CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: MARINA ELIZABETH KRIVINSKI TRACZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES ad, qe Asunción, Capital de la Repúb!ic3i 1el Parfguay, a los r-, l/ <1v t días, , , del año dos mil Ve,lv 4-, t,o , estando en la Sala de Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala , Doctores, CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS , STAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo a ' !0- el expediente caratulado ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA:MARINA ELIZABETH KRIVINSKI TRACZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la Abogada Romy Liz Ortíz, en representación de la señora Marina Elizabeth Krivinski Tracz-.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y:
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: Se
presenta la Abogada Romy Liz Ortíz, en representación de la Sra. Marina Elizabeth Krivinski Tracz, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 4 7 numeral 2), 86, 95 y 109 de la Constitución Nacional.
disp ición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devoluc ón de s s aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los z z añ s y que o tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o qu se etiren v. luntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la iplicaci n del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán sus eptibles e devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de apo tes pr. scribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mi mo nga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o E el caso de autos, la Sra. Marina Elizabeth Krivinski Tracz, representada por la bogada ºJP;' Liz Ortiz, se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración O a1iteMrs 1 tucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de b9Ju' stm!iti'fsraci constitucional. Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminaci 'n en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funcionarios ncarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán 1 aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicio , lo cu es violatori s-del-principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Fund la prese te Cesar M. Diesel Jnghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art.
11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art.
45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: MARINA ELIZABETH KRIVINSKI TRACZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 'll '-'- A. su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Marina Elizabeth Krivinski Tracz, representada por la Abogada, Romy Liz Ortíz, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE Refiere que el artículo impugnado priva a la recurrente de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Sostiene que ha sido aportante de la caja bancaria, y habiendo sido desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por haber sido formulado en forma extemporánea y por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 47, 86, 95, 103 y 109 de la Constitución Nacional.--- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 4 7de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios"
"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstá s que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las j) ncion públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de opor unidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales En lo elacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley ada, del" ita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y P n iones e Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero Pa imonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor R.(¡;¡jda Ministro En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señora, Marina Elizabeth Krivinski Tracz, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Marina Elizabeth Krivinski Tracz ello de conformidad a lo 1.-La señora, Marina Elizabeth Krivinski Tracz, representada por la Abogada Romy Liz Ortíz, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE' JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 47, 86, 95, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( ... ) se evidencia con mayor rigor la violación del principio de igualdad en cuanto a la norma impugnada, discrimina al funcionario bancario frente a otros grupos de trabajadores ... "
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: MARINA ELIZABETH KRIVINSKI TRACZ C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES ue se retiren voluntariamente de las entidades donde Blt!;::er:!vic-;J,iQo .. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 dice: "Art. 9º. - ( .. .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principio nsagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las las de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- E cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a so icitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de u t, abajo" entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo ont ario, ctualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de c ite ios iurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en est sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta ar et rística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien uede ever criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito Cesar M. Diesel Junghanns Ministro Ministro protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 1 l.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector(. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: MARINA ELIZABETH KRIVINSKI TRACZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Corno se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 13 7 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora MARINA ELIZABETH KRIVINSKI TRACZ la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo e dio po termin do el acto, firmando SS.EE., todo por a te mí, de q e ordad la sente cia que inmediatamente sigue:
- Cesar M. Diesel .lungha .
Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro SENTENCIA NÚMERO: 11-8 Asunción, Oq de ( de 202½ .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de apo te jubilatorio, con relación la Señora MARINA ELIZABETH KRIVINSKI T CZ , e lo de conformidad a lo establecido en el A del Ministro CSJ. Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Miniitro Dr. Víctor Ríos OjedtJ Ministro