W*IUSTICI"A,q.ccIóN DE INCoNSTTTUcToNALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO GUILLERMO BACHEN DELVALLE C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 7311991 Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO 212512022 DICTADA EN FECH A 24 DF, 5ENTENCTA xúugno , fua¿nlq )rei^t de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los fincn días, 70 , del año dos mil veiql',utclrO, estando en la Sala de Acuerdosr de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la SalaConstitucional, MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTORúos oJEDA y, GUSTAVO ENRIQUE SAIYTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO GUILLERMO BACHEN DELVALLtr. CIART. 41O DE SUSTITUYE LAS LEYES No 7311991Y 180212001 y Ia NOTA RAP NO 212512022 DICTADA EN FECHA 24DE FEBRERO Df.2O22" NO 991830.
AÑO 2022ra fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor Gustavo Guillermo Bachen Delvalle. Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente TESUItAdO: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS Y, NÍOS OJEDA.--
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRo SANTANDER DANS dijo: EI
señor Gustavo Guillermo Bachen Delvalle, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N. 2856/06 SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y I.802/OI ..DE LA CAJA DE JUBILACIoNES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY,, y Ia Nota RAP N" 2125i2022 dictada en fecha 24 de febrero de ?.022, enrazónde ser contarios a los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución de la República.
La disposición atacada de inconstitucional establece: .,Artículo 41.-Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionariosque cuenten con una antigüedad superior a los rtengodiez años yno tengan derecho a lajubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que sede lasentidades donde prestan servicio. La Cajapodrá optar por ladel citado monto ala amortización o cancelación de suobligación. No serán los aportes patronales. El derecho asoliéitar la devolución de despuésde tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvoque el mismo la Caja,en cuyo caso los aportes seránaplicados a la amortizacíón o obligación" justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de lacitada alrechazo de la devolución de susaportes, quefuera solicitada ante laCaja respuesta negativa del ente mencionado se debe a lafalta de antigüedad requerida y extemporaneidad,lo cual infringe principios ynorrnas establecidos en la Carta esclarecer este punto, esimportante examinar el artículo por piínafos los aportes a los vhubieren Cesar [ú. Diesel Junghanns Ministro CSJ.de Empleados MinistroDr.qR:*--t'$ tylotorga el derecho a la de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitárdolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiezaños y, b) que no tengan derecho a lajubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social d¿índole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia" aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serián desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos. Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegr¡rar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más ,::specíficamente, el Art.
11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados. la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad. la justicia y la igualdad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constifucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para «rmprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualda<l de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constifucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer parrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la pafe donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
Nótese que el último pánafo de tal normativa - Art. 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se irodujera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de iguaidad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana stbre Deiechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizadapor Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporciónar, áutoiizandolas si ellas hubieren sido establecidas pc,r leyes que se dictaren po. r-oré, de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer esté contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Cana Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económiga y social con la exlgencia que detan ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte cón la letia del Art.21de tal Convención; como asimismo, el Art. 46yacitado lo hacel-/ con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO GUILLERMO BACHEN DELVALLE C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 7311991 Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO 212512022 DICTADA EN FECHA24DE términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no te limitaciones a ser reconocidas por Ley en ¿tras a su función económica y la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo"...En primer lugar, cuando hoblamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...". En el contexto de una sociedad democrátic a- art. I - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés paficular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garurftiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cnda ley incluida la más concisa, como el frogmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que ". ..la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionalesa fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la personaque será objeto dela restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sidodispuesta legalmente con una disposición clara, concisa y previsiblepara el conocimiento y el cumplimientode las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derechoel retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas elretiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser una merna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere del ejercicio del derecho.
el recurrente ha impugnado la Nota RAp N" 2l2slz022 dictadaen fecha 24 dictada por la Caja de Jubilaciones y pensiones deEmpleados de Banco y cabe destacar que la misma resulta laexteriorización de la decisión de la y Pensiones de Empleados de Bancoy Afines de denegar el pedido de dede la afiliada por aplicación de lanoffna impugnada, por lo que deberá suerte que el Art.41de la Ley No28 5 6 / 2006 precedentemente conclusión,atento a los argumentos precedentementeexpuestos, enlas normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No 761 de2t de2a fs. 17120, corresponde hacerparcialmente aAcción prescindiendo laprirrafo del Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJGustavo E. Santander Danslos MinistroDr.4l de Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y 1802i01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", EN la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la Nota RAP No 212512022,Jictada en fecha ?1 de febrero de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente todo lo demas contenido en la norma, en relación al accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO CÉS,q.N DIESEL
JUNGHANNS, DIJO: El señor Gustavo Guillermo Bachen Delvalle, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73t91 y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY y contra la Nota RAP N' 212512022 dictada en fecha 24 de febrero de 2{.tli2, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus ap«rftes que por derecho le corresponde. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 16,17 y 109 de la Constitución Nacional.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constituci(rn Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminociones. Iil Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactores discriminatorios sino igualitarios"
"Artíiulo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto ullanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad onte las leyes; 3) la igualdad para el ttcceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneJicios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jwídica de los aportes realizados ala Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos"., artículo l1o, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disltosiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédit-:o de Derecho Usual", Editorial Heliasto, Buenos Aires- RepúblicaArgentina,200l. Tomo VI P-Q) En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitgcional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en form¿r ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOYIDA POR GUSTAVO GUILLERMO BACHEN DELVALLE C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/2006 "QUE SUSTITTIYE LAS LEYES NO 7311991 Y 1802I2OOI Y LA NOTA RA.P NO 212512022 DICTADA EN FECH A 24 DE de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: 'que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que...;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, el señor Gustavo Guillermo Bachen Delvalle, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "§e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla Lo que en todo caso correspondería entonces verificar, desde la perspectiva constitucional, es si el plazo de prescripción de tres (3) años fijado en la ley se halla o no razonablemente dimensionado teniendo en cuenta los derechos e intereses en conflicto, y si existe proporcionalidad entre medios y fines. En este sentido, lo más prudente sería siempre procr¡rar conciliar el interés particular, con el interés general en función del cual la Constitución Nacional attoriza ciertas limitaciones de derecho s particulare s En mi opinión, el interés general comprometido en la situación analizadasería siempre, con base al principio de solidaridad social, el sostenimiento de la Caja Jubilatoria, lo que se proyectará y tendrá repercusiones más allá de las generaciones presentes. De ahí que, atendiendo a esta finalidad trascendente, pero sin olvidar el interés particular también involucrado, el del aportante, que al ser desvinculado no podrá acceder a los beneficios de una futura jubilación, entiendo que la limitación legal se halla suficientemente justificada y que el plazo de tres (3) años se halla razonablemente dimensionado, por lo que no deviene inconstitucional.
Por las razones expuestas, corresponde declarar la constitucionalidad del tercer párrafo del art. 41 de Ia Ley 2856t06, en laparte que dice El derecho a solicitar laConm Supnrrrnn "'IusrlCtn salvoamoaportes prescribirádespués de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, tenga deudacon la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la cancelación desuobligación ", quedando rechazada respecto a esta parte del de inconstitucionalidad.
en cuanto a la Nota RAP No 212512022 dictada en fecha 24 de febrero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancosy Afines, es necesario destacar que la misma cumple la función de la accionantesobre una decisión tomada por elConsejo Directivo de la Caja de la Resolución N" 26, acta N" 12 de fecha 14de marzo de2017,por lo que, , a fin de lograr una eventual declaración deinconstitucionalidad se debería haber más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.
expuesto, en atención a las normas legales citadas Ministerio Público,considero que corresponde hacer lugar declararla inaplicabilidad del 4lo de la Ley N. 2856/2006la ldelaCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados en la partecondiciona a unaaños a1v1 Cesar ífi. Diesel Junghanns Mlnistro CSJ' Gustavo 8,, Santander Dansefectos dela MinistroDr.el7, devolución de aporte jubilatorio del señor Gustavo Guillermo Bashen Delvalle, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo:
1.- El señor Gustavo Guillerrno Bachen Delvalle, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/9] Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota RAP N" 212512022 dictada en fecha 24 de febrero de 2022. Para el efecto, acomparla debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manif-estando. entre otras cosas, qüe "Puede apreciarse una afrenta al Principio de lgualdad 1to que implico un trato clarament,z discriminatorio hacio los asociados bancorios que, conn en el caso del accionante, ha7,s/t s¡'do desvinculados de la actividad bancaria ),, t'to cuenten en consecuencia con los años requerídos para acceder o la devolución de sus aportes (... ) ".
3.- El Artículo 4l de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Conesponderá la devolución de sus aoortes a los funcionarios que cuenten con ano antigüedad suoerior o los diez años v que no tensan derecho a la iubilación. que fuesen desoedidos. deiados cesantes o oue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan serviciq La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de s'u obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá desoués de tres años del retiro del afiliado de sutraboio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación " (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer prírrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general. 5.- Al respecto, laLey N' 4252110 ")UE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 10 DE LA LEY N' 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CA.TA ,T;ISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función oública sin reunir los requisitos oara acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/()9 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PIJBLICA",90 Consumidor (IPCI del Banco Central del Paraeuav." §egritas y subral'ado 6.- Examinadas las noffnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto enson míos).
el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante f'uncionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 " De la lgualdad de las Personas", 47 " De las Garantías de la lgualdad" y I09 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.
7 .- Encuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del uliliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistemajurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vincul¿mte; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO GUILLERMO BACHEN DELVALLE C/ ART. 4lo DE LA LEY No 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 7311991 Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO 212512022 DICTADA EN T'ECHA24DE mandato constitucional aciertos límitesr$h Ysiempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo -Esdestacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo. -- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad j urídica.
I 1.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos hnancieros est¿ín dirigidos también a brindar ampilo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar suliquidez. La doctrinaque se debe extremar, incluso, recursos parala tutela de la ancianidad en favor deconsiderada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia enperjuicio de esteEs precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa deseguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación,alejando a la clima deincertidumbre que podría originarse por la interposicióntardía de las lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestarioque funcionamiento de la Caja. Criterio que comulgacon rela la seguridad social es incumbencia "exclusiva,, delc Gesar ffi, Pieselun#lahns Gustavo E. Santander Dans MinistroMlnl¡tro C5J.Dr.raI bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa ala sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliadosea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(.. .) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reite'rada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normos que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectantlo la intangibilidad de los derechos, y que, en oros de un interés superior colectivo, se priva ,Ce reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)".
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo r:1ue dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los partiL'ulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, mli.s aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso". 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " (...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneftcios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Lx negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general". 19.- En cuanto al planteamiento en contra de [a Nota RAP N' 212512022 dictada en fecha 24 de febrero de 2022, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 4l de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte que el art.4l de la Ley N'2856/2006, precedentemente estudiado.
20.-De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a lll años, manteniéndose incólume 1o dem¿is en todos sus términos, y la Nota RAP N" 212512022 dictada en fecha 24 de febrero de2022. ES MMTO.
diofirmando SS.EE., todo por Gesar M. MinistroCSJ.Dr. Anteavo E. Santander Dans I lromí, de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR GUSTAVO GUILLERMO BACHEN DELVALLE C/ ART. 41o DE LA LEy No 2856/2006 «QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73II99I Y I8O2I2OO1 Y LA NOTA RAP NO 212512022 DICTADA EN FECH A 24 DE ACUERDo Y SENTENCTA xúurnot L3g Asunción, 5 de YnarZo SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolucién de aporte jubilatorio, así como la Nota RAP No 212512022 dictada en fecha 24 de febrero de 2022 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de y Afines, con relación alBachen Delvalle, de 555 delal Cesar M. Diesel J Ante mí: Mln¡strooE, MiDr.Ojeda oSECRETARIAMinistro Julb G' JUDICIAL I