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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 400/2024

17 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: ANDREA CAROLINA MIRANDA BELATTI C/ ART. 41 DE LA LEY Nº: 2856/06 "QUE -SUSTITUYE LAS LEYES NÚMERO 73/91 Y 1802/01.- Nº 592. AÑO 2021

Antecedente ART. 41 DE LA LEY Nº: 2856/06

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:A:CIÓDE IICONS1ITUCIOALIDA .PROMOVIDA POR:, ANDREA CAROLINA Nº: 2856/06 "QUE -SUSTITUYE LAS LEYES "': , i I ACUERD¡ J sEJTENCIA NEJ, Gv ril Lic"..Jos r í del ao 1 de la! !Co rema de Iústicia, los E¾cmos. .Señorés Ministros de! la .Sala Constitucional, 9,tPf,"' , SAR MAtuEL DIES! ;'JuNGifANNS, VÍCTOR os OEDA, t, , I. VO NTNDE1f DNS, n¡f, el lsecret expediente caratulado: A<f=1CION ,DIJ: I¡ONSTfITUCIONblDA.D ,OMOYflDA POR PAOLO AGUSTIN BELATTI VELAZC1 0 C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Andrea Carolina Miranda Belatti, por sus propios Previo estudio de los antecedentes1 del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La

la señora Andrea Carolina Miranda Belatti, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 Y PENSIONES DE' EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades 1 donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado ,monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o n el p sente caso, la señora Andrea Carolina Miranda Belatti, se presenta ante esta instan ia a efec os de peticionar la declaración de inconstituciónalidad de la citada normativa r en ontrarla ontraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición im u ada esta Ieee una discriminación en contra' dé los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que so o los fu cionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán retir r us ap es jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, lo e al es olatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. un la primer par' g.r- rga el derecho a la devolución de los aportes a los a diados de 1 s y Pensione de Empleados Bancarios enes hubieren fungi o la calid esar M. Diesel Jun'ghanns Mirii:;-;r;, (;SJ, Gustavo E, S añcler Dans Ministro Dr. Víctor ... .1/!!. -jeda , Mimstro de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la foütación en' cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrarial espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacionai'.

A fin e complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad hurriana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad ele los trabajadores en el ejercicio de sus derechos len forma amplia e integral resulta! así necesario prescindir la aplicación del primer pá,rrfo del: ª:t. 41de la Ley 2856/06 al :cso cpncrefo, en la_rae donde se exige una antigüead rmruma de, diez anos para proceder al retiro Je los aportes Jub1latonos.

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. . . EH conclusión; 9e lo .. pn;pedenteme11t. expuesto y.en concordancia con .. elparecerde .la Fiscalía General del Estado, vot9 por hacer luar a la acción de incotitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del pimer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de: diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.Pi.C. Es mi voto.

iA<CCIÓN DE 1 INCONSTITUCIÓALIDA IPOMOVIDA POR ANREA C:RQLI1 1MIRANDA1 Nº 2856/06, "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 1.. ' .1.'ü tu el Dobor DIESE.U JUNGHANNS dijo: La señora Andrea Carolina 6'. Mq:_¡,,;,1f¿iatf omuev,Acción de I9c?ilstitlicionaida1 contra el art¡ículo 41 1 de la L,ey 1 .AJA IDE 1 Refiere que el artíc' lo impugmido1 priva a¡ a recurrente ele disponer de sus aportes que por d9recho le correspondy Sostiei:1-e que h 1 sido'.

1aport¡ipt½M .la caja b1Garia dse:lf el, 10 de maye 201 o:hasta el 1 o dn0:,imbre del: ªP20 LO, h'abiendp 'sid?, d9siirulada ,dr rª e9tid,d bancaria donde prestaba sprv1e10s, solicitó a la .caja .la devoluciónd! sus aportes, ¡ sten¡º rechá:iado! 1,poi- .haber sido, formulado en fdrma ektemlí'lbránev, por nó. haber, abhhulado I fa antigüedad prevista en la Uey. Funda la presente acción en los principios consagrados en los Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatada la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Lds os yrentas que se obtengan de conformidad'con las disposiciones' de esta Ley, nto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: 'la p o el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estab idas en as leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editoñi Heli ta, BuenosAires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).

Dr .. VtGI V.Ríos Ojeda Ministro al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama, su devolución considerando que aquellos Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara.contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad co11 las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiariosde la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al 'inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato, claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la 'devolución de sus aportes, amén de, ello, se erige indudablemente como n despojo ;abolutamente'iegal' ya que por d incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Andrea Carolina Miranda Belatti, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su funcion económica y social, a fin de hacerla P9r: las consideraciones, .expuestas y i en concordancia con el parecer d;eMinisterio Públicoj, icrr.eponde hacer lgar parcialmente á la accón y en consecuencia. -declarar 1 inaplicahilidad.del 41 º dla.Ley Nº 256/2006 ",Que sustituye las leyes N" 73/91,y 1802101 de la Caja. 4e.J,ubilp.ci9nes y Pensiones d,,e Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la señora Andrea Carolina Miranda Belatti, ello de conformidad a lo 1.- La señora Andrea Carolina Miranda Belatti, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .) se evidencia con mayor rigor la violación del principio i de igualdad en cuanto a la norma impugnada, discrimina al funcionario bancario frente a otros grupos de trabajadores ... ".

3.- El Artículo 41 de IaLey Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez.años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio,' salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los' aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

ACCIÓN DE'.' IICONSTITUCIONALIDAD ,PROMOVIDA POR ANDREA CAROLINA '"MIRANDA BELA T'J:I C/ ART. 41 DE LA LEY ,No:; 2856/06 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES l 4t:('Eri I e:, to a la interpretación 'letrita del' primer párrafo' de la norma atacada, surge ilt._(f, ¿t:;n ..... uellos fu''. bonariobaricaibs cdn una ant,igüedad suerior 1 :ª?s podrán acce er ai.,<¡. ... scuoero de sus, aportes siempre rl cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen s, s, l9, ejados: cesantes º¡ se retira1e11 oluntariar;nente,)o cual produce una mnifiesta ad con respecto al los derechod 1 rellcion'ados a la .devolución de aportes! en el sector . . 1 5.-Al¡ especto, la IJJiy 1U'A,10p1FIGPfrJTI'.ULOS 3, 9º f.J0 DE DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLIC0'1 , en su Artículo 1dice: "Art.

9.- (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pUblica sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).

! q 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jur'ídico reconoce a las 'personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de form ctiva (obligación, de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimi do or el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legisl dor c mo pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la al a entre lo ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en 1 . ey de 1 s'Doce1 Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

Ministro Dr. Victo V 1t1s Ojrd(4 Ministro esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice; "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la, ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcursodel plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, a norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, .la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particularquenunca reclamó.y los demás. beneficiaros de la Caja, entre los.que se encuentran "los jubilados'.', quienes se encuentran en' una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta, a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservarsu liquidez. La doctrina tiene .dicho que se debe extremar, iricluso, recursos ,parn la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto 'de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión corno la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema ll doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normqs que establecer¡ plazos. de prescripción, 'señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se-priva de reclamarlos a quien ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANDREA CAROLINA MIRANQA BELATTI C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES modo te 1 emos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para 17.'- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " ( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19. - De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Andrea Carolina Miranda Belatti la inaplicabilidad del Artículo 41 de 1Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos.

do el a o, firmando SS.EE., todo por ante mí de que Ante mí: ez Asunción, de Cesar M. ;, ,.,¡ Junghan s i4'fünitro CS.J. Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Dr. Víctor .Ríos Ojeda Ministro Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los tos de la devolución de aporte jubilatorio, n re ción a la ANDREA CAROLINA MI ND BELATTI, ello de conformidad a lo e ablecid en el Art. 555 del C.P.C.

Ante mí: "" D'p ..,1 J.in,anns Cesr w, .. i .

Ministro i Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 5.Cvoc:e"to.S r:1