Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, io el i uiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
El Sr. ALEJANDRO JESUS CABALL.:ERO ROMAN promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA'CAJA DE ,JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLE.A:DOS BANCARIOS DEL P¡ARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47 '. : osición atacada de iriconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devo ción sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados e se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja or la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su o serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a sol itar la volución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su abajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán n el presente caso, el Sr. ALEJANDRO JESUS CABALLERO ROMAN, ifü:tl? scalidad dex funcioario bancario peticiona Idecla A fin de esclarecer este punto, es i a examinar el artícul Gustavo E, Santander Dans Cesar M. Diesct'J:nghanns IV!inistro CSJ.
Ministro 1 El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de Ios aportes, a lqs afiliados de la Caja de Jubilacioes y Pensiones de. Empleados Bancarios.quienes hubieren lungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados 6 que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una aritigüedad mayor a diez.años y Aquíes importante resaltar gue nuestra' Carta Magna, en su art .. 95, legis,la sobre: la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabejadordependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la ;población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean-desviados desus fines especificos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
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Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a1 sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más especificarnente. el art. '11 otorga la 1 titularidad exclusiva .de los fondos y de rlas rentas, a los propios beneficiarios de la -C?Ja . .Reconociéndose, entonces, la propiedad en' favor de lo.afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en ¡el art. 109 , A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad .humana, así como otros valores, ,a saber, la libertad, la justicia y la igualdaya en. su preámbulo.. Así, ella establece-axiomas de un rico contenido ideolóqico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Co.nstitución Nacional proscribe la iqualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discrirriinaciones.
Seguidamente, elart. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en, el silencio enumerativo de' tal normativa, la extensión del: art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias' a fin : de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, -cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo:
El Sr. ALEJANDRO JESUS CABALLERO ROMAN, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEVE Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS aº'i?tcijt E. :, 1 1 E jus ICIA 1111 : 1 1 , i IIPROMov10A PoR Al.'.ELIANtp1:I !JEss ' 1 ' 11 CABALLERO RO MAN CI EL ART i ,4l'DE ll:.A ÑdAR1b i-: L P¼R bJAv. i 1-l.-11 1art ul Im . g adP,or medio a:esta a99Ion 1y.e mcontil1;q1'orahdap :t:á::i º :rr;y.stitr::JJt:ª/.lhuP111f t Ldisposició' conslderadq agratiª té, expresa; cuanto, sige: ;1corrwsp<pn¡tler,á la Jevot¡ 1 cfiín de.sus apprts J los,1 fpHbioh1rlosiqué cJenteh n une 1ahtibü,ea;d'stJerior a lbs d,lz ',fos:') que.'ho '!tengan iii¡'J'qhb !i1'ª jlwbilación, !'quI, fueser¡' pespedfd1 s,j rteja8os cesantes o que se retirenvol unta na mente de las entidades donde prestan serviac: La Ceje podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados p'or I parte fo los trabajadores a portantes a la Caja. En primer luqar, se establece' lá antigüedad mínima de diez años y1 en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o,. que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, " 'culo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los ha bit ntes e la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los bstácul s que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acc so a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la u /dad de portunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los , , En I relacionado al marco legal especifico, tenemos en la propia Ley atacada la el rnitaci n de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y e si es de Empleados Bancarios del Paraquay, expresada por medio de su Título Te ro "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º rim ra parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disp siciones de e t , son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
se tetaRau: ' .. La propiedad es el derecho de gozar ispo q!e una cosa sin mts timiieci nes que Iestablecidas' las :es .... " Caba llas, G. "D,nario Enciclopéd co de: Der cho Ce ar M. OiPsPW nghanns stavo E. Santander Dans Dr. Víctor ' Ministro Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-d).
En esta. inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales.aportesen beneficio de Ios empleados.de la institución, mal .porí contradecir: ss propias.directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad.de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado principia constitucional para proceder a u17 dEjspojo de nada menos que el total; de sus aportes en forma ileqltirna.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho PC?See sobre .los aportes realizados a la Caja, la. accionante reclama su devolución consideraridou.e.aquellos se ncuentraindebidamente en poderde otros.
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:. Del análisis.de las cuestiones suscitadas y.desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las oieooeiciones de esta Ley, son dexclusiva propiedad de los beneticierios de 1 la Caja", más. por otro lado- limita lo transcriptocon condicionamientos que, bajo peha de pérdida de esos derechos ecaso d,e incurnplirniento.establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a Ofuncionarios que ... "; todo ello sin .otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus d ispos i cio n es p rete nd e proteger. :..
En las condiciones apuntadas surgeevidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso 1 de la accidnante hayan sido desvinculados de la actividarí bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requetidos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de. ello, se erige indudablemente cmo un despojo, absolutamente ilegal ya que 'por el incur;nplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la' Caja, en abierta violación a.su propio marco normativo, procede ,a apropiarse ,de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del Sr. ALEJAt-JDRO JESUS CABALLERO ROMAN,, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... e garantiza la prooiedec: ptivede, cuycontenido y límites sern establecidos:por la Ley; afendindo a si: : Por lo precedentemente expuesto, en ,atención a las normas' legale,s qitday n concordancia con. yl pa.rece:del ¡Ministerio Público, considero que corresponde hcer lugar a la acción' y en c9necuencia declarar la inaplica,bilidad del 41 º de ila Ley Ni°256/200p "Que sustituye lasleyes Nº 73/91 y 1802/01 de.la Caja de Jubilaciones yPensiones de Empleados Bancarios:del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del Sr. ALEJANDRO JESUS CABALLERO ROMAN, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1.- El Sr. ALEJANDRO JESUS CABALLERO ROMAN, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando que se agravia contra lo establecido en la primera parte del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 en cuanto establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41 :- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las e1 ntidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a .la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco. Central del Paraguay." (Negritas' y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derf!cho a solicitar la devolución de1 aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado 'de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario ctualrnente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de crit rios ju)¡ídicos, objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en n estro si tema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; ',ta aracterí tica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano Jurisdiccional, quien p e e rever u criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito Es impo ante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas chas s bjetivos, v en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, a and ; en libertad ¡parp satisfacer. sus: necesidades e intereses cn la correspondiente ot lón o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación d spetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no . ace ), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la ti de la " . fn" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la p z soci con uio . Piro ósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación e debe ', la s cfefAftluen ia de figura . romanas contenidas e , ey las Doce Tablas crea a para reg lar G stavo E. Sant Ministro Cesar M. Diese ;Junghanns Ministro CSJ.
9.- -Asl, muchas ramas del .. Derecho han-defmido su alcance y 8:fectos, reqúlando la "prescripción", como un elemento creador de .. derechos que !permite adquirir I dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la. ley., De. esta manera, elsujeto pasivo de una relación urtdica .. no .se encontraría sometido 'eternamente a un vínculo jurídico que: ha permanecido i:nactuad9 10.- Al respecto, nuestra ley civil <¡Je fondo en su Artículo ¡657 dice: "La prescripcion extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley':.
Como producto vivo del derecho civil nace -la norma hoy impugnada, reuniendo los. dos requisitos queconfiguran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del I plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder -de actuación 11' -Como podemos apreciar, la norma, impugnada I contempla la "actividad" que 1 legisladqr requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto .en la ley". De lo contrario'. la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría :latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripciónj.jrenerando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de 1 Cajp, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto SU recursos financieros están dirigidos también a. brindar amparo a tos afiliados .ante sus necesidades durante. la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades. para lo cual es imprescindible conservar suliquidez. La doctrina .tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interea a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible, sostener que una .conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes oor parte del afiliado- sea considerada incontitucional.
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Amaya, J.A., Director.(2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos 8itRETEMA , 1 !IACCIÓN DE INCONSTITUClo'NALIDAD: ,g; -DE!- STICIA 1 :PROMOVIDA POR ALEJANDRO' JESUS .s LEY Nº 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS 14 .. ,,-Sobre tema ladoctrina leiipecializada Úene por aclaradó que' 1 Pór'.tódo lo w:.'lfY<pÍJé'tó , , e la jurispru6ehci'a Ua'fJoral h:a 'die. sestimedo 'en foi;,b re,t. braifa' '1¿sl planteo's de inc cionalidad specto 0 1¡ ias ¡(Jórmas qu;e establecen plaio;s de' 'pr;escripción, s, fi/ a I tiue dichos prrece'ptos -epósc1H en P,rincipios de orden públici;J, no' atebtando I ihtan/bif(dad de los rierJ'chos, .}I¡ q',¡: en' 6ras t}e un interés superior colectivo, priva de reclat,harlos a quien no los ejercitaieh el término prefijado(. .. )" 2 15.- Ó¡e tkl modo tenemos que, si rl ,ins'.titutb' es de 1 8istricto orden público y dinterés para la sociedad entera, Jtonces, su al:iba'?ióri se! encuentra amparada por lo que dispone' el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que unode los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés generI".---!.
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19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una anti edad superior a 10 años, rnantenié dose incólume lo demás en todos sus términos. ¡s mi v o.- on lo que s dio or ter inado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de q e certifi , quedando or ada la sentencia que inme amente sigue:
-- Ante mí: 1 1' Cesar M. Diesel -ustsvo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor tos Ojeda Ministro 2 M ddaloni, O.A.; Tula, D .. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.
Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- Sagés, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- Asunción, A7,, de de 202 L.¡.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos la devolución de aporte jubilatorio, con r . , n al Sr. ALEJANDRO JESUS CABA{.LER ROMAN, ello de conformidad a lo establ cido n el Art. 555 del C.P.C .L_ Gustavo t. Sant Ministro Ante mí: