CoxruSupn¡ueoEJUSTICIA 'ncclóN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO DAVID FERNANDEZ sosA ci ART. 41" DE LA LEY N" 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73l9I, NOTA RAP N' nño zozr cuERDo y sENTENCTA I,¡únle no: Tr e5a¿"'I,,l, <.h¿"r*o la.¡C-O de Asunción. Capital de la Rppúbliga del Paraguay. a lo5 r'ruQvq ¿;ur. . del año dos mil 'l¿lay'¿oolco , estando en la Sala de Acuerdos de la Justicia. los Excmos. Señores Ministros de Ia Sala Constitucional, Doctores, EL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA Y GUSTAVO ANTANDER DANS, Ante mí. el Secretario autorizante. se trajo al Acuerdo el eientC CATATUIAdO: ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARNALDO DAVID FERNANDEZ SOSA C/ ART. 4I' DE LA LEY N' 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 7319], NOTA RAP N' I7441202I DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021'. N" 1493. AÑO 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Señor ARNALDO DAVID FERNANDEZ SOSA, por sus propios derechos y bajo patrocinio del ABG. JUAN ANGEL PEREZ PANE Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el,orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS Y RIOS OJEDA.-- La disposición atacada de inconstitucional establece: ''Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aporles a los funcionarios que cuenÍen con una anligüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos. dejados ce-santes o que se retiren yoluntariamente de las enlidades donde prestan servicio. La Caja podrá optur por la I ci¡odo monto a la amorfización o cancelación de su obligación. No serán devolución los aporles potronales. El derecho a solicitar la devoluckin de aporles P3{etafioespués de lres años del retiro del afliado de su trabajo, sah'o que el mismo tenga Caja, en cuyo caso los aporles serán aplicados a la amortización o cancelación de su el accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la normativa ente citada, en razón al rechazo de devolución de aportes que fuera solicitada ante la ncaria cuya respuesta negatlva sedebió a la falta de antigüedad requerida para el efecto, ndo de estaforma contra principios y derechos consagrados en la Carta Magna.
esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desgllo de ellos se otorga el derecho avolución de los aportes a los afiliados de Cailaclos y Pensiones de Empleadancanosuienes hubieren fungido I Gustavo E' Sl" s Ojeda Junghannsoconeptibles scribirá totl irlt¡¡i..lo CSJDr.íctor troA Ia cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta ante esta Instancia el Señor ARNALDO DAVID FERNANDEZ SOSA, por derecho propio y bajo patrocinio del ABG. JUAN ANGEL PEREZ PANE, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el Artículo 41 de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY..; Nota RAP N" 174412021 de fecha 22 dejunio de 2021, por transgredir los Arts. 46' 41 y 109 de la Constitución Nacional.
Mi;risaro " l//... calidad de funcionar os despedidos, cesados o retirados voluntarirrrnente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) l.re no tengan de¡echo a la jubilación.--: Aquí es importanle resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, i,:gisla sobre laseguridad u familia, ca que los que.debensocial dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador de r:ndiente y s aclarando que deberser exlt:ndida a todos los sectores de Ia población. A.,irmisrno, desta recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines cspecíticos y estar disponibles para sus obietivos.
objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más es recíficamente, el art. I r otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios benef,iciarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliadoi, li limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma ir.r. iolable en sus derechos A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nrestra cafa Magna reconoce la dignidad humana, así coÍro otros varores, a saber, la ribertad, ra justicia y ra iguariad en su preámbulo. Así. ella establece axiomas de un rico contenido ideológic, y .o.ál qr" sirven de directriz al fundamento y a lajustificación de todo el plexo normativo; i. p,r:en,l"_ todas y cada una de las articulaciones cottstitLtcionales se encuenlran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas. impresci,rd ibles para comprender su profundo espíriru. [n ial sentido, e] art. 46 de. la. constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su di¡nidad en sus derechos; asimismo' no admite discrinrinaciones. Seguidamente, el art.88 no admjtc disci.iminación alguna entre trabajadores. Aquí rlebe admitirse que si bien, el caso corcreto no se encuentra específicamente contemplad,r en el silencio enumerativo de tal normativa. ltr extensión del art. 45 De los derechos y garantía: no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadore:. en todos los tramos de la vida áinámica._ Recordemos que la cc,nstitución de un Estado social de derecho -ar'.. l-. inrpone en el poder Púbfico '--art. 3 en concorcancia con los arts. 247 y 260- la resp.nsi bilidad ie garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido. cabe destacar que el prim,.r parágrafo -de Ia norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportante; de lacita,lrr'Caja en una sjtuación discordante con sus pares de otros rubros. v.g. Funcionarios Municil,:Lres jart.
66 de ra Ley 122193), Funcionarios Públi:os (art. 53 de la Ley 1626 y arr.9 de la Le¡ 1345). Tal siruación no puede_ ser conlalidada p(,r esta Máxima Instancia sin denotar un¡ clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su digridr,d ) en su integridad, con el objeto de lograr la objetir ación de la igualdad de los trabajadores en el ejircicio de derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicacion <iei primer párrafb del art.
4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una ar.tLgüedad mínima de diez años para proceder al retiro rle los aportes jubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa _art. 4l- prescribe que se produjera tal salida otorgándole una prescripción libeiatoria del Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio art. vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema. el Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Rica. intemalizada por Lev l/89, en su añ. 30 nos ayuda a la dilucid restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades recon, deben proporcionar, autorizindolas si ellas hubieren sido establecidas por.
razones de interés general v con el propósito para el cual han sido establec esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. l0() reconoce la propiedad privaJa, subordinando éstos a su función econólnic. que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo art. 2l de tal Convención; c:mo asimismo, el art. 46 ya citaáo lo hace col.urr lapso de 3 años desde pago de dichos aportes. 109- ni comprende una aft. i0 de la Convención Pacto San José de Costa ación del marco que las r)riidos en tal Convención leyes que se dictaren por .clas. Ahora bien- a fin de le nucstra Carta Magna . v social con la exigencia comparte con la letra del su par. art. 24 del mismo baad meill, üurli,ORTE REi',lA IJSTICIA limtérminos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es itaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al a promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. -De la Seguridad Socialo características que inspiraron su legislación diciendo "...8n primer lugar, seguridad social. Estamos hablando de un sistenta obligatorio... En segundoola ttar I iend hablantos de lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene uno repercusión social..-". En el contexto de una sociedad democrática art. ldonde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo ''...cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la tisión y la luz de toda la Ley, y no solo es un onlen a seguir, sino la actuación de un principio..."
El mismo autor, ob. cit., p. 20/l relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...la interpretación de una disposición V/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Consti¡ución, es decir entraña la de lodos sus preceplos.. ." .
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley N' 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial frjado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legitimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido.
considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normaliva análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho relación a la Nota RAP N' l7 4412021 de fecha 22 de junio de 202 I también atacada. que ésta resulta ser una consecuencia de lo aplicado por el Art. 41 de la Ley arriba cor lo tanto dicha Nota corre la misma suerte que el art. 41 de la Ley N'2856/2006abec onclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las es normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N'241 de fecha l0 de 2023 obrante a fs. l3il5, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de titucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer pánafo del Art. 4l de la Ley QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE NES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY",asl como l$otaRAP N" 1744 de fecha 22 de junio de 2021, emitida por Ia Caja de Jubilacionte estudiado.--- s de Empleados de Banco y Afines, al caso concreto, en la pañe donde se exige u orres los prsynormas constitucionales, todo econformidad a lo previsto delP.Pml voSeu' antigmínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Asimism e dejar subsistente el artículo 4l de la misma Ley, último párrafo al ser copatible c el Art. 555 Sni¡r..u .:¡.Gust¿,:o E. S:nl'¡'lcr Dansue Enionada,dentem ,rtto tltroOjeda .../l/... A su tumo, E[- Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señr r ARNALDO DAVID FERNANDf,Z SOSA, prorrueve Acción de lnconstitucionalidad conlra tlartículo.ll" de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITU.TE LAS LEYES N" 73191 y LA CAJ.{ DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS Dt:L I ARAGUAY'.
..-- transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta er principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46'.47' de Ia constitución Nacional, colisionandc, ,il rni.,ro tiempJ con el artículo 109" del mismo cuerpo legal.
La disposición consi,lerada agraviante expresa cuanto sigue: ,,Con t.;ptnderú la devolución de sus aportes a los.
funcionurios que cuenren con uno anrigüed;d superiot ,i lo¡ die: años y que no lengan derecho a la .iubilación, que Juesen despedidos, trejacris ces lntes (, que si ietiren voluntariumenre de las antidtdes donde prestan servicio. La Cqja podr,i t,r por aplicación del citado monto a la amortiza¿ión o cancelación de su obligación.' No serán susceptiblet de devolución los aporfes patronales.
..
El derecho a solicitt"r la clevolución de aportes prescribirá despu, s de h.¿s uños tlel retiro del afiliado de su rraba¡o, sdlvo que el mismo renga criutla con ra Caja, , cuvo c(tso ros ,tporfes serán aplicados a la ontortiz,tción o cancelución tle su obligación,,.
Sostiene el accionarte que los requisitos estabrecidos por la dis¡,r,sición que impugna le privan de acceder al retiro dt sus aportes, circunstancia que vulnira los prirLr ipios de protecciin a la Propiedad Privada y de lgu:,ldad consagrados de manera expresa en l,i C.rnitituciói Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que Ia accionante era aponante de la oaja de Jubilaciones y Pensiones de Empreados de Bancos y Afines por los servr:ios l)restados duraite el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza-_ Examinada la norma atacada de inconstitucional. tenemos que ést. establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes re¿rl zados por parte de los lrabajadores _aportantes a la caja. En primer lugar, se establece antisüe lird nlinima diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derec r. a Ia jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntaiiamente.-- fal y como lo ha relrtado el accionante, el mismo no reúne las exirlcncias establecidas en la norma impugnada a los efertos de acceder al retiro de los aportes qu. .", iiru." rlurante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucionai por,;onculcar io precfrtuado por el artículo 47' de la Con;titución Nacional, el cual expresa:Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción <le inconstitucionalidad "Artículo 47' -.De las garantías de la iguaklad.- El Estaclo qurantizorá a todos los hahitontes de la Reptiblica. l") la igualdad para el acceso a lajus¡icio. o t uy(t cfecto allanará los ohstá<ukts que la impidiesen: 2") la igualdad onte las leyes,3") la igualCad pura el acc.eso a las tunciones públicas no ele¡..tivas,stn mas requ¡s¡los quela idoneidal, y 1") lu igualdad de oportunidades en la partici¡tuciónde los benefcios de lo naturaleza, de bicnes maferiales y de la cultura".
En lo relacionado al marco regal específico, tenemos en ra propia Ley atacada ra delimitación de la naturalezr j urídica de los aportes realizados a la Caja de .lrUlia.iones y pensiones de Empfeados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título 1e¡cero,,Del iatrimonio,,, capítulo Primero "De la Formación de Recursos i artículo I l" primera prrrte: ,,Los fontlos .v rentos _se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Lry, ,rr, ,,, er<.lu'ii.a propietlad de los benefciarios de la (.'aja''.
En este punto, cab( traer a coración la crásica definición de prr piedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el den'cho:le_ gozar .y disponer de una cosa sin iós rintitttci.rei que las ellbllcydas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho üsual,', Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina,2001, Tomo VI p_()).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo ra propia 1ey ra exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados di la instituóión. mr podría "ont.ád""ir.u.propias directivas al establtrer solapadamente, bajo ciertos requisitos. la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así er mentado principio constituci;nal pu.u ,.o..d., u un ae.pJ;o a" nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al clnrcepto trasuntadrt..".lll ...
neas (jnCoRrn PREL'IA STICIA ba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes a, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran lisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las nstata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los y renfas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Conesponderá la devolución de sus aportes a los .funcionaritts que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Arnaldo David Fernández Sosa, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "..-Se garantiza la propiedad privada, cuyo conlenido y lírnites serán establecidtts por Ia Ley, dtewl¡endo a su función económica y social, afn de hacerla accesible para todos ... " En cuanto a la Nota RAP N' I 7441202 I de fecha 22 de junio de 202 I dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución N" 26, Ac¡a N' l2 de fecha l4 de marzo de 201 7, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución mencionada precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concoel parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la onecuencia declarar la inaplicabilidad del 4l'de la Ley N'285612006 "Que sustituye I y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la e jubilatorio del Amaldo David Femández Sosa, ello de conformidad al Art. 555poder de otros.--- rono, EL Doctor Úos oJEDA dijo: SEARNALDO DAVID FERNANDEZ SOSA' bajo patrocinio de Abogado, promueve lnconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley N' 285ó/06 'QUE SUSTITUYE N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LEABANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumentaque acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosasJ que '(...) La Caia Bancaria funrlamenta su negqtoria a mi solicitud en la tesis normotiva de que no he cumplido los diez aíio.s de aporte, situación que al no enmarcarse enlrc los requisitos preceptuados por la disposición impugnada me priva de acceder al retiro de mis aportes lo que considero una vulneración Principios de lgualdad y de la Propiedad Privada (...)" at os3.- El Artículo 41 de la Ley N' 2856/0ó, impugnado dicertícub 11.- Co devolución de sussalosuncto.,4 unaue cuenlen connfüedud srtof d¿rechubilacitinuedes.tlosdeIla los lie cesltrrleue se de las enldontleon seLa Coja podrá opar por la monlo a la amorÍización oión deicación del c M,.ii:.rooor en cor') ión d CY'', enParaAS devoldel C volun Ges., ".sLnsligación. No.../// Dr.c istroOjeda .///... se'rán susceptibles ,le devolución los aportes patronales. Elderecl,o u solicitar h ldo de su t¡abaiq. salyo cados ct lu anortización 4.- En cuanto a la interprctación letrista del primer párrafo de la norna atacada, surge que solamente aquellos funcionalios bancarios con una antigüedad superior a I i) años podrán u."'"d"i ul recupero de sus aportes siernpre y cuando no tengan derecho ala jubila:ión, f'tiesen despedidos, dejados cesantes o se retira:.ien voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualiad con respecto los derechos relac onados a la devolución de aportes en el sector público en géneral.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3 RE¡'ORW Y SOSTENIBILIDAD DE LA CA.IA JUBILA('IONES y PENSIO.YES DEL SECTOR ?UBLICO". en su Ar1ícu .!q4.éllqs- oue se reliren de. la función oública sin reunir los reouisit iubilgción, aun.apelundo a tos derechos que le otorgo ta tey N. SaSOnt, ACUMUI,ACI)AI DEL'IIEIITPO DE SERYICIOS EN LAS CAJAS DEL SIS Y PENSION PÁRAGUÁ FUNCIÓN PUBLIC'A''.YO. Y DEROGA EL ARTICULO ]07 DE L,4 L rlaión del opo es"9"Y]ODELALEYN"'19C¿1L.
SISTEVIA DE 0tDtm ucceder a utra 'QI]E ESTABLT:CE LA IEM-4 DE JUBIL,ACIÓN ,lov fllar ciento)de sus realizados. uiusf&dqs lror lavariación delIndice deios a, Consumidordel Banco Central del Parusuutl,' (Negrilas y subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas t:anscriptas advierto que el mandato dispuesto ,:rr el primer párrafo de la normativa impugnada peca ,Je inconstitucional, al privar a los funiionari,r:, bancarios. que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios (lel Estado en geneial. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrr¡los en los A-rtículos 46 "De la lgualdad de lus Personas",47 "De ras Garantías dela rguatdaá' la propiedad Privada' de nuestra Lev Suprema.
7_.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada.. '1.,1 derccho u sol,,ciÍar la devolución de uportes prescribirá después de lres años det iet¡ro,lel ctfilittclo tle su trabaj6". entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido I.r contrario, actu,¡lmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de cr t,:rios.jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que. en nu(srro sistema juridiico la jurisprudencia no tiene calácter determinante ni vinculanté; esta cara,:lerística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdicc ional, quien puede rever ur criterio anterior. siempre que exista mérito para ello. I)icho esto- me permito exponer lo siguientc: .Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce r las personas derechos subjetivos. v en tal sentido. el poder de exigir el cumplimiento de la nor ma. aituando en libertad para satisfacer sus necesidatles e intereses con la correspondiente protecci,itr o tulela de su <lerecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de res¡retarh ya sea de fonna activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse ( (,limitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por e Legisradoi conro pirar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la ca na intre los ciudadanos.
Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en L Le' de las Doce Tablas creada para regular la convi,¡encia del pueblo romano 9.- Así' muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos. regulando lrr ..prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como,,n mehio de riberarse de una "ar!a u obligación (prescripción ('xtintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la accidn o reclamación durante ciert0 tiempo y bajo las condiciones señaladas en la lev, De esta manera, el sujeto pasil'o de una relación jurídica no se encontraría sometido ck.nram.'nre a un vínculo jurídico que ha permanecidt' inactuado durante un periodo prolongado de ricmpo.-- 10.-Al respecto, nuesrra le'¡ civil de fondo en su Artículo 657 dice: ,L(t yescripción exrntivo se produce por lu inacci<in del titular del tlerecho durante el tiempo esnb )cid<t producto vivo del derecho civil .nace la norma hoy impugnada, reunienl() los',los reqriisitos que configuran la prescripción txtintiva o liberatoria: el transcurso del plazr legalmente exigiao y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar duranté dicr¡llazo. Así, 6s...it Conrn UPREi"{A STICIA ctivos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportesli t.!'iC+ó)tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su idad juridica cmos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legisladorom I implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien s en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de esÍe seclor /...)"'. Es precisamente esto Io que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatori4 entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Af. 128 C.N.).--- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia ''exclusiva" del legislador. quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos. el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa.
atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra SU TESúltimo y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razonecas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del da solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada tncon udencia laboral ha desestimado en forma reilerada los planteos de onlidad respecto de las normos que eslablecen plazos de prescripción, señalando que os reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los rec,vque, en aros de un inlerés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los en el término prefijado (...
tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, ces,su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que nicaso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionalesepígrafe ueden imar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo"en ningún caso".
podrá notar. el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada orlo detambién dijo la Corte que la ir uridad social nes Incompafible con el insti Y'íctotos Ojedaun itucioho bre e tlucta Cesa M¡dd.lo¡i. O A.lul., D, (2008) Prsip.iór y Crducid.d.n.l D.Ého d.l TEbljo Ab.l.doPool Butus Ai6. Argcnriñ. P.8 o{ tnistlotema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(.. .
) Por lodo lo expueslo es de los de la prescripción, por lo quea /l/... 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por [o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el enter climiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del ''interés general".
19.- En cuanto al planteami(:nto en contra de la Nota RAP N" 1744 de fe: ra 12 de junio de 2021 vale aclarar que la misma r:sulta una consecuencia de la aplicación del art. 4l de la Le¡ arriba mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma sLrerte que el art. 4l de la Ley N' 2856/2006, precedentemente estudiado.
20.- De esta manera. tenieltdo en consideración todo el fundamentcr ar sostenido. opino que corresponde úacer lugar parcialmen e a la presente acción de inconstituci, ,nalida<l promovi<la; y en consecuencia, declarar respt:cto del accionante la inaplicabilidad del Articulo,ll de la Ley N, 2856/06, exclusivamente er ls po e que esftblece como condición para h tlevolución de los aporles el requisito de conlu¡ con demás en todos sus términos Es rrüedal superior a l0 uñtts. n r ten érrdose incó ume lou oque seporelo, firmando SS.EE.. tol; porte mí, dquee fico, quac le seungha Mincgj.
Abg. J Mit.istrt CSJ.adaIa Gustavo'i^r fü:risiro 'CTo Cesars Dr. Yii s Ojeda io C. Pallart¡ ERDO Y SENTENCIA NÚMERO: -3(}f , Secretar VISTOS: Los lnérit:s del Acuerdo que anteceden, la CORTf, SUPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
en elIC.P.C ANOTAR.tstrarotifl unnnsHACER LU(;AR porciolmente a la Acción de Inconstituciolalidad promovidir y. en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Arr.4l'de la Ley N'285(,/:100(t "eue sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones rle ;rnplearlos Bancarios del Paraguar'', en la parte que condiciona a una antigüedad superior a die z años a los efectos de Ia devolución de aporte.jubilatorio, o de la Nota RAP N' 1744 de r'echa 22 de j202t ccidoAsunción, 9 de <rt'-il l-l uo¡ tJ)t Gufal'o E M;:ris¡roDr.Ojedaf0P C, Poto tencialn AbJulio Secivlinist,-o