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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 194/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 "QUE SUSUTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01". N° 2849. AÑO 2021.--

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006

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Previo estudio de los antecedentes del caso, 1'a Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: :.. Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:

' 1: ! ¡ l!..a Abogada ROMY LIZ ORTIZ en nombre y representación del seffiprHÜGO JAIER ESPINOZA RUIZDIAZ promueve acción de inconstitucionalidad contra él artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/0.1 "DE. LA CAJA DE razón de ser contrario La.disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolucton de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez kños y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesanteso que 1 se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptiblesde devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán desgl Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro El primer paráqrafo, otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de.Jubiíaciones y Pensiones de !mpleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo condos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diezaños y,' b) . Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legiJla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la .población.

Asimismo,. autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean¡ desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

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,-:-- Siguiendo el alcance de este lineamiento; la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y. de las rentas, a lbs propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la iirnitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su. devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que' nuestra Carta Magna reconoce la aignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece. axiomas de un rico contenido ideolóqico.y socialquesirven de directriz al fundamento, y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en .su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.

Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado socialde derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto.

¡ i ¡ , A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo:

La Abogada ROMY LIZ ORTIZ en nombre y representación del señor HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE TiTuc1tjNALIDAD: : 1 1' ¡' PR¡ObVIIDA 1 ; POR HUGO ! ' JAVIER 11 1 i : Es1Npz.Af :Rulz DIAZ e, EL ART'. 1 DE LA , - de Jus lela '1 ! 1 ' LEV N¡º 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS EIE1FLJA! BANFA: 1,q? !DEL Gt1 f 1 .R' ¡1er ;, e M artículo 1mpQ¡na0blor medm de lesta ¡acc1opl de 1 1ncons1tµ,c1onalldad 0, derecho l,1q 1 iHop, siro Í¡lárt;ibién: vidlnta1 el pni,hciRio, dJlgaldad tong- lbs s. 46yl47t ciJ l,a aldlr:istituI:, i1 ó11Nad,iprial lGblisíonando al mi'rln¡ otiernpo 1 ' ISpOSIC19n COnSI de,votrcif de 'sus kWdrtea;110J,!:runc91rfiios 11 f cuefte/íJ lo:h'?, u1aantir¡éiéda1,pperior a tds 'dfr.2' lños Y! qu¡ lro teh9.an 1 teq11 /a ¡1¡!1ó1i quI tuesen de,sp1 edi?1, ¡djads cesantes!'o que se retiren voluntariamente ele las entidades donde prestan setvicto. La Ceje podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retirode sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria dun Banco de plaza.

Examinada la norma atacada deinconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado la accionante, su mandante no reúne las exigencias establecidas n la norma impugada a los efectos. de acceder al retiro de los aportes que realizara: 'durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitJcional por conculcar lo receptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, "Artículo 47º -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los hebitentes de la República. 1º) la igualdad para el acceso a /ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a: /as funciones públicas ho electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los ; ;'':' E'n lo relacionado almarco legalespecifico, tenemos en 'la ipropia Ley atacada la delimitádón della natu'ralei:k jurldica de los aportes realizados a la .Caja de Jubilaciones y Pensionds de Empleados Bancarios del P - uay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primer "De la Formación de Recursos ", artícul 11 º primera parte: "Los Iondos y rentas que :s obten an de conformidad con las dispo cio es de esta LJy, son de-exclusive pro e ad e los b neficiarios de la Caja":

- este punto, cabe traer a e la ón la I el, sica definición de Propiedad d Aubry Rau: ',' ... p_roQiedarJ es el der. ;ho azar y ispóner de una co a sin más li itacione que las id en las leye ... " (C , anell , G. "Diccionario ciclopédico d Derecho i ,ustavo E. Santander Dans Cesar ¡,,¡¡f?,iesPl Jungha i--- Ministro Minist10 CSJ, ' 1 !¡ R, Oieda Dr, Víctor . is J Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Arqentina, 2001, Torno VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de 'los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos: reqLisitos, la imposibilidad de ejercer-aquel derecho, vulnerando así el mentado principio constitucionat para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forrnaileqitima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama la devolución de los aportes de su mandante considerando que aquellos se encuentran indebidalnente Del análisis. de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan-de conformidad con las disposiciones destq Ley, son de exclusiva propiedad oe'los beneficiarios de la Caja", más por otro tadp limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los fur¡cionarios que ... "; todo ello .sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al E n las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del señor HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con; los años requeridos, paraacceder a la . devolución de sus aportes, amén de ello, se I erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 09º de nuestra Ley Fundamental, que. dispone:. " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyocontenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hecette Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y .en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Oue sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

1.- La Abogada ROMY LIZ ORTIZ en nombre y representación del señor HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionario 2.- Alega el recurrente que se encuentran transgredidos los Artículos, 21, 46, 47, 86, 95 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que"(. . .)

existe discriminación para todos los aportantes de la Caja que no cuenten I con una antigüedad superior a los 1 O años, al privárseles de la posibilidad de retirar los aportes de 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.¡- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen c1p¡N, : E! ! .1,NCNST1Tcr91LIDAD: 1 . PR:OM,OVI 1 1 ¡,.POR 'HUGO .JAVIER 11 1 ES.P1Npz!Rulz DIA? ciEL RT. 141 DE LA c.;: 1 ! Jid.o e:, l a. s cesant 1! o ' Je e tir:e1 v61J11 1riamente ,1del las entidades ff - 11 sewicio'. ce CCajq pb(flá1 op¡t'an pot /I ap?capión del citdo, Monto a la ff ,,ojca1: . elación¡ ,deisUi¡ o5!igbcióq.¡.! NosePán! S, 1 ,soeptib/es 'de1 du¡d(llción tos 1T1ttm:-s,, on les. t:il derecho . solic1t;1,r la d' voh1c1ó/í1 e a. ,orles rescr, u:a es ues I I OSI dJI rettro del afili'iai¿.¡dS(J1 tra/J,a o, sat..J,b qóe el m,smdi teng'a dda ,Cc¡Jn la Oaja,i.jei buyo 1 <basd jtos aportel 1será'n ;plica' os 1 Jzaci5n o ,cahe!dc'iqni de su 1tªfªG1:ªt fUt¡gei qe solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 anos podran acceder ql recupero de sus aportes siempre y' cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.,345103 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: ''Art. 9º.- (. . .) Aquellos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a /os derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar.la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios a.l Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las, normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del.Estado n general. Eevidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de /as Personas", 47 "De fas Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

?.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá despu,és de tres años del retiro del afiliado de u trebejo", entiendo que no es ,inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo cohtrario, actualmente .necesito rever mi opinión en este punto, considerando: la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito s :- Es importante destacar. que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el p de exigir el cumplimiento de la orma, actuando en liberta9 para satisfacer sus ecesr ades e intereses con la correspon nte protección o tutela d,e su derecho, lo suje a al libre albedrío, sino a la bliqación de respetarlo ya sea de forma' ctiv obligaci n de hacer) o pasiva (oblig ción de o hacer), p con rse delimit do po el inte , s general. De ahí surge la figura de a "preso ción" creada or el Legi lador c rno pi r fundame el orden y la p z social c n 'I i ! Cearíi;,1. D'- -1Juñgf nns , . Ministro el propósito de mantener la , calma entre los . ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas' creada para regular 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un. elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga' u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono.de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bjo las condiciones señaladas en la ,ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a unvínculo jurídico que ha permanecido i,nactuado 10.-AI respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripcion extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley", Como producto vivo del derecho civil nace -la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos eje la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes . .(inactividad) pasados tres años (factortiempo) perderán, poder .de actuación abandonando su derecho toda: virtualidad j4 ríd ica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" sigci activo e impulsado por quien tiene interés en ello. "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de 1 la, Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando .un conflicto.de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se- debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés ge,neral" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos lííl7ites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y terma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo qué dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que h;gan, posible: sostener Ama ya, J .A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y, convencionalidad. l)Jmo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ' AyCIO 1N DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZ DIAZ CI EL ART. 41 DE LA LEY Niº 28561206 "QUE SUSTITUYE LS ., G:> quitf si sión pomo la arribada -p éscriptibilidad del derecho a solicitar la'devolución " 'orte r part' del afiliado- sea calniderada 'iconstitutional.

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14.- S :1' sté tea la doctri,espepi!alizada,,t¡e por aclarado que "( ... ) Por todo lo . I ¡es qe la1unsprudenc1a laboar ha ?F?fSftmado e1 n t¡orma reiterada los plnt,os 11t,tuct0nal¡dad respecto de (as ¡normq:1s: ue establecen platos de prescnpcton, señaland9 que dicos preceptos rdposkn en prinbf 'pios: de rden público, no afectando la intangibil(?ad de !ºfiderechs, que, hi?ra?e up -nterés '¡s.p 2 erior colctivo, se ptiv« de 15.- De tal modo tenernos que, si el instituto es de lestdbto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo. constitcional que, de conformidad a 1Art. 137 de¡ISt:-J, seconstituye en 1norma de mayor jerarquia dentro de nuestro ordenamiento normatIvo.

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17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )"3 18.- La medida impugnada responde a un interés 'social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional én el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecue'ncia, declarar respecto del señor HUGO 'JAVIER ESP'INOZA RUIZ DIAZ la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el re¡,ui- tto de conta,r con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume y0 dem en Con lo g.ue-sedi' certifico, q écJando acord ' 1 l:' l 1, Gustavo 'E. Santander Dans Ministro oeda Vcto1' Rios J l)r. Ministro 2 Maddaloni, O. .; Tula, D. (2008). Pres1 ripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.

Buenos Aires, Argentina. ág., 04.- ¡ , Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- SENTENCIA NÚMERO: Jq Asunción, .S de rnOr¡,o VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos p a devolución deaportejubilatorio, con relación al Sr. HUGO JAVIER ESPINOZA RUIZDIA Gustavo E, Santander Dans Ministro Ante mí: