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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 214/2024

5 de marzo de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR NOELIA AGUILAR RODRIGUEZ C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01'. N° 3080. AÑO 2022.--

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06

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Conrs *ACCIÓN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR NOELIA AGUILAR RODRIGUEZ c/ ART.4lo DE LA LEy N.2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEyES N'73/91 y de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ói,'rc-o días, del Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DIESEL JUNGHA¡INS, VÍCrOn ÚOS OJEDA y GUSTAVO expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR NOELIA AGUILAR RODRTGUEZ CI AF.T. 4IO DE LA LEY N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01". N" 3080. AÑO 2022", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Señora NOELIA AGUILAR RODRIGUEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG. LETICIA FLORENTIN GIACHINO Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Y ÚOS OJEDA..--- instancia la Señora NOELIA AGUILAR RODRIGUEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG. LETICIA FLORENTIN GIACHINO, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", por contravenir lo dispuesto en los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus oportes a los funcionarios que cuenten con uno antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lo jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptiblesdeudalos aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga en cuyo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la normativa citada, en razón al rechazo de devolución de aportes que fuera solicitada ante la respuesta negativa se debió a la falta de antigüedad requerida para el efecto, principios fundamentales consagrados en laCarta Magna.

de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos mayor adiez años y, b) que noa Cesar M. Diesel Junghannsla calidad Ministro CSI'Mtna Oieda ...//l...Aqui es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el traba-iador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nueslra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentid o, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Aft. l-, impone en el Poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer panágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (Art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (Art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley' 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miíxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art.

4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.

Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 4l- prescribe run lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley l/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autoriándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido estableciclas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art.2l de tal Convención; como asimismo, el art.46 ya citado lo hace con su par, art. 24 del mismo De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.

Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. -De la Seguridad Socialcontribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo u...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estomos hablando de un sistema obligatorio... 8n...///... |trl es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad tiene tma repercusión social...". En el contexto de una sociedad democrática la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la para el beneficio individual de toda la población trabajador4 otorgando a sus un claro contenido o fin social.

Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 7l , Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " . . .coda ley incluido la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio..." El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata, que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que ". ..la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos. ..".

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. AI respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 1039 de fecha 05 de junio de 2023, obrante a fs. I l/14, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer pánafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONESEMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el Art. 5C.P.P. Es mivoto Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 LAS LEYES N' 73l9I Y 1802/OI 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.

que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad en los Arts. 46o, 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el del mismo cuerpo legal.

considerada agraviante expresa cuanto sigue: " C orre sponder a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la ión o cancelación de su obligación.

de devolución losno Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ../// ... frt.yrr'$,*13:Oieila ...///... El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá de,spués de tres años del retiro del afiliodo de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la omortización o canceloción de su obligación". Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que la accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.--- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la nonna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado ,garantizará a todos los habitantes de la República. 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad onte las leyes; 3") la igualdad pora el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. y 1) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos '1 artículo l1o primera pa.rte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Cajo".

En este punto, cabe mer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin mca limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-o En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que eltotal de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados alaCaj4 la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa qtue;'' "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esÍa Ley, son de exclusiva propiedad de los beneJiciarios de la Caja', más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios Que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien ia propia noñna al inicio rm disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten...lll ...

con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus caso particular, de la señora Noelia Aguilar Rodríguez, circunstancia que también la garantía constitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, : "...§e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos...

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41o de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora Noelia Aguilar Rodríguez, ello de conformidad al Art.

555 del C.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor ÚOS OJEDA dijo: 1.- La señora NOELIA AGUILAR RODRIGUEZ,bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE I-45 LEYES N" 73/91 Y I8O2/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria. 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) los funcionarios bancarios se hallan groseramente excluidos de esta posibilidad debido a la limitación legal contenida en el Art. 41 de la Ley N" 2856/06, que no les habilita o recuperar parte del salario que fuera descontada mensualmente (...) " 3.- El Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Coresoonderd la devolución de sus aoortes a los funcionarios aue cuenten con una antigüedad suoerior o los diez años v que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen desoedidos, deiados cesantes o que se La Caja podrá optar por la aplicaciónmonto o la amortización o cancelación de su obligación. No serán los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes salvo que el mismo Íenga en cuyo caso los aportes serón aplicados a lo amortización o concelación de su y subrayados son míos).

la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación fuesen despedidos, o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.

N" 4252i l0 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o y 10 DE LA LEy N" REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE I-4 CAJA FISCAL. SISTEMA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...)

apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ")UE ESTABLECE LA DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DEJUBIIÁCIÓN Y PENSIÓN F(TNCIÓN PGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1 Central del Parasuav." transcriptas advierto que el mandato de inconstitucional, alLA Cesar M. Dieseliunghanns lullnl¡tro CSJ.Minisen el Dr. vrrú$I#:í;O!eda .../ll ... no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus apoftes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: *El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribiró después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce rl las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protecciriin o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.

Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción,,, como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligacién (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice "La produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reunienrlo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja banca¡ia de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran ''los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferenciaten perjuicio de este sector (..)". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el o'interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a 1a proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la. . .lll . . .

Amlyq .l.A., Dircctor. (2018). Tratldo de ontrcl de @nrt¡tuciomlidad y convcrcionalid¡d. Tomo 4. Drehos y Gmntias. Buenos Aris, irge¡tina. Astra. pág. 60.-! clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea consideradainnnncf if rrc innq I

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, siñalando que dichos preceptos repo_san en principios de orden público, no afectando la intangibilidad en el 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ést4 más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo " en ningún coso" .

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayor j erarquía, dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demas, también dijo lo Corte que la irrenunciabilidad.de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instiluo de la prescripción, pgr lo que no constituyen 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opinoque corresponde hacer lagar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida;yen consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de laN' 2856106, exclusivamente en la parte quecomo condición para lo aportes el requisito de contar con unasuperior a 10 años, manteniéndose demás en todos sus términos. Es que se certifico, Santand Cesar M. DieselMinistro Ministro CS.l.

Dr. oJcda Ante vfirmando SS.EE., todo por ante Maddaloni, O.A.; Tula D.JPavón AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04 - Asunción, 5 de ¡'¡ar?o VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N" 2856i2006 "Que sustituye las leyes No 73/91 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de lSmpleados Bancarios del..+,fi Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Señora NOELIA AGUILAR de conformidad a lo establecido en el Art.C.P registrar y Mlnistro Cesar M. Di Ministro Ante Abg.de la Dr, Ylctor Rlos Ojedo Mlnl¡tro rils1{il SECRETARIA JUDICIAL IIt