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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 237/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CLAUDIA CAROLINA BENITEZ REYES C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/01 - EXP. N° 1217-2021.-

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73/91 Y 1802/01 - EXP. N° 1217-2021

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CORTE PROMOVIDA POR CLAUDIA CAROLINA BENITEZ REYES C/ ART. 41' DE LA LEY N' 285,6120,0,6 QITE SUSTITIIYE LAS LEreS AcuERDo y sENTENcre x....D *.egt}5 *¡ei-I. -l sieh udad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mes de rwor2odel año dos mil veinte y en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los s Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL DrtsEL JII¡IGHANNS, ÚCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SA[{TA![DER DAr{§, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario a'utorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CLITUDIA CAROLINA BENITEZ REYES C/ ART. 41" DE LA LEY N' 2856/06 QI,E SUSTTTITYE LAS LEYE§¡ 7319L y 2O2l a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Claudia Carolina Benitez Reyes bajo patrocinio de Abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determina¡ el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SA!ÍTANDER DANS, CE§IAR DIESEL JUITGIIANNS y VICTOR úos oJEDA.-- A LIT CIrcSTIóIV PL/TIITEIIDA EL MIursTRo DR. GUsTAvo SANTAT{DER DAI{S DIJO: Se presenta la Sra. Claudia Ca¡olina Benitez Reyes a promover acció:r decontra el artículo 41 de la Ley N" 2856/06 "eUE SUSTITUYID /O I "DE LA CAJA DE JUBILACIONES y PENSIONES73/eL DES BANCARIOS DEL PARAGUAY atacada de inconstitucional establece: Artículo 4L la deuolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una 'superior a los diez años g que no tengan d.erecho a la jubilación, que fuese;z dejados cesantes o que se retiren uoluntariamente d.e las entidad.es seruicios. La Caja podrd optarpor la aplicación del citado o cancelación de su obligación No serdnsusceptibles de de El derecho a solicitar lade aportes eseltltmghanns Gustavo E, Santander Dany"'LASE'fl''t' Sala Abg.

Ministro CSJ. MinistroOjeda Gesar de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, saluo Ete el mismo tenga deuda con lct Caja, en cuAo caso los apoftes serdn aplicados ala amortízación o cancelación de su obligación', La accionante solicita la declaración de inconsütucionaüdad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración consütucional. Sostiene que la disposición impugnada establece una discrimina,ción en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funcionra.rios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a üez años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la enüdad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Constitucjón Nacional.- El primer parágrafo de la nonna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afrliados de la Caja de Jubilaciones y Pensj.ones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitárrdolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a díez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dáLndole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extenüda a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos frnancieros de los seguros sociales no sean desüados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art.6, üene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios benefrciarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inüolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Consütución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recorda¡ que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justifrcación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulaciones ORT§ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CLAT'DIA CAROLINA BENTTEZ REYES C/ ART. 41' DE LA LEY N" 28,5612006 QUE SUSTITTTYE LAS LEYES s se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, imprescindibles para comprender su profundo espíritu tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, Do admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumeraüvo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garanttzar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho *art.

impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los a¡ts. 247 y 260- La responsabilidad de garantizar la efecüvidad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la noñna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (a¡t. 66 de la I*y 122193), Funcionarios Priblicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.9 de la I*y 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una cla¡a transgresión aI cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de díez a-ños para proceder aI retiro de los aportes jubilatorios En conclusión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionaüdad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de laIrcy 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige unade üez años para proceder al . 555 del C.P.C. Es mi voto.---de los aportes jubilatorios, ELDIESEL JUNGHANNS dedula conartÍculo 41 Cesar Ítli Gustavo E, Santander Dans Minístroal Art de kyLaDR.

Ministronns JutloPavónA 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 7319t Y I8O2/O1 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.

Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde, sotcitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como 1o ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes gue realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba senricios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar 1o preceptuado por los artículos 46' y 47" de la Consütución Nacional, los cuales expresan: "Artíanlo 46" De la igualdad de las personas: Todos los lwbitantes de la República son igaales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado remouerd" Ios obstdcglos e impedirá.los factores Ete las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desiguatdades injustas no serdn consideradas como fadores dis criminatorio s sino igu alitario s" - - - - "Artículo 47" -De las garantías de laigualdad: El Estado garantizard. a todos los habitantes d.e la República: 1) ta igualdad para el acceso a la justicia, a anyo efecto allanará" los obstá.culos qte la impidiesen; 2o) ta igaaldad ante las leges; 3") la igualdad para el acceso a las funciones púbticas no electiuas, sin más reqtisitos que la id"oneidad, A 4") ta iguatdad de oportttnidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cttltura".-- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la I*y atacada, delimita la naturaleza juridica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Para$raY, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrímonio" , Capítulo Primero " De la Formación de Recltrsos" , artículo 1 1', primera parte: " Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneftciaríos de la RTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD BEI{rTEZ RTYES C/ ART. 41" DE LA LEY N' 2856120,0,6 QUE SUSTTTTIYE LAS LETES , cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry es el derecLa de gozar A disponer de una cosa sin má.s limitaciones en la.s leges..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de ", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de Ia institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vuLrerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la L,ey cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad con lc-s di.sposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los benefi.ciarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, b4jo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen "Corresponderd la deuolución de sus aportes a los funcionarios ete...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, Ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la CEa, en abierta üolación a su propio normaüvo, procede a apropiarse dede los aportes jubilatorio asociados, en el caso circunstancia que tamClaudia Carollna Be garantía constitucional a¡tículode , QUe"Se garanti"za la Gustavo E. Sa r M. Diesel JenReyesde Julioc.Gesa MinMinistroan5Dr./t priuada, cttgo contenido g límites serdnestablecidos porla Ley, atendiendo a sufunción económica g social, afin de hacerla accesible paratodos...'.

Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declara¡ la inaplicabilidad del 41" de la Ley N" 2856/2006 "Qte sustifiige las leyes N" 73/ 97 y 1802/ 01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguag", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a díez a-ños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Claudia Carolina Benítez Reyes, ello de conformidad a Io establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.

1.- A SU TURNO, EL MINISTRO DR. VISTOR ÚOS OJEDA, dijo: La accionante Sra. Claudia Carolina B,enitez Reyes promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley t{" 2856/06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIO]V¡)S Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".PaTa el efecto, acompa-ña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionaria banca¡ia 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos l.os Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que '(...) siendo los aportes al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecha debe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus tihilares (...)", 3.- El Artículo 41 de la Ley ¡t" 2856/O6, impugnado díce: "Artíq,tlo 41.- Conesoonderá.la deuoluclón de ats aoortes a los funclonatlos que ctenten con una antlqüedad, suoerlor a los dlq anlos u oue no tenadn derz,cho a ld fuesen despedklos,delados cesantes o quese rethen aoluntarlancnte de la.s entldades donde orestan senñclo. l.,a Caja podrá. optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación ,Ce su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales. El derccho a sollcitar la detnhtclón de aportes orescrlbbs después de tres años del f@ de susaluo Ete el mbmo tenga deuda con la Caja, en cL¿Ao caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4,- En cuanto a la interpretación letrista de1 primer párrafo de la nonna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a ta jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se reüraseniD Cesar M. Diesel MinistroKTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR CLAI'DIA CAROLINA BENITEZ REYES¡ C/ ART. 41' DE LA LEY N' 28s6l2OO6 QrrE SUSTITTTYE LAS LEY-E§¡ U§TTCtA te, 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector público en general.

.- Al respecto, la Ley N" 4252llO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 7O DE LA LEY N'2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTDNIBILIDAD DD, LA CAJA FISCAL.

SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o díce: "Art. 9".- (...) Aouéllos oue se rctiren de la funclón pública sln reunlr los requlsltos oara acceder auna fubllación. aun apelando a los derechos qlue le otorga la Ley N" 3856/ 09 "Que establece la acumulación del tiempo de seruicios en las cajas del si.stema de jubilación y pensión pararyaAo, y deroga el Articulo 107 de la Leg n" 1626/ OO 'de la Función Pública', podrán solicltar la deaoluclón del 9oo/o (nouenta oor clentol de sus o;porües reallzados. o;fusto;dos por La. uariaclón del Indice de Preclos al Consumidor (IPtCl del Banco Central del Paraguau.' (Negritas y subrayado son míos).

6.- Examinadas las nonnas transcriptas adüerto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1O años de anügüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es eüdente que la medida cuesüonada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 oDe las Garantías de la lgualdad" y IO9 "De la Propiedad Priuada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a 1o dispuesto en elúltimo párrafo de la norma impugnada " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribiró" después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo flue no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar eu€, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no üene carácter determinante ni vinculante; esta caracterísüca permite mayor fledbilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer 1o siguien 8.- Es importanteordenamiento juridico recono personas derechos subjel poder de exigir el cum de la norma, actuando ensus necesidades e intere , pero no lo Gustavo E. Santander Dans trlinistrot0rcon alsrysen deotu c.Pavónte albedrío, sino a la obllgactón de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse dellmitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden ylapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la cprescripción', como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominlo de cosas aJenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de llberarse de una carga u obllgación (prescripción extinüva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha perrnanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- A1 respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiua se produce por la inacción del tifular del derecho durante el tiempo establecido por la leg". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente erdgido y la iaactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afrliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda ürtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la 1e/. De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante Ia vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidbz. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamá.s una diferencia en perjuicio de este sector ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CLAUDIA CAROLINA BENTTEZ REYES C/ ART. 41' DE LA LEy N" QrrE SUSTTTTTYE LAS LEY-ES te esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de entendido como el derecho a la seguridad social que tienen s a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular L2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez alaproposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por Ia interposición tardía de las reclamaciones, 1o que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza eI correcto funcionamiento de ia Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo 1o relaüvo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizart y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el insütuto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconsütucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...1 Por todo lo expuesto es q{ue la jurbprudencia laboral ha desestímad.o en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de la.s norrnas Ete establecen plazos de prescripción, señalando qte dichos preceptos reposan en principios d.e ord"en público, no afectando la intangibilidad de los derechos, U qlue, en aras de un interés colectiuo, se priua de reclamarlos a quien no los ejercita en el término2.- 15.- De tal modo tenemos que si elto es de estricto orden interés para 1o que Derechos y 2 Maddaloni,el Art. I1a l8).se encuentra ner Dans convencionalidad. Tomo 4.

elblico y parada AbeledoPerrot. Ab9.D.JCaducidad en el Derecho del Trabajo.Ojeda de los particulares primaró. sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras nonnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se luttliza eI conector prohibitivouen ningún casd 16.- Como se podrá notar, eI instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo consütucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se consütuye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demó.s, también dijo la Corle lnenunclablltdad de los beneflclos proplos de lo segurldad, sociúrt no eslncomtr»atlble con el lnstltttto de la prcscrlpclón, por lo que no constltugen detechos slne dle /.../'e (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella:no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hoicer lugar parc'lo,hnr,nte a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 28SG l06, exchtshnntrlnte en la parte que establece como condlclón po;ria lo detrhtclón de los aportes el requlslto de contar con una antlgüedad superlor a 7O dños, manteniéndose incólume 1o demás en todos sus términos. Es mi voto.-- Con 1ose diofirmando S.S.E.E.,por anffií, de quque Cesar ,'--- rlJun GustavoE, Santander Dans Niinis¡ro CSJ Dr. r Ríosa Ante Ministro Abg.C, Ptvón tcotarilo Sagués, N.P. (2019). Manual de derechoBuenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.-t Conm PROMOVIDA FOR CLAUDIA CAROLINA BENITEZ REY-ES C/ ART. 41" DE LA LEY N" 28561200,6 Qrrt SUSTITTTYE LAS LEYES AcrrERrx) y Asunción, 5 de rw'¡ar 7o s del Acuerdo que anteceden, la.

CORTE §T'PREUA DE WSTICIA SALIT CONSTITUCIONAL RTSUELVE: parcialmente a la acción de inconsütucionalidad promoüda y, eo consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 o sustituye las leyes N" 73/91y l802l01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigiiedad superior a üez años a los efectos de la devoluclón del apotte jubilatorio, con relación a la accionante CIAUDIA CAROLINA BENITEZ REYES, de establecido en el art. 555 del CódigoCivil ANOTAR, Ante v Gustav0E,r.

Gesar M. Di Minis Ab9.Ministro ts.NNoAA8l SECRET LIADlcJU