...lll ... El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aporter; a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derechc, a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, tegisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los pr«rpios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentid o, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.--- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe déstacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345)- Tal situación no puede ser convalidada por esta Mríxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art.
4l de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley l/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por r¿vones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. 109 rle nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art.2l de tal Convención; como asimismo, el art. 46 ya citado lo hace con su par, art. 24 del mismo Cosrx términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al la promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. -De la Seguridad Socialcaracterísticas que inspiraron su legislación diciendo 'o...En primer lugar, de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene unorepercusión social...". En el contexto de una sociedad democrática -art. ldonde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluida lo más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden o seguir, sino la actuación de un principio..." El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que "...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretoción de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una menna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
relación a la Nota RAP No 152012021 de fecha 19 de febrero de 2021 también que ésta resulta ser una consecuencia de lo aplicado por el Art. 4l de la Ley por lo tanto dicha Nota corre la misma suerte que el art. 4l de la Ley No estudiado.- atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las 'normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 890 de fecha 04 de mayo a fs. 14/17, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad prescindiendo la aplicación del primer prárrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 "QUE LAS LEYES NROS 73191 Y 18O2IOI DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y EMPLEADOS BANCAzuOS DEL PARAGUAY", así como de la Nota RAP No 9 de febrero de 2021, emitida por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Afines, al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedadanos al retiro de los aportes jubilatorios. Asimismo, correspondeel artículo 4de la mismaLey, último párrafo al ser compatible con losy las esto de conformidad a loen elArt. 555 del C.P.P.mi voto vo E. Sancabe Ministro anns Ministro Dr.fiOiedo ...111... A su turno, EL Doctor DTESEL JUNGHANNS dijo: EI señor JUAN MARCELO POMPA MARTINEZ, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73/91 Y I8O2/O] 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta e,l principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o, 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo l09o delmismo cuerpo legal.
La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus oportes a los,funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntoriamente de las entidades donde preston servicio. La Caja podrá opf or por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.
No serán susceptibles de devolución los aportes patronales El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con , serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligaciónI Coia, en cuyo caso los aportes Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47o -.De las garantías de la iguoldad.- El Estatlo gurantizará a todos los habitantes de la República. l") la igualdad para el occeso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la iguak,lud para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin mós requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de lo cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados alaCajade.lubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo I lo primera pafte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusivo propiedad de los beneficiarios de la Caja'.
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de tma cosa sin mas limitociones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho lJsual", EditorialHeliasta,BuenosAires-RepúblicaArgentin4200l,TomoVIP-Q)..--- En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado. ..lll ...
Conrs en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran de otros.
de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que:- "Los rentas que seobtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneJiciarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios QUe..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caj4 en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Juan Marcelo Pompa Martínez, circunstancia que también colisiona con la garuntía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...5e gorantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos... " En cuanto a la Nota RAP No 152012021 de fecha 19 de febrero de 2021 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, Acta No 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por Io que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución mencionada.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41o de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del Señor Juan Marcelo Pompa Martínez, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mivoto.- Ríospor NoAsu Cesar Ívl' Diesel JDoctor nÍOS OJEDA dijo MARCELO POMPA MARTINEZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve contra el Articulo 4l de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTITWE I Y I8O2/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la su calidad de ex funcionario bancario.
alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) ME PRIVAN DEL que tengo a acceder a la devolución de mis aportes de dinero que se encuentran en la y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines y que tengo derecho al mismo mi exclusivapropiedad pues he aportado de mis salarios a la referida caja (...) de la Ley N" 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- La Caja podrá citado monto a la amortización o cancelación de su los aporte s patronales, tavo E, SanAbg.
Minist'o CSl.annsu5 Ministro -Dr. ...///... aoortes orescribird desoués de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serán aplicudos a la omortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", go Y t0 DE LA LEy N" 2,345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE I-,1 CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBII-'ICIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...)
Aauéllos oue se retiren de la función público sin reunir los reouisitos oaro acceder a una iubilación. aun.apelando a los derechos clue le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE ACUMUI-ACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE L,/T T,EY N" T626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", Banco Central del Paraguav." 6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en geneial. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad' y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: ''El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribird después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente proteccion o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligacién de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse detimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la cahna entre los ciudadanos.
Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano. 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
.: 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar.durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad). . .l ll . . .
Co¡rrx años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamas una diferencia en perjuicio de este sector (...)'-. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que represent4 atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, r¿vones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es (pe la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normos que establecen plazos de prescripción, señalando que propios Dr.reposcüt en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los y que, en oras de un interéssuperior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los el término prefijado (..)" " en ningún clso" .
modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés Si nos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera constitucionales pueden imperar sobre ést4 más aún cuando se utiliza el conector podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la de nuestro ordenamiento normativo.
Julitomodo, la doctrina especializada en materia constitucional hace también dijo la Corte que la iruenunciabilidad de los no es incompatible con ella prescripción, por lo que (Las (2018). Tratsdo de @ntrolBuoos Aires, Argentina. AstrB.la CesaRíos Ojeda o.A.; ruh, D.r. (20oE). Pwipción y caducidad o cl Daeho dc' tTVT¡frifftü. Bums AiÉ, Arscntiu. Pás. u.-Ministro .../l/ ... I 8.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota RAP No 1520 de fecha 19 de febrero de 2021 vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del: art. 41 de la Ley arriba mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que el art. 4l de la Ley No 285612006, precedentemente estudiado.
20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar porcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del 2856106, exclusivamente en la porfe que establece como condición aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, demás en todos sus términos. Es que se dioel acto, firmando SS.EE., todo laque Gustavo E.5er DansArtículo 41 de la Ley N' para la devolución de los gque Cesar fS. Di MiMinistro - Y SENTENCIA NÚMERO: L35.
Asunción, 5 de nÉrz,<) E,5an Ministro ,-r VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en declarar la inaplicabilidad del Art. 4l' de la Ley N'2856,'2006 "Que sustituye las N' 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la de aporte jubilatorio, así como de la Nota RAP No 1520 de fecha Ide relación al Señor JUA¡IPOMPA MARTIIIEZ, dEalo en el Art. 555 del C.P Jung csr.Dansante SECfiE JUDICI Qesar M. Ante Julio C'I