REMA la República del Paraguay mil 'J¿rJi presten servicios, lo cual es violatorio del principio de igualdad y el la presente acción en los Arts. 46, 47, 103 y 109 de laACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLORIA ISABEL MENDOZA ADORNO CIART. 41O DE LA LEY No 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES de Asunción, Capital de acuerdo,alosA4codías, Otr 70 , del año dosestando en la Sala de Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Doctores, CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS , GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo a el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA: GLORIA ISABEL MENDOZA ADORNO C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73191 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Gloria Isabel Mendoza Adorno , por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y:
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: LA
Sra. Gloria Isabel Mendoza Adorno, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'', en razón de ser contrario a los arts. 46,47,103 y 109 de la Constitución Nacional.-- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro det afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelacsu obligación ".
caso, la Sra. Gloria Isabel Mendoza Adorno, se presenta ante esta de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad años podran retirar sus aportes jubilatorios en caso de Cesar M.esel JunghannsGustavo E, Santander Dans McsJ MinistroVíctorlaDESTICIA El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja ¡uuitacionL y penslones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente' limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestr a carta Magna, en su art.
-95, -legisla sobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su fuáiliu, aclarando que deberá ier extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los ..óur.o, financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos'-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto *Jg** a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art' 11 otorga i-a titularidad exclusiva de los fondoi y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. ñ.econociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los eiectos de su devolución resulta una meffna inviolable en sus derechos dominiales=, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.-- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su prerímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y Jocial qué sirven dL directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por end^e, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son inteidepenáentes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra .rp.óífr.u*ente cóntemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art.
-De los derechos y garantías no enunciados- permite interprelaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el poder público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otroi rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley l22lg3), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situaáón no 'puede ser convalidada por esta Maxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona el :, dignidad y en su integridad, con el oU¡"to lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el e¡erlicio de sus deréchos .n fo*u urnptiu e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 4l la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigü"dud *ínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalla General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabitidad del primer párrafo^del art.41 de la Ley 2856ñ6 al caso concreto, en la parte donáe se exige una antigüedad mínima de diez años ORTE PREMA TICTAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLORIA ISABEL MENDOZA ADORNO C/ ART. 41O DE LA LEY No 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art.555 del C.P.C. Es mi turno,el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Gloria Isabel Mendoza promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.--- Refiere que el artículo impugnado priva a la recurrente de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Sostiene que ha sido aportante de la caja bancaria, y habiendo sido desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por haber sido formulado en forma extemporánea y por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 47 ,86,95, 103 y 109 de la Constitución Nacional.--- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47o de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46o De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcon como desiguoldades iniustas no serán consideradas comofactores discriminatorios sino igualitarios"
"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: l) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanaró los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".--- En lo relacionado al ma¡co legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y PensionesEmpleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del P", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo llo, primera parte: "y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, propiedad de los beneficiarios de la Caia" punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las las leyes... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédicode Derecho Usual", Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).*-'-- debemos entender que disponiendo la propia leyexclusiva en beneficio de losinstitución,podría Gustavo E. Santander DansAbq.
r M. Di&el Junghanns M¡n¡stro csr. Ministro,R contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente. bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, u.o.d. al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los ápo.t.r realizados alaCaja,la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las di,sposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", mas por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los /uncionarios que...;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia noffna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.--- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señora, Gloria lsabel Mendoza Adorno circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuesüa Ley Fundamental, que dispone: ",Se garantizo la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, aJin de hacerla accesible para todos...".
Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4l o de la Ley N' 2856/20 06 " Que sustituye las leyes N" 7 3/91 y 1802/01 de ta Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguoy", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Gloria Isabel Mendoza Adorno ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.
A su turno, el Doctor VICTOR nÍOS OJEDA dijo:
l.- La señora Gloria Isabel Mendoza Adomo, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley No 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompatla debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los ,Artículos 47,86, 95, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) se evidencia con mayor rigor la violación del principio de igualdad en cuanto a la norma impugnada, discrimina al funcionario bancario frente a otros grupos de trabaiadores... "
Que dicha exigencia infringe gravemente LAS GARANTIAS DE IGUALDAD, amparado por nuestra Carta Magna en los Art. 46,47, como así también el Art. 103 DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, al establecer que "LA LE,Y GARANTIZARA LA ACTUALIZAACION DE LOS HABERES JUBILATORIOS EN IGUALDAD DE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLORIA ISABEL MENDOZA ADORNO C/ ART. 41O DE LA LEY No 2856t06 "QUE SU§TITUYE LA§ LEYES REMA CI-A nAL FTJNCIONARIO PUBLICO EN ACTIVIDAD, además, colisiona con PROPIEDAD PRIVADA".......-..
Artículo 4l de la Ley No 2856106, impugnado dice: "Artículo 41.- antisüedad superior a los diez oños v que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o oue se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citqdo monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los oportes patronales. El salvo que el mismo tenga deudaconCaja, en cuyo caso los aportes amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funciona¡ios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5.- Al respecto, laLey N' 4252110 "Q(JE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, go DE LA LEY NO 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Afículo lo " §egritas y subrayado son 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionadaatenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De lo Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.
acuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho aportes prescribirá después no es inconstitucional. Side tres años del retiro del afiliado de bien en un principio he sostenido lo necesitorever mi opinión en este punto, considerando lade objetique vos que motivan la jurisprudenciaun nuevo razonamiento. Es dable resaltar no tiene carácter determinante ni permite mayorflexibilidad en la actuación del órgano siempre que exista mérito paraDicho esto,un Gustavo E. Sa Cesar m. OLt"l Junghanns Min¡stro csJ'Ministro 'LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PTJBLICA", permitoquien 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurldico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de iespetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encántrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de manterer la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligacién (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación.iurídica no se encontratia sometido etemamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 65;7 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante ttl tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy irnpugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo Iegalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados. tres años (factor tiempo) perderan poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el o'proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran 'olos jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional. por tanto sus recursos financieros estan dirigidos también a brindar amparo a los afilia<los ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para 1o cual es imprescindible conservar su liquidez.La doctrinatiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)".Es precisamente esto 1o que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la noffna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantizael correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- L-d¡¡tl ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GLORIA ISABEL MENDOZA ADORNO C/ ART. 41O DE LA LEY "QUE SUSTITIIYE LAS LEYES a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que general. Nuestras noffnas garantizan y reconocen el derecho a la y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridadjurídica que interesaala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" .
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún coso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneftcios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad declarar respecto de la señora Gloria Isabel Mendoza Adorno ladel Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, exclusivamente en la parte que para lo devolución de los aportes el requisito de contar con una a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos susEs se dio por terminado el acto, firmandopor ante la sentencia queCTA Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ'como MinistroDr.etlct Gustavo E. Santander Dans Ante Gustavo E, Santánder Dans t LzQMinistro Cesar M. Diesel JunS!:i¡nn¡ VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Ministro csl.
Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de fimpleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los de la devolución de aporte jubilatorio, con relación la Señora GLORIA MENDOZA ADORNO, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C ANOTAR, vOjeda Gustavo E. Santander Dans MinistroDrfi Junghanns Julioc.t l/llni¡trM.
SECRETARIA JUDICIAL I kr,s*:Ante I