Previo estudio de los antecedentes del caso, la CortSupremade Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
La Sra. CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES. DE EMPl..:.EADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts.'46, 47 La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportesa los funcionarios que ,cuenten con una antigüedad superior a los die ños y queno tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesa tes1 que se-retiren votuntetiementeoe las entidades donde prestan servicio. La Caja pod á;opta por-la .eolicecion del citado monto:e la amortización o cancelación de su Ji ación. o serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a s i itar la evolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su rabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán el presente caso, la Sra. CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ, acr . ando . ad de ex funcionaria del BANCO NACIONAL DE FOMENTO peticiona la d clara ión constitucionalidad de la citada. normativapor encontrarla contraria a de echos de l ' '1 i 1 Gustavo E. Santander Dans Ministro 1 ' ' Dr. Vítor Ríos Ojeda MinisTO .. El primer parágrafo otorga el derecho ¡:i la devolución .de los 1aportes. a los. afiüados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de-Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una :antigüedad mayor a diez años y,b) . Aqu! es importante resaltar que nuestra: Carta Magna, en su art. 95., leqisla sobre la seguridad social dándole un espectro obliqatorio e, integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida todos lossectores de la .población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros. sociales no sean desviados de sus fines específicos y que.deban estar disponibles para, sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, ta normativa de la Oaja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar asus afiliados. los beneficios previstos en ella; y, más específicamente. el art. 11 otorga la titularidad exclusiva: de los fondos y de las 1 rentas, a. los propios beneficiarios de la Caja.. Reconociéndose, entonces, la propiedad enfavor de losafiliados, lalimitación en cuanto a los raños de antigüedad a. los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechosdominiales, contrario al espectro estatuido en ,el .a,rt. 109 A fir:, de.complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico, y social que sirven ddirectriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo: y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes .unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos: asimismo, no admite discriminaciones.
Sequidarnente.iel art. 88. no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que.la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes n conclusión,. ' él los a.rg1nto:s esgrimidos .recedenteme0te, de conformidad con1as disposiciones normativas :c1tad¡¡is y eQ conforlílíl1 1dad con el ¡dictamen fiscal, cabe la admisión de la. acción: prescindiendo lf .aplicación pel primer párrafo del art.
41 de la 'Ley 2856/06' al caso concreto, en la parte dónde se exige u a antiqüedad mínima de diez años para proceder ?I retiro de los ªPrortes j4bilaforiqs. Es mi oto.
,r---r A su turno, EL Doctor CESAR MANUEL DIESEU JUNGHANNS :dijo:
La Sra. CINTHYA RAQUEL MENDEZ, C3iONZALEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 286/06 "QUE SU:f1TUYE LAS LEYES Nº 73/91' Y 1802/01 'DE 'LA'.CAJA DE JUBILACIONE±S Y PENSION ::S DE EMPLEADOS : '¡', POMOVIDA 1POR :CINirjYA¡ AQUEL M.9NDZ, G,ON?'ALEIZ ! EL 4Rlf 41 DE :LA 'l ' 'I U:!Y Nº 2856/2006 "QPE SUSTliT¡ UVE LAS CfN. mtma , us 1 rtlculo unp nabia 1edl10¡:de,estaj Gci 1n de unce sti ücionalidad ' '/ tnlj;J'' blo lol s, derechos¡ 1,u1 1hdlIHIIJ, lslh1 18 tbm¡ blilé'. vi 11 1Jni!Jla1 edl 'rinc, 1 oj11 'e 1gJa1ad , ci{)i)en llos A 1stit 1ucion, Nao:i'¡brh,al, co isioni 1an ,b al mismo disposición considerada 1 g!raY¡intd¡lexresai, c,u'tb Sigue: "ObrreJporiderá' la evLJCLlbn (ifel sus ap rtsa,IJq's, 'f1JJ¡fi}11 tenb'1¿¡' 'a Elntigücik¡Y superior a lps ,lez¡ nos Xi que¡ º.tenQan 1 cno. ,fti la .v,¡/G)TT(I' ul: el ep¡1 ae.spdJf?,: t1e1aqs cesantes o que se retiren voluntanamente de las entidades donde prestan servtcto. La Ceje podrá optar por la aplicación del citado monto a la emortizecion o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la emortizecicn o cancelación de, su obligación" ,;, Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por 1a disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia qué vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte qe los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mfnirna de diez ahos y,' en 'seduhdo lu'ga'.r, se debetratárde funcionartos'que rió tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizar'durante su qestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 4 7° de la Constitución Nacional, "Artículo 47º -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes (le la República. 1 º) la igualdad para el acceso a /ajusticia, a cuyo efecto allanará los obs , c s que la impidiesen; 2º) la 'igualdad ante las teyes.. 3º) la igualdad para' el acces a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la ua/ ad de portunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los , En lo elacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la eli itacióru e la natu'ra'lz'J1 jurídicade' los aportes realizados-a la aajae Juqi'lá'Ciones1 P''e ioné de Empleado'Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Te e ro De/ Patrimonio", Capítulo Primero "Qe la Formación de Recursos ", artículo 11 º R 1m parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las dissicnes ta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
-- En este punto,: cabe traer a .colación la clásica ,definición de Propiedad l1e Aub y ' : ' ío/ópiedap es el derecho de gozary disponer de una cosa sin más imitacion s esJen las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario .ei(:lopédico de Derech e s¡.HI M. OísI! :Junghanns Gustavo E. S'anfander Dans '. ' , ¡/ d Ministro csJ. M' t Dr. Víctor Rws 'Je ª 1n1s ro iV!i::ic0 Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q) En esta inteligenci,a debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedadsobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando asíel mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la, Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos SE:l encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta.expresa que: "Los tordos y rentas que se obtengan de conformidad con las .disposiciones de, esta Ley, son de exclusiveptopieded de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin, otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al En las .condiciones apuntadas surqe evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, yá que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en-el caso de la accionantehayari sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten enconsecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente corno un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento q.e los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiededprived«, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ":
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción .y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº. 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones .y Pensiones:de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra'. CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1.- La Sra. CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .)el art. 41 de la Ley 2856/06 no debe ser aplicado debido a que el mismo se contrapone a principios básicos establecidos en los arts. 46 (igualdad de las personas), 47 (garantías de la igualdad) y el 109 (propiedad privada) de la C.N., POR LO QUE EL ART. 41 DE LA LEY 2856 ES INCONSTITUCIONAL Y DEBE SER DECLARADO INAPLICABLE PARA ESTE CASO 3. El Artí9ulo 41 de 1,a L.Y º 86!06,, impuqnado dice: ''f.rtículo,41.- C<;Jrrepo,:icl,erá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las .entidades PRjOMov10A' , 01 c1NTHiY A, RAQUEL i' LEiY: Nº 2856/200'6 "QúE SUJ.STITUYE LAS s.1rfé--v!í di a I O!fl,r n se I icio. ,La Caj!p0dráj0,qt,1 1ptic9i6n be( oit9dó :monto a la 'oJcanf lecion :,de 1 su,ipdtigall(!;ÍÓ{i.11Mo 1seUmisl!Jsceptib11es dJ,1ct,evolucióh los eL años 1 de/ reti o del afiliad' le su'.!trali,tl'o, :salv0, qt1 el ,tiísiihd tedga11 deuda,cdnl la Cajae1 1 cuyo baso ºs apo'rtes sfiáh a1 p1'/ica I lkml º1/itl itl ª; 'órl1 ,q cahcJl1kciór:1 de su 4,-En C ::arit,oia la intérpretaoi9n letl ,ta 'd! pr'¼i'er 1 párrao:d:il1M brrt,a1 iataada,1 Su' ge mue blae tellos f1 1cri1 9!J ¡dó u;nalr:,tigüecdspedoi';,a o.l¡éiños podrán acce er al recupero de sus aportes 'siempre I cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 dice: "Art. 9º.- (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun epelendo a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA",.podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco, Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada, peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su traba o", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contr o, a tualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de c terios j ridicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable ,resaltar que, en uestro s tema urídico la urisptudencia' no tiene -carácter 'determinante ni vinculante; st caracten tica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien p de rever n criterio anterior, siempre que exista mérito para ello, Dicho esto, me permito 8, - Es irnp rtante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas r ches , ubjetivosj y en tal sentido, e,I poder, de ex¡gir el cumpllmiento de la norma, t an en' libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente ión o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la o ación spetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (oblig ción e no ace ), po contrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura la 'pr '1pciecreada por el Legislador como pilar fundarnental 'del orden y la p z social on 0éd.º'ner la calma entre los ciudadanos. Su f rmación e debe a a M O. esJunghanns Gustavo E. Santander, Dans , Cesar 1 Dr. Vícto influencia de figuras romanas.contenidas en.la Ley de.las Doce Tablas creada para regular 9. - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de unacarga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometidoeternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto. vivo del derecho civil nace -la norma, hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que .configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad)-pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica. : 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado. por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de- la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiríalatente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en' respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. r1 . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo Irelativo a la segyridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos llrnites que resguarder el bienestar general. Nuestras normas .garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés generpl que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa¡ atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la c:¡rribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de. aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
Ama ya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ACiCIÓN DE , INdONSTITÜCIONALIDAD: PROMOVIDA POR CINTHYA RAQUEL 'MENDEZ GONZALEZ CI EL AR.T. 41 DE LA .- 0!:te etema la doctrina especializada tiene por c¡3clarao', que "( ... ) 'Por todo lo f6 e - - "'! la jris'prudencia 1 aboral 'ha 8Jsestimado eh,' (orhia11 reiterada los planteas Ge incori ,qnalidd respetto e '/s: prJ,as qile estaleqeP.a'ios dk lfDtes'cri'pción, 1 W 'l: ue :dichos preceptos reposen. en princlpios de orden público, no; afectando la In tlidad de los derechos, y qúe, n aras1 de! utrmterés superior colectivo, se priva de 15.- De tal modo tenemos quel si el !instituto es !'de 1estrictb 'ól'den 'público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se' encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenuriciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die ( .. .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856(06, exclusivamente en la' parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una an gü ad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. E mi vot .- Con lo qu e 10 r certifico, qued ndo acordad el acto, firmando SS.EE., todo por ante cía, que inmediatamente si Ante 'mí: Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojedi Ministro derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- SENTENCIA NÚMERO: .J, Asunción, Jc; de i rno r '1o de 202 L( .
VISTOS: l.os méritos del Acuerdo que anteceden, la . Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con rela ' a la Sra. CINTHYA RAQUE NDEZ GONZALEZ, ello de conformidad a lo establ cido e el Art. 555 del C.P.C.
Gustavo E. Sa Ministro Ante mí: M.ini8tro , n NI rt1nez.
uio c. pav' b9J se retano