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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 305/2024

12 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR HUMBERTO OJEDA FRANCO C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUÉ SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ". Nº 1508. AÑO 2021.-

Antecedente EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006

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Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA., A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:

EI Sr. HUMBERTO OJEDA ¡ FRANCO promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 ,de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLJEAE>OS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser, contrario a los arts. 46, 47 y 103 de la Constitución La: disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez kños y que 'no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados ces tes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja po rá op r por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su liqecion No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a s licitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de s trabaj , salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán el presente caso, el Sr. HUMBERTO OJEDA FRANCO, acreditando su calidad e funcionario del BANCO FAMILIAR SAECA peticiona la declara o de stitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a deréchos e ; , fin O por p1aest'e pl.mto, es importante exr- elartículompugnad Ces r M. DiesPI -Jurrgltanns Ministro CSJ. ; Gustavo E. Sa Ministro Ministro El primer parágrafo .otorqa .el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren .fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados 0 que se hubieren; retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten conuna antigüedad mayor.ª diez1 añ,os y; b) Aquí es importante resaltarque nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social .dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a1 sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la 1titularidad exclusiva de los 'fondos y de las rentas, a los ipropios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, .entcnces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación én cuanto a los años de antigüedad a1 los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en .el art .. 109 A fin de complementar la idea exp.uesta, es' dable recordar que nuestra,Carta Magna reconoce la dignidad humana, así ,como otros valor,es, a' saber, .la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas.de un rico contenido ideológico.y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son inter:dependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de. la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en 'sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.

Seguidamente, el art. 88 no admite discriminaciónalguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y qarantlas no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin ,de garantizar derechos a estos Recordemosque la constitución d,e un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de. tales derechos. En tal sentido, cabe. destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V:g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi ,voto.

1 A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo:

El Sr. HUMBERTO OJEDA FRANCO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAA ,OE; JUBILACIONES YP!;NSIONES .Ds EMPLEADOBANGARIQS DE ACCIÓNIDE ! NCOST1 ITUqpr'J1riD: ' PROMOVl,A POR HUMBERifO 1 JEDA . FRANCO 'C/ EL ART. 41, DEl!UA L,;EY Nº ; 2856/2006 "QUÉ SUSTITUYE LS LBYES Nº ; J, --RJt e-ea,iicu10-i/np ado 1, ; do d)- sta cció-- dé' irlcon tiici ! halidkd ,ºtr'sdre 'solo lod1 eretd>s ld'.ruiridr}, iba tamin v;iolenta1,)1 p'ri,hcipipl dua.ld,1d ',11 L: dip.o,sicióI c6nsiperad j :1 , braia!nty l,epre: cuan9,' sigJi. 'CojAJpo,werá: la cifevolidon de'ius ap;orts a tos, a 1: ionario's qu'e 'cuJnten 'couna r'antigüe aJI s«erior a (ps d'¡.z lñOf -0¡1 que¡;bo jteng'ar d;rf1hp¡:11¡llr4j q'e' 1/iesn, c¡e;spe t9i; '1ejdps cesar¡,:te's¡ o que se re,t1refíJ voluf11tar¡arr¡ynte, e las 1t1cf;;lles cioNf}e prestan se7110. /la Ca1a podrá optar por la ilplicación dei 2itado monto a la 'amortización1 ' o cancación1 No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional: De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no trlgn derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos :o, cesantes o', que se retiren T al y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, "Artículo 47º -.De las garantías de la .igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitante a República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obs culo que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes;. 3º) la igualdad para el acces a las nciones públicas no electivas, sin más r.equisitos que la idoneidad, y 4º)' la i uald d de o ortunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los En lo r; lacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la de i itación e la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y P ns one de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título T re "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º a parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones e es a , son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

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Enpunto, cabe traer a colación la clásicadefinición de Propiedad éie Aub y 0 e" la propiedaf} es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitacio e's b9Ju sV§ e eGas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enelopédi b de Dere o Usua', Editorial H iasta, Buenos Aires- República Argentina, -

--- Cesar M. Ói sel Junghanns l IV!ihistro CSJ. Gustavo E. Santander DYíctor Ríos ()jeda Ministro M:ü'rQ.

En. esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad, sobre tales.aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establ,ecer solapadamente, baj9 ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando as] el mentado principiq constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así; acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las .atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente enpoder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucionalde las mismas, se constata.una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentes que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo. pena.de pérdida de esos derechos e,:, caso. de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo a portante a quien la propia norma al En las condiciones apuntadas surge, evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los, asociados bancarios que, como en el caso dela accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria-y que no cuenten en consecuencia. con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta. violación a sur propio marco normativo., procede, a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del Sr. HUMBERTO OJEDA FRANCO, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 10.9º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

:.: ., Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas 'Ieqales citadas y en concordancia' con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del. 41 º de la Ly N2563/2006 "OLJe 'sustituye las. ,leyes N?, 73/91. y 1802/0de la Caja de Jubilaciones ,y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraquay", en la parte que condiciona.a.una antigüedad súperior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del Sr. HUÍVIBERTO,QJEDA 1.- El Sr. HUMBERTO OJEDA FRANCO, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 103, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) de acuerdo al tiempo demostrado en el Certificado Laboral y en la Constancia de la Caja Bancaria se puede constatar que no reúno la exigencia establecida en el Articulo impuqnedo para acceder al retiro de los aportes realizados al no contar con la antigüedad señalada, a nuestro parecer dicho condicionamiento de tiempo, además de INCONSTITUCIONAL es 3. - El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, irnpuqnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten c1 on una antigüedad superior a los diez años y que no téngan derecho a la jubilación, qmY-fuesen despedidos, dejados cesantes o' que se retiren voluntariamente de las entidedes: donde, prestan servicio. La Caja podrá ooier pcr 19 ap}Lgé:lcJón d_I. 9td9 mQ[1t9, a Ji INCONSTITUOION.AJILIDAD: 1' ,I 'i¡- PROMOVIDA POR 'HUMBERfo ,:OJ'EDA 1d 'r FRANCO C/ EL ART.':1 41 DEj1LwEY Nº argprlú/c;gi,J!p 1lcant1 ela<Úón 'de' SÚ 'obliga' /ón.; No serán s'us'ceptibes de citlvoiu9ión 'tos -e-s:4;?es. E1 dJecho a1 ó1lcita'léiidvdlucic,n de;ajjortJ:,,escrib1 irá después ae trñ s del retio ele/ afiliiJdc,lfle ttJraha osal9:q:Uel tn(srlfio1 teng9e1 4iacom¡Ia '. I' 1 JI cuyo1 "al 1, !mdHPiaciónl1 ,,canc(qbóI da q. tgéfC1 An ,ngr,1 1,-- Eljlcnto,¡ila 1nlerprrtac1on ¡1e1t.r¡is1a¡'dII primer-párrafo dla norrña'atacada¡ su11ge que solaif te aque;llos ¿ncjonarios¡ ¿n1 9arios con una antigüedad supetis>r1 accedlerrl ,I rectero¡ e !:iUSapohds1,',sieh-ipre y cuando 1 ,1no t'eri'gan 1 récho a l)a jubilacion'.

fer;, :wspedil:,os, P1ja:os ces,a1:1tmQ,e¡rtirase'n vo¡l,untrjaent;;,lq cual:podHc1,ª manifiesta desiqualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución' de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 1 O DE LA LEY Nº 2.345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: ''Art. 9º. (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del .Paraguay." (Negritas y 6.- Examinadas las hormas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios delEstado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar lf:1 devotucion de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado ,(e.

su trabajo", entiendo que no es nconstltuclonal. Si bien en un principio he sostenido 16 con ,ao, actualmente necesito revermí opinión en este punto, considerando la existencia de crite ios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, e nue tro sistema jLrídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; e ta ca ,cterísticprmie ayorflexibilidad enla actación del órgan? jurisdiccional, quin uede r ver un criterio anterior, siempre que exista méritopara ello. Dicho esto, me permito . - Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas ere os subjetivos, 1y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, c ando en libertad, para satisfacer susnecesidades e intereses .con la correspondiente otección o tutela desu derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación d respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación o h c , por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figu a de 1 ' i(.,ión" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz s cial con :::,,3ropósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se ebe a la ' ,ustavo E. Santander Qans R: Cesar M. o:sel Junghanns rv¡:msu;-v Minist;o g,,., Así, muchas ramas del Derechohan definido su alcance y efectos, requlando la "prescripción", como .un elemento creadorde derechos que permite -adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carqa u obligación (prescr.ipcióextintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. en la.Iey. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación juridica 1 encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha, permanecido ihactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de.fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titulardel derecho. durante el tiempo establecido por la ley".

Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del, plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11."' Como podemos .apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que, el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De .lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los aflliados activos seguiría latente indefinidamenteen el tiempo (sin término de prescripción); generando .un conflicto de-intereses .entre 'el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de , Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una 'situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están. diriqidos también a brindar amparo a IQS afiliados .ante sus necesidades .durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es 'imprescindible conservar su. liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo qudispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

Amaya, J .A., Director. (2018). Tratado de control deconstitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos ACCIÓN DE INCONS,TITUdlO,NAtDAD: : PROMOVIDA POR HUMBER;T(p (!)JEDA FRANCO C/ EL ART. 41 DE L1 2856/2006 "QUE SUSTITUYEUS 1LYES Nº ,. .<O:> te tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( .. .) Po;, ltodo lo 7.oo..e,pflest que la jurisprudencia Jabata!. hdesestimado en forma reiterada los p(anteos de in ucionalidad respecto de las normas que establecen piezos de, prescripción, 51 i;iJ o que qichos preceptos repc¡yspn en prifilcipios de orden -público, no afectndo la 1n angib_il(.d9,d d¡ derchs, / q'.ue 11, en f'TiPpe UIJ -n(yr({Js, s,fe,ri9r; 1r;pl,ectivo'.¡ fe P¡r(va de ecamarlos,a quten no los ejercite e1¡1 el término prefl¡ac;¡o (..¡.) : , , -. ,e,tr¡TIO Q tenernos q. S1 1e ¡lhp¡t1tt 1estr1 1ct9 or .m P,U ,1pq y. , e¡:lr;l rfs P¡ªíp la soc¡erd entra, entonces, su ftPlicab-sencuentra ainparac;Ja,¡!p 1pr;lo U,dispone el 1de la CN, cuando merlFionque "En ningún caso el interés de los partipulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aqul sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inéohstitucionaliddd promovida: y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, excl ivemente en la parte que establece como condición para la devolución de los a orle el requisito de contar con una a 1 edad superior a 10 años, manteniéndose in ólume demás en todos sus términos. to.- Ante mí: SENTENCIAN Gustavo t. SantandbírP?to!Íos Ojeda Ministro M1111stro 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.

Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- Asunción, Ade MO r zo de 202 l-¡ .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos a devolución de aporte jubilatorio, con re ció al Sr. HUMBERTO OJEDA FRANCO, llo d Cesar M. DresclJun J::nístro CSJ. Ante mí: Ministro. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro