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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 297/2024

7 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD POR TAMARA GIANNINA ALVAREZ NOGUERA C/ ART. 41 DE LA LEY No 2856/06 PARCIALMENTE MODIF. POR LA LEY No 4773/12".- No 1174. AÑO 2022.

Antecedente ART. 41 DE LA LEY No 2856/06 PARCIALMENTE MODIF. POR LA LEY No 4773/12

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ACCIONaa INCONSTITUCIONALIDAD POR TAMARA GIANNINA UERA C/ ART. 41O DE LA LEY No2AREZ 856/06MODIF. POR LA CIA NÚMERO)xl,au^Jq nove^JoDt-STICPRO Y SENTEN l$, rek deCapital de , del año dos Cortede Justicia,los Excmos. Señores Ministros de la Sala Doctores,DJUNGHANNS, VÍCTON NÍOS LANO 2856/06 PARCIALMENTE MODIF. POR LA LEY No 4773t12'.- No 1174; AÑO 2022,a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la señora Tamara Giannina AVarez Noguera, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada 'Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar e.l orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor CÉS¿.n DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Tamara Giannina AluarerNoguera, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de laLey 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73i9I Y I8O2iO1 ..DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA S.G.NOT. N" 33712019 de fecha I I de abril de 2019, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.

Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad los46" 47" y 137" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo l'09o del mismo cuerpo legal. considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Coruesponderá la aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior o los tengan derecho a la jubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.

susceptibles de devolución los aportes patronales. derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja,caso aplicados o la amortización o cancelación de su obligación la accionante que los requisitos establécidos por la acceder al retiro de susI la República del Paraguay, a los si¿R días, mil v¿inl:c-uaYro , estando en la Sala de quevulnera los de maneraPropiedad Privada y Cesar M. D¡e§'el du4ghanns Mlnistro CSJ' Gustavo E, Santander DansDr. Yíctorel' y que ladiezo que optar MinistroOjeda'r ii,f a Lll i1 Ministro Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se v3rifica que la accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ce Bancos y Afines por los sérvicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como lirncionario de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente. Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la nonna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aport,3s que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala corno inconst.itucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cui,tl expresa:

"Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. I") la igualdad para el acceso a la justicict:, ct cttyo efecto allanará los obstáaulos que la impidiesen; 2e) la igualdad ante las leyes; -it") la igualdad para el acceso a las funciones públicos no electivas, sin más requisitos qutt la idoneidad, y 4') lo igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios ai'e la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por tneclio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo l1o primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con la's disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica deñnición de l'ropiedad de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cos'q sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enr.:iclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 200l,Iomo VI'P-Q). En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría óontradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes t:n forma ilegítima. Así, u.orá. al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribur.:iones que por derecho posee sobre loi aportes realizados a la Caja, la accionante rt:clama su devolución considerando que aquellos Se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecti','a constitucional de las mismas, se constata una claraefr la Ley cuando,unar parte esta expresa que: "Los fondos y rentas queSCobtenganconformidad con lasi<:iones de esta Ley son de exclusiva propiedaddelosdela Caja",ptlr otro lado limita lo bajpenade pérdidaesos derechos en caso de opt)rtes a lqs fUncionarios SU iel Ja p1gpja*norma alla devolución de quq.,. " ; tgdg e-tlo. sin ot-romismo.aportantp inicio de sus disposiciones pretendeproteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además,alienta al Principio de I cs asociados bancarios Igualdad, ya que implica un trato claramentediscriminatorio que, como en el caso de Ia accionante hayansido desvinculadode la actividad bancaria Y que no cuenten en consecuencia con los añosrequeridos pararl la devolución de sus i iri,rrl¡lr iril;iiriir;i,:it' '}fr;i,il::ijfl; inconstitucional, esdestacar que la misma cumple lade notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través il ;ri l¡'l:u'l:r:J los aportes patronales.de su Dansr;1i,l¡t ,: lr il.1l.iil!' la¡nis Abg' CesatlOjeda;ii,iiii.]r;,, ll,¡, ittlit, :|i ri'.l-,iqiit,I lrt,;t 2.- Laaccionante alega quecontra el Articulo 4l d,e la Ley N' anosLAS ilde devolución d'rryuOsP-r,g nrestra Ley la figura de 14 "prescripción" creadat*,.

Ii,:e libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondi,ente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la ob,ligr¿r:ión de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse Ley de las DoceTablasrC)manas ila convidel pueblo ,¡lr{lÉ normastranscriptas que no consagrados en losArtículos de la lgualdad"Propiedad Privoda i:iii ,Ojli rliil quien tiene interés en ello de la Caja bancaria de devolver indefinidamente en el tiempo (sintiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación los aportes a los afiliados activos seguiría latente término de prescripción), generando un conflicto de social es a la seguridad reiterada Tomo 4. Derechos ylo 1', . ICesarOjedaratiI.

cuyo objetivoesresguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza entendidocomo el derechoa la seguridad social quetienen todos los afiliados a comoconcepto conciliatorio y no como conceptocontradictorio alintereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos f,rnancieros estrín dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)"'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, impugnada.Caja de un I 3.-Dota clima (Art.general" enla norma da validez a la proposición normativa social de afectación,de seguridad y estabilidad al patrimonio de incertidumbre que podría originarsepor la interposiciónalejando a la tardía de las TratadoDe todosel interés público que misma. Este t'iñque devolución de Por; jlih':$r I rlj ,i, i. iiitl : norma irnprar sobre -m¡iq aun No 33fecha I I 'fei4gqfa :de la NOTA 20...De:sfs fr¡snera, teniendo en eonoiderapióa todesl ñ¡ndamento 4quí sostsnido, gpiqo qu,e,gesesponde hacer tugar ps¡cicWrrÍs a"la presen[q acciÓn de inconstitucionalida{ p,wmevida;. y en consscuencia, dgolarar respecto de la accionante la inaplic,abilidad del Artlculo 41 de la Ley N' 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos surs términos, y la NOTA S.G.NOT. N" 33712019 de fecha 11 de abril de20l9. ES MMTO.

A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: La seriiora Tamara Giannina Álvarez Noguera, por derecho propio y bajo patrocinio de abog,adzr, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONIIS Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la NOTA [].G,].IOT. N" 33712019 de fecha 11 de abril de 2079, en razónsera los Constitución de la República. atacada ,E{le,no #nu§,ffiti ddÍTát"jo.,4belcdoPenot. Buenos Aitts; Argcntina.

r trr .r, NDEiI INCONSTITUCIONALIDAD laque eltenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes seránSU de su obligación". rechazo efecto, loprincipios y norm¿rs establecidos en la esel artículo impugnado El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social d¿índole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no seriín desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos. Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una meúna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; Y, Pory cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para espíritu. el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.

alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos din¿imica. s que la constitución de un Estado social de derecho - art.3 en concordancia con los arts.247 y 260 - laende vidad de tales derechos. En tal, cabe impugnada supone unaue coloca aen r 2i. D¡üdetiJuGustavo E, Santander Dans Ministrocaso88 raportantesque el Cesa Itlttni¡iro cs[:n5Dr,l-, Ojedali trec€ r:iilr:fi'fi§DE LA ttb,r,*'irdh*i a la jubilación.

t¡tll¡l Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgrindole una prescripción libera:oria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscaLtorio comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, intemalizadapor Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos 1' las .tibertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubierrn sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósir.o para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus lír'nites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del ArL2l de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mislno Pacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reeonocidas:por Ley en aras ;l su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que c'l constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustenta¡ la promulgación del postulado del Art, 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo caracl.erísticas que inspiraron su legislación diciendo " ...8n primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablondo de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social p¡,,Qtt€t si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3" .

En el contexto de una sociedad democrática - art. I - donde se pr(lclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de l¿r seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recrrsos financieros un claro contenido o fin social Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las A¡ticulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluido la más concisa, como el fragmento de un espqio, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un piihcipio..;' El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, ()(.)n otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que "...1'a interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de tod¿t lo ,Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos..."citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.

9 de la .Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por est¿r Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados ma¡rda[os constitucionales. --- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus de¡echos en forma amplia e integral resulta así necesarioiprescindir la aplicación del prirner párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedadmínimadediezañosparaprocederalretirodelosaportes.jubilatorios.

.,r;gei Horacio {ntonio Pett¡!, Const¡tuc¡ón dJla Repúblicá del Paraguay, Clrncordada, Anotada y con Jurisprudenc.ia, Tomo-1 Parte oogmát¡ca, Ed. La Ley earaguaya.Ásünc¡óñ, paraS'uay, p.952. ' ' ' r'4g!G PREMA STICI.AU Así el Empleados de Banco y Afines, dejando relación a la accionante de conformidad se dio por Cesar M. D¡eseñungha Mih¡stro CSJ. Ante apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de integran la base del sueldo que son individuales y autónomos.

es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR TAMARA GIANNINA ALVAREZ NOGUERA C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 PARCIALMENTE MODIF. POR LA subsistente todo lo demás contenido en previsto en el Art. 555 del C.P.P.ml SS.EE., todo pormí, de nistroORTE mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de'vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona qüe será objeto de la restrioción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merna en el ejercicio de tal derecho.

Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho. Por último, la recurrente ha impugnado IaNOTA S.G.NOT. N" 33712019 de fecha l1 de abril de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes de la afiliada por aplicación de la'norna impggnada, por lo que deberá correr la misma suerte que el Art. 4l de la Ley N' 2856/2006 precedentemente analizado.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 1668 de fecha 25 de octubre de 2023 obrante a fs.20123, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTA S.G.NOT. N" 33712019 de fecha 1l de abril de 2019, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Dr.enOjedaDans Ministro Julb CI r ii ti;lt ;i't lii t:;' it. I iil'j fl ltil,iiri ACUERDO Y SENTENCIA XÚUNRCI: ?Tq+ .

Asunción, de ralar2? SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstituciorralidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones cle Empleados Bancarios del Paraguay",en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporteasí como IaNOTA IS.G.NOT. N" 33712019 de fecha I I de abril de 2019Caja de Jubilaciones yPensiones de Empleados de Banco y Afines, conseñora TAMARA GLA.NINNAVAREZ deen el Art. 555 del C.P C.

Cesarfúl. DieselJ Antülrt[tiflroCSJEDans MinistrADr.Ojeda SECfiE 1í''Rl*' JUDICIA'- tt v&rAJ 'uil'it ilfl l, ''Illalriili/i