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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 298/2024

7 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIANO C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73191 Y 1802/01, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY N° 4773/12. No. 461 AÑO 2022

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006

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..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIANO C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2E56I2OO6 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73191 Y 1802/01, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY NO ena' OTTAVIANO C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73191 Y 1802/01, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY No 4773t12,-'. No 461. .q.ÑO 2022, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIANO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, nÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIAtrYO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'.-- Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede los Arts. 6, 46, 47, 103 y 109 de Ia Constitución Nacional.-- Ladisposición consideradaagraviante expresa cuanto sigue: "Coruesponderá la sus aportes a los, funcionarios quecuenten con unaantigüedad superior a los diezno tengan derecho a lajubilación,que fuesen despedidos, dej ados cesantes voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá del citqdo monto a la amortización o cancelación de su obligación.

susceptibles de devolución los aportes patronales. a solicitar la devolución de oportes prescribirá después de tres años del de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Cajo, en cuyo caso seránaplicadosalaamortizaciónocancelacióndesuobligación el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los a la Propiedad Privada y deqho De las constancias deCaja de Jubilaciones y Cesar ni: Dtesc+,Iunghaont i, ,:','tllnl¡tro CSJ. r'Gustavo E, Santander Dansde Bancos ypor Ministro MinistroOjeda los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como llncionario de un Banco deplaza.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos clue ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de firnci.onarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente. Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una,entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa:

"Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. t") la igualdad para el acceso a la justicic)', a cuyo efecto allanará los.obstáculos que la impidiesen; 2e) la igualdad ante las leyes;.-ii") la iguaQadfqrgql accese a las fuiciones públicos tto e:lectivas, sin más requisitos qu,:1 t7 idoneidad, y t).la igualdad de oportunidades en la parttcipación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".

'--- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por meclio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11o primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de confurmidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneJiciarios de la Caia".

En este punto, cabe traer a colación la clasica definición de I'>ropiedad de Aubry y Rau: "...Ia propiedad es el derecho de gozar y disponer de una coisu sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enr::iclopédico de Derecho Úsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q. En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibitidad ejércer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus apof.es t,:n forma ilegítima. Así, u.o.á. al concepto traiuntado líneas arriba, en defensa de las atribu,':iones que por derecho posee sobre loi aportes realizados a la Caja, el accionante re«:lama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros' Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecti','a constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: ,,Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las dispos,itiones de esta Ley son de exclusiva propieiad de los beneficiarios de la Caja", más p,rr otro lado limita lo transcripto con cóndicionamientos que, bajo pena de pérdida de esc,s derechos en caso de incumpiimiento, establecen: "Coruesponderá la devolución de sus oportes a los funcionarios que...,i;todo ello sin otro perjudicaáo que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposicionespretende proteger.

En las condiciones apuntadas surgeevidente, además, una afienta al Principio de Igualdad, ya que imPlicaun trato claramente discriminatorio haciaI cs asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayansido desvinculados de la ar:lividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los añosrequeridospara acceder ir la devolución de sus aportes,amén de ello, se erige indudablemente como undespojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimientode los requisitos enunciados simpley llanam:nte la Caja, en abierta o¡tiil ON..ACCI DE INCONSTITUCIONALIDAD POR ALEJANDRO MANUEL AYALA C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856/2006OTT MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY NO marco nofrnativo,a apropiarse de la totalidad de los aportes asociados, en eldel señor ALEJANDRO MANUET colisiona con la garantía constitucionalO, circunstancia que sustituye las leyes N' 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIANO, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su tumo, EL Doctor RÍOS OJEDA dijo: y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".

Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. - - 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 6, 46, 47, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas , gva " (...) la omisión de devolver los aportes al accionodo estaría generando un indebido favor a la caja de jubilaciones y pensiones de empleados de bancos y afines, en razón que el dueño de los aportes sigue siendo en aportar... ".

3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 4l.- Corresponderd la devolución de sus aportes a los funcionario$ que cuenten con una sntigüedad suoerior a los diez afios v aue no tengan derecho a la iubilqsión, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a años del SUque el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serán la interpretación letrista del primer prínafo de la norma atacada, surge que funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrrín de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a lajubilación, fuesen dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes la Ley N" 4252110 "QUEMODIFICA LOS ARTICULOS 3",OYIODE REFORMA Y trecupero Jutlo Cesar i.i. Diesel Juffitnnf lr¡tlnt¡tre clil¡,E,ala MinistroCAJA Dr.Ojedari o cancelación de su obligación" (negntas y subrayados son DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", {rn su Artículo lo dice: "Art, 9".- (...) Aquéllos que se retiren de la funcién pública sin reunir los ,fryi§ilg§-p@.

a una iubilación, aun apelando,a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVIC:rci;] EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓ¡¡ Y PA¡,ISIÓ¡'I PARAGUAYO, Y DEROGA liL ARTICULO I 07 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", @:.:la ¿evolucióndel90% (noventa por cientd de sus aportes realizados, aiustados por la t::griación del Indice fu Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraeuav." (Negritas y subrayado son míos). 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato ,Cispuesto en el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al pri'var a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 arlos de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una lotal desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las I'ersonas",4'7 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de lanorma im¡rugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años a:el retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contr,ario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consirJr:rando la existencia de eriterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razona¡niento. Ers dable resaltar qu€,,en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta caraoterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente 8.- Es,importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce ;a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de,forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no tracer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "pres,c,ripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la c'c'nvivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alczurce y efectos, regulando la ttprescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bicn como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la accién o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha durante un periodo prolongado de tiempo.

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: 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657,lice: "La prescripción extintiya se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoiia: c'l transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a replamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no rect[¿rmen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualídad jurídica..1 cf0?OailuL REMA STI C IA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIANO C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73191 Y 1802/01, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY NO .- Comoil{ñ.q$í&ffiel]ir&#i vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos f,rnancieros estrin dirigidos,también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante laveje)o inválidez, nebe entonces actüar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)"'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que gararfiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.). 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y'soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, rÍLzones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afi liado- sea considerada inconstitucional. 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no SCla deintangibilidad de los derechos, yaras de un interés reclamarlos a quien no losino prefijado (.

15.-es de estricto orden público y de lo queel Dr.r Ríos Ojedo Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- 2Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenostal modo entera, Pág. 04.-Tulq D.J.ST del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina.Ministror lanormalaque el implicaelo en elunde SEen unadeel 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés tle I'os particulares primará sofire,el interés generol". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma poder4os concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constifucionales pueden imperar sobre ésta, mas cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.l37 de la CN, st': constituye en la noÍna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en e,l entendimiento de que uno de los frnes del Estado debe ser el resguardo del "interés gen,3ra)" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que coresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción ,:le inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos srus términos. ES MI voTo A su tumo, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El señor ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIANO, por derecho propio y ba.io promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el anículo 41 de la Ley N" 2856/06 SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA Dll JUBILACIONES Y contarios a los Arts. 6, 46, 47 , 103 y 109 de la Constitución de la Repriblica.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus oportes a los funcionarios que cuenten con uno antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes .patronoles. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años al'el retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

"- Que el accionante justifica el pedido de declaración de inc,rnstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nolmas establecidos en la A fin de esclarecer este punto, es importante examina¡ ,,:l artículo impugnado desglosándolo por prárrafos.

El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quien,es hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamerrte, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiezaños y, b) clue no tengan derecho I ,rl¡ri; od¡l la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unÍrs con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.

En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Cajsituación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. Tal situación no puede ser convalidada por esta M¿áxima Instancia sin gresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.

el último pánafo de tal normativa - Art. 4l- prescribe unde que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio el tema,vulneración al principio deArt.46 -. Ahondando 30 de laAmericana sobre E,9dela oscon elclara tanto, eto de(art.

ces",, :i, Dlesell'[r¡r]h1nsG,ustavs MinistroHumanos, más conocidael nom troOjedafI irll:t J'lú';I Ili: MANUEL LEYNo laser el alcanceesteCaja, en su de los produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del de Pacto San José de Costa Rica, internalizadapor Ley l/89, nos a¡rcla a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y la:l libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autoriziíndolas si ellas hubier,¡n sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privacla, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto De los claros términos citados, es dable advertir que el derechcr ,r la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su funciónreconómica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que t.rl constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postuludo del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo caracl.erísticas que inspiraron su legislación diciendo " ...8n primer luger, c.uando hablamos de se¿:qtridad'social" Estqmos hablando dp un sistema obligatorio,.. En segundo lugar, es sociol p'crque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una ,,zpercusión social...3" .

En el contexto de una sociedad democrática - art. I - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garuntiza el goce y el disfrute de la st,:guridad social para el beneficio individual de toda la poblapión, trabajadora, otorgando a sus recursos fmancieros un claro contenido o fin social --:

Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ...cada ley incluida la más cancisa, como el fragmento de un espe.,ilt, contiene enceruada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuoción de un principio...".

: EI ndsrnq autor, ob. cit.; p.r20ll,rrelata que la.sinonimia' de las disposiciones constitucionales expresa su contenido, normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostieru: que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significati',,,8, otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...1ü interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de todo lo 'rlonstitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los ,A.rts. 44 y 45 de la Ley N'2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son indi,,'iduales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las nrestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el llstado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con r:ll interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la men«rr rnedida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este ca.so, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una dispOsición clara, conr,:isa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudier:Lcio las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merna en el e,iercicio de tal derecho.

Horacio Ántonio Pett¡t, Constitüción de lahepúbl¡ca del Paraguay, Concordada, Anotada y con.luris¡rrudenc¡a, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. asr¡néión, Paitguay,'p.957. t' -r'QJ}l t.j lir'r tt$lh;,'1...ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO MANUEL AYALA OTTAVIANO C/ ART. 41O DE LA LEY NO 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73191 Y 1802/01, MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY NO advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una ga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.

Por'úl En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 838 de fecha 28 de abril de 2023 obrante a fs. 09110, corresponde hacer lugar parcialmente a laAcción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación al accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P.ail quedio por quedando Cesar M. Diesel lJlinistro Ante laque SALA CONSTITUCIONAL RESUELVE:el acto, firmando SS.EE., todo por Santander DansDr.

Ministro Y SENTENCIA XÚUTNOI 146, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 8 srcnr-,¿íitA rr¡ i::j/HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de apobilatorio, con relación al señor ANOTAR, Cesar M. DieselJungh lfinistro CSJ' Ante del C.

RíosMinistro Dr.i lrt t¡livllr