Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte ¡Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A'la1 cuestió'n'plartteada'eí rioctbr1 DIESEL JÜNGHÁNNS dijb: La s'eríori MARIA EUGENIA ROJAS MUJICA, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere: que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Sostiene que ha sido aportante de la caja bancaria, y habiendo sido desvinculada de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley.
Funda ,I'a' pteSynt'b11 abci9h en los' 'rirrcipi6s consagrados 'en los artídulos 464 7 y1 la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece ctos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por ante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación edidos o cesantes o, que se retiren voluntariaÍll-ente.
Cesar' f . OieseWU'nghans ' Ministro CSJ. 1 ' Ministro mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdads ijusta; no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios"
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de¡ Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su'Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
.En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sebre .tales aportes en beneficio de los empleados de' la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto. trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee .sobre los. aportes realizados a la Caja, la accionante reclama I su . devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones 4e esta Ley, son de exclusiva. propiedad de los , beneficiarios de la Caja", más por otro. lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimientocestablecen: "Corresponderá la devolución de sus.aportesa los funcionarios que ... ,: todo ello sin otro .perjudicado que la.misma aportan te a quien la propia norma al inicio En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asoci 1ados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora MARIA EUGENIA ROJAS MUJICA, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde 1 a perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la lh se baila o no razonablemente dimensionado teniendo n cuenta los derechose intereses eh, conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre procurar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la . C:)lsti!ui?n]ii?.la?1.iciertas limitaciones de1P.?lare.-.:::!-t:.
En mi opinión, el interés general comprometido en la situación analizada sería siempre, con base al principio de solidaridad social, el sostenimiento de la Caja Jubilatoria, lo que se proyectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones presentes. De ahí que, atendiendo a esta finalidad trascendente, pero sin olvidar el interés particular también involucrado, la del aportante, que al ser desvinculado no podrá acceder a 1Qs 1 beneficios de Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar parcialmente a1 la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora MARIA EUGENIA ROJAS MUJICA, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C.
:A. su turno, EL Doctor RIOS OJEDA dijo: :. 1.- La señora MARIA EUGENIA RQJAS MUJICA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JlJBIL4CIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña) debidamente la' instrumental que acredita su calidad: de ex funcionaria 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la grosera discriminación que conlleva la norma impugnada no se compadece en absoluto con la finalidad que debiera dar sustento a una limitación como la implícita en el Art. 41
'-'-..;.o-'/ alvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son Ministrq CSJ.
Dr. Víctor Ríos Oj'eda Ministro desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5.- Al.respecto, laLey Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9º Y JO DE LA LEY N.2,345103. "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LJ1 !CAJA FISOAL. SISTEMA DEJBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO''., en su Artículo 1 "dice: "Art. 9º. - (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le. otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CÁ/AS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay. "{Negritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en, :el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por. .derecho .les corresponde, incurriendo indudablemente en una total . desigualdad ante funcionarios. del .Estado engeneral; Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios .consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de. las Personas", 4 7 "De las Garantias de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El,derecho a solicitar la; devolucion de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio ,he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando.la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistemajurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la. norma, actuando .i;l libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección 9 tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva ó liberatoria) en virtud del abandono de la acción, o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señalads en lley. Deesta manera, 1 el, sujeto pasivo de Jna relación' jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que i'ha permanecido :inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configy,rn la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo 1 ' 1 "Aqc1ó!1 DE NcqNSTlTUr10NAIDAD RTE ¡: pgqMÓt¡IDA POR MAA EUGENIA. ROJAS ,trí REM 1 ! MU:rrc!c; ART. 41DE LA LEY Nº' 2856/06 "QUE I'i!:eelt' do. y 'fa. i ctivi'do '.s1 ilenc'? 'a,J titar''el 'c1t!re1 (íifá 'i:'2í'amr"hte ,:.idíq,kó"'pla:z, 1 ,, l?afih,os activos df tª aJ,ª bfncna qt1¡? no rect,,amen la deyolu10n¡ e sus a :i . , tctividad) Rasados: tresos factpr tiempoj per;qer,;m poder dactuación 11 ; :omp ºfen:ios aprec' r lanorma i, . pu11 1 f?contepl!la "afiriqa': qe dlegislador emere, , c,1mphca e el "procs )ael1f9hc1tud o reclamo" ;na ªftlVb1mpuls.do ?r a oahcaria de I Jievolver lo1!ap lrtes los ' afiiados: acl' ti;y9seguiría 'latente indefinid theJtb en ¿¡ tid 1 . Po (sin: término ! e p1 e'scripciórt)g1 enerarMb: un cim:fücto¡: file intereses entre l particular que nunca reclamó y los <lemas beneficiarcstdé la Caja, entrelíos que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferehcia en perjuicio de este sector (. .. )1''. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a 1 aaja éinterpteta o como concepto concr íatorio y 'no corno concepto contra íctorió a 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo 'lo' relativo a la seguridad social eincumbencia "exclusiva" del legislador, quieh se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa; atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que. interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución d1 e aportes por parte del Ministro' . 1 11 1 :. Dr, Víctor Río1 Ojeda : Ministro intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quienno los ejercita en el término prefijado(. .. )2".
15.- De. tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden.público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que: dispone el Art: 128 dela CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera. otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucionalhace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).
18.-La medid¡ impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos clificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19 ,- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MI A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: La señora MARIA EUGENIA ROJAS MUJICA, por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contarios a los Arts. 46, La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la Jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
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Que la accionante justifica el pedido de declaración de nconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del, ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y 'normas esrablcidos en la , Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y.Caducidad en el Derecho del Trabajo. Abeledoj'enpt. Buenos Aires.Argentina. ,; Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar 1 a 'sus 'afiliados lqs beneficios prevtstQen. ella; y, más específicamente, el Art. 11 otorga la titularidad exclusiva delosfondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en,su din:i1 y eh, stis' d1erecH6s; así½iisnio',' no admite discrimihaciones. ! Seg'utdarrrehtb, 'elArt.
caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la tensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretacio es amp ias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos emos q e la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en lico - . 3 en concordancia con los .arts. 24 7 y 260 - la responsabilidad de efecti idad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer la n a impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la n na situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.
345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin ttU¡jJtJ:arresión al cumplimiento de los citados mandatos constituci na s. --- Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
Nótese que .el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que' tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - Art. 109 - ni comprende una vulneración al principio ,de igualdad - Art. 46 -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho. a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando. la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ... En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablado de un sistema obligatorio ... En segundo lugar, es social porque, si bienel evento que se trata de cubrir con la seguridad social.es individual, tiene una repercusión social ... 3 En el contexto de una sociedad democrática - art. 1 - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés.particular - art. 128 -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute .de la seguridad social para e beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es .un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que" ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos.
Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo; las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que .el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del, particular Horacio Antonio Pettit, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p. 957. "ACCIÓN DE IN CONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA: POR MARIA EUGENIA ROJAS MUJICA C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE s proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la persona que será objeto '1 de la restricción. En este caso, la restricción de tal 'Si o dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el Y'l'ici.vr-<Jv""'',uto y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer a y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero quelas medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho.
Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº 498 de fecha 20 de marzo de 2023 obrante a fs. 9/12, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, dejando subsistente todo lo demás co ido en la norma, en relación a la accionante de on midad a lo previsto en el Art. 555 1 C.
Ante &rísar M. Diesel 1 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro rz.SENTENCIA NÚMERO: )qq . : 1 1 VISTOS: os méritos del Acuerdo uel anteceden, la CORTE SUPREM¼. DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE
A'1esi.níM. Diesel J Mlnlstr e Santander Dans Ministro / nr. Víctor Ríos Ojeda Ministro