OCTUBRE L.(,.,.., ? TICIA DEL 2019 DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE /- /' ., _e .. DE ;l;STADO DE TRIBUTACIÓN DEII MINISTERIO DE r' /:¿,. '¡ abe regar que en su escrito de expresión dagravios el O., :r/lia , tle la demandada aleó que no caducó el prodimiento de determtributaria y que los plazos dentro de un pr 1ocedimiento ---SfMtS rativo no son perentorios, sino meramente ordenatorios; asimismo, indicó que las actuacionede,IAdministrasión Tributaria en el rElgimen legal fiscal no son susceptibles de cducidad del procedimiento y qué esto se debe a que el instituto de la caducidad cede ant; procedimientos Jdinistrativos Respecto al cuestionamiento de la parte apelante y teniendo en cuenta que el Tribunal declaró la caducidad del sumario administrativo y determinó que el mismo sobrepasó los plazos previstos en la Ley Nº 125/91, primeramente es necesario mencionar que el art. 17 de la Ley de Trámites Administrativos dispone: "Las disposiciones del presente Capítulo no se aplicarán a aquellos procedimientos establecidos en leyes especiales que reguleh la perención de instancia administrativa". Como la Ley Nº 125/91 no regula la caducidad del sumario)administrativo, la Ley de Trámites Admlnistratlvos sí es aplicable a los sumarios administrativos instruidos en la SET, conforme ya he sostehído en sendos fallos anteriores.
Asimismo, analizando las constancias de autos se advierte que en la tramitación del sumario administrativo la Administración Tributaria llamó autos para resolver en fecha 13 de febrero de 2019 y dictó la Resolución r Con respecto a la caducidad del sumario administrativo, la Ley Nº 4679/11 "De trámites administrativos" dispone en el artículo 11: "Se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de trámites administrativos, incluyendo los s insta su cut. s s meses, desde la última actuación". En estas . , n re el llamado de autos y la siguiente ibuto, 1 Qia eús Ramírei or. Manue i m1siRO M Carª Llanes o.
Mi11istra Trámites Administrativos. Cabe agregar que el referido cuerpo legaldispone, igualmente, que "La perención de instancia tiene lugar incluso contra el Estado, las municipalidades y toda autoridad administrativa" (artículo 12). En estas condiciones, el procedimiento administrativo llevado en la Subsecretaría de Estado de Tributación caducó de pleno derecho.--'"
La Constitución Nacional estipula corno; derecho procesalque el sumario no se prolongue más allá del plazo establecido por la lé(art. 17 numeral 1 O). Asimismo, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8 numeral 1) toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, derecho que sin dudas ha sido. vulnerado en el presente Sobre la base de las consideraciones expuestas precedenterrrente concluyo que no corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, corresponde revocar el fallo Por otra parte, respetuosamente disiento en cuanto a la imposición de costas, pues considero que las mismas deben imponerse a la parte perdidosa, la demandada, en ambas instancias, por imperio del artículo 192 del Código Procesal Civil, que dice: "Principio general. La parte 'vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado" y el artículo 203 inc. a) del mismo cuerpo legal, que dice: " ... a) si la sentencia fuere confirmatoria de la primera instancia en todas sus partes, las costas del recurso serán a cargo del apelante". Es mi voto.--:
A SU TURNO, EL MINISTRO LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA DIJO: Que se adhiere al voto de la Ministra María Carolina Llanes Ocampos, por Expediente: "NESTOR RENE QUINTANA GRANCE C/ RESOLUCIÓN NRO. 7270000762 DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2019 DICTADA POR LA su'ssECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEINISTERIO DE Asunción, 3o de 1 1 : Los méritos del Acuerdo que antecede; la Excma. - SALA PENAL
RESUELVE:
1. DESESTIMAR el recurso de nulidad interpuesto por el Abg. César Mongelós, en representación del Ministerio de Economía y 2. RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el Abg. César Mongelós, en representación del Ministerio de Economía y .Finanzas, y, en consecuencia; CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nro. 313 de fecha 25 de noviembre del 2022, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por los fundamentos expuestos en la 1 a parte perdidosa, parte demandada, en artículo 192 y 203 inciso a) del Ante