@ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAT) PROMOVIDA POR EMMA DAIANA MAI{SILLIL ESCI'RRA CI ART. 4L" DE LA LEY NO 2es6l2oo6 QrrE susrrrrrYE LAs LEY-ES AcuERDo y 1 o^co udad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, del año dos mil en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Jusücia, los Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANITEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR ÚOS OJEDA Y GUSTAVO SAr{TATVDTR DANS, baj,1 la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario aulorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCfÓf op INCOI{STITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR EMMA DATANA MANSILLA ESCIIRRA C/ ART. 41" DE LA LEY N" 2856/20o,6 QUE SUSTITIIYE LAS LEYES 73191 Y L8O?|?OOL, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promoüda por Emma Daiana Mansiltra Escurra por derecho propio y bajo patrocinio de Abogados Preüo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jusücia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIESEL JUNGIIAIINS y VICTOR nÍos oJEDA.-- PLANTE,ADA EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTAI{DETT DANSpresenta la Sra. Emma Daiana Mansilla Escurra a promover acción contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 "QUE SUSTITUYE 73lgtY L.8O2101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES y PENSIONES BANCARIOS DEL PARAGUAY posición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4L la deuolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una a los diez años g que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen dejados cesantes o clue se retiren uoluntariamente de las La Caja podrá" optar por la aplicación del citado o cancelación de suNo serdn susceptibles deA Cesar Ni. Diesel Junghanns Ministro CSJ.Gustavo E, Sa Min,nhnder Dans rlstroorRnto Abg.Julio Dr.la aportes patronales. El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo que el mismo tenga d"eud"a con la Caja, en qtAo caso los aportes serdn aplícados a la amortb:ación o cancelación d.e su obligación La accionante solicita la declaración de inconstituLcionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los aliliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los fun,cionarios bancarios que cuenten con una anügüedad superior a diez años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.
El primer parágrafo de la norrna impugnada otorga el ,lerecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y J?ensiones de Empleados Bancarios qu'.ienes hubieren fungido la calidad de funcionari«rs despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magn,a, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, acla¡ando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, elart. 11 otorga la titularidad exclusiva de l<ls fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una menna inviolable en sus derech.os dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.
r A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valoresi, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulaciones CIAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMMA DAIANA MAI{SILLA ESCI'RRA CI ART. 4L" DE LA LEY NO QI'E SUSTITTIYE LAS LEYES se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, imprescindibles para comprender su profundo espÍritu En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, Do admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admiürse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinárnica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Púbtco -art. 3 en concordancia con los a¡ts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la L,ey 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.9 de la I*y 23a51. Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una cla¡a transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez a-ños para sión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con erl Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declara¡ la inaplicabilidad del del art. 4L de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se antigüedad mÍnima de díez años para proceder al retiro de los aportes de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
TI,RI{O, EL MINIS?RO DR. CESAR DIESEL JIrNc la Acción de Inconsütu Gustavo E. Santander Dans Ministroc Cesar fi:. §:"c.t Jungba¡nS Mini¡tre CSJ'contra el Dr.41 deLa 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/9t y JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.
Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la caja la devolución cle sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la anügüedad preüs;ta en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47 ,86,95 y 109 de la Consütución Nacional Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesarrtes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como 1o ha relatado la actora, la misma n.o reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46'y 47' de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. iVo se admiten discriminaciones. LCI Estado remouerá. Ios obstdanlos e impedird los factores ctue las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigrualdades injustas no serdn consideradas como factores discriminatorio s sino igualitarios" - - - - "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará. a todos los habitantes de la República: 1) la igaaldad para el acceso a la justicia, a ango efecto allanard los obstá.anlos qte la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a la.s funciones piblicas no elecüuas, sin. má.s requisitos Ete la idoneidad, A 4") la igualdad de oporfiinidades en la participación de los beneficios de la nahtraleza, de los bienes materiales g de la atltura".-- En 1o relacionado al marco legal específico, tenemos err el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la Formación de Reanrsos" , artículo 11', primera parte: "Los fondos g rentas que se obtengan de anformi.dad con Ias disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los benefictarios de la R,TE ACCIÓN DI INCOITSTITUCIOI{ALIDAD PROMOVIDA POR EMMA DAIANA MAITSILLA E§}CURRA CI ART. 4L" DE LA LEY NO 2e5,6l2OO6 QUE SUSTITTryE LAS LTYES , cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecho de go%ff A disponer deuna cosa sín mas limitaciones en las leges..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Editorial Helia.sta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias direcüvas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vul¡rerando así el mentado principio consütucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderd" la deuolución de sus aportes a los funcionarios qte...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.- decondiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco , procede a apropiarse de la totalidad de los aportes ju , en el caso particular, de la señora tmma Daiana que también colisiona con la garantia constitucional 109"nuestra Ley: "Se garantiza Gustavo E' MCesar .í. l,'::"1 Junghanns Ministro CSJ.inistroDr,SUSE,; priuada, ango contenido g límites serdn establecidos por la Leg,, atendiendo a sufunción 1.- A SU TITRNO, EL MIIIISTRO DR. VICTOR RÍOS OJEDA, diJo: La accionante Sra. Emma Daiana Mansilla Escurr¿r promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley II" 2856/06 "QUE SUSTITWB LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JT]BILACIOJVES Y PENSIONES DE DMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".PaTa el efecto, ac:ompaña debidamente Ia instrumental que acredita la calidad de ex funcionaria bancaria 2.- La accionante alega que se encuentran transgreditlos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qtee "(...) siendo los apories al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus üfitlares 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugnrido dice: "Artículo 41.- Cotresoonderá. la deaoluclón de susa los funcionarios aue cttenten con unq. antloüedad superior a los dlez q¿tios a que no lubilaclón. que ftiesen desgedldos. deia.dos cesantes o que se ,r.tirvln ooluntanlamcnte de las enüdades donde orestan serulcis. La Caja podrd. optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelacíón de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales. Dl derecho a soltcltar la deuoluclón de portes presc¡lbltu. después de tres años de su trabaio, saluo gte el mismo tenga deuda con la Ca.ia, en anAo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primt:r párrafo de la nonna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retiraseneconómica y social, afin de tncerla accesible para todos...'.--.--.
Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio hiblico, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Ley N'285612006 "Que sustihtge las leges N" 73/91 g 1802/01 de la Caja de Jubilaciones g Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una anügüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Emma Daiana Mansilla Escurra, ello de conformidad a 1o establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.
'llRTE tAACCIÓN DE INCONSTITUCIOT{ALIDAI) PROMOVIDA POR EMMA DAIANA MANSILLA ESCITRRA Cl ART. 41" DE LA LEY No 285,612006 QI'E SUSTITIIYE LAS LETES te, 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector público en general.
.- Al respecto, la Ley N" 4252lLO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 7O DE LA LEY N" 2.345/ 03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.
SISTEMA DE JUBILACIOIVES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o üce: "Ar7. 9".- (...) Aouéllos que se ,.eltlren de la fitnclón pública sin reunir los tequlsltos oara acceder auna fubllaclón. aun apelando a los derechos Ete le otorga establece la aanmulación del tiempo de seruicios en las cajas del sistema de jubilación y pensión paraguaAo, g deroga el Articulo 107 de la Ley n" 1626/ 00 'de la Función hiblica", podrán sollcltar La. deaoluclón del9O%" (nouentgpor clento) de sus aportes reqllzados, ajusta.dos por la varlación del Indlce de Pt.e,clos ol Consumldor (I?CI del Banco Centra,l del Paraauaa.' (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconsütucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es eüdente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de lo"s Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y LO9 "De la Propiedad Priuada" de nuestraLey Suprema.
7.- En cuanto a 1o dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro delsu trabajo", entiendo que no es lnconstitucional. Si bien en un lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un to. Es dable resaltar eüe, en nuestro sistema jurídico la no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito - Es importante destacar que todo ordenamiento jurÍdico derechos subjeüvos, y eD tal sentido, el poder de exigir el en libertad paraSUSnecesidades elas ar íii. D'"s^l J Gustavo E. Santander DansSCS Cesnghanns MinistroIa corespondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sqfeta al llbre albedrío, sino a la obllgación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada pcrr el Legislador como pilar fundamentaL del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definidri su alcance y efectos, regulando la rprescripción', como un elemento creador d.e derechos que permlte adquirlr el dominio de cosas aJenas (prescripción adquisrtiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción exüntiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o recl,amación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señal,adas en la ley. De esta rnanera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido etern¿rmc:nte a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiua se produce por la inacción del titular del tlerecho durante el tíempo establecido por la leg". Como producto üvo del derecho «,:ivil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente e:dgido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Asi, los afiliados activos de la Cqia bancaria que no reclamen la devolución de sus aport.es (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada «::ontempla la "actividad" que el legislador requiere, 1a cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De 1o contrario la obligación de la C4ja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiria latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los «:pe se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidaS.e§, para 1o cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe., extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidail en favor de esa franjaV I"AACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMMA DAIANA MANSILLA E§CURRA Cl ART. 4t" DE LA LEY No 285,612006 QUE SUSTITIryE LAS LEYES vulnerable "(. ..) pero jamó.s una diferencia en perjuicio de este sector te esto lo que justifica la prescripción extinüva prevista en la pugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad sociai que tienen concepto contradictorio al interés particular.
L2.- La abundancia del "interés general" en la noñna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podrÍa originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, 1o que evidentemente alterarÍa el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza eI correcto funcionamiento de l,e Caja. Criterio que comulga con eI mandato constitucional (Art. 128 C.N.) 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras noñnas gatarúizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuales derechos deben ser ejercidos en tiempoDe todos modos, el interés general que comporta el instituto de el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez alit que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de ia CN. No encuentro, jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la ptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte sea considerada inconstitucional.
Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Par noesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada señalando que dichos preceptos reposan en principios de la intangibilidad de los derechos, A que, en aras de un de reclamarlos a qtien'ejercita en el tértnino IJanns Gustavo E, Sar Ojeda lfinirtro CSJ.
Amaya, J.A., Director. (201 Derechos y Garantías. Buenos Aires,Ministro ,- . -c^onstituéióñbTi¿lüd y¿ffi *tQlplidad. Tomo 4. Argentina. Astrea. Pág. 60.- ' 'i,r')ir" 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.-Víctor R todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como de'inmnstifricioaalidad. respecto de las no,rnns qlue inffiS para la " ;r'brI.ue d*¡ponetal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por el Art. 128 de la cN, cuando menciona que "En ningútn caso el interés de los particulares primará. sobre el interés general". Si nor; ub:rcamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otrias normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se uttliza el conector prohibitivo "en ningún casa" 16.- Como se podrá notar, el instituto que v€unos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformicl¿rd al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro dc: nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, tambiéin dijo la Corfe que la itrenunclabilidad de los beneJicios proplos de la ,segurl.d.ad. social no esincompatible con el instltttto de la ptescripción, por ',lo que no constitugen derechos sine die 1.../'3 (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un inte,résr social, por 1o que no podríamos caliñcarla de desmedida, arbitraria o infundada. l:Dl.la no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado dt,:be ser el resguardo del "interés general".-- 19.- De esta manera, teniendo en consideración tc,iio el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde ho'cer lugar parctalmrlnt:,e a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, dc,c:larar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 4L de la Ley N" 28li6l0,6, exclusloamcnte Patfe que establece como condición para la depolt:tción de los aporües el requlsito de contar con una antigüedad superior a 70 años,manteniéndose incólume 1o demás en todosEs mi voto.
el acto, firmando S.S:i.8.E., 1ainmediatamen Gustavo MinistroDr.l'; Gcearü; rffi 1ffií, sigue: @ffiACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMMA DAIAI{A MAI{SILLA ESCT'RRA CI ART. 4L" DE LA LEY NO Qrrt SUSTTTTTYE r"AS LEY-ES 7gl9L y tao2l2oo1 ACTTERDO y Asunción, de r^or s del Acuerdo que anteceden, la.
CORTE SI'PRTMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente ala acción de inconstitucionalidad promovida y, consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 o sustituye las leyes N" 73/91y I8O2/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que conüciona a una antigüedad superior a diez años a relación a la accionante Cesar M. D Ante mí:¡,1inestablecidoart. 555 del íesel Jla devolución del aporte jubilatorio, con MANSILLA ESCURRA, de conformidad a 1o sal Civil.-- Gustavo E, Santander Dans tvlinistro VAlos Pavón tb2istrc CSJ.
Abg.Pavón Martínez.4Y. Ríos