← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 322/2024

20 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR HUGO JAVIER AYALA LEIVA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y Nº 1802/01- Nº 2987; AÑO 2021

Antecedente ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

j ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 'PROMOVIDA POR HUGO JAVIER A Y ALA 1 LEIVA C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 ! "QUE. SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y Nº Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.

A LA. CUESTIÓN PLANTEADA'Et MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: El Sr. Hugo Javier Ayala Leiva, se presenta' por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46 y 47 de la Constitución Nacional.

..: La disposición atacada de inconstitucional establece: "Articulo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de. su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes pre r:ribir 'después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga de 'da con Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o n el prese te caso, el Sr. Hugo Javier Ayala Leiva, se presenta ante esta instancia a depeticio ar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por enco tr rla contr ia a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición impu n da estab ece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que s lo os f cionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán retir . ortes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, lo violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Fu a Cesar M.Diesel Junghanns Mihistro CSJ.

de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a.diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de 1las articulaciones constitucionales se encuentran intercon,exas. y sop interdependientes'unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender' su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto 'no se 'encuentra específicamente contemplado 'en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en sdignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro delos aportes jubilatorios.

En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para-proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

;:--,-- A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El' señor Hugo Javier Ayala Leiva, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 2856/06 "QU CORTE l SUPREMA ,c'v- 1) --f§, EJUSTICIA 1., s.vst:i.TtJY , s LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y 1artículJo impugnado prvatl recurrente de dispon 1er de sus aportes que por erécho le coijespon/;ie y liabiendo sido desviiiculado de la entidad tiancaria donde prestaba servicios, solicitó a la cajla devolución de' sus aportes, siendo iechazado por no haber acumulado la' antigüedad prevista en iLey. Funda la presente ¡cción en los Ptncipios Examihada la norml atacada de bconstiucional, tenémos que:sta establece requisitos a los efectos dJ conceder er' derecho a la! devolución de ls aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen CCIÓN, DE I IN CONSTITUCIONALIDAD I l>ROMOVIDA POR HUGO JAVIER A y ALA LEIVA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen,2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la formación de Recursos", artículo 1,1 º, primera parte'; ltibbs 'fondos '.)/1 rentas que 1 se obtengan de on.Jo1 rmidad con1 las 'disposHdns1 'de ;estct'i)ey,' este p to, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: dad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las as en l s leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Helias , Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).

asar 1;1. v Miníl1 l.l CSJ. R, o,eda . Víctor ws Gustavo E. Santander oa'rR MnistrC Ministro Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ,todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculai::los dla actividad bancaria y que no cuenten en consecubncia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Hugo Javier Ayala Leiva, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su/unción económica y social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el p'arecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4-l º de la, Ley 'Nº 2856(20G6 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 102/01 de la Caja de Jubilaciones y .Pensionesde Empleados Bancariosdel Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad, superior .a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con 1.- El señor Hugo Javier Ayala Leiva, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46 y 47 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .) queda ampliamente demostrada la desigualdad de los trabajadores del sector bancario y los demás 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº,2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que 'cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los ,aportes serán aplicados' a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder' al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen 6.- Examinadás Ías normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solici((l,: la devoiucion de, aports p,rrscritrá después de tres años del retiro del afiliado de u irab1 ajd "; entiendo'que' no es incontituciotlal. Si 'bien en ún'principio he sosténidó lo cbntrari'o'.

actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto,' me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, len tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para' s1 atisfacJsus necesidades i¿ inteitdsJs'1 ton!la co1 rresp6ritiieAte1 p'rotecdon' o tútela de su derecho, er o lo sujeta al libre álbedrío, sin'o 'a la obligación de respetarlo ya sea de forma ac va (o ligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse de iinit do or el i terés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el gisla r orno pi ar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la alma e tre los ciu adanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas n la Le d las D ce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

s ', muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando ción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio nas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un.medio tle liberarse de óbligacíón (prescripción extintivo liberatoria) en 'virtud del abancl'ono1 ..-.;:(,rnP- mación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la y. De lDklll. 'i'l'i'<ianera, e o ivo de una relación jurídica no se encontraría sometido etem ente a sec ªtJYnculo. rídico que ha ermanecido inactuado durante un pe etóorolon ado de ti mpo.- IIA Diesel Junghanns Cesar ,v,, , Ministro Dr. victor Ríos Ojeda Ministro 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la. cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, La también a: brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamásuna diferencia en perjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social .de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone yl Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada 'tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral 1ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripcion, señalando que dichos preceptoreposa,n en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y qué, en -aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termino pre 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interéspara la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 CORTE UPREMA USTIClA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR HUGO JAVIER A Y ALA LEIV A C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y Nº 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta ton el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento hormativo.

.!

17.- De cualquier modo, la, doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Hugo Javier Ayala Leiva, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigo/ superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo demás e dos sus términos. Es mi vote .

S.EE., todo 'por ante' mí, de que Cesar .

Min1s Gustavo E. Santander Dans Ministro Asunción, 1 () de Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteced n, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolució de aporte jubilatorio, con relación al Señ UGO JAVIER A Y ALA LEIV A, ello' de ANOTAR,c. "" 0,t_i Cesa el J Ante mí: Ministro