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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 337/2024

25 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01" N° 691. AÑO 2021

Antecedente EL ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006

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Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:

La Abogada MARTA CORNET BRITEZ en nombre y representación del señor FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 20, 46, 47, 109, 132, 137, 247 y 259 d is osición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devol ción de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los di z años que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados tes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja optar p r la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su ción. N serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solic ar la d olución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su ir, bajo alvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán En el presente caso, la profesional recurrente, en nombre y representació del se or RN N RAUL NOGUERA GONZALEz,acreditando su calidad de ex fu cionario e A CON NENTAL SAECA peticiona la declaración de inconstitucion lidad de a mativa por ncontrarla contraria a derechos de cansa 1ón constit cional.

- ar M. Diesel Junghann Ministro .CSJ. l / ! ;Gt1tavo iE. Santander Qans, : Minls1 tro ' ' . Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo, impugnado .

' : Ei primer parágrafo qtorga I derecho p la.devolución delos aportes a. los ailip9os de la Caja de 'Jubilaciones y Pensiones de, Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten !con una antigüedad mayor 'a diez años Y,, b) , : Aquí-es importante resaltar que nuestra. Carta Magna, en su art .. 9.5, Ieqlslá sobre. lasequridad social dándole un espectro obliqatorio e integral para el trabajador dependienté-y, .

su familia, aclarando que deberá ser extendi 1da a todos los sectores de la pobci6n. , Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no 1ean desviados . de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.c-,. Siguiendo, el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6-, 'tiene por objeto asegurar a, sus afiliados los' beneficios previstos en ella; y, más especificamenté, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de, las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja.. Reconociéndose, entonces, l,a propiedad en favor de los afiliados.

la limitación en cuantoa.los.años de antigüedad a losefectos de su.devolución resultauna Afif:) de complementar I¡ idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamentó y a la justificación de todo el plexo normativo: y, por ende, todas y cada una de lasarticulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas.en su dignidad y en sus derechos; asimismo,.no admite discriminaciones.

Seguidamente, el art. 88 no admite discriminaciónalguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en. el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permiteinterpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260, la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez añ;os para proceder al retiro de lqs aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemerite, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en canfor idad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la 1 aplicación de primer párrafo -del art.

41 de. la Ley 2B56L06"aLcas.o concreto, .e.ni.la. pkrtedon.de.seLexiga, na.antigüedad.míojma de diez años para procder al retirde ,los ro1es; jubilatorios. Es mi ioto.

r: A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS <!:lijo:

.! La Abogada MARTA CORNET sJm1z n nombre y reprsentación 4el 'señor 1 li !,,,, AC'CIODE.l,NCOSTITUCIONALIDAD: 'ji'! PRÓMOVIDA RbR' Ú=1ERNANDO 'RAUL 1"QUF SUSTITUYE LS e,mi e,b ¡a1 RtrJb , L OGUEA lq: : NZE;Z1'.)proiJiilievAc: ióqe, lr1com,stitü?i0'halidad , .( 11rfiee que ell rrtículo iliTlll)U' ado:1p¡or¡ medio'de ¡esta iacción dincohstitublonalidad t ,ansgrJie no solo lpf derechós' d¡ uirido, s,irq ta,rrnbién¡¡viplnt,a I pri,ncifiid dl.I ¡gualdad qons,gaolen los is. 46º' 47v.:2Rd¡ Ir¡G9n¡s1titcion' Na,cipral, ¡cplisio1ac{plla1,!'mis1170 La disposicióh considerada. agrat1ante expresa cuanto sigue: "Correspondera la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una 'antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su . No serén susceptibles de devolución los aportes patronales.

1 El dJrecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ era aportante de la Caja de Jub/laciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante I tiempo en quese desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a 'la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la júbilación o, que fuesen despedidoso, cesantes o, que se retiren Tal y como lo" ha relatado la accionante, su 'mandante no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de' acceder al. retiro de los aportes que realizara 'durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucibnal1 por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, "A ' ulo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitan es d la República. 1 º) la igualdad para el ecceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los o tácu/ s que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el ecce o a las unciones públicas no electivas, sin mas requisitos que la idoneidad, y 4º) la ual ad de portunidades en la participación deios'beneficios¡ ele la naturaleza, 'de los En lo relacionado almarco legal especlflcó, 1 tenemos en 1 la propia Ley ata é:la la de i itació de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubil ciones Pe ion. de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Títul :''De/ Patrimonio", Cap'ítulo Primero "De la Fdrmación de Recursos ", rtlculo 11 a parte: "L fondds y rentas que se obtengan de 'contormided con las di posicione Le son de e.x siva propiedad de los beneficiarios de la Caja". ,:, : Gustavo E. Santan er an Ministro .

Dr. Víctor Ríos 01eda Ministro .-J sar M. Dlescl Junghanns Ministro CSJ. En este punto.' cabe traer ,q colación .la clásica definición de Propiedad dAubry y Rau: " ... La propiedad es et der,echo de gozar y disponer de una cosa sin más lim¡taciones que las establecidas en las leyf]s ... '.' (Cabanellas, G. "Diccionano.Enciclopédico deDerecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos, Aires- Repúblíca Arqentina, 2001, .Tomo VI P-Q).--:

En esta inteliqencia debernos entender que disponiendo la propia ley la ech.Jtx propiedad sobre tales aportes en beneficio de los-empleados de la institución, malpodrta " contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la, , imposibilidad de ejercer aquel .derecho.jvulnerando así el mentado principió constitueionat para proceder a un despojo de nada menos que el total de susaportes en forma; ilegítima.

Así, acorde al concepto trasurtado líneas arriba, en defensa dlas atribuciones, que por derecho posee sobre los. aportes realizados a la Caja, la accionante reclama .la devolución de los aportes de sy mandante considerando que aquellos se encuentran indebidamente Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de. la Caja", más por otro lado limita. lb transcripto con condicionamientoe que, bajopena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, ,establecen: "Cotrespcncere la devolución de sus aportes a los funcionarios que .... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma ,al En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del señor FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ hayan sido desvinculados de la actividad bancaria' y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos, para acceder a la devolución de .sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un pespojo absolutamente ilegal ya que por el .incumplirniento dejos requisitos en unciados simple y llanamente laCaja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apr.opiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo, 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad priva.da, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi votó.

1.- La Abogada MARTA CORNE:f BRITEZ en nombre y representación del -señor FERNANDO RAUL NOGUERA GONZf'LEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS- DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la .instrumental que acredita I.a calidad 2.- Alega ta recurrente: que se encuentran transqredidos IQs Artículos 20, 46, 47, .Q9,, 131, 132, 137, 247 y 259 de la Constitución y fundamenta u acción manifestando, entre otras cosas, que"(. . .) el agravio fundamental de la prohibición leal de devolver los aportes resulta intransigente, injusto, discriminatorio y confiscatorio, por lo que atenta a esta situación me veo obligado a presentar la Acción de lnconstitucionalidad, a los efectos de garantizar mis :: dc1ó. DE . lNc111¿C1óNALlAD: , :, PROMOVIDA P'OR FERNANDO RAUL , ¡i NOGUERAGONZALEZCIELART.41 DELA j :/ LEY Nº' 285612006 "QUE SUSTITUYE ; LAS LEYE'S 'INº1 -'aereit,tJ-.,tJYul ;,; dos por eli articulo ro. 1.41; de la Ley rflercior.atfa, p'pr, vtotet 1bsl etttcúto» :' ;',, 4.1 dej1Ley:N!2aS6f06,, ,pugnadolldice: i''Arttcul<JJILH::- ,cofesponderá.' I !1. 6V, de sasla órtes1a,lófti'nc,onatios' LJe11 cue'rltehlcn u'na1 arm 'üedad supeno.m .a os 1e2 anosy ,qu,e no1 engan, e.rec o a ; a 1u , ac,on,que ,uesen des d,'cíos de "adbcesantes b I ud Jseretiren voluntariamente I de' las entidades aonclf3 restan I sef[V¡icio. La :Oajt¡J podf'. 1 'opta,r. pa',í la¡ 1apli9aci01h 1f}el lcitf!ti:l(J) monto! 'a la amoh¡izwión º 1 canelación d'.sq (j)bfiación. 'No serán sudcepib/s de¡-, :olución 'los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso I los aportes serán aplicados a la amortización ocancelación de su 4,.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1 O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 dice: "Art. 9º.- (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE .SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 07 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice dePrecios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay. 11 (Negritas y - ; Éxainadas las riorrnas transcriptas 'advierto que. el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les cortesponde. incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del, Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los princi ros onsaqrados en los Artículo's.46'"De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Gerenii s de a Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

?.- E cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solici ar la de olución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su t bajo", e tiendo que no es inc'onstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo n ario, ac almente necesito rever mi opinión en éste punto, cdnsiderando la existencia riterios j rídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, uestro istema jurídico la jurisprudencia no tiene 'carácter determinante ni vine te; car erística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccion 1, qui n e ver un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, m permi .- E import . ejcar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las persona derec jetivos, t e' tal sentido, el Poder dei:gir el CU")Pli /no d8 1 . norma , Ma. íne ..

bg. Julio per; ' : - . , Gustavo E: Santander Dans . se r ' Ce ar M. DieseJunghanns , ' Ministro Ministro CSJ, 1 1 Dr. Víctor Ríos Ojedi Ministro actuando en, libertad para satisfacer sus .necesidades e itereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al.libre albedrío; sino a la obliqación de respetarlo ya sea, de, forma activa (obligación de. hacer) o pasiva (obligación de .í')q hacer), por encontrarse delimitado. por el interés gneral. De ahí surge la figura dla "prescripción" creada por el Legislador, como pilar fundamental del orden y la paz social c.on el propósito de mantener la calma entre losciudadanos. Su formación se d.ep1 influencia de figuras romanas contenidas en la L.ey de' las Doce Tablas creada para réqular ': 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, requlándo la "prescripción", como un elementq creador de derechos que; permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción .adquisitiva o usucapión) o bien como un medio.

de liberarse de una carga' u obli.gación (prescripción. extintiva .o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante. cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el s.ujeto pasivo de una rélaciór jurídica no se encontraría smetido eternamente a ,yn vínculo jurícico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".

Como producto vivo dI derecho civil nace. la norma. hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11.- Gamo podernos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud :o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De .Io contrario la o,bl,igació,n: Gle; la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los, que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando' a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero. y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulqa con el mandato 13.-, Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" 'del' legislador, quiep se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer : ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la A maya, J .A., Director. (2018). Tratadá de control de constitucionalidad y conveñcionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- CORTE !.-F,kClA ..,ftgdosos, ... terés generI que comporta 1 1 institutode la prescripción, por el mentado sociedad "a. estinstituto -encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone 5 lo 8 de la qN. No encuentro, pues; razones jurídicas que hagan posible sostener qu a conclusión corno la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tem la doctrina especializada tiene por aclaraoo qu, "( ... ).

1Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia lboral ha desestima'do en torme r'eiterada los planteas de incoristitucionalidád respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (. .. )" 2 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128' de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

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16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constituciorial que', de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die ( ... )"3 '1 -- La medida impugnada responde a un interés social, por lo quno podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en 1 el entendimierito dé que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo dem .. en PROMOVIDA POR FERNANDO RAUL NOGUERA GONZALEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS ndo SS.EE., todo por ante m , de qu 1 ' 1 'Cesar M.oséT Jungh nns Ministr'o CSJ.

Buenos Aires, Argenti . Pág. O .- Sagués, N. P (2019). M nual de de Ante mí: Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. SENTENCIA NÚM Asunción, 1de or VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/ y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del ParaguaY,", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos e la devolución de aporte jubilatorio, con rela . , al Sr. FERNANDO RAUL NO ERA GONZALEZ, ello de conformidad a lo establ ido e el Art. 555 del C.P.C.

ANOTAR, re Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda