nfiflffi : INCONSTITUCIONALIDAD: POR CRISTHIAN DAVID Corte Suprema deACCIÓN DE PROMOVIDA OCAMPOSC/ EL ART.41 DE LA LEY N"..QUE SUSTITUYE LAS 2021lllrlrüilnI ve,nk raguay,bs Ünco días, en la Sala de la Sala GHANRíOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo et expediente caratulado: AGCIÓN DE INCONSTITUCIONALTDAD: PROMOVIDA POR CRISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGADO C/ EL ART. 4I DE LA LEY N'2856/2006 ,,QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802101", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor CRISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGADO Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votaciól resultado: SANTANDER DANS, ӡeset JUNGHANNS y RíOS OJEDAn, dio el siguiente A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor CRISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGADO promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1 .802101 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Arfículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aporfes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a /osy que no tengan derecho a la jubilaciÓn, que fuesen despedidos, de7'ados se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caia la aplicación del citado monto a la amortizaciÓn o cancelaciÓn de su serán suscepfó/e s de devolución los aportes patronales. El derecho a de aporfes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo caso /os aportes serán la amortización o cancelación de su obligaciÓn".'
eI presente caso, el profesional recurrente, en nombre y represedel señor IAN DAVID OCAMPOS BOGADO, acreditando su calidad dede FILIAR peticiona la declaración de inconstitucionalidad deativa rla contraria a derechos de consagración constitucional de esclarecer estepunto, es importante examinar elo ndolor párrafos Gustavo E, Santander Danscitadacl ículo i CeE¿; f¡irrrft'P c§l' 'annS l:iriLlt;i;ilffrt.l!'ri I;.riitr irj :,, rti.
!lIq, ii.i Ministro El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los erporles a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quiene:,¡ hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retiradr¡ voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad meryor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación. Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. f,)li, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros socialels no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetiv'os
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Craja Eo su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, rnás, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentras, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favr:r de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolrción resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro e$tatr.ldo en el art. 109 de la Constitución Nacional.- ---r
. --- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que'nurlrstra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libert;ad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológicory social que,sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuenlran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles parria comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional pres;cribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no adnrite ,liscriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trab,ajarclores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente ,:()ntemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los dererchos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar lerechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho --¿lrt. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- l;a rrr:sponsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca ar lor; aportantes de la Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta lvlá;,rima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su clignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los l.rrrbajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesilrio prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto r,:n la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retirc, de Ios aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformida<l con el dictanren fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del p,rimer,r párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, Es mi vr¡to A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo: PABI-O I-EZCANO en norlttire;y reprppentaciénidÉl señor CRI§TH|AN ffi@ o,CAilFO§ BOGADO, prornueve Acción de lnconstitucionalidad contra gl artículo los.46, slnotanilACCIÓN PROMOVIOCAMPOS BOGADO C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS EADOSuAY".--- or medio de ead poDE INCONSTITUCIONALIDAD: DA POR CRISTHIAN DAV¡D adqu de lanta ellguald rsmotiemco 109mismoerpo disposasrgue:la deunaa vfuesen o que se'teservicio. La Caja podrá optar por la aplicacióncitado monto a la amoñización o cancelaciÓn de su obligación No serán susceptibles de devolución los aportes patronales, El derecho a solicitar la devolución de apoñes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amo¡tización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor CRISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGADO era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como lo ha relatado el accionante, su mandante no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, "Articulo 47' -.De,las garantías de ta iguatdad.- Et Estado garantizará a fodos /os habitantes de la Repúbtica. 1") ta iguatdad para elacceso a ta justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3') la igualdad para el funciones públicas no electivas, s,n más requisitos que la idoneidad, y 4") la oporfunidades en la participación de /os beneficios de la naturaleza, de los lltñjlHqqiiUrta1*i#:+r::*r*r:,,r:i,:.:t::,riru41iffi r*i*#*Í: relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título partePatrimonio'l Capítulo : "Los .fondos y rentasPrimero "De la Formación de Recursosartículo 1 1" e Aubry y Derecho los OiedaIque se obtengan de conformidad con Leson de exclusiva propiedad de /os beneficiarios de la Caja".
punto, cabe traer a colación la clásica definición de P d es e/ derecho de gozar y disponer de una cosa ." (Cabanella"Diccionario Enc Gustavo E, Sau Cesarr [iil, nGftl¡on'itr¡nnt Minbuo CSJ'En imitac Julioen las leyes. MinistroDr, Ministro;1i'ir il;i;liiliij',i,1.,i ' , lLf i lli;r r t,iii3 Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo Vl P-Q).-- En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la prc,pier 1ey la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la instituc;ión, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo r:iertr:>s requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado prirrci¡lio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes; en forma ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atriburciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclarrra la devolución de los aportes de su mandante considerando que aquellos se encuerrtran indebidamente en poder de otros.- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva r:orrstitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una pr,rrte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as dr,spc,¡;iciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de /os beneficiarios de la Caja", más por r¡tro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos dere,chos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aporfes i,r /os funcionarios que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quierr la inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surgL evidente, además, una afrenl:er al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente'discriminatorio hacia los asor:iados bancarios desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuenr:ia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incurnplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a s;u propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de, sus asociados, en el caso particular, del señor CRISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGAEIO, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artí«:ulo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...Se garantiza la propiedad privada, c:uyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica sss¡rl, a fin de hacerla accesible para todos...", Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas lr3g¿rlles citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que correspilnde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41' de la L,e'/ N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones / Pensiones de Empleados Bancarios del Paragusy", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diezaños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor CRIISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGADO, ello de conformidad alArt. 555 del C.P.C. Es mi voto A su turno, EL Doctor VTCTOR RíOS OJEDA dijo: 1.- El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del se,fror CRISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGADO, promueve Acción de lnconstitucionalidad corrtra el Articulo 41 de la Ley No ?856/06 "QuE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802'01 t)E LA CAJA D,E JUBTLACTONES y PENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL F'AR:A:GUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad cier ex funcionario bancario de su mandante 2.- Alega el recurrente que se encuentran transgredidos los Artículos 4€i, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que''(...) del análisis de la disposición legaltranscripta se deduce que solamente aquellos funcic:,,narios bancarios con una antigüedad superior a diez años (10) podrán acceder al recuperrr de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dq'ados cesanfes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesfa desglualda,ct con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aporfes en e/ secfor público en general.. la normativa impugnada es /NCONSI/TUCIONAL, pues atenta contriz /os principios itiI t:t.:Il r í:rj;ii.
nadoLey NoACCIÓN DE PROMOVIDAI NCONSTITUCIONALIDAD: POR CRISTHIAN DAVID rtililrOCAMPOS BOGADO C/ EL ART.4I DE LA LEY N' 2856/2006 "CIUE SUSTITUYE LAS UALDAD1PRIVADA Laala amoñizodeNo seránde de/os apoñes patronales.de de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán aplicados a la amoñización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general 5.- Al respecto, la Ley No 4252110'QUE MODIFICA LOS ARIICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES yPENS/ONES DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: .Art.9".- (...) Aguéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación. aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ,.QIJE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL S/SIEMA DE JIJBILACIÓN V PENS/ÓN PARAGIJAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00'DE LA FUNCTÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra losconsagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de /as Personas",47 "De las la lgualdad" y 109 ,De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.-a lo dispuesto en el últilno párrafo de la norma impugnada: "El derecho a volución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de ;entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principionido lo coactualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerancia deos jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dque, ensistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinnte; característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano juuieñ rio anterior, siempre queista mérito para ello. Dichormito r lo sigu Gustavo E.Santander DansLA Dr. Víctor Ríos Oiedala iccional, ,ffie Ministro Ministro5iliü rifl rili ili4[iitutiliii i.i !i,hi {ll.H 'i11ltril I]Itii IIiil.i 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce ia las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surlt€) la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la inftuencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas crerada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectr::s, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien ,como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoriia) en virtud del abandono de Ia acción o reclamación durante cierto tiempo y ba.io las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relaciirn jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo 10., Al respecto,.nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: '!La pres:cripción extintiva se produce por la inacción deltitular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante plazo. Asi los áf¡l¡aOos activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus apoftes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el 1proceso de solicitud o reclantrt" siga activo e impulsqdo por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto t,rn la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los ¿rfiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripciérr), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás Lrerneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran ern una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsionerl por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiiiados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dor:frina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en ,oeriuicio de esfe sector (...)",. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extinti'¿a prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectit,,o" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen t«rrlos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto r:ontradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la propot;ición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afect;:tción, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposir:ión tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga «:on el mandato 13.-Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" rJel legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que ' A-aya,J.A.,Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidady convencionalitlc'd. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ACCIÓN DE ¡NCONSTITUC¡ONALIDAD: PROMOVIDA POR CRISTHIAN DAVID OCAMPOS BOGADO C' EL ART.4I DE LA LEY N' 2856'2006 "QUE SUSTITUYE LAS I bienestar general. Nuestras normas garantizan yreconocen el derecho a la ocial y establece cuálesderechos deben ser ejercidosen tiempo y forma. De , el interés general quecomporta el instituto de la presc iendo a su vez a la seguridad juripción, por el mentado blico que representa, atendrídica que interesa a la último y soberano en lo que dispone jurídicas que hagan posible sostener del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es gue la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescipción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interéscolectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en eltérmino prefijado (...)" 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para !a sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso e/ interés de /os particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucionalque, de conformidad alArt. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Cofte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos srne die (...)"3 (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor JOSE ROLANDO FERREIRA CESPEDES la inaplicabilidad delArtículo 41 de !a Ley No 2856/06,en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes elde contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incóluloden todos sus términos. Es mi voto nloquedio poro el acto, firmando SS.EE., todoque co, quedaacordadacia que iente sigue: E. Santan Mlnlstro Cs¡.
y Caducidad en el DerechoDr'delR inistro Maddaloni, Argentina. Buenos3ante mí, d e).; Tula, Aires, Abg. JC. Pavónconstitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- 7itt,i. llillIiI iiIirri. misma. este instituto 128 de laCN. Norazones Casar ill ; F']it.t''il l;ilfl. ut ':iil #H§.itI SENTEIA NÚMERO: 5deGustavoE. Santander Dans Min¡ i.rstñvo E. Sdntander Dans MinistroDr. Yíctor Ríos Oieda Ministro derno. Asunción, VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUST¡CIA Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, ern consecuencia, declarar la inaplicabilidad delArt. 41' de la Ley No 2856/2006 "Que sustituye has leyes No 73l9'l Ia parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. CRISTHIAN DAVI BOGADO, ello de conformidad a lo establecido en elArt. 555 del C.P.C ANOTAR,ryD Gesar M. Ante Dr. Vlctor Ríos Oieda Ministro PtVoi¡ r'¡c' il§r i.il!,i.it '! i rr9l tibiü¡j'ri,f.:r.1,f ii; 8SECRETARIA JUDICIAL I csJ.
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