← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 221/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL GALASSO APARICIO C/ ART. 41" DE LA LEY N° 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01.

Antecedente ART. 41

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

@ffiACCIÓN DE INCOITSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL N' 2856/06 QUE SUSTITTryE LAS LEYES No ACUERDO Y SENTENCIA N"¡oa¿i¿Je5 ve:.,)i,-,,noCiudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mesde nlAr Zo del año dos estando en la Sala de Acuerdos de 1a Corte Suprema de los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANTTEL DTESEL JTTNGHANNS, üCtOn ÚOS OJEDA Y GUSTAVO E. SANTA}{DER DANS, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, e,l Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL GALASSO APARICIO C/ ART. 41" DE LIT LEY N" 2856/06 QUE SUSTITTIYE LAS LEYES N" 73/91 Y L8O2|O1.-, a frn de resolver la acción de inconstitucionalidad promoüda por Patricia Ysabel Galasso Aparicio, por derecho propio y ba;o patrocinio Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: A LII CI'ESTIÓN PLANTE.ADA EL MINISTRO SANTAT{DER DAI{S DIJO: LA señora Patricia Ysabel Galasso Aparicio, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL la deuolución de sus aportes a los funcionarios que atenten con una superior alos diez años y que notengan derecho ala jubilación,en cesantes o Erc se retiren uoluntariamente de las seruicios. La Caja podrá optar por la aplicación delmontola o cancelación de su ode nfl . Dieselt uhghanns Ministro CSJ'custavohil$¡*,lo-*' D'. Yf"J[lfiOieda/ abogado.- Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTAT{DER DANS, DIESEL JUNGHANNS y nÍOS OJEDA.-- atacada de inconstitucional establece: Artículo 4L aportes patronales. El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. despttés de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo que el mis,mo tenga d.euda con la Caja, en cuAo caso los aporfes serdn aplicados ala amortizaciór,t o cancelación de su En el presente caso, la accionante solicita la declaración de inconsütucionalidad de la citada normativa por encontra¡la contraria a derechos de consagraciÓn constitucional. Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al dísponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán reürar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47,103 y 109 de la Consütución Nacional.- El primer parágrafo de la norrna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Cqja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren reürado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no t,engan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a t<.¡dos los sectores de la población. Asimismo, autortza que los recursos financieros de l.os seguros sociales no sean desüados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normaüva de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previsl.os en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los forr.dos y de las rentas, a los propios benefrciarios de la Caja. Reconociéndose, entoncr:s, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una menna inüolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Consütución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la jusücia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rllli titi r r?iflil t.;' r ¿.ilffinifu,; IvtAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL GALASS¡O APARICIO C/ ART. 41' DE LA LEY QUE SUSTITTTYE LAS LEYE§¡ N" y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación , normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, Do admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra especÍficamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garanttzar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Público -a¡t. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- Ia responsabilidad de garanüza¡ la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cab,e destacar que el primer parágrafo de la norrna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (a¡t. 66 de la Ley 122193lr, Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la l,ey 23a$. Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr Ia objetivación de la igualdad de los trabajadores aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso la parte donde se exige una antigüedad mínima de díez años para de los aportes jubilatorios.

sión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declarar ladel párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en las,3 tigüedad mínima de diez añosproceder al retirolosS Julio de conformidad al Gcsar llll. Diesel Juñ[hanns.td"qffn ifinistro CSJGustavo I Santander Dans MinistroDr. Vl' MinistroOiedatodas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu - ,s-,de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario A SU TURNO, EL MINISTRO DIESEL JITNGHA¡INS DIJO: La recurrente deduce la Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y LSO2|OL DE LA CAJA DE JUBILACTONES y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.

Refiere que el artículo impugnado priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Consütución Nacional.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez añosy, en segundo lugar, se debe trata¡ de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como 1o ha relatado la parte actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en 1a norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba serrricios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46' y 47' de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artícttlo 46" De la igrualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad g derechos. 1Vo se admiten discriminaciones. El Estado remouerd. Ios obstá"culos e impedird los factores Ete las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serdn consideradas como factores dis criminatorios sino igualitarios" - - - - "Artíanlo 47" -De las garantías de la igaaldad: El Estado garantizará" a todos los habitantes de la República: 1) la igntaldad para el acceso a la ju:sticia, a ango efecto allanará.los obstd.anlos qte la impidiesen; 2") la igaaldad ante las leges; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no elediuas, sin más reqtisitos qte la icloneidad, A 4") la igualdad de oporfiinidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la stltura".-- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes rea.lizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, e.xpresada por rnedio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la ForrrLación d.e Reanrso§", rgi:nrlnn¿ ll r:'vrl¡'uil OR"rE rccrón DE TNcoNSTITUcIoNALIDAr PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL GALIIS§TO APARICIO C/ ART. 41" DE LA LEY n" 2E56lO6 QUE SUSIITIIY-E LAS LEY-E§i N" I,tS 11"parte: "Los fondos g rentas Ete se obtengan de conformidad con de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "lapropiedad es el derecho de gozarg dísponer deuna cosa sin mds limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanella.s, G. "Dccionario Enciclopédico de Derecho Usttal", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo 'v'I En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de lir insütución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer', solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- deuolución de sus aportes a los funcionariosc{ue...; todo ello sin otro perjudicado que elte a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende condicions5 apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente o absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento delos requisi simple y llanamente laviolación a suproplo Gustavo E, M. Diesel J Gesar llinistrc CSJ'MinistroDr. Vlctor R íos Oieila Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad con lc"s di.sposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Cotresponderd la norlnativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular de la señora Patricia Ysabel Galasso Aparicio, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garanti.za la propiedad priuada, atgo contenido g límites serdn establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible paratodos...'.

Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Priblico, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabiüdad del 41' de la Ley N' 2856/2006 "Que sustihtye lc.s leges N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubílaciones A Pensiones de Emplectdos Bancarios del Paraguag", en la parte que condiciona a una antigüedad superir:r a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la sefiora Patricia Ysabel Galasso Aparicio, ello de conformidad a 1o establecido en elArt. 555 del CP.C. Es mi 1.- A SU T[rRl{O, EL MIIII§TRO nÍOS O.IEDA, d[o: La sefiora Patricia Ysabel Galasso Aparicio, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Atticulo 41 de la Ley I{" 285,61016 .QL¡E SUSTITWE LAS LEYDS N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PEIVSIO/VES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para e1 efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, ql;.e "(...) síendo los aportes al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho debe ser ansi.derado coma PROPIEDAD PRMDA de sus tihilares (...)" 3.- El Artículo 41 de la Ley Iü" 2856/06, impugnado <líce: "Artícttlo 41.- Corresponderá la deaoluclón de sus ap,ottes a los fiinclonarlos que dtenten con uno antlqüedad superlor a los dlez o;ños a que no teruryLn detecho a la fubllaclón. que ftiesen despedldos. deiados cesantes a¡._ que se retlren aoluntanlamcnte de las entldodes d,onde oresto;n serúclo_. 1.,o. Caja podrd optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación,:7e su obligación. No serdn sttsceptibles de deuoluctón los aportes patronales. Dl dercgho a sold,cd;to;r lq deaoluclón de oloortes orescrlblráde tres a;ños del ¡retiro del affllad,o de su trúqlo, saluo Ete el mi.smo tenga deuda con la Caja, en cuuo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y tsbnsfrlc¿ t ttioil./ ORTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAT) PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL GAT"ASSO APARTCIO C/ ART. 41" DE Llt LEY QUE SUStITTTE LAS LEYES No a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, 1o cual produce una m€rnifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.

5.- Al respecto, la Ley N" 4252/LO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 70 DE LA LEY N" 2.345/ 03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.

SISTEMA DD JUBILACIONES YPEIVSIONES DEL SECYOR PUBLICO', en su Artículo 1" üce: "Art. 9".- (...)Aauéllos oue se rctlren de la ftinclón oítblicq srryreuúbs requisitos paraacceder aunalubllaclón. aunapelando alos derecl.as que le otorga la Leg N' 3856/ 09 "Que establece la acamulación del tiempo de seruicios en las caja,s del sistema de jubilación g pensión pararyaqq y deroga el Artianlo 107 de la Ley n" 1626/ OO 'de la Función hiblica", podrán sollclto;r lo deuohtclón d.el goo/o (nouentq por cLentol de sus aoortes reallzados. afutstad.os por la oo;rlaclón del Indice de Preclos al Consumld,or (IPtCl del Banco Central del Pardouaa.' (Negritas y subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas adüerto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de anügüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en unlr total desigualdad a¡rte funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Priuada" de nuestraLey Suprema.

En cuanto a 1o dispuesto en elúlümo párrafo de 1a norma impugnada: " El la deuolución de aportes prescribira después de tres años del retiro de su trabajo", entiendo flue no es inconstitucional. Si bien en ul1 sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este la existencia de criterios jurídicos objetivos que razonamiento. Es dable resaltar eüe, en nuestro sistema no tiene carácter determinante ni vinculante; esta flexibilidad en la E, Santander Dar§ Minlstro 'u11 quien Víctoros Oieila 6erar M.unghanns ll/linistro cs¡.Gustavo Ministro rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito e:rponer 1o siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y eo tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidaders e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo suJeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Lr,:gislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener'la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a 1a influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su ¿úcance y efectos, regulando la 'prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominlo de cosas aJenas (prescripción adquisitir,,a {.r u"rr""r'ón) o bien como un medio de llberarse de una carga u obllgación (pres,:ripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tíempo y baJo las condlciones señaladas en la ley. De esta manrlra, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a. un vínculo jurídico que ha pennanecido inactuado durante un periodo prolongado dc tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artír::ulo 657 dice: "La prescripción ertintiua se produce por la inacción del ütular del derecho durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que conliguran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente edgldo y la inactividad o silencio del tttular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (irractiüdad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandona¡.do su derecho toda virtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la le/. De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolvr,:r los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran dlos i,i$0'rgbntfneü,; üy§rtuil r:rll¿iniA,4!

1AACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL GALAS§O APARICTO C/ ART. 41" DE Llt LEY N' 2856/06 QIIE SUSTITTTY-E LAS LEYES No se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están bién a brindar arnparo a los afiliados ante sus necesidades durante la invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para 1o cual es imprescindible conservar su üquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable " ( . . .

) pero jamá.s una diferencia en perjuicio de este sector (...1",.Es precisamente esto 1o que jusüfica la prescripción extintiva prevista en la nonna impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular L2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, 1o que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garanttza el correcto funcionamiento de Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizxr y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta e,I instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiend,r a su vez a la seguridad jurídica que interesa a Ia sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de 1a CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolu por parte del afiliado- seainconstitucional.

especializada üene por aclarPor lo expuestodesestimado en TomoE.que la Cesar Ju!icPavónv D'. Yf"il;*fi6ir¿o los planteos de inconstitttcionalidad respecto de las norrnas que establecen plazos de prescripciÓn, señalando que diclws preceptos reposan en prin<:ipi,:>s de orden público, rut afectando la intangibilidad de los derechos, A cfte, en aras det un interés superior colectiuo, se priua de reclamarlos a quien no los ejercita en el térmi.n.o prffiado (...1" z.- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estrictc, orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ntngún caso el interés de los partianlares primaró" sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras nortnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "erl ningún casd' 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nut:stro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especialízada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demá.s, también düo la Corte que la lrrenunclablltdad de los beneJ'lclos proplos de la seguridqd soclal no es lncompatlble con el instltttto de la prcscr-lpclón, por lo que no constltugen detechos slne dle 1/.../'3 (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no prrdríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Elta no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que con'esponde ltacer lugar parclalmcnte a ler presente acción de inconstitucionalidad promoüda; y en consecuencia, declar¿rr respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley IiI" 285,6106, exclushtamcnte en la pante que establece coma condlclón pand.la detnktclón de los aportes el requisito de contar con una antlgüedd supet-lor a 70 años, manteniéndose incólume 1o demás en todos sus términos. Es mi voto.-- 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho dcl Trabajo. AbeledoPerrot.

Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- ' ' Sugués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentrna. Astrea. Pág. 658.-a r¡óvs,r - 7lACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA YSABEL GALASSO APARTCTO C/ ART. 41" DE LA LEy N' 2856/06 QUE SUSTITTTYE LAS LEYES N" se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E.,por quedandoacordada la sentenciaque inmediatamen Cesar M. Diesel Dr. Víctor Ríos Oieda Mlniltrol!!¡n¡stro Ante c.Páu-' Asunción, 5 de r¡oF zo VISTO: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la.

SALA COIISTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 o sustituye las leyes N'73/91y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones iie Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a dlez años a los efectos de la devolución del aportecon relación a la accionante Patricia Ysabel Galasso Aparicio con C.I. N"ello de conformidad a 1o establecidoart. 555 del C.P.C. Cesar M. Diesel J GustavoE. SantanderRíos AnteMinistro csJ.

ciiartínezDr' MinistroOiedaa ffií, SECRETABIA JUDIC'AL