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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 390/2024

9 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: ARAMI MARIA DEL CARMEN LEZCANO ZAMPHIROPOLOS C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y 1802/01 ". Nº 1012 - AÑO 2022.-

Antecedente ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: ARAMI MARIA DEL CARMEN LEZCANO ZAMPHIROPOLOS C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y S¡p.o,síCP. 11ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: "Tf"e':)c,,i ,,.JO:) QQ'i(). oeliél;Pa c,deAsunción, Capital de la epúlicdel Pf1raguay, a los hvevdías, del oo-e"s( e . , b '1 del año dos mil '-' e,,n, G<J c-r O estando en la Sala de s. -frfW, Corte Suprma de Justicia, los Excmos. Señores Ministos de la ala hs m:u , Doctores, CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y, GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA: ARAMI MARIA DEL CARMEN LEZCANO ZAMPHIROPOLOS C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Arami María Del Carmen Lezcano Zamphirópolos, por sus propios derechos y bajo patrocinio Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y:

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La

Sra. Arami María Del Carmen Lezcano Zamphirópolos , se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47, 86, 95 y 109 de la Constitución Nacional.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Articulo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la ap c ion del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán suscepti les devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes presa ibirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mo enga uda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o n e presente caso, la Sra. Arami María Del Carmen Lezcano Zamphirópolos, se e esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la cit a rmativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene ,osición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliado a Caja . c., aria disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüe ad ú 'º ectea B ez años podrán retirar sus aportes j ubilatorios en caso de desvin ularse de la tid e que pr ten servicios, lo cual es violatorio e principio de igualdad y 1 derecho e e M '1esel Junghanns esar Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans .. :r,istro Ministro propiedad privada. Funda la presente accion en los Arts. 46, 47, 86, 95 y 109 de la El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art.

11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimrsmo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art.

45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: ARAMI MARIA DEL CARMEN LEZCANO ZAMPHIROPOLOS C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y clusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la ral del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la A su tumo, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Arami María Del Carmen Lezcano Zamphirópolos, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado priva a la recurrente de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Sostiene que ha sido aportante de la caja bancaria, y habiendo sido desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por haber sido formulado en forma extemporánea y por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 47, 86, 95, 103 y 109 de la Constitución Nacional.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 4 7de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no ser' co sideradas como factores discriminatorios sino igualitarios"

"Arti ulo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los tantes d la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará bstácul que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso Juncia es públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de unid 'des en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro / Dr. Víctor RíoA 71ojeda Minlstró' En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora, Arami María Del Carmen Lezcano Zhamphirópolos circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Aramí María Del Carmen Lezcano Zamphirópolos ello de 1.-La señora, Arami María Del Carmen Lezcano Zamphirópolos, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 47, 86, 95, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( ... )se ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: ARAMI MARIA DEL CARMEN LEZCANO ZAMPHIROPOLOS C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y --.:;; 1 Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.

... ,n,K><l,..derá la devolución de sus a ortes a los uncionarios prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.

SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1º dice: "Art. 9º. - (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son inadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer ormativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios o han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por orresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante rios éiel Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los s onsagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo c ntrario, ctualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios ju ídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar qu nuestro sist ma jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vi culante; característic permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdi cional, qui n p re un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho e o, me permi o Cesar ifi. Diesel jungiianns Ministro CSJ. Ministro Dr. Víctor Rí<Js./{/jj.eda Ministro 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sent.do, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )".Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: ARAMI MARIA DEL CARMEN LEZCANO ZAMPHIROPOLOS C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 Y ttCc,>J1 / odo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, tS"í o,s"íg_ui,m_ e entra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que sguarden bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la . ogül-dad ee ial y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos ,,r "''"""""''-'eas, ' .c,s erés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden púb6representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad , este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 8 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termino pre 15. - De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, decl specto de la señora Arami María D Carmen Lezcano Zamphiróplos la inaplj abilida del Artículo 41 de la Ley º 28 /06, exclusivamente en la parte que es blece c mo condición para la devolució de los ap tes el requ -:5e contar co tigüedad superior a 1 O años, mantenién se incólum lo D Víctor Ríos Ojeda Ministro Con lo que se dio or rmin do el a to, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que , quedan acord da la s nte cía que nmedi mente sigue:

Cesar M. Diesel Jungh Ante mí: Ministro Asunción, r¡q de Dr. Victor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación la Señora ARAMI MARIA DEL CARMEN LEZCANO ZAMPHIROP , ello de conformidad a lo establecid el Art. Cesar M. Diesel Jun Ante mí: e cantander oans Mnistro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro