@§ftHTe¿.cclóN DE INCoNSTITUCToNALIDAD PROMOVIDA POR ALCIDES OSMAR BBNITEZ ORTIZ C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE I-AS LEYtrS NUMERo 73tgt y ACUERDo y sENTENCIA xúvrnno, boac"e"Jo cvqc de Asunción, Capital de laRepúblicp del , estando en la Sala de AcuerdosParaguay, a los ÜqLo días, , del año dos mil V de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, ER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALCTDES OSMAR BENTTEZ ORTIZ Cl ART. 4lo DE LA LEY No 2856106 "QU[ SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73191Y 1802/01", a frn de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Alcides Osmar Benítez Ortiz, a través de Representante convencional.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de 'Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: íos Ojeda Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, nÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: EI
Sr. Osmar Benítez se presenta a través de Representante convencional y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", EN razón de ser contra¡io a los arts. 46,47 y 109 de la Constitución Nacional.-- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez añ,os y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengacancel,deuda con laCaja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o obligación", caso, el Sr. Alcides Osmar Benítez Ortiz se presenta ante esta instancia a la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición una discriminación en contra de los afiliados alaCajaBancaria al disponer bancarios que cuenten con una antigüedad superior adiez años podrrín jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada.
en los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional otorga el derecho a la devolución de losa los Pensiones de Empleados Bancariosfungido unghanns Cesar M. Custlo E, Sant:nder Dans MinistroIüiri¡tro ...ilt...calidadsdela tlots¡.3 de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitríndolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez, años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.-- Aquí es importante resaltar que nuestraCarta Magna, en su art.gs,legisla sobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, attoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Oaja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de óomplementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, lajusticia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.--- En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaci«rnes. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el sillencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadrrres en todos los tramos de la vidadinárniRecordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. l-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garuntizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar quc: el primer parágrafo de la norrna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantcs de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionari«rs Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y ar1. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabaja«lores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir: la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatori,rs En conclusión, de 1o precedentemente expuesto y en concor'dancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del ¿rt. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
C,t-o ?ORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALCIDES OSMAR BENITEZ ORTIZ C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73tgt y TICIA el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor Alcides Osmar Benítez de Inconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856106 "QUE LA CAJA DE JUBILACIONES Y EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.--- Refiere que el artículo impugnado priva al recurrente de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Solicitó alacajaladevolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46,47 y 109 de la Constitución Nacional.-- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancada donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personos: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofoctores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2o) la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4') la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimiia la naturaleza jwidica de los aportes realizados ala Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 1lo, primera pafe: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusivade los beneficiarios de la Caja", Encabe traer a colación la cl¿ísica definición de Propiedad de Aubry y Rau: ,rla derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q) debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos1a ejercer aquél derecho, wlnerando así el mentado principio despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho laCaja, el accionante reclama su devolución considerando que en poder de otros.--- der Dans esar Iiel.iur6hanns Gustavo Senlint::en las esta sobreCS sobre Mistro CSJ. Ministro§troOjeda Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara conhadicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentos que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que...;todo ello sin oho perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder ala devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de también colisiona con la garantía constitucional contenida en el art.ículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se gorantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y sociai', afin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye los leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Alcides Osmar Benítez Ortiz,ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.
A su turno, el Doctor VICTOR nÍOS OJEDA dijo:
1.- El señor Alcides Osmar Benítez Ortiz, a través de Rr:presentante convencional, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de Ia Ley N'2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/9] Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCAfuIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, eue " (...) se evidencia con moyor rigor lu violación del principio de igualdad en cuanto u la norma impugnada, discrimina alJilncionario bancario.frente a otros grupos de trabe$adrtres...".
3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice. "Alrtículo 41.- Correspondertí la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con los diezaños v que no tensan derecho a la iubilación, que fuesen dgspedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación cle su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a.solicitar la devolución de aoortes orescribirú después de tres años del retiro del afiliado de su.trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serán aplic'udos a la omortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer prírrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PII.OMOVIDA POR ALCIDES OSMAII BBNITEZ {}RTIZ C/ ART. 41O DB LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta con respecto a los derechosrelacionados a la devolución de aportes en el sector general.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo l' dice; "Art.
YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 6.= Examinadas las noÍnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer pitrrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas",47 "De las Garontías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último prárrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes presuibirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene caráctu determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de suno losujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de formade hacer) o pasiva (obligación de no hacer), porencontrarse interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción"creadapor el fundamental del orden y la paz social con el propósitode mantener la Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas Tablas creadapara regular la convivencia del pueblo romano.--- ramas del Derecho han definido como un elemento creador de derechos (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas de una relaciónjurídica no se inactuado durante un oE.San Mlni¡tro C§J'ha permanecido ust¿v Ministro STICTA los derechos que le otorga la Ley N' 3856/09 "QUE DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN P(JBLICA", elpor como de las ley. Dede aJulio derscho toda virtualidad j urídica.
el tiempo (sin término de prescripción), generandlo un conflicto de intereses que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los j ubilados",quienes se encuentran en una situación de, mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejezo invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es in.rlrrescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso. re,sursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. . .) .Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista enla normaimpugnada, cuyo objetivo es resguardar el "intt,rrés superior colectivo" de natttralezaobligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Cajainterpretado como concepto conciliatorio y no como conceptoe contadictorio al interés particular normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrim«rnio social de afectación, alejando alaCajade un clima de incertidumbre que podría origintrse lror la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo lo relativo a la seguridad socialESincumbencia 'e xclusiva" del legislador, quien se eocuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resgu4rden el bienestar general. Nuestras noilnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que represent4 atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa ala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como Ia a¡ribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalondo no tdectando la intangibilidad de .priva de reclamarlos a quien 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por l,r que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de lcts p,t',ticulares primará sobreconstitucional (Art. 128 C.N ORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALCIDES OSMAII.
BENITEZ ORTIZ C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMEIIO l3tgtY 1802/01".- No@AÑO 2021.-REAAA ". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que noñnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza " en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la iruenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos califica¡la de desmedida, a¡bitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De estamanera, teniendo en consideracióntodo el fundamento aquí sostenido, opino que coresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Alcides Osmar Benítez O*iz la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N'2856/06, exclusivamente en la parte que como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con uno superior a 10 años, manteniéndose incólumeen todos sus términos. Es mi certifico,1aslgue Cesar [tll' Diesel MinistrocSr.diruoilr,Sfitan&roans Dr''t"J{^Í::: oi eda Ministro Ante de queacto, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidadpromovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidaddel Art.4lo de laLeyNo 285612006 "Que sustituye las leyesNo 73191 y l802l0l de la Caja deJubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del,enla parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de de aporte jubilatorio, con relación al Señor ALCIDES OSMAR IIENITEZde conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P registrar y Gustavo E. S Ante mí: Cesar ['i' JulloMi, ri: rro 'i'lr rr'S;C¡I[}ARIA -iuütct.{iq€O-oacl