CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUIILERMO CASADO DE AMEZUA LASSO Y ALVARO LASSO GENOVA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "RAFAEL FILIZZOLA SERRA Y OTROS SI LESION DE CONFIANZA Y OTROS EXP. Nº 73. AÑO e:_AíUE .;,,,,t"n 1 ;;;; dad de Asunción Capital de la República del Paraguay, a los c:,liec..-1 días del me .... olor; . del año dos mil ve.1 ro , estando en la Sala de ero de la Corte Suprema dE: Justicia, los Excrnos. Señores Ministros de la Sala ---F.......,.1tucional, Doctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y ALBERTO MARTÍNEZ SIMÓN, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUIILERMO CASADO DE AMEZUA LASSO Y ALVARO LASSO GENOVA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "RAFAEL FILIZZOLA SERRA Y OTROS SI LESION DE CONFIANZA Y OTROS EXP. Nº 73. AÑO 2012", a finp€? resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por los Abogados Federico Huttemann, Enrique Kronawetter y Jorge Kronawetter, en representación de los señores Guillermo Casado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova.- y SENTENCIA NÚMERO: 1 r.Qc,e""+o? noventJ. 7 re.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTIÓN: Practicado el sorteo de ley, resultó el siquiente orden de votación: DIÉSEL JUNGHANNS, A la cuestión planteada, el Ministro Doctor CÉSAR DIÉSEL JUNGHANNS dijo: Los procesados Guillermo Casado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova (procesados en la causa penal), representados por los Abgs. Federico Huttemann, Enrique Kronawetter y Jorge M. Kronawetter presentaron acción de inconstitucional id ad contra el A. l. Nº 497 de fecha 18 de diciembre de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, 1. Declarar admisible el recurso de apelación general planteado por el Ministerio Público contra el A. l. Nº 514 de fecha 16 de julio de 2020, dictado por el Juzgado Penal de Garantías Nº 01 de la Capital (Hacer lugar a la extinción penal deducida por el representante de la defensa técnica de los Sres. GUILLERMO CASADO DE AMEZÚA LASSO Y ÁLVARO LASSO GÉNOVA. .. y .sobreseer definitivamente a los mencionados).
Revocar el A.I. Nº 514 de fecha 16 de julio de 2020.- 3. Ordenar la implementación Principal nte, los accionantes alegan la vulneración del A establece" ... Tod La solución adoptada en el auto impugnado vulnera los Arts. 17.1 (presunción de inocencia), 17.3 (que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales) y 17.4 (que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley procesal) de la CN, y por ende, la sentencia impugnada no se ajusta a la pauta de fundamentación requerida E I razonamiento de la parte accionante consiste en cuestionar la decisión de implementar el trámite del Art. 139 del C.P.P., pues a su criterio, el tribunal de alzada violó el debido proceso ya que el juicio debe sujetarse a las normas procesales, evitando la interpretación extensiva y análoga, salvo que existan circunstancias favorables al imputado, lo cual, en el presente caso A criterio del peticionante, el actuar del tribunal de alzada es contradictorio, pues reconoció la existencia de una acusación pero luego afirmó su "inexistencia inequívoca". En otras palabras, el accionante sostiene que el tribunal desconoce la existencia de una acusación Corrido traslado, los Agentes fiscales intervinientes, Abgs. Francisco Cabrera, Rodrigo Estigarribia y Luis Said, solicitan el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad, expresando como fundamento que lo resuelto por el tribunal de apelaciones se encuentra A criterio de los fiscales intervinientes, los accionantes incurrieron en error al asumir que existe una retrotracción del procedimiento a una etapa precluida. Esta afirmación se sustenta en que la nulidad declarada tanto del auto de apertura como de la resolución de alzada que la declaraba inadmisible, hizo que el proceso no avance más allá de la audiencia preliminar, por lo que la aplicación del Art. 139 es correcta por ser propia de esa etapa.
Agregan que el efecto jurídico de la declaración de nulidad -resuelta por la Sala Constitucional- es la inexistencia del acto, es decir, el mismo no existió o no aconteció en el Fin al mente, los representantes fiscales afirman que el Art. 25 del C.P.P., expresa taxativamente las causales de extinción de la acción, no encontrándose entre ellas la causal invocada (falta de acusación). Agregan también que los accionantes extienden equivocadamente el alcalde del Art. 139, puesto que el mismo no establece diferencias: la ausencia de acusación es suficiente motivo para que el juez, intime a la FGE para que requiera Corrido traslado, el fiscal adjunto solicita el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad. Funda su conclusión en los siguientes argumentos:
A criterio del adjunto, los accionantes han obviado demostrar la conexión entre los efectos del fallo impugnado y las disposiciones de rango constitucionales que, en caso de ameritar una conculcación, han limitado a debatir acerca de la existencia o no de la acusación fiscal anulada Seguidamente, el representante expresa que la acusación fiscal anulada se tiene como inexistente, por carecer de los efectos jurídicos propios del requerimiento conclusivo.
Asimismo, también refiere que no operó la preclusión, pues no se pasó más allá de la etapa preliminar debido a los recursos y acciones planteados por la defensa de los hoy accionantes, consecuentemente, no ha precluíclo la referida etapa.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUIILERMO CASADO DE AMEZUA LASSO Y ALVARO LASSO GENOVA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "RAFAEL FILIZZOLA SERRA Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS EXP. Nº Sometido a análisis e! planteamiento formulado por el accionante, se advierte que la acción ele inconstitucionalidad se sustenta en la falta de 'fundamentación de la sentencia impugnada, es decir, contrariando lo establecido en el Art. 256 de la Constitución Nacional.
Para determinar la existencia de la causal de inconstitucionalidad invocada, es menester determinar sí lo resuelto por el tribunal de alzada constituye un retroceso en perjuicio del imputado, de conformidad a lo reglado en la normativa procesal penal:
Arlículo 11'. APLICACIÓN. Las normas procesales no tendrán efecto retroactivo, salvo cuundo sean J1nás fa1vorables para el imputado o condeneao. (Sic.).
Arlículo 12. JNOBSEHVANCIA DE LAS GARANTÍAS. La inobservancia d19 un principio o garantía no se haré valer en po(fuicio de aquel a quien ampara. Tampoco se podrá retrotraer el procedimiento a etapas anteriores, sobre fa base de la violación de un principio o gétrantí,previsto en favor del imputado, salvo cuando él lo consienta Arl í cu lo 171. EFECTOS. La nulidad declarada de un acto anula todos los efectos o actos consecutivos que dependan de él. Sin embargo, no se podr.i retrotraer el procedimiento a eti'Péts emenore«, con grave perjuicio para el imputado, cuando la nulidad se funde en la, violación de una garantía prevista en su favor. Al declararla, el juez o tribunal establecerá, edemés, a cuales actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad por relación con E1 De las constancias obrantes en el expediente judicial se observa que: 'l) la acusación fiscal presentada en su momento contra los hoy accionantes, 2) el auto de elevación a Juicio Garantías Nº 1 de la Capital) y 3) el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación general contra dicha elevación (A.I. Nº 218 de fecha 01 de octubre de 201 B, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Prime Sala de la Capital) fueron anulados por Acuerdo y Sente :i¡:1 Nº 1 H4 lllo fecha 30 de, diciembre de 2019, emanado de la Sala Consti u tonal, En otras palabras, la acusación fiscal y sus consecuentes actuaciones judiciales: 11 n dejado de procucir efectos jurídicos como consecuencia de la referida sentencia anu 11:oria, por lo que consecuentemente, la causa penal quedó parada en la etapa Alberto . ez Simón 3 palabras, existe una justificación incompleta por parte del tribunal al asumir la inexistencia inequívoca de un requerimiento conclusivo para motivar la º plicación del referido Art. 139 del C.P.P. Dicha norma procesal fue sancionada estableciendo situaciones específicas que permitan determinar el modo ele finalización de la etapa preparatoria en caso de no presentación de: a) acusación (Arts. 347 y 357 del C.P.P.) b) requerimiento conclusivo oc) solicitud de prórroga ordinaria para acusar. Como se observa, la situación de autos (acusación anulada) no se encuentra contemplada en la legislación procesal ni puede asimilarse a una falta de presentación de requerimiento conclusivo o alqún otro presupuesto Teniendo en consideración lo mencionado, la aplicación del Art. 139 dispuesta por alzada, configura precisamente IH situación prevista en tos Artículos 'l'I, 12 y 171 del C.P.P., pues no harían más que retrotraer el procedimiento a una etapa anterior (retroceso de la etapa intermedia a la etapa preparatoria) en perjuicio y sin consentimiento de los procesados, quienes deberán volver a someterse al requerimiento que la FGE considere oportuno, todo esto, a consecuencia de una declaración de nulidad que anterion ente fue resuelta a su Por el motivo expuesto, se observa que el auto imp.iqnado en eil presente caso fue fundado erróneamente, pues el órgano de alzada interpreta y aplica el Art. 139 del C.P.P. de manera aislada y apartada de otras disposiciones del mismo cuerpo leqal, conculcando así lo dispuesto en el Art. 256 de la Constitución Nacional. En consideración a tocio lo expuesto, corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por Guillermo Casado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova, representados por los Abqs. Federico Huttemann, Enrique Kronawetter y Jorge M. Kronawetter y anular el Al. Nº 497 dB focha 18 de diciembre de 2020, dictado por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala de la Capital, disponiendo consecuentemente la devolución de la causa al Tribunal :Iuia se le siqa en orden d13 turno al que dictó la resolución para que :3ea nuevamente juzqada, conforme lo establece el Art. 560 A su turno, el Ministro Doctor ALBERTO lIA1iTÍNEZ SIMÓN dijo: Disiento respetuosamente del voto del Ministro preopinante y voto por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad en estudio, por las siguientes consideraciones:
Los abogados Federico Huttemann, Enrique Kronawetter y Jorge Kronawetter, en representación de los señores Guillermo Casado de Arnez a Lasso y Alvaro lasso Génova, han promovido acción de inconstitucionalidad en los térr inos del escrito de fs. G/13. Se desprende de este que la acción va dirigida contra el Al. Nº 497 del 18 de diciembre de 2020 dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, Primera Sala, en el marco de la causa caratulada: "RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA SE.RRA Y OTf?OS SI LESIÓN DE CONFIANZA", que tengo a la vista por hallarse agregado por cuerda al expediente que se Mediante la resolución impugnada, el Tribunal resolvió: "DECLAf'AR la admisibilidad del recurso de apelación general interpuesto por los Agfmtes Fiscales ABGS. FRANCISCO CABRERA, RODRIGO ESTIGARRIBIA Y LUIS SAJO. !".?EVOCAR la resolución recurrida A./.
Nº 514 de fecha 16 de julio de 2020, dictado por la Jueze Penal de Garantías Nº 01 de la Capital, ABG. CLARA RUÍZ DÍAZ PARRIS, de conformidad a lo expuesto en el considerando de la presente resolución. ORDENAR la implementación del trámite previsto por el artículo Ahora bien, antes de entrar al análisis concreto de la acción de inconstitucionalidad planteada, y con la finalidad de comprender cabalmente el escenario ante el cual nos encontramos, considero importante referirme al marco general del juicio y sus antecedentes.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUIILERMO CASADO DE AMEZUA LASSO Y ALVARO LASSO GENOVA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "RAFAEL FILIZZOLA SERRA Y OTROS SI LESION DE CONFIANZA Y OTROS EXP. Nº 73. AÑO , de la revisión de las constancias del expediente penal, surge que los hoy ron acusados por los agentes fiscales José Ángel Dos Santos Melgarejo, -.k'"J':W'TVI. o Torales y René Fernández por el hecho punible de lesión de confianza, según del requerimiento obrante a fs. 5513/610 (Nº 19 del 23 dé mayo de 2014).
Luego de tramitada la audiencia preliminar correspondiente, el Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de la Capital dictó el A.I. Nº 711 del 5 de agosto de 2014 y resolvió, entre otras cosas, admitir la acusación presentada por el Ministerio Público. Esta resolución quedó firme luego de que el Tribunal de Apelación en lo Penal Primera Sala de la Capital, declarara la inadmisibilidad de los recursos de apelación general interpuestos por varios de los Sin embargo, estos actos procesales -la acusación presentada por el Ministerio Público, el A.I. Nº 711 del 5 de agosto de 2014 dictado por el Juzgado Penal de Garantías y el A.I. Nº 218 del 1 de octubre de 2014- fueron declarados inconstitucionales y, por ende, nulos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante el Acuerdo y Sentencia Nº 248 del 3 de mayo de 2018 y su resolución aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia Nº 1144 del 30 de Reanudad os los trámites ante el Juzgado Penal de Garantías, la defensa técnica de los imputados Guillermo Casado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova solicitó la extinción de la acción penal, pedido que fue acogido favorablemente por el Juzgado con el consecuente sobreseimiento definitivo de los procesados, en virtud del A.I. Nº 514 del 16 de julio de 2020.- Esta resolución fue recurrida por el Ministerio Público y revocada por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Primera Sala de la Capital por el A. I. Nº 497 del 18 de diciembre de 2020, resolución hoy impugnada de inconstitucionalidad. Mediante esta, además, el Tribunal ordenó la implementación del trámite previsto en el art. 139 del CPP, el cual establece que, cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada, se debe intimar al Fiscal General del Estado para que requiera lo que considere pertinente en un plazo de 1 O días.1 Precisamente, lo que generó el agravio concreto de los accionantes fue esta determinación del Tribunal de revocar la extinción de la acción penal decidida por el Juzgado de Penal de Garantías y aplicar el art. 139 del CPP. Al respecto, cuestionaron la interpretación del Tribunal de considerar la inexistencia de la acusación como consecuencia de la in . nstitucionalidad declarada, para enmarcar la situación en la hipótesis prevista 1en art.
13' el CPP. Además, indicaron que el A.I. Nº 497 del 18 de diciembre df 202 es inconst cional porque no se encuentra fundado, lo cual implica una vi ión de art. 25 de la Constitu íón de la República. Asi o, indicaron que la resoluci imp nad el artículo 17 la Constitució , específic ente los numerales 1, 3 y 4, orqu decisión de retr aer el pr cedimiento a tapas anterior C M n ,1 .1 oh MinL o Art. 139. Pentoriedad en la pa pWpt¿¡tato!"-dt1a'l'IHlí1te1ª¡Q¡IMisterio Público o haya usadoi presentado otro requ irniento en la fecha fijada por e uez, y tai8t:5cVtPaf3 pedido prórroga ella no orrespq da, el juez intimará al Fiscal ue considere pertinente en el plazo e diez d' ...
imputados. Enfatizaron que el Tribunal incurrió en arbitrariedad al contradecir lo que disponen Sobre la cuestión, el Ministerio Público emitió el Dictamen Fiscal Nº 409 del 22 de marzo de 2022 (fs. 53/59), en el que concluye que corresponde el rechazo de la acción de Pues bien, resulta oportuno expresar aquí, que acorde con reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional, y mi opinión coincidente repetidamente expuesta, la acción de inconstitucionalidad no puede emplearse para suscitar la apertura de una tercera instancia en la que pueda revisarse la corrección sustancial de lo decidido, sino únicamente para someter a estudio la conculcación de las garantías y derechos constitucionalmente establecidos.
Al respecto, la doctrina tiene dicho que: " ... De acuerdo con las pautas establecidas por la Corte Suprema, la sentencia arbitraria no es aquella que contiene un error cualquiera. Es la que padece, según indica, desaciertos de gravedad extrema que la descalifican como pronunciamiento judicial. De allí que la acción de inconstitucionalidad por arbitrariedad revista un carácter excepcional y no tenga por objeto abrir una tercera instancia ordinaria donde puedan discutirse decisiones que simplemente se estimen equivocadas. Por tanto, no pretende sustituir el criterio de los jueces propios de la causa por el de la Corte Suprema. De todo ello se sigue que la acción de inconstitucionalidad por arbitrariedad ha de ser de aplicación estrictamente excepcional, precisamente para no convertir a la Corte Suprema en tercera instancia ordinaria ... '12 Ello implica que, al analizar la procedencia de una acción de inconstitucionalidad, no podríamos inmiscuirnos nuevamente en la valoración de los hechos y pruebas, ni a interpretar el derecho, so pena de convertir la instancia en cuestión en apreciación sobre el mérito o Aquí debemos, pues, estudiar el caso únicamente en cuanto a los agravios de índole constitucional y realizar un pormenorizado análisis respecto de los principios y derechos constitucionales que, a criterio de la accionante, fueron supuestamente conculcados por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Primera Sala de la Capital al dictar el A.I. Nº 497 del Dicho esto, pasamos al análisis que nos compete. Así las cosas, además de estimar que la resolución impugnada es arbitraria por apartarse el Tribunal de los principios procesales contemplados en los arts. 10 y 12 del CPP, los accionantes alegan que se han violado los artículos constitucionales que se refieren al deber de fundamentación previsto en el art. 256 de la Constitución de la República y a los derechos procesales consagrados en el art. 17, Estas violaciones, se debe aclarar, se habrían dado en el procedimiento de segunda instancia iniciado a raíz del recurso de apelación general que el Ministerio Público interpuso contra el A.I. Nº 514 del 16 de julio de 2020, por el que el Juzgado Penal de Garantías resolvió hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal formulado por los imputados Guillermo Casado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova y sobreseerlos definitivamente. Por consiguiente, el análisis se acotará a los trámites realizados en la mencionada instancia Mendonca, Daniel; Sapena, Josefina. Sentencia arbitraria. Análisis de la doctrina constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 1 ra. Edición. Intercontinental Editora. Pág. 74 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUIILERMO CASADO DE AMEZUA LASSO Y ALVARO LASSO GENOVA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "RAFAEL FILIZZOLA SERRA Y OTROS SI LESION DE CONFIANZA Y OTROS EXP. Nº 73. AÑO Así pues, en lo que respecta al deber de fundamentación en las resoluciones judiciales, el mandato inserto en el art 256 de la Constitución de la República es claro al prescribir que: " ... Toda sentencia judicial debe estar fundada en esta Constitución y en la ley. .. ".
Por su parte, y en consonancia con dicha disposición constitucional, el art. 125 del CPP, que dispone: "Las sentencias definitivas y los autos interlocutorios contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basan las decisiones, así como la indicación del valor que se le ha otorgado a los medios de prueba. La simple mlación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la En el mismo sentido, el art. 9 de la Ley Nº 879/81 "Código de Organización Judicial" dispone: "Los Jueces y Tribunales aplicarán la Constitución, los Tratados Internacionales, los Códigos y otras leyes, los decretos, ordenanzas municipales y reglamentos, en el orden de Como se ve, tanto el Código Procesal Penal como el Código de Organización Judicial son concordantes con la Constitución de la República, en el sentido de establecer clara y categóricamente que los fallos deben estar fundamentados. Precisamente, la doctrina de la arbitrariedad encuentra su finalidad en la protección de los justiciables ante decisiones que no tengan otro fundamento que la voluntad de sus firmantes, encontrando su sustento en la gravedad de la lesión al "servicio de justicia" que se produce cuando una resolución judicial no responde a una derivación razonada y coherente del derecho aplicable al caso concreto. En definitiva, para determinar si nos encontramos o no ante una resolución arbitraria, debe sencil amente realizarse un control lógico de la motivación seguida por los jueces, de que estos hayannsignado de forma clara las razones que preceden a determinada voluntad declarada y a dar, fin mente, razones suficientes que leqitimen la parte resolutiva de la sentencia y que encuentren a oyo en el sistema normativo aplicable al caso, aun cuando no sea citada Sobre el punto, doctrina contribuye en cuanto que: " ... todas las sentencias deben ser fundadas, conteniendo resultado de un razonamiento lógico que permit erir sin es erzo el camino intelectual seg o por el sentenciante para arribar a la so/u 1ón d I caso, aun e forma ucinta y brev inclusive en los juicios en rebeldía, y, a emás, ebte expre r ho que rige el litigio, azonadamente derivado del. ena iento j rídic , vigente corre ndiente a los hechos p ob os de la ieuse. a fin e qu la entenci no tesulte só Cesar M. Diesel Junghanns Mlrü:,;trn C.
la expresión de la simple voluntad del juzgador, a lo cual debe asimilarse el supuesto de "Sin embargo, la mención expresa de la norma que rige el caso no es necesaria cuando ella surge implícita de la propia motivación, ni cuando por su obviedad no requiere declaración expresa, ni cuando las normas aplicables surgen inequívocamente de las consideraciones expuestas en el fallo y de las conclusiones a que arriba el juzgador ... ni cuando se remite a los argumentos expuestos por las partes en el curso del pleito, o en contra ... ". 4 Así, lo que ameritaría calificar de infundada una resolución es la omisión a este deber elemental de fundamentación que deben cumplir los magistrados al dictar resoluciones judiciales. Además, la decisión judicial sería arbitraria, por cuanto que de ella no podrá desprenderse, debidamente, los motivos que dieron lugar a la decisión obtenida en el proceso judicial. Por esta razón, no es ocioso reiterar que, para descartar el supuesto de arbitrariedad, es imprescindible que de la lectura del fallo surjan claramente las razones de hecho y derecho en que el órgano decisorio haya fundado su decisión, de manera a que sea posible garantizar la tutela judicial efectiva de los justiciables. Caso contrario, el fallo deberá ser declarado nulo.- Ahora bien, es preciso dejar en claro que este requerimiento se refiere exclusivamente a la existencia de fundamentación, y no a la corrección material o jurídica de la misma que, como se dijo, es cuestión de casación o apelación y no de inconstitucionalidad. Desde el momento en que existe una fundamentación razonable, desarrollada de modo inteligible, no se configura el vicio de arbitrariedad que torna inconstitucional a un pronunciamiento judicial, pues el En este lineamiento, no se puede, so pretexto de arbitrariedad, declarar inconstitucional de un fallo meramente equivocado en cuanto a la interpretación de la ley, porque tal circunstancia importa desnaturalizar y exceder el marco tutelar previsto por el ordenamiento jurídico para el instituto. Pasaremos por ello a estudiar, la legalidad de la resolución atacada.- Como se dijo líneas arriba al hacer el recuento de los antecedentes procesales, la resolución impugnada de inconstitucionalidad fue dictada en el marco de la instancia recursiva abierta como consecuencia del recurso de apelación general interpuesto por el Ministerio Público contra el A.I. Nº 514 del 16 de julio de 2020 dictado por el Juzgado Penal de Garantías del Primer Turno de la Capital, que resolvió hacer lugar al pedido de extinción de la acción penal y sobreseimiento definitivo, formulado por los imputados Guillermo Casado de Amezúa Tramitado el recurso interpuesto, el Tribunal de Apelación revocó lo resuelto por el Juzgado Penal de Garantías y ordenó que se lleve adelante el trámite procesal previsto en el art. 139 del CPP y consistente en intimar a la Fiscalía General del Estado a que requiera lo que considere pertinente. Al respecto, vemos que el órgano jurisdiccional ha plasmado con claridad cuáles fueron los motivos de su decisión. En efecto, puede leerse el siguiente fragmento: " ... Atendiendo a las circunstancias del presente caso en donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar la nulidad de la acusación presentada en contra de Guillermo José Casado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova, se tiene en forma inequívoca la inexistencia de la presentación acusatoria realizada en contra de los citados imputados, por lo que habilida la implementación del trámite previsto por el artículo 139 del Código Procesal Penal, en razón de la ausencia del requerimiento conclusivo. En ese delineamiento, resulta inaudito adelantarse al tenor del requerimiento terminante a que PALACIO, Lino Enrique y ALVARADO VELLOSO, Adolfo. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación". Tomo 11. Rubinzal-Culzoní Editores, Santa Fe. Pg. 83/84.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUIILERMO CASADO DE AMEZUA LASSO Y ALVARO LASSO GENOVA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "RAFAEL FILIZZOLA SERRA Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS EXP. Nº 73. AÑO an:f,@ii.lje la alía General del Estado, siendo esta potestad exclusiva del órgano que ostenta "' -.ff;1ivid , unitiva del Estado, que deberé expedirse de acuerdo a lo que considere pertin 'Adelantarse a esa progresividad procesal y sostener que dicha presentación cará en un requerimiento fiscal acusatorio contaminado por los mismos vicios e ectados por la máxima instancia, sería entrar al campo de la especulación y futurología, presuponiendo situaciones que aún no acontecieron. Dicho esto, este Tribunal considera que el laudo impugnado debe ser revocado por los motivos antes expuestos ... "
Como se puede advertir, contrariamente a lo señalado por los accionantes, el Tribunal de Apelación ha fundado clara y suficientemente su decisión en la ley. Específicamente, en lo dispuesto en el art. 139 del CPP, al considerar como inexistente la acusación como consecuencia de la nulidad declarada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Así las cosas, la exposición realizada precedentemente nos indica claramente que no existe falta o ausencia de fundamentación, por lo que no nos hallamos ante un caso de 1 gua l mente, debe decirse que el requisito constitucional de fundamentación no exige el tratamiento extenso de todas las cuestiones -aspecto que hace más bien a la bondad o grado de convencimiento plasmado en la resolución- sino a que toda decisión encuentre un sustento legal y racional suficiente -aplicación del principio de razón suficiente- que demuestre que la cuestión sólo puede ser resuelta tal como lo ha resuelto el juez y no de otra manera. A decir de Leibniz en Monadología, que excluya el mero capricho o voluntad del juez como sustento del decisorio y que le otorgue una razón suficiente para fallar en el sentido consignado. Por tanto, aun cuando el tratamiento de una cuestión haya sido breve o sucinta, esto no supone necesariamente que la resolución sea "manifiestamente infundada", situación que amerita su En este punto, cabe hacer la salvedad de que lo expuesto no se implica que la interpretación y el análisis de /as normas que sirvieron de base para el juzgamiento sean correctos, puesto que el estudio de estas cuestiones, es decir, de la decisión en sí misma y el análisis de la corrección o incorrección del razonamiento jurídico, así como el pronunciamiento sobre la procedencia o improcedencia de las cuestiones planteadas en sede oportuna, se "" En efettq___el control de constitucionalidad no puede avanzar sobre la corrección jurídica del razonamientos, ues tal control no se halla dentro de los límites de su competencia. Así, si bien al examinar la p . cedencia de la acción puede existir una discrepancia con los argumentos que el Tribunal de Ape ción desarrolló para justificar la decisión tomada, no se considerará que la misma carece de otivación mientras ellos no sean contradictorios, irracionales o inexistentes, por cuanto que a sentencia manifiestamente infunda a pr supone aus cia de una ex osición dlos motivos ue just!fican la covici,ón el trib al en uto ª) s he os aconte dos y las razones que ha motivado la aplicación e I n ma esp cífica ese hec o.
Esta a encia total de arguent. ,tic.s .Yjurídico es 1 que am rita, inalrnente, la Alberto 0 Mtnls-tr0 f. , En este orden de cosas, considero que el A. l. Nº 497 del 18 de diciembre de 2020 se encuentra debidamente fundado, independientemente de la corrección o incorrección de la decisión. En este estadio, no podemos sino repetir, con la jurisprudencia constante de la Sala Constitucional, que la discrepancia con la conclusión alcanzada por el inferior no es argumento 2. Violación de derechos procesales Asimismo, también corresponde descartar el argumento de los accionantes según el cual la resolución impugnada es inconstitucional porque viola los numerales 1, 3 y 4 del art. 17 de la Constitución de la República: "De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia ... 3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales: 4. que no se le juzgue más de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir procesos fenecidos, salvo la revisión favorable de sentencias penales establecidas en los casos previstos por la ley A decir de los accionantes, estas garantías procesales fueron conculcadas por el Tribunal al ordenar la aplicación del art. 139 del CPP, ya que con ello se retrotraerá el procedimiento, lo cual se halla prohibido por el art. 12 del CPP. Manifestaron que, igualmente, el Tribunal se apartó de la prohibición de efectuar una interpretación extensiva o análoga acorde con el art.
Sin embargo, como se puede notar, estos no son motivos valederos para propugnar la inconstitucionalidad de la resolución en cuestión. Lo que revela la línea argumental de los accionantes es más que nada su disconformidad con la sustancia de lo resuelto por el Tribunal. Es decir, lo que manifiestan los accionantes son los argumentos por los que consideran que el Categóricamente, la acción de inconstitucionalidad no constituye la vía adecuada para la revisión de dichas cuestiones. Por lo demás, como ya mencioné anteriormente, esta acción no puede tener como finalidad la apertura de una tercera instancia en la que se revise la En definitiva, no argumentan, ni se puede deducir del análisis oficioso de la resolución impugnada, de qué manera concreta fueron conculcados los derechos contemplados en el art.
Es más, a diferencia de lo alegado, no se observa que el Tribunal de Apelación haya vulnerado derecho alguno de las partes, tanto de la defensa como del órgano investigador y Por un lado, el Ministerio Público no ha perdido su derecho de formular acusación u otro requerimiento conclusivo, porque si bien, a criterio del Tribunal, ya no podrá hacerlo por medio de la fiscalía ordinaria, sí lo podrá hacer por medio de la Fiscalía General del Estado, de así Por otra parte, las defensas tampoco se han visto afectadas por la decisión de Alzada, tomando en consideración que, una vez presentado el requerimiento conclusivo, estas podrán hacer uso de los mecanismos procesales que crean convenientes a sus derechos para objetar dicho petitorio -si así lo desean-, en especial en el marco de una eventual audiencia preliminar o incluso ante un juicio oral y público, ya en instancia posterior, con todas las garantías propias del proceso penal. Asimismo, también podrán formular las peticiones que crean ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUIILERMO CASADO DE AMEZUA LASSO Y ALVARO LASSO GENOVA EN LOS AUTOS CARATULADOS: "RAFAEL FILIZZOLA SERRA Y OTROS SI LESION DE CONFIANZA Y OTROS EXP. Nº 73. AÑO s, H este orden de cosas, resulta patente que el argumento de violación de derechos procesales con el que los accionantes pretenden la declaración de inconstitucionalidad de la 3. La aplicación del art. 139 del CPP por parte del Tribunal de Apelación Por último, cabe hacer alguna referencia acerca de la posición de los accionantes respecto de la interpretación de la situación procesal hecha por el Tribunal de Apelación y su Como hemos analizado antes, se puede observar que el Tribunal de Apelación consideró que la declaración de nulidad de la acusación presentada contra los imputados equivale al supuesto previsto en el art. 139 - no acusar ni presentar otro requerimiento en la fecha fijada - y, por consiguiente, ordenó la intimación a la Fiscalía General del Estado para que requiera lo Al respecto, conviene subrayar que el hecho de no compartir un criterio con el juzgador, no vuelve a la decisión inconstitucional por sí sola. Como hemos dicho antes, es necesario demostrar la infracción a alguna norma o principio constitucional.
Más aún cuando el espectro de interpretación jurídica se amplía en casos de lagunas legales, como ocurre en el caso de que se declare la nulidad de la acusación. Por lo tanto, lo que hizo el órgano de alzada -bien o mal- fue aplicar una norma existente y vigente, como es el art. 139 del CPP, como medida que consideró adecuada para solucionar el conflicto ante el Tanto el Tribunal de Apelación de esta causa, como cualquier otro órgano jurisdiccional, tiene la facultad de corregir los defectos que considera que suscitan en los casos puestos a su disposición, siempre y cuando avancen sobre la base de un marco legal permitido, como lo ha hecho ese Tribunal. En tal sentido, no es suficiente demostrar disconformidad con las decisiones judiciales emanadas del Poder Judicial, si no se demostró fehacientemente un quebrantamiento del debido proceso o de otras normas legales. Esto es aún más relevante en el marco de una acción de inconstitucionalidacl, en el que la Corte Suprema de Justicia tiene una competencia limitada en cuanto a los asuntos que puede analizar y juzgar, no pudiendo adentrarse a la esfera interior de los juzgadores de instancias menores, siempre y cuando sus decisiones hayan sido generadas sobre un marco legal y lógico, dentro del cual se observa Pero, además, los accionantes no han arqurnentado de manera sólida de qué manera la decisión del Tribunal los pondría en una situación desventajosa con relación a la que tenían anteriormente. Lo cierto y concreto es que los accionantes no se hallan acusados actualmente y la decisión del Tribunal no implica una alteración de esa situación. Por lo demás, imprimir el trámite de intimación a la Fiscalía General del Estado para que haga el requerimiento que estime oportuno de manera alguna significa que necesariamente vaya a haber una acusación contra los hoy accionantes. Más aún, también podría solicitarse otro requerimiento conclusivo, que fuera beneficioso para los procesados. No está demás recordar aquí que hasta tanto no exista una sentencia condenatoria firme contra los procesados, rige con toda fuerza y vigencia la presunción de inocencia, garantía prevista en el art. 17 de la Constitución de la República, a más que, en todo momento, los procesados tendrán a su disposición sus derechos de defensa, control e impugnación de los actos procesales, como mencioné en el punto anterior.- 4. Conclusión A modo de corolario, puede afirmarse, con toda certeza, que el Tribunal de Apelación no ha incurrido en infracción alguna de principios o normas de rango constitucional y, en consecu ncia, no se observa indicio de arbitrariedad en su decisión. Insisto, la discrepancia de criterio on los órganos juzgadores o la disconformidad con sus decisiones, sin que exista erecho alguno, no puede servir como base para la procedencia de una acción ale Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada.
A su turno, el Mini ro Doctor RÍOS O.JEDA manifestó que, se élhier al voto del Ministro preopinante Doctor IESEL JUNGHANS, por los mismos fund Con lo certifico, qu ,,.
Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 39 .3. Cesar M. Diesel Ministrn Asunción, ,to de de 2.02.- Y VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la Excelentísima, CORTE SUPRIEMA DE JUTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
CER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad planteada por los S ñor.s Guillerm asado de Amezúa Lasso y Álvaro Lasso Génova, representados por los Abgs. Feder o Huttemann, Enrique Kronawetter y Jorge M. Kronawetter y; por consiguiente; a lar el A.I. Nº 497 de fecha 18 de diciembre de 2020, dictado por el ORDEjR el re vío ál Tribu al que le sigue en el orden de turno, co forme a canees del Art. 560 Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.