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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 404/2024

22 de abril de 2024

"ACCION DE ,INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR KATYA MARIA JARA. FERREIRA C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01".

Antecedente ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06

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tACCIÓN DE . INCONSTITUCIONALIDAD rROMOVIDA POR KA TYA MARIA JARA 1 ERREIRA C/ ART. 41 o DE LA LEY Nº 2856/06 'l, . 1-"'n 1 udad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los e,1l"lhck1:) días, , de la C 8prema de Justicia, los Excmos.: Señores Mm1str?s de la Sa!a Constitucional, rr-rn,,, ...... .:""'""'rfí?',..,' CEAR MANUEL DIESEL JUJNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y, A O fNTANDE;R DNS, At:e mí, ¡yl1 Scrtario ¡1l,ltorizahte; se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCION DE ,INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR KATYA MARIA JARA. FERREIRA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Katya Maria Jara Ferreira, por sus propios Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La

Sra. Katya Maria Jara Ferreira, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devoluc n ' us aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez a as y que o tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren v untariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja parirá optar la aplicacio del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán tibies de 'devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de prescri irá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo euda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o el presente caso, la Sra. Katya Maria Jara Ferreira, se presenta ante esta instancia a ectos peticionar la . declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por arl raria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición istablece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer 1S8 los uncionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán t 'tirar sus a rtes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten se vicios, lo cual es vi latorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Fu da la presente acció en los Arts. 46, 4 7 y 109 de la Constitución Nacidnal.

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El primer parágr Caja de Jubilacion s-- i . , .Gustavo E.,Santander Oans . Ministro .

de ,funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad. mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para .el trabajador 'dependiente y su familia, aclarandoque deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que losrecursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de 'la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga a titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, alos propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- ; . 'A 'fin e. complementar la ,aea' expuesta, es dabl'recordar que nuestra 1 Cah1 reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la. libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con. otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que i bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia. con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Katya Maria Jara Ferreira, promueve Acción de Inconstitucjonalidad ora el articulo 41 º, de la Ley 2856/06 !"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR KATYA MARIA JARA FERREIRA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1.. "9Vtt,JsT ,E LAS 1LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ''DE LA CAJA DE JUBILACIONE'S Y .91 , ::,. e que el artículo impugnadojpriva al' recurrente de disponer de sus aportes que por s, t e' corresponde y habiendo sido' desvinculado 'de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber 1 antisüedad, prevista en :la Ley. Funda ,la pree1tte acción en los principios 1 consagrados eril los artículos 46, 4 7 y 109 de la Constitución Nacional.

'. I . Examitiada la norma atacada de liiiconstitu¿ionai, tenemos :qJe ésta establece requisitos a los efectos dconceder ,el derecho a 1devol ción de los aports realizados por el trabajador aportante de ld Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios 'que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e 'impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Articulo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes,3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura 11 ionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y ados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero apítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera pa'ie:' "lo fondos ' rentas que 'se' obtengan de confdrmidád con' las'disposiciones 'de' esta L'eY,: E este A nto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la pr -pi dad s el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estab ci a en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", eliasta, Buenos Aires- RepúblicArgentina, 2001. Tomo VI P-Q).

e eligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva a. Rliales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría - sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la b9J' tHa de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional ara pr ceder a u despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, aco de al concepto tr suntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho osee so re --- .- J'dtander 1 t'/únstrO / Cesar M. o:es,1 J1:nghann D . Víctor Ríos 1e Min1S 1 Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya 1que imP,liya ttn trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el' caso' del a'.dion'.ante hayan sido desvinculados de ta actividad bancaria Y que I no cuenten en consecuencia con los añs requeridos para acceder la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente 'como n despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Katya Maria Jara Ferreira, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de, hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el pare9er del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la accióny en.consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de fa Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguy", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Katya Maria Jara Frreira, elfo de conformidad a lo establecido en el Art. 555 1.- La señora Katya Maria Jara Ferreira, bajo patrocinio de Abogados, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- La accionan te alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( .. .) La negativa de devolución, implica una confiscación por parte del organismo encargado de su administración, quien a su vez, de esta forma, se ve enriquecido sin mediar justa causa, al no tener contraprestaciones pendientes con el aportante; único propietario de dichos aportes ... ".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 4.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. LCaja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar! la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga dea con la aj,, ecuyocaso los aportes seráaplicados a a amortizacián o 4.- En cuanto-ala interpretación letrista del primer párrafo de-lanorma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán 1"ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR KA TYA MARIA JARA '1 CORTE :r-m.- 1surREMA 1, acQe:d:1-rei e::, ero de sus aportes siempre Y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen .iéspifüdoJ/' ados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce .una manifiesta ,,0-; 'desi' J¿!i¿f' on respecto I Á los derechos I re,lacionaaos a la devolución de aportes en el sector 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9Y JO DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA YOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA 1 rJE JUBIÍAÓIONES Y PENSIONES DEL'SECTOR PUBLICO", bnisu''Artíulo 1º dice:'. "Art.

9º.- (.) Aqui;llos que se 1 retiren1 de Id fnci,On Jublich1 sin reiJnÚ, lJs req/4isitos pda adcbder 1 a una iubila<lión, aun apelando a los lde,r.echos I que le otogal la Ley Nº 3856/09 "Q'UE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).

FERREIRA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 '"QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto n el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución Ue!aportes prescribirá despuésde tres 'años del relir'o del afiliado! de' su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor, flexibilidaden la actuación del 'órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anteridr, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.-; s 1 portante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos ubjetiv s, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando n li rt dpara sa isfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su echo, pe o no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de form activa obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimita o por I interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislad r co o pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma e e s ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas n la laDoce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

uchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando ""la ' escri ción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas aje as (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberars de un carga u bligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o recia ación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en a ley. e esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no ncontraría sometido ete/nament a un' vínculo jurídico que rmanecido inactuado rante un p iodo prolongado de tiempo.

ahan,," rll, ' ¡ ,, Rt'os ovs« r Víctor J D . Mini.stro . 10.-. Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice:' ,"La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempoiestablecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempoperderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el, "proceso de .solicitud o reclamo". siga, activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los. demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por .tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable ' 1'(. ) pero jamás una. diferencia en perjuicio de, este sector ( ... )". Es precisamente esto lo qpe justifica la prescripción .ex,ntiv prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas 'que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termzno pre 15.- De tal-modo tenemos-que si el instituto-es de estricto orden público: y de-interés-para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 CORTE SUPREMA E JUSTICIA 1 , "ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR KATYA MARIA JARA FERREIRA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre ". Si nos ,ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16. - Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma 'de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo 'del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Katya Maria Jara Ferreira, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incól e o demás en todos sus términos. Es mi voto.

Con 10 que e 'dio por r ina o el ac 9, firmando SS.EE., todo por ante í, de que Ante mí: Asunción, Ojeda Víctor Ríos Dr- Mnstro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devol ión de aporte jubilatorio, con relación rá Señ ra KA TYA MARIA JARA FERREIRA, ello e Ante mí: Gustavo E. Sant - Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro