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Acuerdo y Sentencia N° 391/2024

15 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUSTAVO DAVID PAREDES VERA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ". AÑO: 2022. Nº: 2479

Antecedente ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUSTAVO DAVID PAREDES VERA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ". ;ty)--0.lJill.LU-L.t_¿,<f,En la Ciudad de sunción, Capital de la República, de! Paraguay, a los Ít0; 0 ce días, rv:y d' ... es de P,-6.n , del año dos mil ve i" u., tftvc, , estando en la Sala de os de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la ala tsí. 1.1lco s'ft ucional, Doctores, CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS 00J y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al 6/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "., a fin de resolver la Acción -tele inconstitucionalidad promovida por el señor Gustavo David Paredes Vera, por sus P revio estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIÉSEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor GUSTAVO DAVID PAREDES VERA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".

Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46º, 47°, 86º y 95º de la Constitución Nacional.

La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

so/icitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afilia o de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes s rán a licados a la amortización o cancelación de su obligación".

ccionante que los requisitos establecidos por la disposición rivan e acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que ulnera prote ción a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de maner Co titución Na al:;e las constancias presentadas en auto se verifica era apo ante de la C a de Jubilaciones y,..,P-ensiones de E leados de Cesar M. Diesel Juft11hanns t. Santanó.eí Dans Ministro Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUSTAVO DAVID PAREDES VERA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01".

;11,?J En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de "-J,,, -1g,ad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios 0,c;"'iCr,. e ije /"',,,, uenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de r;, ,MB q4or el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en ,,-o'21bier:fiolación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los "eg apo jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Gustavo David ., aes Vera, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida n el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Gustavo David Paredes Vera, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno el Doctor RÍOS OJEDA dijo: El señor GUSTAVO DAVID PAREDES VERA, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

EI accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 86 y 95 de la Constitución y fundamenta la acción manifestando, entre otras cosas, que la norma impugnada impide la devolución de sus aportes fijando plazos arbitrarios a las personas para E I Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la o ación o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).- Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Vlinistro Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULO3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.

(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "Que establece la acumulación del tiempo de servicios en las cajas del sistema de jubilación y pensión paraguayo, y deroga el Articulo 107 de la Ley nº 1626/00 'de la Función Pública", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central De lo manifestado precedentemente concluimos que la normativa impugnada peca de inconstitucional pues atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general y consecuentemente en una alta ilegalidad, situación ésta totalmente repudiada por el sistema En cuanto a la prescripción extintiva del derecho de solicitar la devolución de aportes por el transcurso del tiempo, cabe resaltar que los fondos de jubilaciones y pensiones cumplen una función de naturaleza social, siendo el aporte jubilatorio un patrimonio social de afectación.

Por lo que los límites temporales fijados por la norma impugnada, sin duda alguna, En cualquier sistema económico-financiero de seguridad social, los aportes son prestaciones económicas de duración indefinida, no gratuitas, siendo los afiliados los propietarios del dinero y responsables de su administración, por lo que son ellos los Manuel Osorio en su obra "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales" expresa que Propiedad es la "Facultad legitima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentra indebidamente en poder Así las cosas, la omisión de devolver a la accionante los aportes que le fueron descontados para "su jubilación", genera un "indebido favor" al fondo de la "Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empelados de Bancos y Afines", pues es la accionante y no la Caja propietaria de dichos aportes. La decisión de no devolverlos ocasionaría una "confiscación de bienes" quebrantando el mandato constitucional previsto en el Artículo 20 de Nuestra propia Constitución protege el concepto de "seguridad social" mediante garantías constitucionales, tales como la seguridad social (Articulo 95) el régimen de "ARTICULO 95 - DE LA SEGURIDAD SOCIAL. El sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado. Los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y; estarán disponibles para este objetivo, sin perjuicio de las inversiones lucrativas que puedan acrecentar su patrimonio".

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUSTAVO DAVID PAREDES VERA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ".

. "ARTICULO 103 - DEL REGIMEN DE JUBILACIONES. Dentro del sistema nacional idad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y los s públicos, atendiendo a que los organismos autárquicos creados con ese propósito ... los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. n del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al DE LA PROPIEDAD PRIVADA. La propiedad privada es Así mismo, el sector público en general, regula este derecho en la Ley de Organización Administrativa, promulgada el 22 de junio de 1909, diciendo lo siguiente: ''Art. 247.- Ninguna autoridad podrá disponer de los fondos de jubilaciones y pensiones ni retardar sin entrega para darles otra aplicación que no sea la que expresamente les está asignada. Los que violen esta disposición serán acusados ante la jurisdicción criminal como defraudadores o malversadores de caudales públicos, según sea la aplicación que se haya dado a los tondos"- De las previsiones constitucionales y legales transcriptas, surge que la prescripción contenida en la norma impugnada ha dejado efectivamente de lado tanto el texto constitucional como la regla general del sector público, al establecer la extinción del derecho a peticionar la devolución del aporte jubilatorio por el transcurso del tiempo, fundándose en cuestiones no previstas en las mismas y agrediendo la congruencia con los principios de "seguridad social", "régimen de jubilaciones", ''propiedad privada" e "igualdad" consagrados en Al someter la devolución de los aportes al referido requisito de antigüedad y establecer la prescripción extintiva del derecho de solicitar la devolución de los mismos por el transcurso del tiempo, ofende dichos principios constitucionales, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante otros beneficiarios, provocando, en consecuencia, una alta ilegalidad, situación ésta totalmente repudiada por el sistema constitucional que rige en nuestro país.

No es de olvidar que en materia de seguridad social, existen Convenios Internacionales ratificado por nuestro país que la amparan, los cuales a tenor del Articulo 141 de la Constitución "forman parte del ordenamiento legal interno con la jerarquía que determina el Articulo 137', entre ellos esta: a) Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su Artículo 22 dice: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su persona/id '; b) la Ley 1/89 - Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San osé e Costa Rica - que en su Artículo 26 dice: "Los Estados Partes se comprometen a adop r providencias, tanto a nivel interno como mediante coo e ción internac al, especial ente económica y técnica, para lograr progresivament la p a etecti« 'dad los den chas que se derivan de las normas económicas, soci es y sob e iencia y u/tura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estado .. .)':y la Ley 1040/9 - Que aprueba el Protocolo de San Salv dor - que e d ic "1. - Toda son a tien derecho a la seguridad cía/".

Cesar M. Diesel Junghanns Nlinistro CSJ. Gustavo E. Santander Oans Ministro , Qieda . Víctor Rws ; MilllS l Al consagrarse la "seguridad social" como una garantía de derechos humanos, la única forma de amparar su protección es dándole la "validez de imprescriptible" a todas las prestaciones jubilatorias. Más aún, teniendo en cuenta que el marco constitucional vigente, no establece un plazo o término dentro del cual, el afectado debe solicitar la devolución de sus haberes jubilatorios, por consiguiente, no cabe inferir otra lógica. Aunque existan normas de inferior jerarquía que determinen su prescripción, dicha figura extintiva no debe tener cabida.- Es de recordar que ninguna disposición legal puede derogar derechos consagrados en la Constitución en virtud de la Supremacía de esta. Si se opone a lo establecido en preceptos constitucionales carecerá de validez, así queda determinado según lo dispuesto en el Artículo 137 de la Ley Suprema que dice: "La ley suprema de la República es la Constitución ...

Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a Jo establecido en Por tanto, de conformidad a las manifestaciones vertidas, opino que corresponde hacer lugar a la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, así como la parte que previene la prescripción extintiva del derecho de solicitar la devolución de los mismos por el transcurso del tiempo, manteniéndose incólume lo demás en todos sus A su turno el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta el Sr. GUSTAVO DAVID PAREDES VERA, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47, 86 y 95 de la Constitución Nacional.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, oejedos cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afílíado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán En el presente caso, el Sr. GUSTAVO DAVID PAREDES VERA, se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado E I primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren funqido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR GUSTAVO DAVID PAREDES VERA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ".

0 Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la --c;;,s--c;,cll- ,.Mimi , autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados 'i:.s i- -esu.,.. es específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

-uiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene "e p , :-.. to asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, t El "" . 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios L eneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De lbs derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.

9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma. amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige na a tigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes lusión, nte los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformi ad icione normativas citadas y en conformidad con el dictamen ti cal, cabe la admi ión de acci 'n; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art. [41 de la L y Nº 2 56/06 a ca concreto, en - f}art;)onde se exige una antigüedad minima de di z años ara p eral retiro los aporte jubilatorios. Es mi voto.--- - Gustavo E. Santander Dans Cesar ,vi.

tfüni::,:ro CSJ. Dr, -Víctor Ríos Je' M.inistro -- -' j nghanns Ministro CSJ, Gustavo E. Santander Dans Ministro Asunción, .11de Pr-br,I de 202 .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/9 y 1802/01 de la Caja de Jubilaci s y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a na tigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubil torio, c n relación al accionante GUSTAVO DAVID PREDES ANOTAR, registra