Coxrn usJt gTIgIA ..ACCIÓN DE INCoNSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALDO FERNANDO VEGA cl ART. 41" DE LEY No 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 7319I Y 1802/01''. ACUERDo y sENTENcn xúurno: fpsc-^eqla Jieci echo de Asunción, Capital de la República del Paraguay, alos ciqoo días, del , del año dos mil v¿inliat"afro , estando en la Sala de Acuerdos de la de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, CATATUIAdO: ..ACCIÓN DE TNCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALDO FERNANDO VEGA C/ ART. 41' DE LEY N" 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N.
73191 Y l812l}l". N'2017. AÑO 2022", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la representante convencional del Señor ALDO FERNANDO VEGA, ABG. EMILCE RAMONA GALEANO SIANI. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: la representante convencional del Sr. ALDO FERNANDO VEGA, ABG. EMILCE RAMONA GALEANO SIANI, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBTLACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", atentar contra los Arts. 46,47 num. 2), 109 y 137 de la Constitución Nacional.--- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con uno antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntoriamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar Ia devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con laen cuyo caso los aportes serón aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" Quejustifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la normativa en razón al rechazo de devolución de aportes que fuera solicitada por su a Bancaria cuya respuesta negativa se debió alafalta de antigüedad requerida así principios y derechos consagrados en la Carta Magna.
este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos antigüedad mayor adiez años y, b) que no tengan derecho a la resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95,legisla espectro obligatorio eeldependiente y su.. 'íctorparapor dándole MinistraGSJ.ustav0 Mi¡'tistroDr,de ...11/ ... familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los prr:pios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una mefrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológic,o y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y solt interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en sr.r dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.--- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. l-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer prírrafo del art.
4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una anligüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley l/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art.2l de tal Convención; como asimismo, el art- 46 ya citado lo hace con su par, art. 24 del mismo De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. - De la Seguridad Socialcontribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo: "...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tieneunarepercusiónsocial". Enelcontextodeunasociedaddemocrática-art. l- ...111...
t{Coxrn Supxxnre tproclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no que nuestra Carta Magn4 en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus un claro contenido o fin social. tr+uü" es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo: ley incluida la mds concisa, como el fragmento de un espejo, contiene enceruada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio. ..".
El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sinlácticamente. Concluye diciendo que "...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio delderecho.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N" 1217 de fecha l7 de julio de 2023 obrante a fs. 25127, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 2856/06 *QUE SUSTTTUYE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.
VEGA,Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE LAS LEYES N" 73l9I Y I8O2/OI 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'.--.
que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad los Arts. 46",47" de la Constitución Nacional, colisionando almismotiempo con el del mismo cuerpo legal disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá lo devolución aportesa los, funcionorios que cuenten con una antigüedad superior a los diez añosy que no derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o quese retiren las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la a la amortización o cancelación de su obligación.
serán susceptibles de devolución los aportes patronales. derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres de su trabajo, salvo que el mismodeuda con la Caja, en cuyo a la amortización ode eseIJSantadel retiro los aportes Cesar Mioil¡ro nns'- Ministro ,- MinistroOjeda ...111... Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la C'onstitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.--- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que éstir establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes re¿rlizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la nonna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que rea.lizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto qllanará los obstaculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. y 1) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, cle kts bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados alaCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo I l" primera parte "Los fondos y rentos que se obtengan de conformidad con los disposiciones de esta Ley, son det exclusiva propiedad de los beneficiorios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin ntas limitociones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentin4 2001, Tomo VI P-C)).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los apofes realizados alaCaj4 el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: 'Zos fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Cajau, más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos erl caso de incumplimiento, establecen: "Coruesponderá la devolrción de sus aportes a los funcionar,ios eue..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados,. . .l I I . . .
Coxrn elparticular del señor Aldo Fernando Vega, circunstancia que también colisiona con contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Aldo Fernando Vega, ello de conformidad alArt. 555 del C.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor niOS OJEDA dijo: l.- El señor ALDO FERNANDO VEGA, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/91 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) la Cajo se apropia indebidamente del dinero de la aportante, se genera uno suerte de situación desigual (...)".
3.- El Artículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderú lo devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una ontigüedad suoerior a los diez años v oue no tengan derecho a la iubilación, oue fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las enlidades donde orestan seruicio. La Coja podrd optar por la aplicación del citado monto a la amortizqción o cancelación de su obligación. No serón susceptibles de devolución los aportes patronoles. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá desoués de tres años del retiro del afiliado de su trobaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer pánafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 10 DE LA LEY N"t". ' 2.345/03REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...)
apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE LA DEL TIEMPO DE SERIqCrcS EN I-45 CAJAS DEL SISTEMA DE JUBII-4CIÓN YO, Y DEROGA EL ARTICULO TO7 DE I-4 LEY N" 1626/00 'DE LA " §egritas y subrayado son míos).-- las normas transcriptas advierto que elmandato dispuesto en el primer párrafo de la impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportesque por derecho les en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 " de nuestra Ley Suprema.
lo dispuesto en el último párrafo deimpugnada: "Ela solicilar deprescribirá después deafiliado de su.. Cesar7 Ministro CSJ^ NS -Mtro ,-Dr.ctorOiedoeconómica y social, ofin de hacerla accesible para todos... ...///... trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consirlerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:
8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, eI poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en liberad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protecci«in o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obtigación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calnra entre los ciudadanos.
Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por Ia ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reunienclo los dos ."qúirito, que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actir¡idad" que el legislador requiere, Ia cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar ampar() a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamas una diferencia en perjuicio de este sector (...)". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatori4 entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional(Art. l23 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho :r la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos rnodos, el interés. ..lll ...
rAmaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. l)erechos y Garantias. Buenos Aires, fugentina. Astrea. Pág.60.- Conrx Supnru¿ ...il/que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada - del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea E. Santander Dans este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es (pe la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normos que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)'- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primorá sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constifucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo " en ningún caso" .
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también drjo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridod social no es incompatible con el instituto de lo prescripción, por lo que no constiluyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).-- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hocer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto delinaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 2856106, exclusivamente en la parle apoiles el requisito de contar con unacomo condición para la superior a 10 años, manteniéndose demás en todos sus términos. Es mi lo que seSS.EE., todo por ante quedando Cesar M. Dieseliu'igr' lJlinistro CSJ'Ministra."'-.
Julioc. S.crot¡rlo Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina. PaC. 04.-de que rRti ACUERDO Y SENTENCIA NÚl},fERlOZ'7'IO Asunción, 5 de tr)«1f zo YISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL RESUELVE:de202l.- HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de [irnpleados Bancarios del Paraguay", en la parte quecondiciona aantigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, al Señor ALDO FERNAIIDOA, de conformidad a lo establecido enC.P Cesar M' Diesel J E. Santander Dans Itiniltro inistro Dr.R Julloo ARIA SECRETO JUDICIAL uaea