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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 314/2024

12 de marzo de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SILVIA ADRIANA TORALES ALVAREZ C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01". N° 1009. AÑO 2022.----

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01

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"ACCIÓN DE coNSTITUCIONALIDAD 1JII PROMOVIDA POR SILVIA ADRIANA TORALES ALVAREZ C/ ART. 41º D~ LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES ACUERDO y SENTENCIA NÚMERO: ir~~tY":P:2 ea-f-orc.,,e . h-!...:.oJ::~lSb.l:,tePfla de Justicia, losExcmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, L DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS O.JEDA y GUSTAVO ENRIQUE SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se tráj6 al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCION DE INC0NSTITUCIONALIDAD PROMOVIp,A POR SILVIA ADRIANA TORALES ALVAREZ C/ ART. 41° DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ". Nº 1009. AÑO 2022", a fin de resolver la A'.cción de lnconstitucionalidad promovida por la Sra. SILVIA ADRIANA TORALES AL V AREZ.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema d~ Justicia, Sala Constitucional, CUESTION: ! ! !

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.---.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta la Sra. SILVIA ADRIANA TORALES AL V AREZ, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en virtud de los Arts. 46, 109 de la Constitución Nacional.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.-Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes se ' aplicados a la amortización o cancelación de nte justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para ge principios y normas establecidos en la Carta Magna.

fi de e!arecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo ' afo .

r otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja nes de Empleados hubieren fungido la calidad de esados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos tequ d mayor a diez años y, b) que no tengan de~echo a la jubilaci' resaltar que nuestra Constitu i' acional, en su art. 95, leg n espectro obligatorio e inte el trab~jador dependient Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Gustavo E. S tv~~nistro 1 .. .///... y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de 1 pobla ión. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desv ados d sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance d, e, este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tie e por eto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art.

11 otor a la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios benefici ios d la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuantolos años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en dere hos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar 1 la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Ma a recoqoce la dignidad humana, así com9 otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igual ad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social sirve de directriz al fundamento lajustificación de todo el plexo normativo; y, por ende, toda y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependien s unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.

En tal sentidel 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sJs derec os; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminíión al na entre trabajadores. Aquí debe ~dmitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra esp cíficam nte contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De lo. derech garantías no enunciados-permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derec os tos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el P der Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 260-la responsabilidad de garantizar 1 efectiv dad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impug ada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación disc rdante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), ncionarios Públicos (art.

53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser con alidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citad s mand tos constitucionales.

:..: Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su inte idad, c el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus erechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo art. 4 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigUedad mínima de di z años proceder al retiro de los aport Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 41-prescribe un lapso de 3 añ s desde que se produjera tal salida otorgá tjdole una prescripción liberatoria del p,ago de dichos aporte . Entierdo que tal elusión no padece dun -art. 109-ni comprende una vu neració al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Ame icana s bre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, inte alizada por Ley 1/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce al ejerc cio de los derechos y las libertarle~ reconocidos en tal Convención deben proporcionar, auto zándol s si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés gene al y co el propósito para el cual han sW o establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este cont nido y sus , límites debemos recordar que: el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propie ad priv da, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser esta lecidos: por , ley. Debe advertirse aquí queigual halo comparte con la letra del art.

21 de tal Conve ción; c 'mo asimismo, el art. 46 De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad P ivada n es absoluto, admite limitacione !ª ser reconocidas por Ley en aras a. su función económi so ial. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdó Sagui r al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de 1~ C.N. -De la Segur"dad ,So ial­contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ... Enpr "'fner /u ar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... n segu do lugar, es social porqu.

e, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social e individ al, tiene una repercusión social ... ". En el contexto de una sociedad democrática .. ./// ... i1lii'. ;:ttram ,:~Tl:ClA /r -a. -~ onde se proclama la primacía del interés gen~ral sobre ~l interés particul~ -art. 128, z sm "'enderse que nu~str~ C_m:ta Magna, en esencia, g~ant1za e! goce y el disfrute de_la 0é ~r;,,'.)l r -to, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciodes Consti es, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo" ... cada r/i la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz ---..~-rrna, la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de u~principio ... ".

, El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su c:ontenido normativo y del análisis detallado del los términos de los mismos podemos encontrar la intencioilalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...

la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos ... ".

1 En conclusión, atento , a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº 681 de fecha 11 de abril de 2023 obtante en autos, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley-2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE A su tumo, EL Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: la Sra. SILVIA ADRIANA TORALES AL V AREZ, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 285 6/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede nosolo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts.

La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.

El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplic ' os la amortización o cancelación ccionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le etiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la e Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional.

De las as en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilacio'nes leados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que o funcionario de un Banco de plaza.

la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a 1 derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación ue se retiren voluntariamente.

elatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias esta ctos de acceder al retiro de los a que realizara durante Cesar M. Diesel Junghanns ! Ministro CSJ. Gustavo E. Santander Dans Ministro .. ./// ... gestión en una entidad. bancaria, extremo que señala como inconstitucional por onculc r lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, el cual expresa:

"Artículo 4 7° -.De las garantías de la igualdad.-El Estado garantizará a todos habit ntes de la República. 1 para el acceso al s fanci nes públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4°) la igualdad de oportun ·dádes n la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura'.

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones d Emple. dos Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimoni ", Capltulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 primera parte: "Los fondos ntas qzk se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propi dad de los beneficiarios de la En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry Rau: " .. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las stablec "das en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editor al Heli sta, Buenos Aires-República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusi a propif ad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradeci sus pro ias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de e ercer a uél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un desp o de ada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado 1 neas anliba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Cajd, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidame te en p Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mis as, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: " os fond rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiv propie'dad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condiciona ientos ue, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corre ponder' la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado el mi mo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio e Igual ad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, co o en el ¡'aso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en c nsecue cia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de el o, se e ige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de requistos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativ , proce dle a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particul r, del s1ñor Juan Carlos Vallejos Domínguez, circunstancia que también colisiona con la garantía co stitucijnal contenida en el artículo 109° de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ...

Se garantiza l pro pie ad privada, cuy.o contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su junció econo 1ca Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en c ncorda cia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la cc10n ' en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 °dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye as leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios delX aguay" en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolud 'n de ap rte jubilatorio de la Sra. SILVIA ADRIANA TORALES ALVAREZ, ello de conformidad al Art.

EMA. , TlCIA , a. SILVIÁ ADRIANA TORALES ALVAZ, promueve Acción de contra el Aticnlo 41 de la Ley Nº 2856/06 "Q[tE SUSTITUYE LAS LEYES Nº LA CAJA ÍJE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARlOS Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de -alega que se encuentran transgredidos los Artículos 16, 109 de la Constitución 91 t:u d nta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...)La ~~~ma atacada por esta acción LESIONA GRAVEMENTE NUESTROS DERECHOS DE IGUALDl!b Y PROPIEDAD -por ello estamos debidamente legitimados para su ejercicio-en razón de «4e los aportes pretenden ser despojados(...)".

3.-,El Artículo 41 de la 1 El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" 4.-En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la normJ ¡atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarioscon una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los ?erechos relacionados a la d~volución de aportes en el sector público en general.

Al respecto, la Ley Nó 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3°, 9º Y JO DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en. su Artículo 1° dice: "Art. 9°.-( ... ) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para a<:ceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO FUNCJON PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90%Jnoventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al ConsuMidor (IPC) del Banco Central del Paraguay."

6.-Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcipnarios bancarios, que no han cumplido los años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo blemente en ;una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente qu la me ida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la !gualda de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad ¡, .-cu nto a lo ispuesto en el último párrafo de la norma impugflada: "El derecho a solicitar la devol ció de apo tes prescribirá después de tres años del retir J" del afiliado de su trabajo", ende do ue no e inconstitucional. Si bien en un principio he sosténido lo contrario, actualmente opinión en este punto, considerando la existencia ae criterios jurídicos objetivos que otiv n nuevo razonamiento. Es dable resaltar , que, etj; ,nuestro sistema jurídico la uris rude ia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta: característica permite mayor ili la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede re-Ver un criterio anterior, siempre ' para ello.

ar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las p , el poder de exigir el cumplimiento de la norma, ac ades e intereses con 1 dtección o tut albedrí rlb ya sea de fo Ministro CS.L . r: Sant nder Dans: Gustavo c.. 1 Ministro 1 O. da r. Víctor Ríos ,1e 1 NhnlS l, .. ./// ... (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimi ado el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legisládor como ilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciu adanes Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce T blas cr ada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.-Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "pr scripci n", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de c sas aj nas (prescripción adquisitiva o 11sucapión) o bien como un medio de liberarse de carg u obligación (prescripción extin~iva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o r clama ión durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el s ~eto pa. ivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurí ico qu ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.-Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción produce por la inacción del¡ titular del derecho durante el tiempo establecido por la ey ". C mo producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos re uisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente xigido la inactividad o silencio del t'itular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, s afili dos activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) asados tres años (factor tiempo) perderán poder de su derecho toda virtualid djuríd ca.

11.-Como podemos aprecifir, la norma impugnada contempla la "actividad" que l legisl dor requiere, la cual implica que e, "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado po quien t ene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la C a banaaria de devolver los aportes a los: afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el iempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nun a recia los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes s encuen an en una situación de mayor vulnerabilidad.

La Caja Bancaria es una entidad previsional, or tant sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus ecesid des durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar a dichas necesidades, pa a lo cu 1 es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incl so, recu sos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero ja ás una diferencia en perjuicio de este sector( ... )1". Es precisamente esto lo que justifica la rescrip ión extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superi colect de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tien n todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto con adictor La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la propos1c10 impugnada.

Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las recia que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el corr cto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional 13.-Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislad r, quie se encuentra obligado por manda~o constitucional a establecer ciertos límites que resguarde el bien star general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y esta Ieee c 'les derechos deben ser ejercidos1 en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que ompo a el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto. encuentra su respal o últi soberan.o en lo que dispone e(Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razonesjurídic s que h gan posible sostener que una corlclusión qomo la arribada -prescriptibilidad del derecho solicit la devolución de aportes por pae del afiliado-sea considerada inconstitucional.

., 14.-Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuest es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma refterada los planteas de inconsti cional dad respecto de las normas que I establecen plazos de pres'cripción, s~ñalando que dich reposan en principios de orde,n público, no afectando la intangibiliqad .. .//1 ...

-1 Am--ay-a,-J-.A-.,-D-ir_e_ct-or-. (-2-01_8_)_-T-ra-ta-do....,-de-control de constitucionalidad y convencionalidadj Tomo 4. Derechos y Garan ias. Buen s Aires, Argentina. Astrea. .. CORT'J SUPRliMA. r~, :USTICIA JI/.los chas, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a , 15:m .... enemas que si el instituto es de estricto orden públit~ y de interés para la sociedad le1'f, ent su aplicación s~ encuentra amparada por lo que dispohe el Art. 128 de la CN, cuando "En ningún caso el interés de los particulares primará ,sobre el interés general". Si ue ni siquiera otras normas imperar sobre ésta, más aún cuando se 16.-~o~o se podrá notar, el ~stituto que vamos a aplicar cuen~a cof 1 correspondiente r~sguar~o constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye eljl la norma de mayor Jerarqma dentro de nuestro ordenamiento normativo.

J; 17 .-De cualquier modo, la do'ctrina especializada en materia constitdciónal hace referencia a que "( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripciók, por lo que no constituyen derechos sine die .)" 18.-La medida impugnada responde a un interés social, por lo que, no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19 .-De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamentb aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte q blece como condición para la devolución de los. rp el requisito de contar con una antig edad s erior años, manteni~ndose incólume lo todos sus té inos. Es mi voto.

qu '-'lH.7"1JJ rmand do1por ante mí, de q Dr. Víctor Ríos Ojeda avón Mart etario ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: ~ {4 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeldoPerrot. Buenos Aires, Argentina. HACER LUGAR pa~cialmente a la Acción de Inconstitucionalidad prom vida y, en conse.cuencia, declarar la inapJicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 28,56/2006 "Que susti ye las 1 yes Nº 73/91 y 1802/01 de la CaJi de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paragu y", ' en la parte que condiciona a1 1u.na an.tigüedad superior a diez años a los efectos de la e Ju ión de aporte jubilatorio, con ¡r,~lación a la se~ SILVIA ADRIANA TORALES AL '.A.RE de conformid lecido en el Art.

trar I: Cesar M, Dié5eil Ju Ministró CSJ,