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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 333/2024

20 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EVER ARIEL TORRES RIVE X/ EL ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01". N° 2846. AÑO 2021

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Previo estudio de los antecedentes del caso, Ia Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: :..:. ,¿Es procedente la Acción de inconstitucionalidad deducida?.

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:

La Abogada ROMY LIZ ORTIZ en nombre y representación del señor EVER ARIEL TORRES RIVE promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y RENSIONES DE, EMPLEADOS1 BÁNCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 21, 46, 47, 86, 95 y 10de la Constitución Nacional.

devol ción sus ap,ortes a tos: tuncionerios ,que cuenten con una antigüedad superior a los di z año y que no tengan 'derecho a la jubilaci'ón, oue fuesen despedidos, dejados sa tes o q e seretiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja p dr. optar por la eplicecicn del citado monto a la amortización o cancelación de su ob g ción. o serán susceptibles de devolución los .eportes patronales. El derecho a sol it r la evolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su ra o, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán - n I presente caso, la profesional recurrente, ennombre y representación del señor VE IEL TORRES RIVE, acreditando su calidad de ex funcionario de VISI BANCO la declaración de inconstitucionalldad de, la: citada normativa 6r en ntrarla Cesar M, Diesel' J unghanns I Gusto E. Santander Dans' ¡ 1 Ministro CSJ. t Min1s .ro R, 01'eda Dr. Víctor ws : Mini,::o , . El primer parágrafo otorga .el derecho a. la devolución de los aportes a lo¡;. afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dEmpleados Bancarios quienes hubieren funqido la calidad .de funcionarios despedidos, cesados, o que se, hubieren retirado.voluntariamente: timitándolo condos requisitos: a) que cuenten con una: antigüedad rnayor.a diez años y, b) , Aquí es importante resaltar quenuestra Carta' Magna, en suart. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a. todos los sectores de la' población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar.dispbnibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance deste lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por. objeto asegurar p sus afiliados, los beneficioprevistos en 'ella: y, más específicamente, el art. 1.1 otorga la titularidad exclusiva .de ls fondos y de las. rentas, a Jos propio beneticiarios de lé:;l .Caja .. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los .afiíiados: la limitación en cuanto 9 los años de 9ntigüedaa los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestraCarta Magna reconoce la d.ignjdad. humana, así como. otros I valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo; Así, ella establece a?(ioma 9 de un rico contenido ideolóqico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y1 por ende, todas y cada una de las articulaciones, constitucionales se encuentran imterconexas y son 'interdependientes unas con otras, -siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas ensu dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.

Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacarque el primer parágrafo de ,la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argur1 entes ' ésgrimidos : precedentemente, de conformidad con las disposicionnormativas citadas f n conformidad con 1 1 dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la 'abli,cación del primer párrafo del art.

41 dla ey 2856/06 al caso copreto, en la Pfrt8i,dndF ¡e exige yn? antigüepd ,ínima de diez anos para proceder al retiro 1e los aportles :1b1lrt¡í1os. Es mI¡ vol to.

T-r

A su turno, EL Doctor CESAR MANUEL. DIESEL La Abogada ROMY LIZ ORTIZ en nombre y reprefntación del señor EV.ER ARIEL TORRES RIVE, promueve Acción de, Inconstitucicnalidad contra el ¡artículo 41 º de 1á Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'; 73/91 l'yí 1802/01'. 'DE LA CAJA DE i¡ I' , Ad1pj;N lk;; 1,NcoNSr1ruC1oAuoAD: or: s-,Pr.m 1 Justi, ia 11 "QµE ! SUJITUYE LS LEYES N¡ 73/91 Y 9NlN.S pi¡: E; R½EAqAMPAi' o,IDEL ARAW1:"

:--. qe b1 artículo 1mlpg¡na, lpor n¡¡ed, de lyst 1 ¡acc1on dI 1ncont1tu 1t1pnal1dad ' tHmse 1 <::i e¡, splo l1bs derechos a1(iluir,:dlds, siro tmbin' V¡iOlent,(el1 p,1 rincipi,?, d'ci Igualdad cfevo!idl- de ltis a1 portes a JoJJ ti /4dnarios quJ I buehten, on una ahtigüead, 1l!lperior a os tez nos Y. que no e,ngan aerec , o a a 1uy ap1oro, qu. ,,1J1es, 1en oespe , 0,s, e1a os esarlltes b qheJi5e /iren voluntri'P.Er 1 :tE¡ ele ,J:s!rl¡tdáes : lqne 1 r/es1 ta'n 'serviari'., La Caja podrá' optar por la aplicación del citado monto a la 1 amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización q cancelación de su obligación".

Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor EVER ARIEL TORRES RIVE era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el 1 derecho a la devolución de los aportes realizados por pajte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado la accionante, su mandante no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que relizara durante su gestión en una entidad , bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, " A 'culo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estpdo garantizará a todos los ha itantes e la República. 1º) la igualdad parael acceso a te jdstkie, a cuyo efecto allanará lo obsiéc os que le impidiesen; 2º) la igualdad ante las leves; 3º) la igualdad para el a ceso la funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la ua/dad¡ d oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los En o relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la limit ión de la naturaleza jurídica de los aportes realizados ,a la Caja de Jubilaciones y n nes de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título cero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º ri er rte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones ta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

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, óattºfl este punto. cabe traer ¡a cblación la clásica definición de Propiedad e Aub 'Y u: '': .. a propiedad es el derecho .de gozar y disponer de una cosa sin más imitacio es sect que ls establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédic de Dere ho sual", 1;:iitoríaffielraJta, Buenos Aires- República Argentin , 2001, Tomo VI P-Q).

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' Cesar M. Diesel Junghanns I Gus'tavo E. Santander Dans Ministr? CSJ. Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Mini,tro En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho: vulnerando así. el mentado principio constitucional para proceder a un despojó dnada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama la devolución de los aportes de su mandante considerando que aquellos se encuentran indebidamente Del análisis dlas cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara.contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las atsposiciones de esta Ley, son de exclusivepropieoed de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en' caso de incumplimiento, establecen, "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ";- todo ello sin otro perjudicado que el mismo, aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriruinatoho hacia los asociados b;ancarios que, corno en el caso, del señor EVER ARIEL TORRE. RIVE hayan sido desvinculados de la actividad bancaria. y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de, sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo, absolutamente ilegal ya que por el incumplirnlento dEy los requisitos enunciados simple. y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor EVER ARIEL TORRES RIVE, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la ,propiedad privada, CLJYO contenido y 'ltmites serán :establecidos por la Ley, atendiendo a sµ función económica y sociel, a fin .de hacerla accesible para todos ... ".-.

Por lo precedentemente expuesto, én atención a las normas legales citadas y en concordancia con I parecer del Ministerio Público, considero que correspónde hacerluqar a la. acción y. ,en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4,1.° de la Ley Nº 285q/2006 "Que sustituye las .leyes N73/91 y 1802/01 de la .Caja de Jubilaciones 1 y Pensiones. de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años. a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor EVER ARIEL TORRES RIVE, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

1.- La Abogada ROMY LIZ ORTIZ en nombre y representación del señor EVER ARIEL TORRES RIVE, promueve Acción de lnconstitucionálidac contra el Articulo 41 de la Ley N 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101-DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña , debidamente I? instrumental que acredita la calidad de ex funcionario bancario de su 2. - Alega el recurrente que se encuentran transgredidos los Artículos 21, 46, 47, 86, 95 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que"(. . .)

existe discriminación para todos los aportantes de la Caja que no cuenten con una antigüedad superior a los 1 O años, al privárseles de la posibilidad de retirar los aportes de 3. - El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice. "Artículo 41.Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios quecuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamentde las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la ( .. .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a tos derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo c;le la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo ele la norma irnpuqnada: "El derecho a solicitar la devolución de' epoitesspresctibire después de tres' años''del retiro 'ae! afii;ado de su trabajo" entiendo que no es inconstitucional. Si b,ien en un principio he sostenido lo contrari , ac almente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de crit rios ju ídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nu stro si tema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; sta racterí tica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien p ed rever u criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. E img rtante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas d rec o subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, tu' Oi;en libertatj ara'atisfcer US1 necesidades é intereses 'con'lálcorrespcndiente pr' ec ióh o tutela de su derecho! pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación e res 1 : rlo ya séa de forma -activa ( obligación de hacer) o pasiva ( obligación de no ,.-... M .. ;z. 'ar encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la f ur de la . 'prescri ción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y ,la p z soci. con sec(e('ºel -propó 'ita ele mantener la calma entre los, ciudadanos. Su formación e debe la

l) : ' Gustavo t. Santa der Oans 5 Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.

iVlinistro 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescrlpción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripciónadquisitivao usucapión) o bien como 1,:1,n medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en yirtud del abandono de la acción o reclamación durante certo tiempo y bajo las condiciones señaladas en la .ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no sé encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido ¡,actuado durante un periodo prolongado, de tiempo. ,.: , : 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley", Como producto' vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada; reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatcria: el transcurso del plazo legalmente exigido yola inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante' dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica -que el "proceso dsolicitud o reclamo" siqa activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria, de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando .un conflicto.de- intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los, que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe, entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el. mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hag 1an posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

l 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los lanteos Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- 1. q- s_gn;ti , onaldad respecto 'dlas normas que estableceq plako. de prf]scripción, -.:,;señiilancfl¿ e dic1os preceptos reoosen en bnncipios de orden p0f;jlic6,: no afectando la inta_,I] (b. ti de los derechos, y que, i 1en aras' de ,u{I interés superior cotectivo, se priva de 15.- De a,I modo te,riemos que, lsi' el :instituo és'i e estr¡cto orden público y de interés para la socie9ad t:;ntera,¡ tntonces, su I aplid9i?Jt ¡e9untramparada por lo que dispone el Art. 128 ¡de la CN, ¡ cuando mencidnal que "Er ningún caso ,el interéde los particulares primará sobre el i1terés general". Si 'nos ubii:;::rhos en el epígrafe dé la norma podemos concluir, licluso, qué ni siquiera otras !noras!cbsitucionales pueden imperar sobre ésta, t1I' t hibiti " . , " I .

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incorppatible con .el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (../3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor EVER ARIEL TORRES RIVE la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en s sus ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR EVER ARIEL TORRES RIVE C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE ,SUSTITUYE LAS 'LEYES Nº 73/91 Y ,cesar M. Diesel Jungha Ante mi. Ministroi sr.

Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Pre cripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina, Pág. 04.- 3 Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pé.g. 658.- SENTENCIA NÚMERO: 3 2>. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüe d superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con r ación al Sr. EVER ARIEL TORRES RIVE o de Cesar M. Diesel jungnanns Ministro CSJ. Ante mí: Ministro