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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 203/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN ESTELA ALMADA CROSTA C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 y 1802/01".- N° 615. AÑO 2021.-

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73/91 y 1802/01

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN ESTELA ALMADA CROSTA C/ ART. 4IO Dtr LA LEY NO 2856106 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES ACUERDo Y SENTENCIA xúunRo:¡o."*^I"r, Itea , del año dos milde Asunción, Capital dela Reoública del ue',Ál;coqltoParaguay, a los ¿inco días, , estando en la Sala de Acuerdos de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCrOn nÍOS OJEDA SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN ESTELA ALMADA CROSTA C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73191Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Mirian Estela Almada Crosta, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, nÍOS OJEDA y

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: LA

Sra. Mirian Estela Almada Crosta, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N" 2856/06 SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCAzuOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contra¡io a los arts. 46,47 y 109 de la Constitución Nqninnrl La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde preston servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, solvo que el mismo tengala Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o caso, la Sra. Mirian Estela Almada Crosta se presenta ante esta instancia la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición una discriminación en contra de los afiliados alaCajaBancaria al disponer bancarios que cuenten con una antigüedad superior adiez años podrán jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedadla en los Arts. 46. 47 y 109 de la Constitución Nacional.

otorga el derecho a la devolución de los aportes a vde Empleadosuienes hubieren M. DieselJunghanns Ministro CSJ.Gustavo E. Santander Dansde su afiliados Víctorla de funcionarios despedidos, cesados o con dos requisitos: a) que cuenten conque se hubieren retirado voluntariamente, limitandolo una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación. Aquí es importante resaltar que nuestraCarta Magna, en su art. g1,legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, attoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la ()aja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliaclos, la limitación en cuanto a los arios de antigüedad a los efectos de su devolución resulta uni:r meffna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestraCarta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, lajusticia y la igualdad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espírifrr En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe aclmitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantíarr no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida din¡imica.-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar quei el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y aft. 9 de laLey 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorirls.--- En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concorrlancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer prírrafo del r'rt. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

Acción de Inconstitucionalidad contra el anículo 41" de la Ley 2856106 LAS LEYES N' 73l9I Y I8O2/OI 'DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.

que el artículo impugnado priva a la recurrente de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Solicitó alacajaladevolución de sus aportes, siendo rechazado por haber sido formulado en forma extemporánea y por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46,47 y 109 de la Constitución Nacional.-- Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactores discriminatorios sino igualitarios"

"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: l) lo igualdad para el acceso a la justicia, o cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De lo Formación de Recurso,s", artículo 1lo, primera parte: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son depropiedad de los beneficiarios de la Caja". ,rlapunto, cabe traer a colación la cliísica definición de Propiedad de Aubry y Rau: es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).- inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva bre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertosla de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio auno de nada menos que el tot¿l de sus aportes en forma ilegÍAsí, arriba, en defensa de lasposee so ffaOrɿ eselu6.P Gustavo E, Santander Dans Ministro5uo¡ Cesa nistro CSJnghannspor eu*19.'Ojeda IACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PIIOMOVIDA POR MIRIAN ESTELA ALMADA CROSTA C/ ART. 4IO DE LA LEY N" 2856rc6 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.

los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspe«fiva constitucional de las mismas, se constata una cla¡a contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: " Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposit:iones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lad<l limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Coruesponderá la devolución de sus aportes a losfuncirmarios que...;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia noÍna al micio de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la acf ividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la rlevolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamentela Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de: los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Mirian Estela Alrnada Crosta, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en q:l artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: ",Se garantiza la propiedad privadu, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica social, a fin de hacerla 2.-Laaccionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, ente otras cosas, gue " (...) se evidencia con mayor rigor la violación del principio de igualdad en cuanto o lo norma impugnada, discrimina al /uncionario bancario frente a olros grupos de trabaja*lores... " 3.- El Anículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "A,,tículo 41.- Conesponderá la devolución de susa los funcionarios aue cuenten con unaantipüedad suoerior a los diez años v aue no tengan derecho a la iubilación, que fuesen de.§pedidos. deiados cesantes o oue se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan senicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a .solicitar la devolución de aoortes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su frabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicodos a .la amot'tización o cancelacióndesuobligación,,(negritasysubrayadoSSonmíos).

.Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declara¡ la inaplicabilidad del 41o de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las ley'es N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del l'araguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Mirian Estela Almada Crosta, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.

A su tumo, el Doctor VICTOR nÍOS OJEDA dijo:

l.- La señora Mirian Estela Almada Crosta, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTITUYE I-45 LEYES N" 73/9] Y I8O2/01 DE LA CAJA DE JUBILACI()NES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

'1ei:¡utf'.JJt ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PITOMOVIDA POR MIRIAN ESTELA ALMADA CROSTA C/ ART. 4IO DE LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES a la interpretación letrista del primer pánafo de la norma atacada, surge uellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen r cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.

5.- Al respecto, laLeyN" 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N'2.J45/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...) Aouéllos que se retiren de la función oública sin reunir los reouisitos oara acceder a una iubilación, aun apelando,a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN I-45 CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podruún solicitar la devolución del 90ot6 (noventa oor cientor de sus aoortes realizados, aiustados oor lavariación del indice de Precios al Consumidor (IPCI del Banco Central del Paraeuav."

6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer prírrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en unatotal desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último prárrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistemajurídico lajurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.-destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechosy en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en lisus necesidades e intereses con la correspondiente protección o futela de suno Io sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la udadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- - Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, ", como un elemento creador de derechos que permite adquirir (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de ,u.oüfigacién (prescripción extintiva oen virtud delde urante cierto tiempo yseñaladasla ley.

Jffianns cs¡.(irlstavo E. Santander Dans [lll' Diesel Ministroroactivapara depor Mi¡listroDr,ctorOjeda esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del fiular del derecho durante €,1' ,risTnpe establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderrÍn poder de ¿ictuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afilia«los activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generanclo un conflicto de intereses entre el particular que mrnca reclamó y los demrís beneficiaros de [a Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación drl mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos l:inancieros est¿ln dirigidos también a brindar Írmparo a los afiliados ante sus necesidades durante Tavejez o invalidez. Debe entonces acfuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(.. .)

Ttero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. . .)" .Es precisamente esto lo que justific¿r la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de nattxaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular. 12.- La abundancia del "interés general" en la nonna da. validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando alaCajade un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio linanciero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo 1o relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienesta¡ general. Nuestras nornas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica. que interesaala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo c¡ue dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, r¿vones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolucir5n de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afec'tando la intangibilidad de los derechos, y que, en qras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" .--'--e' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MIRIAN ESTÍLA ALMADA CROSTA C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el An. 128 menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre ". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norna podemos concluir, incluso, que ru slquiera otras norrnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la nonna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el insfituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que coresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Mirian Estela Almada Crosta la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.

Con loacto, firmando SS.EE., todo por antede certifico,lasigue:

Ge¡ar ltl. Die¡el Ministroo E. Santander Dans Ministro Julio Clér "Ojedaannsl;r1,' dio porlli'ii ffi$ifl lllr iliiilll:, ht,IiAnte ,;ir$grce€ :ssn¡lrsñ/t novs§ .3 oiluL .gtiA <¡il¡leroo0 SENTENCIA NÚMERO: ?O 3 .

Asunción, 5 de t--ol -)'o YISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la LeyNo 285612006 "Que sustituye las leyes No 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte quecondiciona a una antigüedad superior a diez años los efectos de la devolución de conformidada lo establecido en el Art. ANOT Ante Gesar M. DieselJ Gustavo E. Santander Dans Ministro nistror Dr.Ojeda Nlinistro tJulio registrar y Pavón Martínez SECRETARIA JUDICIAL tt uoea