1' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS ALV ARENGA ! MACIEL CI, ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 : "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y '- ,.'--::J:n udad de Asunción, Capf tal e la Rpbica del Paraguay, a los ve.-1 et.:mes d : O. ,"2,,0 l ' del ano ds mil V v .,.h qvo. tr o , estando en la Sala de Acuerdos de la t uprema de J sticia, los JExbmos. SefiorJs Ministros de la Sala Constitucional, s, tor. CÉSAR MA /UEL DIEE;L JUNGHANNS, VÍCJOR RÍOS OJEDA y, GUSTAVO SÁNTADEll: DfNS, Ate mí, el Secretario autorizante, :se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: AC<I:ION DE JNCONSTITU:CIONALID'.AD PROMOVDA POR GLADYS ALVARENGA MACIEL C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01.-, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Gladys Alvarenga Maciel, por sus propios Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La
Sr1. Gladys Alvarenga Maciel, sie presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, a romo1 ver acción de iconstituciortalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la áplicacion del citado monto a la amortización o cancelación' de su obligación: No serón susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda ca la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o E 'el¡ presen 'e caso, la Sra. Gladys Alvarenga Maciel, se 1 presen:ta a'nte 1 está instancia' a fectos e peticio ar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por la contra a a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición a estab ce una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer cionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán etirar su ortes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1 s violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.
de funcionarios despedidos, cesados .que se hubieren retirado voluntaniaménte, ,limitándolo con dos requisitos: a) que.cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95 1 legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines , Siuiendo el alcance de este lineamibnto, 'lanormativa de 'fa Caja, en su art. ,6, ti;ene por objeto asegurar a sus afiliados Ios beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga a titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario f.l espectro estatuido en l art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta 'Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido,' el art. 46 de la Constitución Nacionalprescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconoimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del árt, 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, el Dotor.'DIESEL JUNGlIANNS dijo: ta señora Gladys Alvarenga Maciel, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 ACCIÓN DE INCÚNSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS ALV ARENGA CORT;E MACIEL C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 surRtMA ,rquE susTITUE LAS LEYES Nº 73/91 y DEJUSIICIA !1 1.. .ll«:'.liZg,sus, . YE LAS YES Nº 7: 1 ¡Y !1802/01 ¡DE LA CADE JUBILACIONES Y PÑSIO, E EMPLfOS BANI R0 artíbm'o impugna, ,o! priva ª1recurrente de disponer de sus aportes que erecho 1e correspond'ell)/ habiendo ido d1 evintµlada de la eritidkd bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja! la devolucióni de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad Jrevista en la Ley. Funda, la presente acción en los principios consagrados en los artículo:46, 4 7, 86, 88, 1 Oy 13 7 de la Constitución Nacional.
xamma a a .norma ataca a e m¡consptuc10n, tenemos qye esta esta ece requisitos a los efectbs de conceder el erecho a 1 devolución delos aportes r;ealizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la ,República: 1) la igualdad para el ac(:eso 9 la justicia, a cuyo, efeptallarqr,á los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) lq igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de Ía Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, b ,r. d z' e ,, , , i, 1 son e exc ustva prop1ea e os enejiciarios e a a)a .:. .
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propieda es e derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las eyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", EditorialH, liasta, uenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
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Cesar M.'bfesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dani,.. Víctor Ríos Ojeda Ministro MiniSt Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata unaclara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ,todoello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación sus1 asociados, en el caso particular, de la señora' Gladys Al varenga Maciel, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y, social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 7319i y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte.que condiciona a una antigüedad superior a diez años a .los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Gladys Alvarenga Maciel, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 1.- La señora Gladys Alvarenga Maciel, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Piara el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 86, 88, 109 y 137 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( .. .)
LOS APORTES JUBILATORIOSformanparte del PATRIMONIO DE LAS PERSONAS, por lo que la negativa a devolverlos, implica un CONFISCACION por parte del órgano encargado de su administración, quien al denegar la devolución de mi PATRIMONIO se va enriqueciendo sin 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la ,devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del a(Uiado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los, aportes serán aplicados a la amortizacion o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
1 AC'.CIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS ALV ARENGA MACIEL C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y -(4 E11.cu º a la i ierpretacióq ihrista del primer párrafo de fa norma atacada, surge qu,Jajlite a -:- os futjdionarios bancario con una, antigüedad superior a 10 años podrán acte1lefü re- de sus rbortes siei re 'f erando ?º tengan derecho a la jubilación, uesen o.1,;;i,,u 1di5os yesan ds o e1 retirasen iVpluntanamente,1 lo cual produce: una manifiesta ua 1: :Sn respecto, j tos derechos relacionados a la' devolución de aportes en el sector pu ico Se::::::ecto, lar N° 4252/J ¡,. 6JE MÚDIFICA LO; RT{C ULOS 3, -9Y 1 O D BA LEY N 1º 2.)¡45/03 i"DE ORM4 f;yENIB/LIDAD DE LA1 CAJA FISCAL. SISTEM4 DE JUBILACI(JNES)Y PEf!()IONES Df:4 S,ETOR; PUBLICO'1 , en su Artículo 1º dice: "Art.
9.- ( .. .) Aquéllos que se retiren de la funci61 n pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEM4 DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Co'nsumidof1 (IPC) del Banco 'Central del Paraguay.'' (Negritas y' subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo I ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derech , pe o no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma a tiva ( bligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitad por el nterés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el si como pi ar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener 'la e ma e t los ciu danos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas e la Le e las Do e Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica nó se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 1 O.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido p01: la ley". Como' producto vivo: del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo, los dos requisitos que configuranla prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso 'del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su , 11.- Como podemos .apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación :de .la Oaja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular' que nunca reclamó y; los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar, su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia rz perjuicio .de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo, ue justifica-la prescri pción extintiva prevista n la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el '.'interés 'Superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Ai.tículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho solicitarla devolu¿ión de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos:de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en 'aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termino pre CORTE SUPREMA ,-E JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLADYS AL V ARENGA 0ls,' De 1odo tenemos que si .' insti tto es destricto orqen público y de interés para l,i?,itslaenJ-t:::// entoce,.su a1cac1?n 1s,e encuentramarada por lo ue d1sponel A_rt 128 de la CN, C{láB,c!-d menciona íque En' nz'l:gun caso el interés de los particulares primará sobre 91 lll. 'f!.éf:'f;tJ!)'ifal ". Si nos ubicamos enlel epígrafe de li norma podemos conoluir, incluso, que ' rí"otras normas cohtitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16.- Como se podránotar, el insitlito que vamo/a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
MACIEL C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a .que "(..) Por fo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Gladys Alvarenga Maciel, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antieüeda superiora 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi v. to.
Ante mí: Asunción, () d.
VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Señ ra GLADYS AL VARENGA MACIEL, 'ello de Ministre - J, Ante mí: --- Gustavo E. Santander Dan Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro