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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 234/2024

5 de marzo de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06-. N° 647. AÑO 2021.--

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06-. N° 647

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*ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO C/ ART. 4I' DE LA LEY N" sENTENcr.l xúurcno: §ob¿/e^Io5 I¡r, "JoE l¿rq+ro CorteJusticia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DIESEL JUNGHA¡INS, VÍCTOR RÍOS OJEDA Y GU§TAVO ENRIQUE DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente CATATUIAdO: ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO C/ ART. 41. DE LA LEY No 2856106-. No 647. AÑO 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la señora VIRNA DAISY CUQUEJO Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHA¡INS, RIOS OJEDA A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANN§ dijo: La señora VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856/06'QUE SUSTITIIYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA S.G.NOT. N' 1233/2019 de fecha 24 de octubre de 2019, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.

Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de lgualdad consagrado en los Arts. 46o, 4'1",21" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109'del mismo cuerpo legal La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y qrue no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.

No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. EIa solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro deltrabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes seranla amortización o cancelación de su obligación". accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que funcionario de un Banco de plaza.

la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos deel derecho a la devolución de los aportes realizados por parte alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínimadiez tratar de funcionarios que no tengan derscho a la j o,se retiren voluntariamente. M.iesel Gustavo E. Santander Dansde Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los O, nco días, del , del año dos mil ,'lg,itlir>tatro , estando en la Sala de Acuerdos de la adeSostiene acceder Abg' Ministro CSJ.nns MinistroDr.que1 Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizlra durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47o -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República- 1") la igualdad para el acceso a lajusticia, a cuyo efecto ollanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igaaldad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin mós requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y ¿le la culturail.

En lo reiacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Le'y atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados alaCajade Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Paffimonio", Capí,f:.tlo Primero 'De la Formación de Recursos '1 artículo l lo primera parte: "Los' fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exc,Lusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...24 propiedad es el derecho de gozor y disponer de una cosa sin mas limitaciones que las establecidas en las leyes)'(Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho l-Isual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina,2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia le,y la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podrla confradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para procedc,r a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto l.rasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los apottes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva consrtitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establ<>cen: "Conesponderá la devolución de sus aportes a los ftmcionarios Que..."; todo ello sin otro perrjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso deláccionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio ma.nlo normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la sáñora VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundarlental, que dispone: "...§e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidr,,s por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos... ". "

En cuanto a la NOTA S.G.NOT. N" 1233/2019 de fecha 24 de octr.rbre de 2019, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refi:tada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, acta No 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no [a n()ta por la cual se notifiÓó 3lgtyl,§,Y..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIRNA DAISY CUQLIEJO CASTAGNINO C/ ART. 41' DE LA LEY N' expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia Público, considero que coresponde hacer lugar a la acción y en la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en a una antigüedad superior adiezaños a los efectos de la devolución de aporte de la señora VirnaDaisy Cuquejo de Castagnino, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.- La señora VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de Ia Ley N" 2856106 "QUE SUSTITWE I-45 LEYES N'73/91 Y T8O2/01 DE I,A CAJA DE JUBIIÁCIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAG(IAY" y contra la Nota S.G.NOT. N' 123312019 de fecha 24 de octubre de 2019. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria. 2.-La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47 ,21" y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) así tenemos que el art 4l de la ley No 2856/06, parcialmente modificada por ley No4773/12 atacada de inconstitucional, prohíbe la devolución de los aportes jubilatorios, sin presentar otras alternativas para su recuperación, afuncionarios que cuenten con una antigüedad inferior a los diez años. Considerando que, por los años de aporte se genera una situación de notoria discriminación e injusticia iontrariando las disposiciones de rango constitucional contenidas en los arts. 46 y 47 de la CN la diferenciación en función a los años de aporte para poder acceder a la devolución resulta discriminatoria, afectando la igaldad de los destinatarios de la norma que son los funcionarios bancarios, sin entrar a considerar los afios de aporte(...)" 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderd la devolución de sus aoortes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad suoerior a los diez años v oue no tenpan derecho a la iubilación, aue fuesen desoedidos. deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan semicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolucilón de aoortes orescribiró desoués de tres años del retiro del sfiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

4.-a la interpretación letrista del primer pránafo de la norma atacada, surge que solamente bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a a la devolución de aportes en el sector público en general. I,ey No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y 10 DE LEY N" REFORA,TA Y SOSTENIBILIDAD DE CAJA FISCAL, SISTETYA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "Art. 9".- (...)

auna los derechos que le otorgo la Ley N" 3856/09 "QUEESTABLECE TIEMPO DE SERVICIOS EN I-,IS CAJAS DEL SISTEMA DE YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LEY N" ILA PUBLICA y subrayado son míos). Gustavo E. Santander Dansde Cesar M¡nistro CSJ: .nn5 MínistroDr. MinistroOjeda 6.- Examinadas las normas hanscriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer prárrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por clerecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",4'7 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pránafo de la norma impugnada: o'El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del tliliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido Xo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de cril.erios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuesh'o sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un s'iterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce aL las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo '/a sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador r:omo pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce T'ablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han deftrido su alcance y efectos, regulirndo la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de libr¡rarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice "La ,orescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo eslablttcido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (irractividad) pasados tres años (factor tiempo) perderan poder de actuación abandonando su derecho toda virtr¡alidad jurídica.

ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "acti,¿idad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo lmpulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo conüario la oblitr;ación de laCaja bancaria de devolver los apoftes a los afiliados activos seguiría latente indefrnidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el partic,ular que nunca reclamó y los demás beneficia¡os delaCaj4 entre los que se encuentran "los jubilados', quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidad ¡rrevisional, por tanto, sus recursos financieros estrán dirigidos también a brinda¡ amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejezo invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe ext.remar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(. ..) pero jamas tma diferencia en perjuicio de este sector (. . .)l'. Es precisamente esto lo qtre justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el o'interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad so,::ial que tienen todos los afiliados ala Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como cc)ncepto contradictorio al interés particular. ---:

Amaya, J.A, Directo¡. (2018). Tratado de conüol de constitucionalidad y convcncionalidad. Tomo 4. Derechos y Carantlas. Buenos Aircs, Argentina Astee Pá9. 60.- REMASTICIA*ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO C/ ART. 4I' DE LA LEY N' del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de bre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo alteraria el equilibrio financiero y presupuestario que garuntiza el correcto de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles áerechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad iespecto de las norrnas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectiyo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad enterq entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qtJe "En ningtin caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.l37 de la CN, se constituye en la norna de mayorjerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la inenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedidg arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general". 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota S.G. NOT N' 123312019 de fecha 24 de octubre de 2019, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley mencionada, por lo que la citada N' 2856/2006, precedentementeNotqatacada corre la misma suerte que el art. 4l de la Ley 20.- Detodo el fundamento aquí sostenido, opino acción de inconstitucionalidadv la inaplicabilidad del Artículo 41la Ley Maddaloni, o.A.;(2008).en el Derecho delAbeledoPenot. Buenos Gustavo E,ntanhacer rM.Di Julioc.MinistroansDr,Víctor.sOjeda!.

2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndc,se incólume lo demás en todos sus términos, y la NOTA S.G. NOT N" 1233/2019 de fecha 24 de octubre de 2019. IldI voro. A su turno, el Doctor SA¡ITA¡{DER DANS dijo: La señora VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856106 QUE SUISTITUYE LAS LEYES LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIOI{ES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la S.G.NOT. N' 123312019 de fecha 24 de octubre de 2019, en razón de ser contarios a los Arts. 46 y 47 de la Constitución de la República La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo ,ll.- Cotesponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados c:esantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optür por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán snsceptibles de devolución los aportes patronoles. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribiró después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga dewla con la Cajo, en cuyo cctso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligacirif'.

Que la accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe ala falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nonnas establecidos en la Carta MagrLtr. A fin de escla¡ecer este punto, es importante examinar el artículo irnpugnado desglosándolo por párrafos. El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes ,a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubiererr fungido la calidad de funciona¡ios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitrándolo r:,on dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.

Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependierrtr: y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines especítlicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en :;u Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicanrente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la lirnitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una menna in'riolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución,.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su prerámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, pr)r ehde, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son int.erdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.

En tal sentido, el Art. 46 delaConstitución prescribe la igualdad cle las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidarnenter, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien. el caso conueto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal n,cmativa, la extensión del - De los derechos y garantías no enunciados - permite interprelaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.4; i,,sg PORTE REMASTICIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIRNA DAISY CUQUEJO CASTAGNINO C/ ART. 4I' DE LA LEY N' la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizat la derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley1626 y art. 9 de lal-ey 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instanciasin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr ia objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer prirrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios Nótese que el último prárrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjéra tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes.

Entiendó que tat elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneracióñ al principio de igualdad - Art.46-. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobie Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de ios derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizindolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interes general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este óontenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ierlstableóidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - confibuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3". En el contexto de una sociedad democrática - art. I donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia" garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadorq otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.

Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluida la mds concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encetada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio...", El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como Horac¡o Anton¡o Pett¡t, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jur¡sprudencia, Tomo 1 Parte Dogmát¡ca, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p.957.

sintácticamente. Concluye diciendo que " ...la interpretación de una dispc,sición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entrqña la de to,:los sus precepto§...".

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilacione,r y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En eft:t;to, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio dr,: los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así e,l derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés r;ocial y encontrar unjusto equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin, de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este s,entido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas c, desproporcionadas para ser consideradas como una merna en el ejercicio de tal derecho. Por últinrc, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.

Por último, la recurrente ha impugnado S.G.NOT. N" 1233/2019 rle fecha24 de octubre de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banc,o y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de Ia Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes de la afiliada por aplicación de la noñna impugnada, por lo que deberá correr la, misma suerte que el Art. 4l dela Ley No 285612006 precedentemente analizado.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' :1,217 de fecha 09 de febrero de 2023 obrante a fs. l5ll7, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de laLey 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y 1802i01 DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DI]L PARAGUAY',, en Ia parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la S.G.NOT. N" 123312019 de fecha 24 de octubre de2019, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación a la accionante de conformidad a loen el Art.

555 del C.P.P. Es mi voto. se dio porfirmando SS.EE., todo por: antede que sentencia Ministro MinistroJ ..ACCIÓN DE INCONSTTTUCIONALIDAD PROMOVTDA POR VIRNA DAISY CUQIJEJO CASTAGNINO C/ ART. 4IO DE LA LEY NO ACUERDo Y sENTENCTA NúMEno: Z 3! . Asunción, 5 de n-O. f 20 deA024 del Acuerdo que anteceden, la CORTE SIIPREMA DE JU§TICIA SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en declarar la inaplicabi lidaddel Art. 4lo de la LeyNo 285612006 "Que sustituye las leyes N'73/91 y 1802/01de la Caja de Jubilacionesy Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condicionr a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolucién de aporte jubilatorio,así como la Nota S.G.NOT. N" 123312019 de fecha 24 de octubre de 2019 dictada por la Caja de Jubilaciones yEmpleados de Banco y Afines, conala señora VIRIYA DAISY CUQUEJOCA§Tde conformidad a lo establecido del C.P.C.

registrar inistro Ante E. Santander MinistroD iiartinez Abg. secsrran luorcral atvlts.ln t@ffi