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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 227/2024

5 de marzo de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIA CRISTINA PEÑA FLECHA C/ ART. 41° DE LA LEY N°2856/06 "QUE SUSTITUYE LA LEY 73/91 Y 1802/91.- N° 869. AÑO 2022.--

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N°2856/06

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DE INCONSTITUCIONALIDAD PoR MARrA cRrsrrNA prñ.1 T.41o DE LA LEY No 2856106 "QyE TTEMA STIC IA LAYs , del ttel,tOAiue, loExcmos. ER DANS,Ante 1YVÍCTOR NÍOS el Secretario ..ACCIÓN FLECIIA AñO 2022, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la señora MARIA CRISTINA PEÑA FLECHA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado.-- ,ri r. &evio eshrdio de los antecedentes del caso" la.Corfe,,S¡rprema de,Justigia, Sala CUE§TION: DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEPracticado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor DIESEL JTINGHANNS dijo: La señora MARIA CRISTINA PEÑA FLECHA, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de laLey'2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS I.EYES N' 73l9I YI802/01 'DE LA CAJA BANCARIOS DEL de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su donde lrestaba servicios, extremó qüe señala como por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 109o de la expresan: "Artículo 46o De la igualdad de las personas la República soniguales en dignidad y derechos. No s. El Estado removerá los obstáculos e impedirá losque oLas protecciones que se factoresll Dr.Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Sostiene que ha sido aportante de la caja bancaria, y habiendo sido desvinculada de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de süs aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley.

Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46,47,86, 95 y 109 de la Constitución Nacional.-- la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requiefectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por elde la Caja.En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez lugar, se debetratar de funcionarios que no tengan derecho a lajubilación despedidoso cesantes o, que se retiren voluntariamente.

como lo harelatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en Cesar M. Diesel füinistro ii'lru rl {i'i.l,gllt I ll iy' ll,ta Talador discriminatorioscomo Ojedai rilP]li ltr lt fi{l[ Ilti rqrlrir:iPllrFlnit:$!

"Se garantiza seranla Ley,, a,rendiendoasu Junción económica y social, a fin de hacerla accesible para todos... ".

Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonablemente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre procurar conciliar el interés particular, con el interés general en nción del cual la Constitución Nacional attorizaciertas limitaciones de derechos partir::ulares.

en la situaciónsena tlde la las razones que dice lElart. 41 de retiro deltercer jII!,,ff: itr' ,:¡ Ide aportes caso losl un trato no cuentenen consecuencia con los años requeridospara accede.r a amén deello, se erige indudablemente como undespojo absohrtamenteya que de los requisitos enunciadossimple y llanamr:.rte laen abierta de lasDe interéstambién noade se halla por lo párrafo del devoluciónanosla Itrabajo, salvoenadel a las consideroCRISTINA IO DELEY No 2856106PEÑA ''QUE respecto citadas y en hacer lugar del 41o de Ia LeyCSTI artículo lade accron lasla in y 1802/01 deCaja de J ,enla A su turno, EL DoctorRÍos oJEDA dijo:

1.- La señora MARIA CRISTINA PEÑA FLECHA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N' 2856106 "gUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY',. PaTa el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.2.-Laaccionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47,86, 95 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) la limitación de solicitar la devolució.n de los aportes jubilatoTios bajo condiciones insertas en a pri)hélpárua¡o'd)iláiticulo 4) tb Ld Ná'za5oiz0o6 " )ue suitiluye a lai Leyes'N" 73/9.!

Y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", por no tener mi mandante la antigüedad superior de (10) años como qportante, asi como la delimitación del derecho a solicitar su devolución transcurrido los tres (3) años del cese o retiro del trabajo, tienen como efecto irrebatible la CONFISCACION de una importante sumo de dinero que pertenece en forma exclusiva a la propiedad de mi mandante, en detiliento dirrecto a su derecho de propiedad u por ende, se contraponen y vulneran la norma constitucional prevista en el artículo 109 de la Constitución Nacional (...)".

3.- El Artículo 4l de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Conesponderá la ilevolución de süs aoortes a los funcionarios oue cuenten con una antigüedad suoerior a los diez años v que no tenean derecho a la iubilación. que fuesen desoedidos. deiados cesantes o oue se retirende las enfidades donde nrestan servicio.La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.NoseránSuSceptiblesdedevoluciónlosaportespatronales,E@, sloiiciltif,la devolución de aoortes prescribird después de tres años del retiro del aliliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son mlos a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, uellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a L0 de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la j dgjados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una cona los derechos relacionados a la fuesen el sector JulloG.en MinistrítbJMución de aportes Ministrofit,' il'liil; ;r'rr,iti ilrli r l,l{i rlilr'l "tii,¡lIr l:[ !::!iltilillili'rl lri;¡ ,ilil Ifli 5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 ")UE MODIFICA LOS ARTICL'LOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA C/t.tA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art.

9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los Wqutsilgs para accedel a una iubilación. aun apelando a los derechos que le otorgo la [,ey N' 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVIC:rci; EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PARAGUAY}, y DER)GA T;L ARTICUL) l Ov DE LA LEY N' 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", la ¿evotuc¡¿n ¿et g0% (noventa oor cientol de sus anortes realizados, aiustados oor la t':ariación del indice de Precios al Consumidor (IPCI del Banco Central del Parasuav."

míos).6,- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato ,Cispuesto en el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al pri'var a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una lotal desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las I'ersonas",47 "De Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma im¡rugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres, años ctlel retiro del afiliado de su trabaio"; entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un prrincipio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consi,:lerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinLante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma,'actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obtigación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influenc,ia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o libr:ratoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657,Jice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: t,:l transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio,del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los'afiliados activos de la Caja bancaria que no recl¿Lmen la devolución deII C'draa CI,INCONSTITUCIONALIDAD POR MARIA CRISTINA PEÑA liL4 LEY No 2856/06 "QyE l Y l8o2t9t -" No 869. ANO tres derecho la norma implicael en elloel en eltiempo) perrderrin poder dé' actuación o reclamo" en la ley". De los afiliadosa (sinprescripción), generando un conflicto de intereseselnunca que se"loslados",en La CajaCSprevisional, financieros estan dirigidos también a brindar ampilo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejezo invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez.La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)"'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.). 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que idgreségta, ¿Jendiándo s, ,., a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este irtstituto encuentrasu respaldo último y.soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, r¿Lzones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los inconstitucionalidad respecto de lasque establecen plazos de señalandopreceptosde orden público, no vde un interéscolectivo, recl, Cesa Aruyu, J.A., Director. (2018).vGarantías.

Aires, Argentina. Astrea. Pág.. 60.-s Ríos Maddaloni, o.A.; Pág. 04.-Dr.priva a quten node (2008).en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina.MinistroOjedoIl E, Santander ttr,; 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden púbtico y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone ,q.rt. 128 de la CN, cuando menciona qtJe "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el in:terés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún coso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta rlofl el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitrrcional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la inenunciabilidad de los bene/icios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (..,)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que n,c podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, exclusivamente en la partt: que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 afios, manteniéndose incólume lo dimás en tocios sus términos. ES MI A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: La seiior¿:r MARIA CRISTINA PEÑA FLECHA, por derecho propio y bajo patrocinio de abogad<), promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LA CAJA DE JUBILACIONIIIj Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", enrazónde ser c,ontarios a los Arts. 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución de la República.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una ontigüedad superior a los diez años y que no tengon derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la oplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

.-- Que la accionante justifica el pedido de declaración de incr¡nstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nornas establecidos en la Carta Magna.

A fin de esclarecer este punto, es impo¡tante desglosándolo por párrafos.--- r

examinar ,::l artículo impugnado El prirnero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos tli i-. t; DE INCCIONALIDAD PORPEÑA ''QUET.41O DE tución, enuna dándoleintegral para a todos losdependiente y la población.de que los de sus vqdeben el Art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolalle ep sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya su preilmbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.

En tal sentido, el Art. 46 de la Constidución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite intb¡pretacioneS arnplia§ a de'gararttlzdr derechos a estos trabajadores en todos los trhmos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts.247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.

). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miíxima Instancia sin transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. ---9dela lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. que el último párrafo de tal normativa - Art. 4l- prescribe un produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del tal elusión no padece de un tinte al principio de igualdad E, SAel Cesar M.Diesel Junghannsen deltanto, bjeto el tema,de3 Ministro CSJ.DrOjedaQ(lit lli$1t pori't.1 I :lNI lit.

iltlltiu Irll,i lli.i r" r IMinistro Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayu,:lil a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizéndolas si ellas hubiere:n sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.2l de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo llacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras i,r su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que e[ constituyente Miguel Abdón, Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución- De la Seguridad Social - contribuyó definiendo calact()rísticas que inspiraron su legislación diciendo " ...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social p,)rque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una t"e'percusión social...3".

En el contexto de una sociedad democrática - art. I - donde se pr,rclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sirro entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, gamntiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social Al respecto, es dable ocot&r que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.71, Pablo Lucas Verdú, r:ita la Frosini diciendo " ...cada ley incluida la más conciso, como el fragmento de un e.sperio, contiene encenada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El misrno autor, ob. cit., p, 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detalllado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significatir/a, ,:)on otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que "..,1o interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de todct la Constitución, es decir Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los ,Arts. 44 y 45 de la Ley N" 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado pol la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter pe,rmanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son indir,'iduales y autónomos.

Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el llstado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con eli interés del particular arbitrando'medios proporcionales a fin de vulnerar en la men«rr rnedida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este ca.so, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, conr;isa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudierxlo las mismas ejercer valitla y efectivamente el derectlo de'reclamat el fetiro de lós apoftes. En estb sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merna en el erj,:rcicio de tal derecho.

Horacio Anton¡o Pett¡t, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p. 957.ii entraña la de todos sus preceptos...". ORTE..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIA CRISTINA PEÑA FLECHA C/ ART.41o DE LA LEY No 2856106 "QUE SUSTITUYE LA LI.Y 73IgIY I8O2I9I.-'' NO 869. PREMA USTICIA advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.

conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, enbase a las normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 1058 de fecha 7 de junio de 2023 obrante a fs. l2ll5, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY?', en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, dejandosubsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación a la accionante dea lo previsto en el Art. 55.P.

Con lose dio por acordadaSS.EE., todo por certifico, q Geser M. Diesel JuGustavo E' SantanderDans Ante lstro CSJMinistro Dr, Ministro YCIA NÚMERO: ZLl . :l/Asunción, 5 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

SEGRñ.TARU ,l,JUDlqlAL I HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de laLey N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la CRISTINAdeestablecido en el Art. 555 ANregistrar y Cesar llll. Die¡el J Ante mí: Ministro Dr,mí, deacto, JulloPavónMinistroMinistroOjedatr .Iuiliil {.lu; i }i.i ,lilrtitti,i l r rf, .11 r.rt