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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 360/2024

3 de abril de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PEREIRA C / ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 - EXP. Nº 3236 - 2021.-

Antecedente ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 - EXP. Nº 3236 - 2021

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAll) PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PElR:IRA C / AR1t'. 41 º DE LA LEY Nº 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS ACUERDOYSENTENCIAN de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a del mes de abr, 1 del año dos mil en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUE:IL, DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER DANS, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCON"STI'l!'UCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PEREIRA C/ AJRT. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 - EXP. :w 3236 - 2021, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Emilio Daniel Fernández Pereira por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JUNGH!!t:NNS y VICTO:IR

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTANDElR

: S presenta el Sr. Emilio Daniel Fernández Pereira a promover acción de inco stitucio alidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856 / 06 "QUE SUSTITUYE: . 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES atacada de inconstitucional establece: Artículo 41 n erá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una d superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades i ios. La Caja podrá optar por la aplicación del citado mont o cancelación de su obligación No serán susceptibles de devolu ión los erecho a solicitar la devolución de a c-Jr1es prescribirá d Ministro Dr. Víctor Ríos 1e Ministro de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuuo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, lo cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46, 47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.

El primer parágrafo de la norma impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAJD PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PEJR.EIRA C / AR'r.

41 º DE LA LEY Nº 2856 / 2006 QUE SUSTITUYE LAS las personas en su dignidad y en sus derechos; asrrrusmo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856 / 06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para onc sión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer e la F scalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de ad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del árrafo d 1 art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde a anti edad mínima de diez años para proceder al retiro de los ap rtes

L MINISTRO DR. CESAR DIESEL JUNGHANNS DI O: El de lnconstitucionalidad contra el Ministro 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.

Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47, 86, 95 y 109 de Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado el actor, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 4 7º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores ''Artículo 4 7" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4 º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de En lo :relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAlD PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PElREIRA C/ AR11'.

41 º DE LA LEY Nº 2856 / 2006 QUE SUSTITUYE LAS nto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte estaexpresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la ia y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para lución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como lutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos ple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco cede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de el caso particular, del señor Emilio Daniel Fernández P cia que también colisiona con la garantía constitucional contenid Fundamental, que dispone: "Se gar iza la pr -piedad . iesel Junghanns Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/ 91 y 1802/ O 1 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Emilio Daniel Fernández Pereira, ello de conformidad a lo establecido en el Art.

1.- A SU TURNO, EL MINISTRO DR. VICTOR RÍOS OJEDA, dijo: El accionante Sr. Emilio Daniel Fernández Pereira promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES' Nº 73/ 91 Y 1802/ O 1 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS' BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente las instrumentales que acreditan la calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( .. .) siendo los aportes al ente previsional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad privada de los aportantes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD PRIVADA de sus titulares ( ... )".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.

Corresponiaforá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación. que fuesen despedidos. deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del a(i.liado de su trabajg_, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDA!D PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PElREIRA C/ AR'li'.

41 º DE LA LEY Nº 2856 / 2006 QUE SUSTITUYE LAS lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los .;.;._o.t.- Al respecto, la Ley Nº 4252/ 10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 1 O DE LA LEY Nº 2.345/ 03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo l º dice: "Art. 9º.- ( ... ) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/ 09 "Que establece la acumulación del tiempo de servicios en las cajas del sistema de jubilación y pensión paraguayo, y deroga el Articulo 107 de la Ley n º 1626/ 00 'de la Función Pública", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por cientode sus aportes realizados, aiustados por la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPCdel Banco Central del Paragurmy." (Negritas y 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de laigualdad"y 109 "De la Propiedad 7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada:" El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucionaL Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un . Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la iene carácter determinante ni vinculante; esta característica yor flexi ilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede erior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoc Cesar¡Diesel Q_n_ghanns Minitr:, CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr, Víctor Rws Ministro correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medío de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) n virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALXDAJD PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PEJREIRA C / AR1l'.

41 º DE LA LEY Nº 2856 / 2006 QUE SUSTITUYE LAS naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos de ben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( .. todo lo expuesto es que la jurisprudencia lab ral los planteas de inconstitucionalidad re prescripción, señ ando que )hos rece Cesar M. Diesel ,hihghan s ./llni;-!:ro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos O_ieda Ministro no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (. .. )" 2 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el. Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( ... ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenuruiiabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no esincompatibte con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sil111.e die (. .. f'3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo.

AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILIO DANIEL FERNANDEZ PEREIRA C / ARlr. 41 º DE LA LEY Nº 2856 / 2006 QUE SUSTITUYE L.AS ue se dio por terminado 1 acto, 1 mando S.S.E.E., todo por ar te mí, e rdada Ante mí: Cesar M. Diesel Jung anns :-/v cs.. Gustavo E. Santander Dans Dr. Víctor Ríos Ojeda Minl.«tro SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorito, con relación al accionante EMILIO DANIEL FERNANDEZ PEREIRA, de conformidad ANOTAR, re Ante mí: -- Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda