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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 223/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RAÚL HERNAN GÓMEZ GONZALEZ C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01 - EXp. N° 1841 - 2022.

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01 - EXp. N° 1841 - 2022

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@§ffi"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RAT'L HERNAT{ @IMDZG().NZALE,Z C/ ART. 41' DE stdad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mes de rforz.C) del año dos mil6er en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL JITNGHANNS, VÍGÍOR ÚOS OJEDA Y GUSTAVO SANTAT{DER DA[{S, baj,r la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario a'utorízante, s,e trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RAUL HER¡üAN @MEZ @NZALDZ C/ ART. 41', DE LA LEY N" QUr SUSTITIryE LAS LEYES N" 73191 Y L8,O2|O1 2O2L, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Raúl Hernán Gómez Gonzá7ez por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Jusücia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguien CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DANS, CESAR DIE§iEL JITNGHANNS y VICTOR nÍos oJEDA.-- A L/I CT'ESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTANDER DA¡IS DIJO: Se presenta el Sr. Raúl Hernán Gómez Gonzá7ez a promover acción c1e inconsticionalidad contra el artículo 41 de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTITUYE I.ASNros. 73/9lY L.8O2101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIOS DEL PARAGUAY disposición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4l la deuolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una.

superior alos diez años y Erc notengan derecho ala jubilación, quefuesen cesantes o que se retiren uoluntariamente de las entidades donde La Caja podrá. optar por la aplicación del citadola o cancelación de su obligación No serdn susceptibles de . El derecho a solicitar la Cesar M. Diesel Jünghanns Gustavo E. Santander Dans Dr. Víctor Ríos OiedaAbg. Ministro CSJ. Ministrode aportes Ministro de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo Ete el mismo tenga danda con la Caja, en atAo caso los aportes serdn aplicados ala amortización o cancelación de su obligación" El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.

Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afrliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los fun«:ionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a üez años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de 1a entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitución Nacional.- El primer parágrafo de la norrna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarir:¡s despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban esta.r disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de anügüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inüolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. AsÍ, ella establ:ce axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a Ia jusüficación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada ur:L¿L de las articulacionesIdA7 f];lir t.:i0ñi;j ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RArrL HERNAN @!trDZ @IIZALE,Z C/ ART. 41" DE 73l9Ly LAO2lOl Gustavo E. Santander Dans Ministroh se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, s para comprender su profundo espíritu.-- sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de personas en sudignidad y en sus derechos; asimismo, oo admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admiürse que si bien, el caso concreto no se encuentra específrcamente contemplado en el silencio enumeraüvo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garaurftizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Ia vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Riblico -art. 3 en concordancia con los aú.s. 247 y 260- Ia responsabilidad de garantizar la efectiüdad de tales derechos. En tal sentido, cab,e destaca¡ que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación qu,e coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193lr, Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.9 de la Ley 2345). Tal situaciórr no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años parir proceder al.de los aportes jubilatorios.

, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el General de1 Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del art. 4l de la I*y 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se mínima de díez años para proceder al retiro de los aportes , de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

su TITRNO, EL MINISTRO DR. CESAR DIESEL JUNGE1 ce la Acción de Inconsticontra el4l de conclu Mlnistro cS.l'nns Dt. Víctor Ríos Oietlo Ministro /06 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES 7319I Y LSO2IOI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.

Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acci.ón en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional.- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenLemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesi:u1tes o, que se retiren voluntariamente. - - - - - - Tat y como 1o ha relatado el actor, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de Ios aportes que realiza¡a durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba serwicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46" y 47" de la Consütución Nacional, los cuales expresan: "Artíanlo 46" De la igualdad de las personas: Todos los lwbitantes de la República son iguales en dignidad g derechos. lVo se admiten discriminaciones. El Estado remouerá. Ios obstdqtlos e impedirá" los factores que las mantengan o las propicien. La.s protecciones clue se establezcan como desigualdades injustas no serdn consideradas como factores dis criminatorio s sino igualitario s" - - - - "Artícttlo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará" a todos los habitantes de la Republica: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a ango efecto allanará.los obstá"anlos Ete la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electiuas, sin mds reqtisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oporfiinidades en la participación de los beneficios de la nahtraleza, de los bienes materiales y de la cltltttra".-- En 1o relacionado al ma¡co legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a 1a Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Banca¡ios del Paragray, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la Formación de Reanrses" , artÍculo 11', primera parte: "Los fond.os g rentas Ete se obten41an d"e conformid"ad. con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la f ii.l " i .ji, v.tl¿irri .;,ll;inilvl ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RArrL HERNAN @M'E,ZGI).NZALHZ C/ ART. 41" DE I"A LEy N" 2856/20,06 QrrE SUSTITTTYE LAS LEreS N' to, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecho de gozar A disponer de una cosa sin má.s limitaciones en las leges..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de En esta inteligencia debemos entender que disponiendo ia propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias ürecüvas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo d,: nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concept,: trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobr,e los aportes realizados a la Cqja, la accionante reclama su devolución considerand,¡ que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principi,r de Igualdad, ya que implica un trato cla¡amente discriminatorio hacia los asociados , como en el caso del accionante hayan sido destinculados de y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos parie ución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como absolutamente ilegal ya que por el incumpümiento de los requisitos simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marc,: , procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorioS el caso particular, del señor Raúl Hernán Giómez cia que también colisiona con la garantÍa constitucional de nuestra Ley Fundamental, quedispone: "Se garantiza . DieselJunghanns E, Santander Dansala cesar M¡n¡stro CSJ.Gustavo Minl¡troDr. Vícto¡ Rlos Oi MinistroedaDel análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecüva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una part,e esta expresa que: "Los fondos y renta.s que se obtengan de conformidad con lcls disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena d,: pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá.'la deuolución de sus aportes a los funcionarios qrc...;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones pretend,: proteger.- priuada, cugo contenido g límites serdn establecidos por la Leg, atendiendo a sufunción económica g social, a fin de hacerla accesible para todos...'.---.

Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmerrte a la acción y en consecuencia decla¡ar la inaplicabüdad del 41'de la Ley N" 2856/2006 "QLte sustifiiye las leges N'73/91 g 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguag", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Raúl Hernán Gómez Gonzdlez, ello de conformidad a 1o establecido en el Art.

1.- A SU TrrRNO, tL MINI§TRO DR. VISTOR nÍOS OJEDA, diJo: El accionante Sr. Raúl Hernán Gómez Gonzdlez pr:omueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITIúIE LAS LEYES tV" 73/ 91 Y 1802/ 01 DE LA CAJA DE JUBILACIOIVES y PEIVSIO]VES DE BMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, ac,ompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionario banc¿rio 2.- El accionante alega que se encuentran transgredir:los los Artículos 46,47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "1.../ siendo los aportes al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) parÍe integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportanttes, dicho derecho debe ser corsiderado como PROPIBDAD PRNADA de sus titulares (...)".

3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugrreido díce: "Artículo 41.- Corresponderá.la deaoluclón de sus aaortes a los funcionarios que qtenten una anüoüedad. suoetf.or d los dlezaños u que no tenqqn derecho a lo fublLación. que fuesen despedldos. dela.dos cesantes o oue se ,zltlrrln ooluntarlamcnte de la.s entldo,des donde przsta¿n serrtlcis. La Caja podrá. optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelaci.ón de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales. Dl .detecho a sollcltor la deuoluclón de aoortes presctlblrá. después de tres años del retlro del affllado de su tra.balo, saluo que el mismo tenga deuda con la Ca-ia, en anAo caso /os aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primt,:r párrafo de la nonna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios banca¡ios con una antigr,redad superior a 1O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados «:esantes o se retirasenW ?tni¡ tAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RAt L HERNA¡I GODI.DZ @NZALÉZ C/ ART. 41" DE , lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector público en general.

respecto, la Ley N" 4252llO "QUE MODI?ICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 70 LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.

SISTBMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos que se retlren de la función pública sin reunir los reoulsltos oara acceder auna fubilaclón, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/ 09 "Que establece la aanmulación del tiempo de seruicios en las cajas del sistema de jubilación y pensión paraguaAo, y deroga el Articulo 107 de la Ley n" 1626/ OO 'de la Función Pública", podrán sollcitar la. deaolución del9O%o lnouentq por clentol de sus olportes reo,llzo;dos. afusta;dos por la tmrir¡clón del Indlce de Preclos al Consumldor lIPtCl del Banco Central del Po;ro,ouo:u.' (Negritas y subrayado son míos).

6.- Examinadas las nonnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y LO9 "De la Propiedad Priuada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a 1o dispuesto en elúlümo párrafo de la nonna impugnada: " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro del aftliado de su trabajo", entie¡do que no es inconstitucional. Si bien en un prlncltenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, tiene carácter determinante ni vinculante; esta caracterísüca flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito fiHilignte: Es importante destacar que todo ordenamiento jurídicoa subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el actuando en libertad para sasus necesidades e1a Dr. Víctor Ríos Oiedadencia rever Gesar M¡n¡stro 05JGustavo Ministro Ministrola existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan u!1 Es dable resalta¡ en nuestro sistema juridico la corespondiente protección o tutela de su derecho, pero ,ro lo suJeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse detimitado por el interés general. De ahí surge la frgura de la "prescripción" creada por el l,egislador como pilar fundamental del orden y Iapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la conüvencia <lel pueblo romano.

9.- AsÍ, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la 'prescripción', como un elemento creador de derechos que permite adquirlr el dominio de cosas aJenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción exünüva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamaclón durante cierto tiempo y bajo las condlciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su ,{rtículo 657 dice: "La prescripción extintiua se produce por la inacción del titular del d<zrecta durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente e:dgido y 1zr. inactividad o silenclo del tttular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Asi, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aporl,es (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la 1e/. De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afrliados activos seguiría latente indefrnidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brinda¡ amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dich.as necesidades, páia to cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franjaV i6ij ,,lfai0iiv, ?_iilx -tr.r a ¡l¿it¡ifi.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA IIOR RAT'L HERNAN @M,E,ZG(,.NZALDZ C/ ART. 41" DE Ltt LEy I{' 2856/2006 QIIE SUSTTTTTYE L/rS LEYES N" vulnerable "(...) pero jamá.s una. diferencia en perjuicio de este sector te esto 1o que justifica la prescripción extintiva prevista en la cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" d,e naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que üenen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

L2.- La abundancia del "interés general" en la norrna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a Ia Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantíza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resgua¡den el bienestar general. Nuestras nonnas garantízan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendrc a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la Cl{.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicita¡ la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado.l Por todo lo expuesto es que lalaboral ha desestímado en los planteos dede las normas que estabct.e en principios de E, Santander Dans Ministro Dr. Yíctor RíosOieda Ministro (20rTratado de control de constitucionalidady conyencionalidad. Tomo 4.Cesar M. Diesel J Ministro CSJ.nns Derechos y.4.

Aires,Astrea. Pág. 60.-Ete no afectando la intangibilidad de los derechos, A que, en cLruLS de un interés superior colectiuo, se priua de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...1" z.- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por 1o que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qta.e oEn ningun caso el interés de los partianlares primará. sobre elinterés generalo. Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras nornas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se ut¡Líza el conector prohibitivo uen ningún casd'.

16.- Como se podrá notar, eI instituto que vamos a aplicar cuenta con el corespondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normaüvo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia consütucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también clijo la Corte que la lrrenunclahilidad de los beneflclos proplos de la segurldad. socdat no eslncomgtatlble con el tnstitttto de la prcscrlpclón, por lo que no cottstltugen detechos sine dle 1.../'3 (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Itlla no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los frnes del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar pantlalmentea la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declara¡ respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 4L de la Ley t{. 28561o,6, exchtslua ntcnte en la püte que establece como condlclón po;rra la deaoluclón de los aportes el requlslto de contar cott una antlgüedad superlor a 7O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.-- 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo.

AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 'írsil ]$hfi$Íirfi e . :, t, yni¡i¡ij ñllPin¡Nvi li9ñtt'rtiM-fiOv*:l ,'.i r ri¡:i. .xli @§ffi"ACCIÓil DE II§CONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RAIIL HERNAN GOMEZ @NZALDZ C/ ART. 41'DE QrrE SUSTTTTTYE LAS LEYES N' el acto, firmando S.S.E.E.,por sentencia quesigue: SantanderCon 1o que se dio por Cesar M. Diesel Jungh Ante míil¡ini¡tre GSJ, Jullo C' ojMinistro Dr. Ylctur Ríos Oieila Ministro ACUERDO Y SENTENCIA N"LL3 Asunción, 5 de ft1o-r 2o del Acuerdo que anteceden, la.

CORTE STIPRTUA DE JUSTICIA HACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, consecuencia, declarar 1a inaplicabilidad del Art. 41 o sustituye las leyes N'73/9L y L8O2l01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a dlez años a los efectos de [a devolución del aporte jubilatorio, con relación al accionante RAUL HERNAN GOME,Z GONZALEZ, de1o establecido en el art. 555 del CódigoCivil ANOTAR, Ante t,. Santander Dans Gesar M. Diesel?uMinistro Ministro CSJ.

Jullo CDr. Vlctor Rlos Oietlo Mini¡tro i:l:': r'iillA Abg. ilartínez