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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 417/2024

22 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:"PROMOVIDA POR LUCIA LIZ BOGADO MELO CONTRA EL ART. 41 DE LA LEY 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 180/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". AÑO: 2020 - Nº: 1406

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR LUCIA LIZ BOGADO MELO CONTRA EL ART. 41 DE LA LEY 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 180/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". so ad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veint; días, estando en la Sala de e 1,e la Corte Supremde Justicia, los Excmos. SeñoreMinistros de la Sala Cons.itucional, Doctores, CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR LUCIA LIZ BOGADO MELO CONTRA EL ART. 41 DE LA LEY 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 180/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Lucia Liz Bogado Melo, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogada.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: 'DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora LUCIA LIZ BOGADO MELO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".

Refiere que el artículo impugnado por medio de- esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46º, 47° de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo La isposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la dev lución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez añ s y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados ce antes o ue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja o rá opta por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No erán susceptibles de devolución los aportes patronales.

E 'derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del el afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso a rtes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligació .

isposici n que de sus aportes, circunstancia que vuln ra los ivada y de Igualdad consagr dos de anera Cesar M. [lir,nl Junghanns Minitro CSJ. R, o 1eda V'ctor ws Ministro 1 expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que la accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exam inada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, "Artículo 47º -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1º) la igualdad para el acceso a /ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4 º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al E n las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Lucia Liz Bogado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR LUCIA LIZ BOGADO MELO CONTRA EL ART. 41 DE LA LEY 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 180/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ::¡.N .,.,EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".

;,;;l¿!cu Q ncia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el ,J¼-1 c:1e nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad "'" pnfiada, contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función or lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora Lucia Liz Bogado A su turno el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA dijo: 1.- A !a cuestión planteada, el Doctor VÍCTOR RÍOS OJEDA, dijo: La señora LUCIA LIZ BOGADO MELO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) siendo los aportes al ente previsional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad privada de los aportantes, dicho derecho debe ser considerado como 3. - El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde restan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amo zac, 1 o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los apo es petr. na/es. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de res año del retiro del afiliado de su traba o, salvo que el mismo tenga deuda con fa C a, en cuy caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su TENIBILIDAD DE LA CAJA FIS Gustavo E. Santander Dans Ministro , ' Cesar M. Dír,rl Junghanns Minist1 o CSJ. oda D Víctor tos Je N1in1str JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.

(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: " El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. -- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido oor la ley".

Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada,reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de .. s efpo-fte actividad) pasads vaños, (actor tiempo) perderán poder de actuación c.;,ou¡,..i'"'' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR LUCIA LIZ BOGADO MELO CONTRA EL ART. 41 DE LA LEY 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 180/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" .

rr-,...¡....l..-.-,"' ,podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el --..c... ,..... ror--1uor requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(,,.) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - ta abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al-patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posil5 ostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la de olución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

Ministro CSJ.

de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de /os derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no /os ejercita en el término prefijado (. .. )" 2 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art.

128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.- A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: La señora Lucia Liz Bogado Melo, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46 y Artículo 41.- "Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a /os diez años y que no tengan derecho a la jubilaciór,, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.

Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- ' parágrafo 'de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la :! Municipales (art_l.66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. :.¡t. denotar una clara.transqresión al cumplimiento de los citados mandatos cdmstitucionales.- l P.dr:1 tan1 to; .para lograr el reconocimirnto de la persona en su dignidad y en su l inteqridadcoeP objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores .en el il ejercicio de Sl!.I1 derechos en forma amplia e i'ntegral resulta así necesrio prescindir la l aplicación: del I pr¡ime'r párrafo del, art. 41 de fa Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte ,¡- donde se xige_na antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes ;i. ju b i lato ríos. --- - . -' :Í En : conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al r o e los aportes jubilatorios por ser contrario c los Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojecla Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro