CORTE SUPREMA mJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA LIANA DOMINGUEZ RUIZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 s de ' n 1 , del año dos mil ve,"C..v 4. t-11? , estando en la Sala de Acuerdos de la C uprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, AVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA LIANA DOMINGUEZ RUIZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora María Liana Domínguez Ruiz, por sus propios Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
ACUERDO Y SENTENCIA NÚMER01 CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS O.JEDA y.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: La señora María Liana Domínguez Ruiz se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y", en razón de ser contrario a los arts. 4 7, 103 La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41. - Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En el presente caso, la señora María Liana Domínguez Ruiz se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglo ndd o por párrafos. El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los iliado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren f go la alidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado tariame te, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a Aquí s importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la idad s cial dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente i a, a arando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asi smo, a or z que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de su fines Siguiend e-l-aícae este lineamiento, la normativa de la Caja, e su art. 6, ti ne por segu a sus afili:J los beneficios previstos en ella; y, máeCÍficamente, elrt. 11 . e P"v n Martí ez Gustavi Ba - yllO .. , . Ji ' h !lrtt!-' esar M. Diesel ung anns Ministro Ministro CSJ. Dr. Víctor Rios 1 Ministro otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional contempla la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asumsmo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su tumo, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora María Liana Domínguez Ruiz, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad contraviene principios básicos establecidos en los artículos 4 7, 103 y 109 de la Constitución La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.
No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del rearo del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene la accionante que la primera parte del artículo impugnado genera una confiscación de bienes, lo cual atenta contra derechos de consagración constitucional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que la accionante era aportante de la Caja de CORTE SUPREMA m-JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA LIANA DOMINGUEZ RUIZ C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante ue se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.
inada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos os efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte ,..,,.,"""'LVajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de ,i tos y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la Jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, el cual expresa:
"Artículo 47º -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondo rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiv pro iedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condici nami ntos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, .. table en: " orresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello otr perj dicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus n as condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de , a que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, e el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cue te n consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, a é de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el mpli iento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta vio cio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilat rios de os, en el caso particular, señora María Liana Domínguez Ruiz, circunsta .isióna con a garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nu nt 1, que dispo e: " ... Se garantiza la propiedad privada, CU);'. enido y lími Cesar M. Diesel Jungh3 Ministro CSJ. Ministro , 01eda . Víctor ios establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora María Liana Domínguez Ruiz, ello 1.- La señora María Liana Domínguez Ruiz, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ElvlPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGU4Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 47, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) la omisión de devolver los aportes al accionado estaría generando un indebido favor a la caja de jubilaciones y pensiones de empleados de bancos y afines(. . .)" Sostiene además que: "La decisión de No devolverlos ocasionará una "co,?fiscación de bines" quebrantando el mandato constitucional 3 .- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 º dice: "Art. 9.
(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA LIANA DOMINGUEZ RUIZ C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 f: .': -7.- cut e, lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar t:" . , tevolucip.#i, e aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo /ttte no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, , . . l;{ct.uáfment ecesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos jetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro 91 s, rnsisteme itfrídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica nú1te mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva ( obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11. - Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamte en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el p rtic lar que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentr n "lo jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja B caria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos a bié a brin ar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe ent ne s actu r en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liq ide . La octrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la arle ani ad e favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en erj ici de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva pr ista la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de n ura a obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los 11 dos a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como e ñce o 1 . a a undancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa im.ta de Juridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, al jando a la 1e n clima de i certidumbre que podría originarse por la erposición ta día de las Cesar M. Diesc;l,Junghanns Gustavo E. Santander Dans Ministro CSJ. Ministro , Ojeda . Víctor R,ws p1. Ministro reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado 14. - Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien l l ' ,.r, d ( )" no os ejercita en e termino pre 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 13 7 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose Ante mí: Ministro Dr.
CORTE SUPREMA orJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARÍA LIANA DOMINGUEZ RUIZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 SENTENCIA NÚMERO: 31t>i 'üiú. ,cion, .. . VISTOS': Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional 1,JIC_JB'R LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, JtarrYainaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolucí 'n de aporte jubilatorio, con relación a la Señora MARÍA LIANA DOMINGUEZ RUI ello , Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: Cesar M. D esel Mir lstro '' Dr. Víctor Ríos Oeda