ConrsSupnnu¿onJusrroA fII.sel J..ACCIÓN DE TNCoNCIONALIDAD PROMOVIDA PORARTE VERA C/ ART. 41" DELEY6/06". No zlzg- zozt ACUERDo y sENTENcm xúurRo: -b5c¡enla 1nde Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los cinéo días, del , del año dos mil Veqli¿ual'lo , estando en la Sala de Acuerdos de la de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DTESEL JUNGHANNS, VÍCTOR ÚOS OJf,DA y GUSTAVO expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JOSE DOMTNGO DUARTE VERA C/ ART. 41" DE LA LEY N" 2856/06-.N" 2729. AÑO 2021", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el representante convencional del Señor JOSE DOMICIANO DUARTE VERA, por derecho propio y bajo patrocinio del Abg.
PABLO LEZCANO FERREIRA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DAfrS, DIESEL JUNGHANXS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SAIITANDER DANS dijo: Se presenta ante esta instancia el representante convencional del Sr. JOSE DOMICIANO DUARTE VERA, ABG. PABLO LEZCANO FERREIRA, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", atentar contra los Arts. 46,47 y 109 de la Constitución La disposición atacada de inconstitucional establece: 'oArtículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citodo monto a lo amortización o cancelación de su obligoción. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengo deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su Abg. Pablo Lezcano Ferreira, justifica el pedido de declaración de de la citada normativa en favor de su representado, como consecuencia del ,lución de aportes que fuera solicit¿do ante la Caja Bancaria, según Nota No 19 de marzo de 2021, obrante a fs. 09, exponiendo como fundamento de dicho no haber acumulado la antigüedad exigida en la referida normativa, atentando consagrados en la Carta Magna.
de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado se otorga el derecho a la devolución de los aportes a losde vde Empleados Bancarios quienesla Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr.Mlnlstro CSJnns Ríosv ...111... calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiezaños y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su ámilia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, déstaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más éspecíficamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una menna inviolable en sus derechos A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nueslra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualáad ya en su prerimbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológi"o y ro.iul que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, poiende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. pn tal sentido, el Art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas er su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite disciiminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones anrplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinrámica.
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Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Art, l-, impone en el poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Munici¡rales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Le¡i 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Mráxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignida«l y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicacidrn deiprimer párrafo del Art.
4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigtiedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente e>i.puestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N" i 262 de fecha 2l de julio de 2023, obrante a fs. 16/18, cabe Hacer Lugar a la Acción de Inconstitucionalidad plant-eada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 285'6t06'.eUE SUSTITUyE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo C.P.P. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señ,rr JOSE DOMICIANO DUARTE YERA, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41. de la Ley 2856106 'QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73IgI Y ISO2IOI 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL I'ARAGUAY'*. -..11/.:,.. Coxm el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad Arts. 46o, 47o de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el mismo cuerpo legal.
considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Comesponderá la devolución a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lo jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren volunfariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.
No serán susceptibles de devolución los aportes patronales El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabojo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garontías de la igualdad.- El Estado garantizorá a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicos no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidodes en la porficipación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos '1 artículo I lo primera parte: "Los fondos y rentos que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".--- En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de losla institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecerrequisitos, la imposibilidad de aquél derecho, vulnerando así elpara proceder a un despojo nada menos que el total de susAsí, acorde al concepto arriba, en defensa de las atribucposee sobre los aportes realizadosa la Caja, ellama suaquellos seen deilt.
fl:..'t JuoghGustavo E. Santander Ministro Mlnistro CSl.ns Martínez'. Ministroila .../11... Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "LosJbndos y rentos que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de Io Caja", más por otro lado lirnita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de perdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Coruesponderd la devolución de sus aportes a los funcittnarios Qtt€..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados b¿urcarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancarjra y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por ,¡l incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violaciiin a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor José Domiciano Duarte Vera, circunstancia que también colisiona con la garuntía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán e,stablecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible paro todos... " Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N' :i:856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de limpleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a <liez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor José Domiciano Duarte Vera, elkr de conformidad al An.
555 del C.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor ÚOS OJEDA dijo l.- El señor JOSE DOMICIANO DUARTE VERA, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley N' 2856/06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/91 Y I8O2/OI DE I-4 CAJA DE JUBILACIONES Y PENS]CINES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículc,s 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que ''1..)
Admitir aplicación de dicho norma quebrantaría el principio de igualdad y constituiría un verdadero despojo o llamase confiscación de bienes en perjuicio de mi mandante (...)".
3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Articuh, 4I.- Conesponderá la devolución de sus aoortes s los funcionarios aue cuenten con una antigüe¿a¿ super¡or a los años v que no tengan derecho a la iubilación. oue fuesen desoedidos, dpiados cesontes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servicio. La C:tja podrá opfar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar.ta devotucUn a prescribirá desoués de tres años del retiro del afiliado de su trabaig. .,olvo que el mismo tenga deudo con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortizitt'ión o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la ntrrma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a '10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110 ")uE MODIFICA LoS ARTICULOS 3'. 9" Y l0 DE LA LEY N" ;r'i!U 'l$iitciri, ! r,ri rsrriltsM ntrvsr:l .S uilut. ,gci.
uirslg'rc+? YSECTOR PUBLICO'"en su Artículo lo dice: "Art. que le otorgq la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DEderechos Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00 6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y Lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.
Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamacién durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma requiere, la cual implica que el "proceso de (sin término de prescripción), reclamó y los demás beneficiaros de de mayor Cesar i,1. f]'-'^l Junghanns Minrsrrs CSJ'la "actividad" que el siga activo e impulsado contrario la latente indefi nidamente intereses entre el se encuentran "los j ubilados" Caja Gustavo E, Santander Dansque nunca quienes se ;t.,. ila ley"o JulloPavónMinistro Dr. Vfcto¡ Rlos Oieila Ministrotiene interés en ello oodurante el tiempola bancaria de devolver los aportes a losel .../11... previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejezo invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianida«I en favor de esa franja considerada como vulnerable "(. ..) pero jamás una diferencia en perjuici<;, ,Je este sector (...)"'. Et precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados alaCaja e inrerpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a lit proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectac,irln, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía ,le las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de laCaja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia 'oexclusiva" ,lel legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer cierto:; lírnites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derec,ho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos rrodos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orclen atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la socieda"cl misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 rle la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conolus,L(rn como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ho desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las nonnas que establecm plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden piblico, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aros de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...f" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primard sobre el interés generol". Si nos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo " en ningún caso" .
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la noffna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucio.url hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciobilidad de los tleneJicios propios de la seguridad social no es incompotible con el instituto de la prescripción, p'o,r lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).-- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no Frodríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendirniento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstilucionalidad. ..111...
Amay4 J.A., Director. (2018). Tratado de conhol de constitucionatidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. PáC. 60.- Madd¡loni, O.A.; Tulg, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el De¡echo del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina. r r?iriiir ssnihsM nervn{ .C §ili'¡l, 'üd& oirEterca¿