jil,I "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LORDES GIMENEZ DE CARDOSO C/ ART. 41" DE LA LEY NO 2856/06" QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/gl Y la amortización o cancelación de suobligación. susceptibles de devolución losaportes patronales. la accionante que los requisitos vdeSENTENCIA NÚMERO: depor la disposición que impugna le los principios de protección en la Constitución Nacional. De era aportante de la Caja de J prestados durante el;4.+ en los 1de Justicia, DIESEL AnteSecretario autorizante, seo al Acuerdo el TITUCIONALIDADPOR estudio de los antecedentes delcaso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, CUESTION: la Acción de inconstitucionalidad deducida?
dio el siguiente resultado: CÉSAR DTESEL JUNGHANN§ dijo: La señora expresacuantosigue:"Corresponderáladevoluciónellr alos, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren de las entidades donde prestan seryicio. La Caja podrá optar por la aplicación del Empleados de como Li,I IDíesel .,f,,,iglr.nns :.tia IIiilrlriti ,h'lL istro CSJ.ala inistro Dr-,i riiii l:lll *i : lll i;il rlt¡,i{l , ril 'i,,liy votar la siguiente: 1lti Iiil i;Ii,lúri; liil lrii:.,1irlitil H,liii' l,ii *ilirilit'!i{l,¡l iiÍl iiihli ljiürlt{ri r,álr u'$iirlli Iiiicontra el artículo41o de la Ley 2856106 "QUE SUSTITLIYE LAS LEYES LACAJADE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados r,ll'l 1üli, i,'lr ,illij ,tll'r ,,,ii,,que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgredelos derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado 47",21" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo cuerpo legal.
NoEIa solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro concederllr:i, ,;irt t .r;i:ll .lllri illlrr i,'llI i: l,il lli: iii;ilque ésta establecerequisitos loslos Il,:i .lla funciones , rl.i1,ti:iiit,i il)ll i'"Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusivq beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásicadeñnición de Propiedad de cosa sin más limitaciones 'que (Cabanellas,Enciclopédico de Derecho Usrual", BuenosAires- República Argentina,200l, Tomo VI P-Q).I el derecho degozar y disponer G. "Diccionariode una riit il1l l,iltil1lilt ililllliti llll riihacer lugar a.Se NOtA citadas y "Queiiri Empleados Bancarios del,i, iili trabajadores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüed,,urlmínima de diez en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a I;l jubilación o, que despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
de otros. Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las rnismas, se constata una cla¡a contradicción en la Ley cuando, por una parte esta erKpresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de codormidad con las disposiciones de esta Ley s(rtl de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios eue..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.años y, fuesen,ll¡ i I "',i{ffil 'j{ rtK' t'fr iltir ii:t r1EJ:r apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en señora L,OURDIIS GTMENEZ DE CARDOSO, circunstancia que tambiérrel caso r:olisionala enconstitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecid.os por la a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos... ".
con el parecer del Ministerio Público, considero consecuencia declarar la inaplicabilidad del4lo de ?I)ESTfutAICIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LORDES GIMENEZ DE CARDOSO C/ ART. 4IO DE LA LEY NO 2856/06" QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte LOURDES GIMENEZ DE CARDOSO, ello de conformidad al Art. 555 del AsuEL Doctor nÍOs oJEDA dijo:
de lnconstittrcionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N' 2856/06 "QUE LEYES N" 73/91 Y I8O2/01 DE I-,1CAJA DE JUBII-ACIONES Y PENSIONES DE BANCANOS DEL PARAGUAY. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.-La accionante alegaatravés de su Representante Convencional que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47,21" y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "(.. a mérito de lo expuesto podemos concluir c1ue la retenci(tn de los habere.s jubilutorios que corresponde al mandante es una retrogradación de despojcn"le de stt legítitno clerecho y que resulta arbitrario a través del abuso del derecho discrecional y hasta si se quiere un enriquecimiento ilícito en dett:lmento a nuestra tnandante por pctrte de la Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios, resultando ilegal y que prochrce menoscabo a los derechos de las personas, en abiertatrattsgresión unortnüs vig,entes o de rurcslro derecho positivo ...)"(fs. 10/17), así tenemos que el art 4 I de la ley N" 2856/06, parcialmente modificada por ley N"477 3/1 2 atacada de inconstitucional, prohíbe la devolución de los aportes jubilatorios, sin presentar otras alternativas para su recüperación, a funcionarios que cuenten con uno antigüedad inferior a los diez años.
Considerando que, por los años de aporte se genera una situación de notoria discriminación e injusticia confrariando las disposiciones de rango constitucional contenidas en los arts. 46 y 47 de la CN la diferenciación enfunción a los años de aporte para poder acceder a la devolución resulta discriminatoria, afectando la igualdad de los destinatarios de la norma que son los funcionarios bancarios, sí4 entrar a considerar los años de aporte(...)". 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderd la devolución de sus aoortes a los funcionarios oue cuenten con una ontigüedad suoerior a los di.ez años v que nb tengon derecho a la iubilación, oue fuesen desoedidos, deiados cesantes o que se retiren volwitariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitor la devolución de aoortes orescribiró desoués de tres años del retiro del afiliado de su traboio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrist¿ del primer pánafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general 2.345/03 "DE REFORMA YCAJA FISCAL, JUBII,ACIONES Y PENSIONES DELsu Artículo 1o dice: iubilación,aunlos derechos ACDEL Cesar lt!. Diesel Jr[gbN" 3856/09 " lMin¡stro CSJ.DE SER MinlstroDr.
lnl§L4 ifl,,i 'il]l ii iiilr lri i t lül llj r.,rrli rlt ,illi.ll iffii lii'l r[: Iil rfiil it"rl Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA I,EY N" T626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA" delumidot' del Paraguav." (Negritas y subrayado son míos). 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por clerecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios <lel Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad"'.y 109 "De la propiqdad 7.' En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del ufiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenidc, lo contrario, acfualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta saracterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de. forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los r:iudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce'fablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas r¿lmas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de Ia accién o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De es1.a manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraria sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo estab,te,cido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derechc, loda virtualidadjurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" quel el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo irnpulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en gf tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nulrica reclar¡ró y los demás beneficiaros de la Caj4 entre los que se encuentran "los jubilados", quienesiAe encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.LaCaja Bancaria es una entidad previsional,ipor tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe e,xtremar, incluso, recursos paralatutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(..,)pero jamasil ltit;, l, iii1l¡filr il li¡i,t !: friiiülrl j,¡fi'lii{';,[;ffii;iiffiffil i :liflil *¿[ffii DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LORDES GIMENEZ DE CARDOSO C/ ART.4IO DE LA LEY NO 2856/06' Qr.rE susrITUYE LAS LEYES N' 73191 Y (...)t". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" en la normaeste sector t lmpugnada, bligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12Lai del "inte{és general" en la norma da validez a la proposición normativa seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja dede undebre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que gararfiiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la anibada -prescriptibilidad del derecho a solicita¡ la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que lajurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normds que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término pre/ijado (...Y" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona q:ue "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.l37 de la CN, se constituye en la norrna de mayorjerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demas, también dijo la Corte que la.de los bene/iciosla seguridad social no es incompatible con elde la prescripción, por lo que no derechos sine die (...)" (Las negritas son mías , por lo que no podríamos arbitraria oen elde fines deldebe ser el Cesar M. Dieseldunghanns"iro MinisRíos Amay4 J.A., Dircctor. (2018). Trarado de Aires, Argentina. Astrea. Pág.
Maddaloni, o.A.; Tulq Pág. M.-y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantlas. Buenos cr.uno de losde eldel Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina.MinistropiedoiliSEúrá", *tt.i BrI r i¡it l¿ru 'iii{,li i CARDOSO, a través de Representante Convencional, promueve Acciórr de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEAT}OS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contarios a los Arts. 46 y 47 de la Constitución de la República.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículc, 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán s,usceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" Que la accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe ala falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por prárrafos. El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan de,recho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines espeoíficos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los proprios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nues,tra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológir::o y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo: y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras,siendotodas,imprescindiblesparacomprendersuprofundoespíritu En tal sentido, el Art. 46 delaConstitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bir:n, el caso qoncreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpre,taciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.*!i : ,ilii iiy, ]{HIi ,l:,ilfil ffih ffffi; ,rlijJt',, lltráL :ill, llillr,ü, ' lliH, 'li':J,IIitt ifi#' 'irill:: l.lll t ,di.Llr;19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugor parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N' 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición paru la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior o 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MMTO.
li lll iffi,: -¡:Jtii l{ li,i iiffi$'r ffi$i ]Iffiffiil Iffim rli i'1II SUPREMA"uJLJ sTf CIA..ACCIÓN DE TNCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LORDES GIMENEZ DE CARDOSO C/ ART. 4I'DE LA LEY N'2856/06' QUE SUSTTTUYE LAS LEYES N' 73191 Y que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizat la derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art.66 de la Ley 122193), Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los Porpara lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el ou¡Jtode lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en formaamplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer prínafo del Art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa - fut. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa fuca, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - conhibuyó definiendo ca¡acterísticas que inspiraron su legislación diciendo "...8n primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3". En el contexto de una sociedad democrática - art. I donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendocadaconstitucionales:
ley incluida la más concisa, como el fragmentoespejo, contiene enceruada, la de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir,de un principio...". EIob. cit.,p.20ltia de las disposiciones contenido vdede los launa Minis Horaciola detal Dogmática, Ed, La Leyde la JultoC.Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 ParteRíos Ojedairil'**1 rit it¡r ,ilt;ilii Jiitltill !ili rlit: t¡illl i:ll fl'lir . ill: i il , fiif, i,,'lilü i$il rli it ,I iii lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...Ia interpretdción de una dispctsición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos. ..".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Atts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial frjado por la Ley. En eft:cto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio dr¡ los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar unjusto equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente e>:puestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No l.it48 de fecha 2l de Agosto de 2023 obrante a fs. 20123, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QIIE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73t91 y r802t0t DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DIil, PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de jubilatorios y, consecuentemente, dejando subsistente todo lo demás c«rntenido enen relación a la accionante desto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi Conporfirmando SS.EE.,por ante lasigue: CesarfviEliesel Jniatlde frJlinistro'"-"" Ministro Ministro Pavón Abg' Jullo Secreta¡toT ffii if,'li.
,ffi m..ffi ilt, ffil Íf$tilIi: rHi' friit, ii.i¡xgi+iilidri ilit illi]l,}l ;li:it ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LORDES GIMENEZ DE CARDOSO C/ ART. 4IO DE LA LEY NO 2856/06" QUE SUSTI'I'UYE LAS LEYES No 73191 Y fta2ror. N" 60r. eño: zozz ACI]ERDO Y SENTENCIA NÚIUERO:L3l Asünción,5 de r.or-1o dellzl del Acuerdo que anteceden, la CORTE STJPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4l o de la Ley No 285612006 "Que sustituye N" 73191 y1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del en la parte de aportequecondiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la jubilatorio,con relación a la señora LOURDES GIMENEZ DE conformidad a lo establecido en el Art. 555 deloi n¡stro Miaictro ml:AnteCcsar M. DieselJu lJllnistro csj. Julto C.U ann9tx :lliiiri.ll ri1iil riHl i;Il :i ;#i ;.itrfiiii{fli; 'iHi'; ittr;i .ixfl xlfiI r4m;riffi tifi ,t$llii illírf iül:fldffi lfall itffi i[fli:{i ilil:lil iIr I [i':it . ,ili. ll i,it, rli$:ii