..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA PATRICIA ACLÑA RIOS C/ ART. 4I' DE LA LEY N' DE MARZo DEzoz2-.N'2054. eño zozz.
t Jrr,^lql de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días, del Justici4 los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DTESEL JUNGHA¡INS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO ENRIQUE DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado:..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA PATRTCIA ACI.IÑA RIOS C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856106, NOTA RAP N' 2172/2O22DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022-. N" 2054. AÑO 2022", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la señora ADRIANA PATRICIA ACI-ÑA RIOS.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA Y SANTANDER DANS A la cuestión planteada el Doctor CÉSA.R DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora ADRIANA PATRICIA ACUÑA RIOS, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA RAP No 217212022 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o, 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109" del mismo cuerpo legal.
La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez oños y que no tengdn derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades dondeprestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citadola amortización o cancelación de su obligación.
susceptibles de devolución los aportes patronales. a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro delsu trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubi Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el como funcionario de un Banco de plaza.
atacada de inconstitucional, tenemos queestablece dos concederderecho a la devolución de los . DieseunghannsE. Santander Dans02 En,-la de loslos Cesar Ministro CSJustav0 MinistroDr.Ojedo: IIrl rlllIlitl a la amortización o cancelación de su obligación".J 1rIi tjt.lt 1iri!ii trabajadores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, elmismo no reúne las exigencias establecidas en la nonna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47o -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo e.fecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) Ia igualdad ante las leyes; 3o) la igualdad para el occeso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales 1, de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacadala delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados alaCajade Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capíll.:Jo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo llo primera parle: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de es:,clusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja". En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho lJsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentra.n indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa qlue: "Losfondos y rentas que se obtengon de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Coresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrent¿r al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora ADRIANA PATRICIA ACLÑA RIOS, circunstancia que tambié,n colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...§e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecitlos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos... " En cuanto a la NOTA RAP No 2172/2022 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, actaNo l2 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración dei:ffi[l Xfrri l fii; tÍti rlr,i i üfii.
iffiil. llitill::. ffir I ;ill i$ilr ri:t , lii: CIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA PATRIC1A ACTÑA RIOS C/ ART. 4I" DE LA LEY N" DE MARzo DE2ozz-.N'2054. eño zozz.
se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia del Ministerio Público, considero que conesponde hacer lugar a la acción y en declarar la inaplicabilidad del 41o de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora ADRIANA PATRICIA ACUÑA RIOS, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor RÍOS OJEDA dijo:
l.- La señora ADRIANA PATRICIA ACLÑA RIOS, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856106 "QUE SUSTITUYE I-45 LEYES N' 73/91 Y I8O2/01 DE LA CAJA DE JUBII-ACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota RAP N' 2172/2022 de fecha 29 de marzo de 2022. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria. 2.- Laaccionante alega que se encuentran hansgredidos los Artículos 46, 47 , y I 09, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qve "(...) los requisitos establecidos, y citados arriba, fundados en el dictamen jurídico de la Caja Bancaria, y luego, en la misma contestación de la misma Caja ME PRIVAN DEL DERECHO que tengo a acceder a la devolución de mis aportes de dinero que se encuentran en la Caja de Jubilados y Pensiones de Empleados de JBancos y Afines y que tengo derecho al mismo pues son de mi exclusiva propiedad pues he aportado de mis salarios a la referida caja, y deben en derecho ser devueltas a mi persona, dejándome en esta decisión una situación de injusticia y vulnerabilidad basado en una norma completamente arbitraria e inconstitucional(...) " 3.- El Artículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Corresoonderd la devolación de sus aoortes a los funcionarios aue cuenten con una antigüedad suoerior a los dicz años v oue no tengan derecho a la iubilación. oue fuesen desoedidos. deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde nrestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serón susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribiró después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
a la interpretación letrista del primer pánafo de la norma atacada, surge que solamente bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general la Ley N" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y I0 DE I-4 LEY N" REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO",en su Artículo lo dice: "Art. 9o.-(...)
UBLICA der DansDE aqde Gustavo E. Santan,DEapelondo a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE DEL TIEMPO DE SERVIAOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE UAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LEY NO 1 Ministrocsj. Ministrotro;:l uili;lli ''iii l;ir ,rlli '.iir i'I-l l{iI .t,tlI i'cl :riúl .:!itlil,ql : qll ; lri"ir6 I ttiii$l ;il[li iOjedg rgqlizados. aiustados qor la variación del indice de Precios al Consumidof OPC. del Banco Central del Paraguav," (Negritas y subrayado son míos). 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en geneial. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" .y 109 "De lq propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.' En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever url criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legisladr:r como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce'fablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripcién", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liherarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en Ia ley. De esla manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de laCaja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa f.*ju considerada como vulnerable "(...)pero jamas una diferencia en perjuicio de este sector (...)'". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción Atnuyt, J.A., Direclor. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantlas. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.-ffiii.ffi1ir'il iíil§fi NREMA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA PATRICIA ACI.ÑA RIOS C/ ART. 4IO DE LA LEY NO DE MARZo DE2022'.N" 2054. eño zozz.
L.rSTTCIA igatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)'" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés paralasociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.l37 de la CN, se constituye en la norrna de mayorjerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dtjo la Corte que la irrenunciabilidad de los benejicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constiluyen 18.- La medida impugnada responde a unpor lo que no podríamos desmedida, arbitraria o infundada. Ella noional en el entendimiento de que fines del Estado debe ser el aclarar que ladedel art. 41 Cesar MteseE, Santand Minis Maddaloni,de los,la marzo de la Ley Pá9. 04.-o.A.;I Junghanns /:en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" ningt$tcaso'i.
derechos sine die (...)" (Las negritas son mías). rl$t, ,i,Hfl. i;l'iill ri1li.{i 'l'i;ll¡ij,u;ii#liii'ffiilliSü,li{*, til jful* lt. .lrH, 'tf'fr iiqfl'rl ii ri lll l+,r"ii ill{t mencionada, por lo que la citada Nota, tambiénatacadacorre la misma suerte que el er:t.4l de la Ley N' 2856/2006, precedentemente estudiado. 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 2856106,exclusivamenle en laparte que eslablece como condiciónpara la tlevolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior o 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos, y IaNOTA RAP No 217212022 de fecha 29 demarzo <1e2022. ES MMTO. - ACIÑA RIOS, por derecho propio y bajo patrocinio de abogad,.), promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856106 QUE SUSTITIIYE LAS LEYES LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la NOTA RAP No 217212022 de fecha 29 de marzo de 2022, enruzón de ser contarios a los Arts. 46,47 y 109 de la Constitución de la República.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Afículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan seryicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo cctso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligac'itin".
Que la accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosrindolo por piárrafos El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aporters a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95. legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específ,rcamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea expuest4 es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológic«r y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el Art. 46 delaConstitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no ,admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite lil' ;iUlr,ü:, fl,il. ,i: ;iii r Conre SUPREMA'r*)USTICIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA PATRICIA acuña RIos c/ ART. 4t' DE LA LEY N" entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgtesión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes.
Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autoriziándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.2l de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "...8n primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3". En el contexto de una sociedad democrática - art. I donde se proclama la primacía del interés sino entenderse que nuestra Carta Magna,sobre el interés particular -, no puede garantiza el goce y el disfrute de la social para el beneficio individual deblación trabajadora, otorgando a financieros un claro contenido o fin AI,lelibro Teoríade las Lucas'cita la Frosini ar flfl. Diesel Gustavo E. Santaner Dans Horacio Antoniode lala 7t,aa cada Dogmática, Ed. La LeyEd.ES Asunción,, Concordaffi{ffif41¡on Jurisprudencia, Tomo 1 Parteíos OjedaI : rll ltlir{l jfii ,lf,i ,' fll iili (q'rj .ifi 'ili iit.tlii ley incluida la más concisa, como el'fragmento de un espejo, contiene encetada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio..." .
El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que "...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica lo interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856/06 que articulan Ia imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efbcto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar unjusto equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la reshicción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
Por último, la recurrente ha impugnado NOTA RAP No 217212022 de fecha 29 de marzo de 2022 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes de la afiliada por aplicación de la norna impugnada, por lo que deberá correr la misma suerte que el Art. 4l de la Ley No 285612006 precedentemente analizado.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N" 1 160 de fecha 07 de julio de2023 obrante en autos, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acci,:it de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer prárrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y ISO2IOI DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTA RAP N" 217212022 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente tododemás contenido en la norma, en relación a lade conformidad a lo previsto en eldel C.P.P. Es mi voto.
Con loporeSS.EE.,por ante mí, de quedando.laslgue:
Gesar tf,' Die MiC5J AnteGustavo E' Sanhnder Dans MinistroDrOjeda, , ; fi;iiri ),fl$fl i lti iiifi, li'Éll , ,i. itii i:itfl;r ii$il$ffiiii -ffifi irii ,li:¡lXIffi illi${fimill,ii§$iffi ,iffi{# ffi§ ll4i 1liirlrl i:iI. DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA PATRICIA ACI.ÑA RIOS C/ ART. 4I' DE LA LEY N" llt,fi IIlII ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: 2}L Asunción, 5 de rrc,r ?n del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
217212022 de fecha 29 de marzo de de Banco y Afines, con relación a lo establecido en el Art. 55 Ministroir Ir M. Die , Ministro CSJ. rnq" t,eQnh.,Víctordel C.Pla ir ilr ii1l ,ril illr iJi. 'rlf, parcialmentea la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuenci a, declarar la inaplicabilidad delArt. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes en la parte1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", que condiciona a una antigüedadsuperior a diez años a los efectos de la Anterlil ,IiltI11ir ,tll f,iit ,lil: iiir ff,liii,ii, .ri'tit$ rji, titr ilii