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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 290/2024

7 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CAMILA BELÉN MONZÓN FLORENTIN C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 ,QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 76/91 Y 1802/01, NOTA RAP N° 1562/2021 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021" N° 1368.AÑO 2021.--

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 ,QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 76/91 Y 1802/01, NOTA RAP N° 1562/2021 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021

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@§ffi.ACCIÓN DE INCONSTITITCIONALIDAI) PROMOVIDA POR CAMILA BELÉN MONZÓN FLORENTIN C/ ART. 4IO DE LA LEY NO SUSTITUYE LAS LEYES No FECHA 1r DE MARzo DE 2021'! No 136g.,q.ño WflP , del año dos miludad de Asunción, Capital dela Reoública del días, , estando en la Sala de Acuerdos de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, VO ENRIQUE SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CAMILA BELÉN MONZÓN FLORENTIN C/ ART. 4IO DE LA LEy No 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 76191 Y 1802101, NOTA RAP No1562/2021 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la señora Camila Belén Monzón Florentín.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTA¡IDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, ÚOS OJEDA.--

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS diJO: LA

señora Camila Belén Monzón Florentín, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY,, y Ia Nota RAP N" 156212021dictada en fecha 1 I de marzo de 2021, en razón de ser contarios a los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución de la República.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá lo devolución de sus oportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, deiados cesantes o que se por lade las entidades donde preston servicio. La Caja podrá optar del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o obligación" justificael pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida 1o cual infringe principios ynonnas establecidos en la Carta Magna.

fin de esclarecer este punto, eS importante examinar el artículo parrafos de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren cesados o retirados voluntariamente, limitiíndolo con mayor adiezaños y, b)de ii. f,i:asel Junghanns M¡r¡li:ic :tJ'Gustavo E, Santander Danso r¡f''tnt con unaFbg'S¡ct Cesar MinistroDr.ala Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art" 95, legisla sobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja., en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, ta limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta u.na meffna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad. la justicia y la igualáad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido icleológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, po. ená", todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.

En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no entmciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida din¡ímica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 -la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágiafo de la nolma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (árt. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. ,) de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta M¿íxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de lapersona en su digrridad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de laigualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resultaasí necesario prescindir la aplicación del primer prínafo del Art. 4l de laLey 2856106 al casoconcreto,en laparte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de losaportes jubilatorios. Nótese que el último prírrafo de talnormativa - Art. 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgrindole unaprescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de untinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos,más conocida bajo el nombre de pacto José de Costa Rica, internalizadaporLey1/89, nos ayuda a la dilucidación del marcoque las restricciones al goce y al ejercicio delos derechos y las libertades reconocidos en talConvención deben proporcionar, autorizándolassi ellas hubieren sido establecidaspor leyes que se dictaren por r¿Lzones de interés general y con elpropósitopara el cual han sido establecidas. Ahorabien, a fin de esclarecer este contenidoy sus límites debemos recordarque el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedadprivada, subordinando éstos a sufunción económica y social con la exigencia que deban ser establecidospor ley. Debeadvertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 2l de talConvención;como asimismo, el Art. 46yacitado lo hace con su par, Art. 24 del mismo pacto.

De los claros términos citados, es dable advertirque el derecho a la propiedad privada es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidaspor Ley en aras a su función económica social. Complementando la idea expuesta, es dableapuntar que el constituyente MiguelAbdón SupRrue o,IusTtctR¿,ccróx DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PRoMowDA poR cAMILA nnI,ÉN vroNzóN FLORENTIN C/ ART. 4IO DE LA LEY NO SUSTITUYE LAS LEYES No FECHA 11 DE MARzo Dgzuzt No 136g.,q,ño t§ll^-lilr Ialde sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución laSocial - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un ... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir seguridad social es individual, tiene una repercusión social. .." . En el contexto de una sociedad democrática- art.1 - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra CartaMagna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.

Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo o'...cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio...". El mismo autor, ob. cit., p. 20lI relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia signihcativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que "...1a interpretación de uno disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 qüe articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial hjado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si 1o son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del paficular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesta legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen c¿¡rgas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una mefina en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajaportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujdel ejercicio del derecho , la recurrente ha impugnado la Nota RAP No 156212021dictada en fecha 11 deI por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución afiliada por aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá correr la el Art. 41 de la Ley N" 2856/2006 precedentemente analizado.

usión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 684 de11 de 3 obrante a fs. 15117, conesponde hacer lugar parcialmente a lade promovida prescindiendo la aplicación del primer prírrafo del41la "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73t91 y IJAY",PENSIONES DE EMPLEADOS BANOS DEL Gustavo E. S Cesar M. DieselJungbannsde cabe lllinistrc CSJ'una antigüedad MinistroDans rdeEI aportes jubilatorios y, consecuentemente la Nota RAP No 156212021dictada en fecha l1 de matzo de202l, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación a la accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.

A LA CUESTIÓN PLAIITEADA EL MINISTRO CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, DIJO: La señora Camila Belén Monzón Florentín, por tlerecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/9t y t802t0t DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY contra la Nota RAP No 15622021 dictada en fecha 1 1 de marzo de 202I , dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.-- Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Funda la presente acción en los principios consagrados enlos anículos 46" 47 y 109 de la Constitución Nacional.

Examinada la norma atacada de inconstifucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derechomínima de diez años y, en a la.lubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala corno inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los c,rules expresan: "Artículo 46o De la igualdad de las personos: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. .El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofoc.tores discriminatorios s ino igualitorios"

"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a lasfunciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la porticipación de los beneJicios de la naturaleza, de los bienes matu'iales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados ala Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recur,sos'', artículo llo, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las di:;trtosiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédic:o de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- Repúblico Argentino, 2001. Tomo vl p-e).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en fbrma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados alaCaja,la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta iry, toi d, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CAMILA BELÉN MONZÓN FLORENTIN C/ ART. 4IO DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No FECHA 1I DE MARZO DE 2021' NO 1368.

de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que...; todo ello sin que la misma aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, la señora Camila Belén Monzón Florentín, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: ",Se garantizo la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla Finalmente en cuanto a la Nota RAP N" t56212021 dictada en fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, acta No l2 de fecha 14 de marzo de 2017 , por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y visto el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora Carnila Belén Monzón Florentín, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor RÍOS OJEDA dijo:

l.- La señora Camila Belén Monzón Florentín, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota RAP No 156212021dictada enmarzo de 2021. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que de ex fuircionario bancario.

EIalega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109. de la su acción manifestando, entre otras cosas,qtte "surge como evidente de lgualdad ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia y al mío enforma particular(...) ". Continúa diciendo qrre " (...) se erige como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimienÍo de los iados símple y llanamente lo Caja, en abierta víolación a su a apropiarse de la totalidad de los aportes iubilatorios de 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Cesar MGustavo E.Santander Dans Dr. Vlctor Rlos Oieda lJllnistrc CSJ MinistroLa Mini¡tro por la aplicación del citodo monto a la amortización o cancelación tle su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar ia devolución de aoortes Prescribirá desoués de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. totro q*t *ts*o tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán ,plltrd", , la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norm a atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad supel'ior a 10 años poairin acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan dereóhc, a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente-, lo cual producá una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general. 5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 "Q(IE MODIFICA Los ARTIC'1LOS 3", go y LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FTSCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Atículo 1o dice: "Art. 9o.- 6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto" §egritas y subrayado son míos).

que el mandato dispuesto en el primerprá:rafo de la normativa impugnada peca deinconstitucional,al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, dedisponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en unatotal desigualdad ante luncionarios del Estado en general. Es evidente que la medidacuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 " De la lgualdad delas Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" denuestra Ley Suprema.

7.- Encuanto a lo dispuesto en elúltimo prírrafo de la norma impugnada: ''El derecho a solicitar la devolución de aportesprescribirá despuésde tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Sibien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión eneste punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico lajurisprudencia no tiene carácter determinante ni vincu.lant.; "riu r*ucterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional. quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, permito exponer lo siguiente:8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación rle respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacir), por enconirarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" cread¿i por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia der pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permiie adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo. -- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "i,a preicripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo ,eiablecido por la ley".( ...)

iubilación, aun apelando a LA ACUMITLACIÓN DELlos derechos que le otorga laLey N" 3856/09 "QUE ESTABLECE TIEMPO DE SERVIAOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓNPARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00'DE LA FUNCIÓNPUBLICA ACCIÓN DE TNCONSTITT]CIOT§{ALIDAD PRONIOVIDA POR CAMILA BELEN MONZÓN FLORENTIN C/ ART. 4Y DE LA LEY SUSTITUYE LAS LEYE§ No FECHA 1I DE MARZO DE 2021-» NO 1368. vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso delplazo y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamardurante dicho los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad j urídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello oodurante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos f,rnancieros están dirigidos también a brindar ampato a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos paralatutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...).Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el o'interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garartizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa ala sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, r¿Lzones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la alribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando lo intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...).

15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qrte "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés generol". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún coso".impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclarnaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que gararúiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a qrae " (...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la presc:ripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías). 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el enten,rlimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota RAP No 156212021 dictada en fecha I I de marzo de 2021, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 4l de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre, La misma suerte que el art.4l de la Ley N'2856/2006, precedentemente estudiado.

20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aq,¡1 sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitr¡r:ionalidad promovida; y en consecuencia,declarar respecto de la accionante la inaplicabilidal del Artículo 41 de la Ley No 2856106,exclusivamente en laestoblececomo condición para la devolución superior a )0 años, manteniéndosede los aportes el requisito de contar incólume L: demás en todos susRAP No 156212021 ;lictada en fecha 1l de tftarzo de 2021. ES MI ConSCfirmando SS.EE.. tod,; por certifico, Cesar ñll. Diesel E. Santander Dans MinistroAnte míMicsJ.

Gustavoque D¡. Vlcnr Ríos Oieda YNÚMERO: 7QO VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionralidad promovida consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41" de la Ley N" 285612006 "Que leyes No 7319t y Paraguay", en la de la devolución1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los de aporte jubilatorio, así comolaNota RAP N" L56Zt2A2l Pensiones de Emplearlos defecha el1 1 de marzo de 2011por la Caja de con relación alseñora Carnila Belén Art. 555 del C.P.C registrar y ieselJde conformid¿rd a lo E, Santander Dans Ministro 1 liil ffiffi'ri4= Ante mí: Gesar M tro CSJ Dn /ícror B íns Oiedai q<Oa