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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 317/2024

20 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR VERONICA VIVIANA ORTIZ DE LOS RIOS C/ EL ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01". N° 859 AÑO 2021

Antecedente EL ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006

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Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.

La Sra. VERONICA VIVIANA ORTIZ DE LOS RIOS promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA o'E JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46,47 La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.-. Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de.las entidades dondeprestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligaci''n. serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicit r la de o/ución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de tr. bajo, sa vo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán En el resente caso, la Sra. VERONICA VIVIANA ORTIZ DE. LOS RIOS, ac . ndo idad e ex funcionaria bancaria peticiona la declaración de inconstitucion idad d la n mativa por encontrarla contraria a derechos 'de consagración constit ional.

- , Ojeda Víctor Rios Dr- Ministro , El primer parágrafo otorga el derecho ,a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido Ialidad de fun.cionario?espedidos, cesado Is o que se hbieren retirado volntaramente1 limitándolo con, dos requisitos: a) que cuenten, con una antiqüedad mayor a diez: anos .y, b) Aq u í es importante resaltar que nuestra, Carta Magna, en su árt. 95, legislk sobre la seguridad socialdándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia,. aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y quedeban estar disponibles. para sus objetivos.

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Siguiendo el alcance de este lineamiento, 1.a normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a, los propios beneficiarios de la Caja'. Re.conociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados; la limitación en cuanto ,a uos años de antigüedad aI los 'efectos de su.devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al .espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a. saber, la libertad, la justicia y la social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo no,rmativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas.en su.dignidad y en sus derechos: asimismo, no admite discriminaciones.

Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación: alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los arqumentos 'esgrimidos precedentemente, de conformidad con las dlsposíclones normativas. citadas ,y en confonnidad con el !dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párraro del art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige ¿na antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi/voto.

A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNdijo: !, La Sra. VERONICA :VIVlt.JA, ORTI¼ DE ,i;os: 'Rlc:jS, romueve A!ión de lnconstitucionalidad contra el artículo 41¡º de la Ley 2856/06 'QUE SUSTITUYE LALEYES LA CAJAI DE .'.JUalLACION'Es Y JPENSION/Es DE EMP1 EADOS 1 Aibi6N , °!iod i111coSm ÓoNALIDAD: ,1 ; :1 PP,MÓVIDA F>R; EROICA : VIVIANA . 3;-4 1 'I! ORiflZ DE LOSI I0S y/ L ATI. 41 DE LA 1ST!TUYE LS C0tt S . , Jna de µuí ta 1 2021 ::,' ÑcA, ,ro. EL PlA!RA'GUAY".-1 1,, .ov .,t:Xe I ue e f ICU O rmpugauo por íDf 1, e 16S a aceren '46 rn,cor,s I UCIOna I a s atj1 rido, J, tmi': vi 101tnt'.f , pric!plo ie lgaldad s.16º y 47° dI a Con1 st1tüc¡:1on Naq,onal., ool1s1oando al mísmotíernpo 1 La dispcsición considerada' I agrara'nte r,xpresa cunt0 1 srg¡¡ie: "CprresP¡9n'dfHE;1 la 4'evouc, 1 sus ap 1ort fÚricl 1'dJnalíÍos' . uj1 1üeA1 1 a:ila:tigJ 1.MJa 1¡sup 1' rior a qs tez f1n0 1s Y: que ro: enqen 1eriErcHo éfl ª'lo/, , c,o'?, q4;,,ue'fe'1 espe . 11..fp, e1a1 os cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro dsus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Ea'minacla la norma atacada de inconstitucional, tenemos qie esta establece dod requisitos a los' efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igu tied. e oportun/dac;Jes en la participación de los beneficios dela naturaleza, dé' los En o relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la iimitacid n de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y ension de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título ercero 'Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artí j 1 º rimer: parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disp sicion s ta Ley, son de exclusiva propiedad de tos beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad e Aubry R u: " .. La }P.fJÍe<iaJs el derecho de gozar y disponer de una cos_J}JJ más I mitacione ase eablecidas e las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario eiclopédico e Derech b9júo scte<lli Cesar M. Bilesel Junghanns Gustavo E. Santander Dans Ministro CSJ.

Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Minitro Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Qi).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes, en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir 'sus propias directivas I establecer solapadamente, bajo -ciertos requisitos, la imposibilidad de .ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas' arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte estaexpresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que. bajo.pena de pérdida de esos derechos en caso.de incumplimie,nto, 'establecen: "Cotresponderé la devolución de sus aportes a los funcionarios que: .. "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que; como.en elcaso de la accionante hayan sido desvinculados.de la actividad bancaria y que no cuenten .en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que: por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la.Caja, en abierta violación a su. propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. VERONICA VIVIANA ORTliZDE LOS RIOS, .circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serén establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

Por loprecedentemente expuesto, .en atención, a las ,normas legales citadas. y en concordancia con.el parecerdel Ministerio Público; consideroque corresponde hacerluqar a la acción y n consecuencia declarar la inaplicabilidad dE!I 41.º de la Ley Nº 2856i2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones ,y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos .de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra. VERONICA VIVIANA ORTIZ DE LOS RIOS, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

1.- La Sra. VERONICA VIVIANA ORTIZ DE LOS RIOS, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria banca,ria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .)la aplicación a mi caso del art. 41 de la Ley Nº 2856/06, por el que se me niega la devolución de mis aportes en razón a no acumular la antigüedad .requerkie, constituye un despojo confiscatorio de bienes de mi exclusiva propieaeo, VIOLANDO LA GARAN1TIA DE LA 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la --- Jus- TicIA - . ¡ Acc1óN DE 1, coNsTnuc10NLl1DAD: PRpMOVIDA I QR1 '{iERblA VIVIANA -- .L.J.:/t';/ik:1 ¡1 1 ' ORTIZ DE i.os RlO:S I ERT. 41 PE LA 1 ! LEi N2 1T!TUYE LS 1e,;u e:¡e :fO Uc(or I os ó} .. s . :dbl retiro del af1/lad e 'só1traba o;;,salvo 9u e1 m1sn;70 1 em;ja qe,uda, cdn la caso¡:1os a'pqrts ,st11 áh afJ,1/icqlos'.1 ' la '!1rpoiZGióh: o ahclelab,iJ, eje su iolarilerHé :a/:1uéi'los tJncionarios t;i'.aricarioI eón' iüna 'antiüed¡ sbperi9J1 a.b. Jii1 pód! án jll1 c:1pcer,er: :rrcpero ¡fpUS 'ªRº, 1 ¡s¡mwrY:i,fU,ºP? ,r;Qª;,. /re9 t:-, :;Jul c,1on, fuesen despedidos, 1 aeJados cesan es 'o sJ1 retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en e I secta r p ú b I i co en ge ne ra 1.

5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º. (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo dé la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido lost O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de /as Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución dé aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo cohtrario:' actualmente' necesito rever mi opinión en este punto, 'considerando la existencia de criterios jurldicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene, carácter determinante ni vinculante; esta caract ística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede r veru criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, e permito - s importa te destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las !personas de e hos subj tivos, y en tal sentido, el poder de exlqlr el cumplimiento de la norma, ad ndo en I' ertad para satisfacer sus necesidades' e intereses con la correspondiente prot cción o tela dsu derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obli acn ha r), p r encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la fi ura de 1 "p s r' ción" reada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con "ón ate M Cl,1 , Ministro; e a . ,, esar . Cl'le,el Jungh'anns '1 c.ectea.t'º ,Ministro CSJ.

i Dr. Víctqr influencia de fiquras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada par,a regular la convivencia del pueblo. romano ..

r--- 9. - .Asl, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, .regulando la "prescripción", cmo un elemento creador de derechos que. permite .adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción ,adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carqa' u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 1 O.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".

Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo, los -dos requisitos que- configuran la prescripción -extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11.- Como podemos apreciar, la norma. impugnada contempla la "actividad" que el legislador: requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud :o reclamo'.' siga activo e impulsado por ,quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos sequirla'tatente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un ccnflicto -de' intereses .entre el particular que nunca reclamó y- los demás beneficiaros de la Caja: entre los que se encuentranc'los-jubilados'j-quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el ienestar general. Nuestras normas ga'rantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben1 er ejercidos eh tiempo y forma. De todos modos, e 1I interés general que comporta el instituto de la prescriJ.ción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la¡ seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su' respaldo último y soberano en lo que dispone e I Ar:tJc.JJ.o .. 128-!a.C.fLJN.Q,Ie n cuentro.pues, rt?.s. j ri.dic.asqu.e...b..abrm.sible.'.S.O..sie:df que una conclu 1sIon como arribada -precr1pt1b1l1?ad peldeecho a :ohc1tar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.c-¡ ...

mª)'.ªJ.A., ireTt?r. (t? 18). Trtado control de consti,tucio,na!idad y convencib¡nalidad. Tomo 4. Derechos y Garantlas. Buenos Aires, rger¡tma. Astrea. Pag. 60.- 1 1' ' 1 1 1 ' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PRQMOVIDA POR VERONICA VIVIANA , i ;"ORTIZ DE LOS RIOS CI EL ART. 41 DE LA 'l.. 1;A"ob,re:te tema la doctrina especializada tiene por aclarado que,".. ) Por (oda lo bbrJI 8r desestimedo en forina 'ritra:da /os pl,anteos e . ' ,tcionalidJd respecto dp( lasn'oima's que establecen pla'zos de 1 ptescripción, S(S o que dichos preceptos retpoan en principios de orden público, no afectando la intangibiidad de derechs, J'. q, fra:1pe unJrterés s,erior colectivo, spriva de reclamarlos a qwen no los ejercite en tpl ferm,np prefijado.(..,) .

:--- 15.- De .t:a1 modo tenemos que, si l ,ih1 st(tutoes1 8e'stritt9 orden públicq y 'de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando 'se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a ja presente acción dinconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi oto.

Con lo que s o 10-r-tinado el acto, firmando SS.EE., todo por ante m', de que certifico, q,ue an acord daJentencia que inmedii,tamente sigue: -

. _Díest!i Junghanns Miniiitro CSJ. Ante mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda i.'Vlinistro 2 Madda oni, O.A.; T la, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. Abeledol'errot, Buenos Aires,. Argentina. Pág. 4--1 , ; ' Sagués, N.P. (20i9). nual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina.Astrea. Pág. 658.- SENTENCIA NÚMERO: J:. 1(o Asunción, 1de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. VERONICA VIVIANA O 12 D LOS RIOS, ello de conformidad a lo estableeen el Art. 555 del C.P.C.

ANOTAR, regí Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro