ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN MARGARITA AMARILLA MACIEL C/ ART. 1º DE LA LEY " ,"',o,,gK''1a iudad de .Asunción, Capital de la República del 1:Véle .ot'bri . , del año dos mil ve,nt-,c.ua-r-ro, estando en la ""'-"1. uerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excrnos. Señores Ministros de la SalaConstitucional, Doctores, CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, GUSTAVO SANTANDER DANS y VÍCTOR RÍOS OJEDA, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN MARGARITA AMARILLA MACIEL C/ ART. 1º DE LA LEY Nº 4252/2010, QUE MODF. LOS ARTS. 3, 9 Y 1 O DE LA LEY Nº 2345/0:3, a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por MIRIAM MARGARITA AMARILLA MACIEL, Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: la presente acción de inconstitucionalidad es incoada por Miriam Margarita Amarilla Maciel, por derecho propio y bajo patrocinio de la abogada Nelly Lorena Jara Morales contra el Artículo 1º de la Ley Nº 4252/2010 "Que modifica los artículos 3º, 9º y 1 Oº de la Ley Nº 2345/2003 "De Reforma Y Sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Publico" - , por reputar dicha disposición como violatoria de los Arts. 6, 46, 47 inc. 2 y 88, 103 y 137 de la En primer término, debe puntualizarse que ante la pluralidad de disposiciones modificadas por la norma impugnada, los agravios deloaccionante se ciñen exclusivamente a la modificación normativa del art. 9 de la Ley Nº 2345/20 ; concretamente en lo atinente a la jubilación obligatoria por edad, segú se de prende de los términos en que se planteó esta acción.
Hecha esta aclaración, como punto de partida del enjuiciamiento de con itucionali ad que nos ocupa, debe señalarse que nuestra Constitución, en su artí lo 1 defi e a la República del Paraguay como: " ... un Estado social de derecho, it río, indi sible y descentralizado que adopta pete su gobierno la democracia n sentati , participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad el mismo contexto, el artículo 3 dispone: "El gobierno es ejercido por los p e es egislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de separación, equilibrio, c on ación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni to a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o su a del Poder Público. La dictadura está fuera de ley". Todas estas 'tarac ' reas tienen importantes derivaciones en los institutos que crea la misma r>,.'09l ''º s1;ctu'-mo se mencionó supra, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, egislativ y Judicial) ienen el mismo rango y el equilibrio entre ellos se da a través d un siste a de frenos y contrapesos, que co to garantizan la funcionalidad d sistema, 1 imperio de un Estado de erecho y I vigencia de las libertades fun amentale .
Ninguno de ellos está su ordinado a o o poder u órgano estatal, pero ienen u Ministro Min1,rro necesaria interdependencia a nivel funcional. En ese orden, existen ciertas atribuciones y competencias específicas, asignadas algunas por la Constitución, en forma exclusiva y excluyente que, por ello, constituyen su zona de reserva, vedada de la posibilidad de que otros poderes u órganos estatales se inmiscuyan en ella o pretendan ejercer esas atribuciones y competencias exclusivas.
Así, dentro de nuestro régimen constitucional, constituyen zonas de reserva: a) del Poder Legislativo, entre otras: los deberes y atribuciones mencionados en el Art.
202 C.N., Art. 203 C.N. de la formación y sanción de las leyes, el juicio político (Art. 225 C.N.), la designación de sus autoridades y empleados (Art. 200 C.N.), la citación e interpelación (Art. 193 C.N.), el voto de censura (Art. 194 C.N.); b) del Poder Ejecutivo, entre otras son las mencionadas en el Art. 238 C.N., tales como dirigir la administración general del país, dirigir el manejo de las relaciones exteriores de la república, nombrar y remover a los ministros del Poder Ejecutivo; y, c) con respecto al Poder Judicial, básicamente la función jurisdiccional, es decir, de juzgar y administrar justicia, con la significación y el alcance de resolver (conocer y juzgar) los conflictos jurídicos suscitados entre dos o más personas naturales o jurídicas, mediante el dictado de una norma jurídica específica (sentencia definitiva) con imperio decisorio y En ese orden, por expreso mandato de la Constitución, la facultad de regular el régimen jubilatorio es delegada al Congreso, según el Art. 103 de la Carta Magna, que dice: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la lev regulará el régimen de iubilaciones de los funcionarios v de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad" (el subrayado es mío).
En consecuencia, a tenor de la norma constitucional arriba transcripta, todo lo concerniente al sistema jubilatorio es materia delegada al Poder Legislativo, sin excepciones, en virtud del Principio de Reserva de ley. De ello se deduce que, en cuanto al tema que se analiza en él sub examine, la determinación de la edad jubilatoria establecida en el Art. 9 de la Ley Nº 2345/03, modificado por la Ley Nº 4252/1 O, queda circunscripta en la referida facultad, atribuida constitucionalmente al Poder Legislativo, por lo que no puede considerarse que el Congreso, al regular por ley tal cuestión, haya transgredido disposiciones de la Carta Magna.
Si bien la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, se erige en la instancia de control, desde la óptica constitucional, del ejercicio de las facultades otorgadas a los demás poderes del Estado, como consecuencia del ya señalado principio de separación de poderes, existe un deber de respeto y de no intromisión entre los poderes públicos, derivado de las competencias reservadas de cada uno de ellos, que deben ser respetadas mutuamente, dentro de los límites establecidos por la Carta Magna. En esa línea, el Poder Legislativo goza de un margen de apreciación acerca de la idoneidad y utilidad de la adopción de una u otra fórmula normativa, que escapa al control de esta Sala Constitucional, en tanto ello no conlleve una ostensible conculcación de la Supremacía de la Constitución. Puede considerarse injusta o no una disposición normativa o reglamentaria, lo que no significa que la misma sea contraria a una disposición constitucional, que amerite declarar la inconstitucionalidad del alcance de la misma, por arbitrariedad u otros Es por ello que el beneficiario de una jubilación otorgada por ley, no puede, sin incurrir en una actitud injusta, reclamar la permanencia en el cargo. La jubilación, desde todo punto de vista, más que un agravio, es un beneficio social que el Estado otorga al funcionario por los años de permanencia y de servicios prestados a la Administración Pública, dando el Estado por satisfecho el derecho constitucional de todo paraguayo " ... a ocupar funciones o empleos públicos" (Art. 101 C.N.) y el deber de otorgar " ... dentro del sistema nacional de seguridad social" ... "el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos" (Art. 103 C.N.) y dejar una nueva plaza, para igual derecho de otro paraguayo en consonancia con el Art. 47 ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN MARGARITA AMARILLA MACIEL C/ ART. 1 º DE LA LEY .,. 'l inc.3,-dit1a ., así como del Art. 101 de la Carta Magna, en cuanto dispone: ' ;1c'-Y<Jdbs I raguayos tienen el derecho a ocupar funciones y empleos públicos".- - ación como modo de terminación de la relación jurídica entre el Estado s, ). I' nario público, lejos de ser uncastigo o a_rbitrariedad, es un instituto que éncuentra su fundamento principal en la propia dignidad humana, proclamada ya desde el Preámbulo de nuestra constitución, así como en la calidad de vida y en el derecho al bienestar integral de las personas de la tercera edad (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.) de aquellos trabajadores que han llegado a la edad determinada por la ley para ser tenido en cuenta desde la óptica de la Seguridad Social (Art. 95 C.N.), a los Vale apuntar que, en relación a los trabajadores de la tercera edad, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Recomendación Nº 162 Sobre los Trabajadores de Edad (1980), no expresa que el derecho a conservar el puesto de trabajo tenga un carácter absoluto y eterno, sino que consagra una serie de principios altamente tuitivos de los mismos, relativos a la preparación y acceso al retiro, indicando en su parte cuarta, que las disposiciones legislativas o de otro tipo que fijen una edad obligatoria para la terminación de la relación de trabajo, deberían examinarse a la luz de las disposiciones protectorias contenidas en la misma.
Es cierto que la discriminación está proscripta en nuestra Constitución, de forma genérica en el Art. 46; y de manera concreta en el ámbito laboral por motivo de la edad, de acuerdo con el Art. 88, pero, la norma impugnada no entraña discriminación alguna con respecto a los funcionarios públicos que han llegado a la vejez, puesto que, si bien la fijación por ley de una edad para la jubilación forzosa de los servidores públicos es una limitación del derecho al trabajo de éstos; en el ámbito público, sin embargo, esta limitación, establecida en el marco de la regulación del sistema jubilatorio, a más de constituir una potestad legislativa atribuida constitucionalmente (Art. 103 C.N.), responde a criterios objetivos y que guardan proporcionalidad con el fin de hacer efectivos los ya mencionados derechos y principios constitucionales. En efecto, la jubilación forzosa constituye un instrumento por el cual el Legislador por un lado, posibilita la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública (Arts. 47 y 101 C.N.) y el recambio de la plantilla de servidores estatales, mientras que, por el otro, el servidor público que pasa a una situación de retiro, disfruta en delante de su derecho al descanso, con el disfrute del pertinente haber jubilatorio, y la especial protección como persona de la tercera edad y sujeto de la Seguridad Social (Arts. 6, 57 y 95 de la C.N.). Por estas razones, la norma de marras, se insiste, no puede ser reprochada de inconstitucional.
. almente, debe señalarse que subyace en esta cuestión el problema de la eve ual i suficiencia del haber jubilatorio para obrar como una prestación sustitutiva del salario que se dejará de percibir por el paso a. la pasividad, lo que lleva al ionario a tratar de postergar en lo posible su jubilación. Mas, la referida nstanci , así como el tipo de tratamiento que otorgan a este complejo tema de armas de Seguridad Social que integran nuestro ordenamiento jurídico, y su ona 1a o no por las fórmulas consideradas más flexibles o equitativas, como las qu o ulan soluciones de paso gradual desde la actividad al retiro, es algo que rr pande a la valoración política y legislativa, y no al ámbito del juicio de Ministro, Matr. CSJ Nº 15669, se presenta a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 1 de la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ART/CULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en lo que respecta a la modificación del Artíc:ulo 9 de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO", conforme se desprende del escrito inicial de 2. - Alega el accionante que, se halla en situación inminente de la aplicación la Ley 4252/10, art. 9, que dispone la jubilación obligatoria una vez cumplido 65 años de 3.- Expresa que el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O resulta contraria a los Artículos 6, 46, 47 inc. 2 y 3, 57, 88, 103 y 137 de la Constitución Nacional, pues vulnera derechos y garantías constitucionales al disponer la jubilación obligatoria, produciéndoles un daño patrimonial con el monto irrisorio que pretenden abonarle frente al salario de los funcionarios activos. Las normas impugnadas atentan contra la igualdad de derechos entre docentes, magistrados y funcionarios estableciendo categorías de funcionarios los de primera que pueden seguir trabajando y los funcionarios comunes que solo pueden hacerlo hasta los 65 años de edad. Que goza de buena salud física y mental para seguir cumpliendo las tareas encomendadas.
4.- De las instrumentales agregadas a autos surge que la Sra. Mirian Margarita Amarilla Maciel a la fecha de la presentación de la acción de inconstitucionalidad contaba con 64 años de edad, y por Resolución Nº 538 de fecha 16 de octubre de 1997 se constata su calidad de funcionaria pública, y considerando la inminente aplicación de la Ley Nº 4252/1 O a la señora Mirian Margarita Amarilla Maciel; procederé al estudio de esta acción en los siguientes términos:
5.- Nuestra Constitución Nacional contempla un alto contenido humanista y un pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En su preámbulo reza: "El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana (. . .)". Para garantizar a la persona su dignidad humana, nuestra Ley Fundamental establece el sistema obligatorio e integral de seguridad social (Artículo 95), abarcando "todas" las cuestiones en esa materia, entre las que se encuentra la "jubilación", como derecho fundamental en la vida del trabajador.
6. -Conforme a las letras de nuestra Constitución, fueron suscritos y ratificados, por nuestro país, innumerables instrumentos de orden internacional sobre seguridad social, entre los que podemos mencionar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el "PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES", los convenios de la OIT (en especial el 102, de norma mínima de seguridad social), el Convenio Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común Del Sur - Mercosur, Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, así como convenios bilaterales de seguridad social, que tienden a reconocer la seguridad 7.- En aras de facilitar la vigencia del derecho a la seguridad social reconocido a nivel nacional e internacional, el legislador ha incorporado al patrimonio de aquellos trabajadores y funcionarios públicos, que prestan sus servicios en el sector público, el "derecho a la jubilación", en virtud al mandato expreso de la Ley Nº 2345/03 y su modificatoria: Ley Nº 4252/1 O. Ellas facultan al Poder Administrador, como órgano operativo de los beneficios sociales, para proceder a jubilar a los funcionarios públicos que efectivamente han cumplido los requisitos legales para el efecto, entre los que se encuentra la edad. Situación ésta que agravia al accionante en razón de que la norma que impugna establece que "Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la 8. - Ahora bien, siendo el derecho de acceso a la jubilación un derecho social, estructurado como derecho programático, su operatividad se encuentra supeditada a la "libre configuración" del legislador. Así, en el razonamiento de que el constituyente otorgó al legislador la atribución de dictar la normativa impugnada, estableciendo éste la edad que debiera alcanzar el funcionario para acceder a los beneficios jubilatorios, entiendo que ha actuado disponiendo sobre la materia que la Constitución le reservó, 'icon la .libert Q) ue ella misma le otorgó, razón por la cual, esta Corte no puede sEitlsfder -retensión del accionante, pues de hacerlo estaría invadiendo . d.. nj-tiflco " :-.. nte el ámbito decisorio establecido constitucionalmente a favor de un e stado en este caso a favor del Poder Legislativo.
9.- Nuestra Constitución en su Artículo 103.- "DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, no fija una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, tampoco establece parámetros para calcularla, lo que nos lleva a concluir que ha conferido al legislador la facultad de acordarla, manteniendo éste la autoridad y competencia exclusiva para conocer y avanzar sobre la función encomendada. Por lo que mal podríamos tachar a la norma impugnada de violatoria del mandato 1 O.- Además, debemos considerar que el límite de edad, dispuesto por la norma impugnada, implica una actuación que promueve el derecho al trabajo a favor de nuevas generaciones. Entiendo que dicha limitación, tiende más bien a posibilitar el legítimo acceso al empleo público a favor de las nuevas generaciones que ya enfrentan actualmente problemas relevantes de acceso al mercado laboral, por motivo de la contracción de la economía y por ende del Presupuesto General de la Nación, que como consecuencia directa genera el descenso de la oferta de empleo en el sector público, todo esto por causas ajenas a quienes desean acceder a un puesto de trabajo como empleado público.- 11.- La Constitución obliga al Estado a promover políticas que tiendan al pleno empleo (Artículo 87) y consagra el derecho de todo paraguayo a ocupar funciones y empleos públicos (Artículo 101 ), en un régimen uniforme y dentro de los límites establecidos por la ley (Artículo 102). La norma atacada, al limitar la edad para el acceso a los beneficios jubilatorios, está intentando alcanzar un punto de equilibrio entre los derechos de ambos grupos: los que acceden a la jubilación por haber cumplido su ciclo de trabajo para con el Estado y los que desean acceder legítima ent al empleo público. Así, la norma impugnada garantiza tanto el derecho 2.- La edida impugnada responde a un interés social, por lo que no os califi arla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional tendirni nto de que uno de los fines del Estado es hacer efectivo el derecho parag ayo de acceder a cargos en la Administración Pública.
3. - orlas consideraciones que anteceden, opino corresponde RECHAZAR n Acción de lnconstitucionalidad. Asimismo, corresponde levantar la n n de efectos contra el art. 1 de la Ley 4252/1 O dispuesta en autos por A l.
'"lGrno, el Doctor SANTANDER DANS, dijo: Previo al estudio de la . cu ip nteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a wrft¡c ider ción en fecha 27/06/23 y procedo á emitir mi voto en fecha 30/06/23. - - . i:, La se ora MIRIAN MARGARITA AMARILLA MACIEL, por derecho propio y bajo patrocinl de la ABG. NELLY LÓRENA JARA MORALES, promueve acción de inconstituci nalidad contra el Art. 1 de la Ley Nº 4252/1 O "Que modifica los Arts. 3º, 9º y 1 O de la Ley 2345/03 De Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público".
De la argumentación manifestada por la accionante en su e te interpreta que la misma cuestiona la constitucionalidad de la norma qu facult al Estado a jubilar a sus funcionarios que hayan cumplido 65 años de e ad. En e e contexto, de las constancia - tos se evidencia que la recurren reviste a calidad de funcionario d a Administr ción Pública y que ha reunido I s requisit establecidos e a para ad uir r la jubilación. Sostiene entre tras cos s ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN MARGARITA AMARILLA MACIEL C/ ART. 1 º DE LA LEY Gustavo E. Santander Dans Ministro CSJ.
que la edad límite para permanecer en la función pública resulta irracional porque el rendimiento laboral de una persona respecto de cualquier otro no se mide por la edad biológica sino en funciona de las condiciones físicas y mentales, máxime en la época actual y agrega que se trunca la carrera administrativa del servidor público. Así mismo, expresa que su calidad de vida disminuiría drásticamente y además perdería el seguro social, siendo paciente oncológica. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46, 47, 57, 88, 103 y 137 de la Constitución Nacional.
El Art. 1 de la Ley 4252/1 O en lo pertinente dispone: ''Art. 9º.- El aportante que complete 62 (sesenta y dos) años de edad y que cuente con al menos 20 (veinte) años de servicio, tendrá derecho a la jubilación ordinaria. El monto de la jubilación ordinaria se calculará, multipiicando la Tasa de Sustitución (valor del primer pago en concepto de jubilación o pensión como proporción de la remuneración base) por la Remuneración Base, tal como se la define en el Artículo 5º de esta Ley. La Tasa de Sustitución será del 47(cuarenta y siete por ciento) para una antigüedad de 20 (veinte) años y aumentará 2, 7 (dos coma siete) puntos porcentuales por cada año de servicio adicional hasta un tope del 100 (cien por ciento). Cumplidos los 65 (sesenta y cinco) años de edad, la jubilación será obligatoria, sea ella la ordinaria o la extraordinaria.
Todos los funcionarios que fueron afectados por el Artículo 9º de la Ley Nº 2345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", tendrán derecho a una jubilación cuyo monto será establecido por el sistema previsto en el párrafo anterior, pero en ningún caso podrá ser inferior al 40(cuarenta por ciento) del salario mínimo legal vigente para actividades diversas no especificadas, a partir de Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor Analizada la normativa cuestionada, corresponde traer a colación la disposición vinculada al sistema o régimen de jubilaciones y pensiones del sector público, así tenemos que el Art. 103 de la Constitución Nacional dispone: "Dentro del sistema nacional de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y de los empleados públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado.
La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad".
EI artículo constitucional transcripto precedentemente, contempla el derecho de acceso a la jubilación y, al respecto, delega al legislador -en virtud al principio de reserva de ley- la facultad de regular todo lo concerniente al sistema jubilatorio. El principio mencionado, según los términos que utilice el texto constitucional puede ser absoluto o relativo y, en este sentido el Art. 103 de la C.N. no indica una edad en la cual el funcionario público debiera jubilarse, por lo cual, la reserva de ley es absoluta. En otros términos, el órgano legislador por disposición constitucional cuenta con la atribución de regular este y otros aspectos referentes al sistema jubilatorio, por lo que siendo el acto normativo impugnado consecuencia de la facultad delegada no se verifica vulneración constitucional En consecuencia, en atención a las consideraciones que anteceden, visto el dictamen de la Fiscalía General del Estado, voto por no hacer lugar a la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el señora MIRIAN MARGARITA AMARILLA MACIEL. Ordenar el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN MARGARITA AMARILLA MACIEL C/ ART. 1º DE LA LEY Cesar Gustavo t. Santander Dans .Ministro . Dtesel Junghanns Ministro CSJ, Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 4<ó Asunción, 3de O b rde 202 lt .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida por la LEVANTAR, la medida de suspensión de efectos dictada en autos, travé s ANOTAR, re . Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: O SECRETARIA -1 JUDICIAL I ¡::: :R, o,eda Dr. Víctor tos Ministro