ConrnSupnrue onJusrfclA Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DIESEL JUNGHANNS, vÍcron nÍos oJEDA y GUSTAvo expediente caratulado:*ACCION DETNCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LORENA ALBINA MARTINEZ SALINAS C/ ART. 41" DE LA LEY N' resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Señora LORENA ALBINA MARTINEZ SALINAS, por derecho propio y bajo patrocinio del ABG. ISAAC BENITEZ O.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Y NÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DA¡IS dijo: Se presenta ante esta instancia la Señora LORENA ALBINA MARTINEZ SALINAS, por derecho propio y bajo patrocinio del ABG. ISAAC BENITEZ O., a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 *DE CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en base a lo dispuesto en los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengon derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesontes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los oportes patfonales. El derecho a solicitar la devolución de aportes Asunción, Capital de la Repúbl[ca delParaguay, a los ¿i<-o días, del , del año dos mil ! ei^+;(tqlfo , estando en la Sala de Acuerdos de la..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LORENA ALBINA MARTINEZ SALINAS C/ ART. 41. DE LA LEy N. 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73l9I Y 1802/0I". N'3I92.
tprescr deuda *dliü Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada al rechazo de devolución de aportes que fuera solicitado ante la caja Bancaria, N" 143712019, de fecha 21 de diciembre de2020, obrante a fs.03, exponiendo de dicho acto el hecho de no haber acumulado la antigüedad exigida en la conculcando así derechos y principios consagrados en la Carta Magna.
de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afia y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren idos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos mayor a diez años y, bno tengan derecho a laj Gustavo E. Santander Dans Dr. Yíctor Ríos Oieilala calidadde la MinistroMini¡tro ...11/... Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su Art.95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trairajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. l1 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los pr,:pios beneficiarios de ta Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, l¡,r limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución Nacional.
A fin de complementar la idea expuest4 es dable recordar que nuesl.ra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la jtrsticia y la igualdad va en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no :rdmite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso conr:reto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa. la extensión del art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.--- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Añ. l-, impone en el Poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primr:r parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la cita,Ja Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (Art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (Art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Le¡,' 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miíxima Instancia sin denotar unLa clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el e.iercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art.
4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una arrtigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No l45l de fecha 2l de agosto de2023, obrante afs. l4ll7, cabe Hacer Lugar a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 285tir06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE ruBILACIONI]S Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.
MARTINEZ SALINAS, promueve Acción de Inconstitucionalidad contraL el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y ISO2iOI 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAYU.
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Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o, 47" de la Constitución Nacional, colisionand,:r al mismo tiémpo con el I il,t,t; ^§usw considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Coresponderá la devolución ftmcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez oños y que no la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del amortizdc ión o c ancelac ión de su obligación.
susceptibles de devolución los aportes patronales, El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengo deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serón aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que la accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47o -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1o) la igualdad para el occeso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funcíones públicas no electivas, sin mós requisitos que la idoneidod, y 4) la igualdad de oporttmidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados alaCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 1 1" primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".--- En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad deAubry y Rau "...Laderecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estoblecidas..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", EditorialAires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la caja, reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en de las cuestiones suscitadas y desde la perspectivaconstitucionallas una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte estaque se obtengan de conformidad con las dede la Caja", málslimita loson de Gesar M.
Gu$avo E, Santander Dans Ministro fMinistro CSJde esto Ministroila ...111... con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderó la devolución de sus aportes a los funcionarios QUe..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger. En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caj4 en abierta violar.:ión a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatoric,s de sus asociados, en el caso particular, de la señora Lorena Albina Martínez Salinas, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenído y límites establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla acce,sible para todos.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corr(]sponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N' ::ltl56/2006 "Que sustituye las leyes N'73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de lBmpleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a <liez:rños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora Lorena Albina Martínez Salinas, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: 1.- La Señora LORENA ALBINA MARTINEZ SALINAS, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N' 2856/06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/91 Y I8O2/OI DE I-4 CAJA DE JUBILACTOA'IS T PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, ac,)mpaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...)por ningún motivo VALIDO O RAZONABLE se pueden realizar retenciones o despojos cle los aportes realizados por los afiliados a los entes jubilatorios y de pensión, ounque los mismos pr(tvengan de una Ley, pues dichos oportes o haberes jubilatorios y de pensión formon parte del PATRIMONIO de los jubilados y pensionados (..)" 3.- El Artículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice.' "Artículc, 11.- Cor¡esponderá la devolución de sus aoortes a los funcionarios que cuenten con uno antig|tedad suoerior a los diez años v que no tengan derecho a la iubilación. que fuesen desoedidos, a:Cjados cesantes o qu retiren voluntariamente de las entidades donde prestan semicio. l,a t)rja podrd optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación d,e su obligación. No serán susceptibles de devolución los apoltes patronales. El derecho a soliciltar .!g devolución de aoortes prescribiró desoués de tres años del retiro del afiliado de su trabaio- salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amoytizt,,tión o cancelacirín de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letista del primer pránafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULC)S 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJ,I I:ÍSCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR P Aouéllos oue se retiren de la funciónUBLICO", en su Artícukr lo dice: "Art..9".- (...)
sin reunir los reouisi,t'os Dara acceder a una iubilación, aun,apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/0t;' "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN 1,,45 CAJAS DEL,iIS"TIiMA D8...///.,.? Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO IO7 DE LA LEY N" PUBLICA", deal " §egritas y subrayado son míos).-- inadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personos",47 "De las Gqrantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar ls devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliodo de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.
Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo estoblecido por lo ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados actibancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.
apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubiulenes se una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una financieros estrán dirigidos también a brindar amparo a losliadosSUS lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a es imprescindible conservar su liquidez.La doctrina tiene dichoquedebe la tutela de la ancianidada considerada Gustavo E. Santander Dans,DE Gesar M, Diesel Junghanns Mlnlstro CSJ.de la MinistroD¡.Vt MinistroOieda ...11/... vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector f...)"'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en leL norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados alaCaja e inlerpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
:-- 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a )a proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afecta«::ión, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. l23 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva'' del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a estableoer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos rnodos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la C'N. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la r,rribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del aljliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(.. .) Por todo lo expuesto es (rue la jurisprudencia laborol ha desestimado en forma reiteroda los planteos de inconstitucionalidad respecto de los normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en oros de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)'- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo'o en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también drjo lo Corte que la irrenunciabilidad de los' hene/icios propios de la seguridad social no es incompotible con el instituto de lo prescripción, p,6¡ lo que no constituyen derechos sine (...)". (Las negritas son mías).-- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendirniento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento acluí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente ala presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 4l de la Ley N' 2856106, exclusivamente en lo parte que establece como condición puro la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, mi:rnteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.
..lll ...
'Amaya, J.A., Director. (2018). Traado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantias. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- Maddaloni, O.A.; Tulq D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabqio. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. rrr i( Conrs r'rnl Di IVIinirporfirmando SS.EE., todo por ante mí, decertifico, Gustavo vo E. Santander Dans Ministro Dr. Yíctor Rlos Oieda MinistroE, Santander Dans Ministro Dr. Yíctor Ríos Oieila Ministro Asunción,miurno: ZLL. 5 de Yv'qrzo VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE ST'PREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL RE§UELVE: HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en Ia parte que condiciona a una antigüedad superior adiezaños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Señora LORENA ALBINA MARTINEZ SALINAS, de conformidad a loen elArt. 555 delC.P.CAnte Cesar M. Dieseltu¡ghan Ministro CSJ' Abg.cMartinezu csJ.
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